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“Se acabó la guachafita de quienes pretendían seguir cobrando recursos públicos sin una función efectiva dentro de la liquidación”, dijo John Milton Rodríguez, liquidador del Ministerio de la Igualdad. Han pasado cinco días desde que el funcionario fue designado en su cargo por el gobierno De la Espriella y ya se han anunciado las medidas con las cuáles se pretende afrontar este proceso.
La entidad en cuestión ha sido foco de críticas tanto antes como después de que se anunciara su liquidación. El gobierno del expresidente Gustavo Petro, los cuatro ministros que se encargaron de la cartera y los posteriores nombres que ocuparon el puesto que ahora tiene Rodríguez, fueron los protagonistas de una historia que no salió bien.
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Cuestionamientos por baja ejecución y cuotas políticas, denuncias de acoso sexual sobre al menos dos viceministros y de acoso laboral y racismo de una viceministra fueron algunos de los puntos críticos de una entidad que está en proceso de acabarse. Mientras tanto, -como ya lo había advertido El Espectador– hay más de 600 trabajadores que, en medio de la incertidumbre, están a la espera de como se desenvuelva el proceso y de lo que va a suceder con sus puestos y por tanto, con su sustento.
Y es que es con ese contexto detrás que este lunes se anunciaron los primeros pasos que lleva a cabo la nueva administración. “Lo que encontramos es indignante. El gobierno de Gustavo Petro dejó un ministerio en caos, sin un cierre ordenado y sin una liquidación responsable”, sostuvo el liquidador. Y agregó: “No dejaron listo los estados financieros de cierre, están atrasados más de tres meses, pero sí permanecieron compromisos por nóminas, arriendos y otros gastos que deben revisarse uno por uno”.
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Bajo la premisa de que el gobierno anterior mantuvo en funcionamiento viceministerios en una entidad que “estaba destinada a desaparecer”, Rodríguez declaró insubsistentes dos de los viceministerios con los que contaba la cartera y dio por terminado el encargo de otros dos. Además, aseguró que a su vez deben “terminar los encargos que permanezcan vigentes y que no sean estrictamente necesarios para el proceso liquidatorio”.
Como lo contó este diario, antes del cambio de administración, había funcionarios que tenían la directriz de seguir acudiendo a sus puestos de trabajo aunque no se les permitiera ingresar al establecimiento pues, al menos en el papel, seguían vinculados a la cartera como funcionarios. “No tiene ningún sentido mantener personas encargadas temporalmente de funciones propias de una estructura administrativa que se estaba desmontando”, puntualizó el liquidador.
Respecto a los recursos implicados en este proceso, el Gobierno fue claro: “No se autorizará un solo peso que no corresponde estrictamente al proceso de liquidación. Las nóminas y obligaciones pendientes entre el 21 de junio y el 19 de agosto serán auditadas una por una y solamente se pagará aquello que tenga sustento jurídico, contractual y laboral conforme a la ley”.
Es en ese sentido que no solo se tendrá que dar manejo a los salarios de todos esos funcionarios, incluyendo a los cargos más altos, también por el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (Fonigualdad), el lugar de donde salía todo el dinero que se movía en esa cartera.
El Fonigualdad, al igual que el ministerio, estuvo en el ojo del huracán. Al ser de carácter privado, no operaba bajo las mismas reglas de Ley 80 de contratación pública y manejó un presupuesto robusto. Como había mencionado El Espectador, en 2024 la asignación inicial a esa cartera fue de COP 1,8 billones, de los que se ejecutaron menos del 10 %. Para el 2026, al Minigualdad le asignó una apropiación de COP 323.442’835.064, de lo que solo se ejecutó el 13,32 % (COP 42.803’971.411) —todo en gastos de funcionamiento—, según el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda.
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Respecto a esta situación Rodríguez manifestó que “se tomará el control efectivo de Fonigualdad y de los recursos comprometidos. Se revisarán nóminas paralelas, contratos, programas y recursos que no tienen ningún sustento”. De allí es de donde el Gobierno planea recuperar cerca de COP 200.000 millones.
“Pondremos orden, cerramos esta entidad como corresponde y defenderemos hasta el último peso de los colombianos. Además, se radicarán de manera inmediata las denuncias correspondientes ante los órganos de control por el posible detrimento patrimonial y por cualquier otra irregularidad que se encuentre”, finalizó el liquidador. Además, según lo dictaminado por el líder de esta operación en días anteriores, se realizará un congelamiento contractual y presupuestal de la entidad.
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En este panorama, antes de asumir el poder, el presidente Abelardo de la Espriella exigió al entonces gobierno de Gustavo Petro que se frenaran presuntas “maniobras contractuales” que habrían identificado dentro del Fonigualdad. El proceso avanza, se definió la ruta, pero los trabajadores siguen en incertidumbre de si serán trasladados a otras entidades o por el contrario serán removidos por completo de sus puestos.
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Por Luna Mejía Farías
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