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Dos carpas para acampar y un sofá bajo una carpa más grande improvisada han sido el albergue en el que Óscar Zamora y Dolly Crespo, su esposa, han permanecido durante las últimas dos semanas, desde que el terremoto de magnitud 7,4 golpeó Colombia, dejando en Cali 150 personas fallecidas, 88 rescatadas y más de 1.500 heridas, según cifras oficiales. La pareja vive en uno de los miles de apartamentos de Chiminangos, uno de los barrios más afectados en el norte de Cali, donde varias unidades permanecen evacuadas por riesgo de colapso tras el sismo.
Chiminangos nació a comienzos de los años ochenta como uno de los grandes proyectos de vivienda popular del entonces Instituto de Crédito Territorial (ICT). La primera etapa fue inaugurada en enero de 1981 y tuvo un costo superior a los COP 300 millones de la época, beneficiando a unas 1.200 familias de bajos recursos. Chiminangos hacía parte de la expansión de Cali hacia el norte y nororiente, donde durante esa década el ICT también construyó urbanizaciones como Los Alcázares y Floralia. La segunda etapa, Chiminangos II, se desarrolló en agosto de 1984, cuando el ICT anunció la entrega de los primeros 480 apartamentos, en una urbanización que costó 3.160 millones. Con el tiempo, ambas etapas se consolidaron como un enorme sector residencial de la Comuna 5, conformado por cientos de bloques y miles de apartamentos donde varias generaciones de caleños han construido su vida.
Hoy, según José Mosquera, presidente de una de las Juntas de Acción Comunal de Chiminangos, son “siete sectores; cada sector tiene unas agrupaciones (de edificios). Hay unos que tienen dos, otros tres, otros cuatro, y el que más tiene llega a seis agrupaciones. Es una red de 3.185 apartamentos”. En uno de ellos viven desde hace 34 años Óscar y Dolly. Desde el terremoto no pueden volver tranquilamente al apartamento del cuarto piso: las escaleras de su torre se agrietaron y parte de ellas se desprendió. Ellos son solo dos de las aproximadamente 300 personas que están ubicadas en diferentes albergues en el norte de Cali y que fueron evacuadas de algunas de las torres de Chiminangos.
Ninguna de las torres colapsó por completo, pero el terremoto dejó una víctima mortal en el barrio: una mujer que falleció cuando parte de las escaleras de una de las edificaciones cayó. Su cuerpo fue rescatado el 11 de agosto, un día después de la catástrofe. Desde entonces, todos están a la intemperie. Óscar y Dolly están justamente frente a las torres en donde viven, sobre la calle 62. “Algunos comentan que están reubicando a ciertas personas en hoteles y llevándose las cosas a bodegas de la Alcaldía, pero no sabemos con certeza si eso nos cobijará. Lo que sí es cierto es que uno no puede bajar cosas pesadas, como televisores o muebles, para desalojar, por el riesgo de que las escaleras colapsen. Tampoco iríamos tranquilos a un hotel dejando nuestro sector solo”, cuenta Óscar.
Lo cierto es que, a pesar de que el terremoto fue un punto de inflexión, en Chiminangos ya existía una zozobra por el mismo elemento que terminó provocando la única muerte en el barrio: las escaleras. La arquitectura de estas unidades es particular: dos bloques de apartamentos están articulados por escaleras exteriores que, mediante descansos y corredores, permiten el acceso a los distintos pisos. Esas estructuras, expuestas al aire libre y con más de cuatro décadas de antigüedad, están en la mira desde hace más de una década, cuando se comenzaron a evidenciar grietas y daños que despertaron las primeras alertas entre los habitantes y las autoridades.
En 2012 aparecieron las primeras alertas documentadas sobre las escaleras de algunas torres de Chiminangos. Tras el sismo de septiembre de ese año, habitantes del sector 7, agrupación 1, reportaron grietas en las escaleras y otras zonas de circulación. Bomberos de Cali verificaron las afectaciones y, al año siguiente, la Alcaldía informó que dos torres, con 38 apartamentos, estaban siendo evaluadas por ingenieros. Una de ellas presentaba daños en las escaleras, que además funcionaban como puntos de apoyo de las estructuras. Una década después, el problema seguía sin resolverse. En 2024, una nueva inspección encontró fisuras, grietas, desprendimientos y desplazamientos de juntas en las torres E, F y G de Chiminangos II. La situación llevó a una orden de evacuación preventiva de unas 60 familias y a una acción de tutela de la Personería. En julio de ese año, un juez ordenó realizar estudios estructurales y del suelo para determinar el nivel de riesgo y las medidas necesarias para proteger a los residentes.
El problema de las escaleras, sin embargo, seguía sin una solución definitiva en distintas zonas del barrio cuando Chiminangos recibió, en agosto de 2026, el terremoto que terminó provocando el colapso de una de ellas y la muerte de una residente. Pero si el riesgo llevaba años advertido, ¿por qué algunos habitantes siguieron viviendo allí? “Estábamos con mucha incertidumbre en esos días, y la gente comentaba que otros apartamentos, sectores y agrupaciones podían colapsar por el mismo problema. Empezaron a presentarse temblores, aunque no como este último, y uno vivía con miedo”, responde Óscar.
Pero, para Mosquera, el hecho de que no todas las torres presenten afectaciones muestra que las estructuras de los apartamentos han resistido durante más de cuatro décadas y que el principal problema está en las zonas comunes, especialmente en las escaleras, cuyo deterioro atribuye en buena medida a la falta de mantenimiento. “Hoy en día, la mayor parte de los habitantes de aquí son inquilinos. Muchos propietarios reciben la plata, pero no se acuerdan de que estos apartamentos necesitan mantenimiento. La verdad, estos apartamentos son muy buenos y están muy bien construidos; si no, créeme que la catástrofe hubiera sido peor”, afirma.
Ahora el problema es salvar los edificios. El alcalde Alejandro Eder ha insistido en que “esto apenas comienza, los caleños nos vamos a volver a levantar y lo haremos con una ciudad reconstruida”. Pero Chiminangos es de propiedad privada y, por tanto, el mantenimiento de sus zonas comunes corresponde a sus propietarios y a la administración de las copropiedades. La responsabilidad del Distrito ha estado en la gestión del riesgo. Otros, como Mosquera, ponen su foco en la responsabilidad de los propios habitantes y propietarios para recuperar las zonas comunes y reparar los daños. “No podemos esperar a que el Gobierno nos arregle”, dice.
Pero, entre los habitantes del sector, las certezas son pocas. Lo que sí comparten es la incertidumbre sobre cuándo podrán volver y qué tendrán que hacer para regresar con seguridad. “Hasta que unos expertos no nos den la seguridad de que las cosas van a quedar bien, no podemos tomar una determinación. Por ahora, estamos a la deriva”, dice Óscar. Luz Mary, quien afirma que vive con su hermana en las torres desde que fueron entregadas, hace casi 40 años, sigue esperando el momento de volver. Cuando se le pregunta si quiere irse, responde: “Me gustaría vivir acá”.
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