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Al cabo de 72 horas, el presidente Abelardo de la Espriella ha definido el rumbo de las políticas de paz y seguridad para Colombia que tendrán un fuerte componente en su discurso de la construcción de una “Patria Milagro” a través de la lucha contra la criminalidad. El jefe de Estado puso la lupa en tres ejes que son claves en esta materia y con los que redefine la ruta para enfrentar las narcoestructuras, la lucha contra los cultivos de uso ilícito y el futuro de los programas de paz que desde campaña cuestionó con severidad. En tan solo tres días se replanteó buena parte de la política de Estado, dándole un giro de 180° a lo que dejó la anterior administración.
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Y es que la principal consigna de la campaña presidencial estuvo centrada en la recuperación territorial, pero además, en poner fin a la política de “Paz Total” que se implementó durante cuatro años en el gobierno de Gustavo Petro. Esa apuesta fue tomando forma desde el día de su posesión el 7 de agosto en Cali, jornada en la que ordenó el traslado de varios líderes de bandas criminales desde una cárcel de Itagüí. No obstante, la implementación de su política no arrancó con la fuerza que el jefe de Estado deseaba, pues el inicio de su mandato se marcó por el terremoto del pasado 10 de agosto que dejó daños severos en varias regiones del país.
Es por ello que tras 19 días en el poder, finalmente la articulación e implementación concreta de sus primeras medidas se convirtieron en puntos primarios en su agenda. “Colombia necesita una paz verdadera, sustentada en hechos, justicia y resultados; no una política que termine convirtiendo en diálogo en un mecanismo de impunidad”, fueron las palabras con las que el presidente Abelardo de la Espriella abrió la alocución del pasado 26 de agosto, jornada en la que con lapicero en mano ponía en marcha el cambio de política de paz y seguridad.
En la noche de ese miércoles, desde el Palacio de San Carlos y acompañado únicamente del ministro de Justicia, Iván Cancino, De la Espriella firmó un bloque de cinco resoluciones con las que aprobó la extradición a Estados Unidos de varios capos. El nombre que allí más resaltaba era el de Geovany Andrés Rojas, alías Araña, cabecilla de la disidencia Comandos de la Frontera y a quien autoridades judiciales requerían por narcotráfico. Rojas ostentó la figura de gestor de paz en la administración de Gustavo Petro, misma que bloqueó su entrega a los tribunales de ese país.
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Los otros cabecillas a los que también se autorizó su entrega ante los Estados Unidos son Willington Henao, alias “Mocho Olmedo”; Carmen Evelio Castillo, alias “Muñeca”, quienes ya se encuentran bajo custodia de las autoridades. Pero, además, también se estampó la rúbrica para efectuar ese procedimiento con Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”; y Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, una vez estos sean capturados
Una semana antes de la aprobación de esas extradiciones De la Espriella ya había hecho lo propio con otras cinco personas en resoluciones pendientes por su firma. En total, según señaló, en sus primeros 20 días ya habría firmado 41 traslados de procesados, asegurando que “la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico seguirá todos los días”.
Con la oficialización de esas directrices el presidente también ha fortalecido los lazos con el gobierno de Donald Trump, que tuvo la lucha contra las drogas como uno de los puntos álgidos en su relación con el expresidente Petro. Sin embargo, con el cambio de mandato y el enfilamiento de Colombia en las políticas delineadas por la Casa Blanca, incluyendo el ingreso de Bogotá al denominado bloque del Escudo de las Américas, el gobierno De la Espriella ratificó esa apuesta de lucha frontal contra las estructuras ilegales. Es más, el “gesto” de la extradición de Araña fue bien recibido en la Oficina Oval. Y no se puede dejar de lado que ya existe un acuerdo para realizar operaciones conjuntas en suelo colombiano, aunque depende estrictamente de la aprobación del Congreso.
Pero el marco de esos avances se complementa con la derogatoria de la resolución 6 del 2015 que impedía el uso de glifosato para la erradicación de narcocultivos. Esa decisión contrasta con la política trazada por el gobierno de Gustavo Petro de priorizar la sustitución de cultivos y, que según cifras de esa administración, permitió el reemplazo de 15.000 hectáreas verificadas por la Oficina de las Naciones Unidas.
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En campaña, la postura presidencial fue impulsar la erradicación vía aspersión, a pesar de las implicaciones por su uso y las restricciones emitidas en sentencias de la Corte Constitucional. Ahora bien, a pesar de la derogatoria de esa resolución, que ya implica un primer paso en ese camino, el gobierno De la Espriella explica que “no implica la reanudación automática del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea, ni autoriza la ejecución de actividad alguna de aspersión desde aeronave tripulada”.
Reforzando esos planteamientos el jefe de Estado también puso punto final a por lo menos tres procesos adelantados en el pasado gobierno. En primera instancia revocó el reconocimiento como representantes ante el Estado de 8 integrantes del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, Bloque comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes EMBF FARC-EP para la Mesa de Diálogos de Paz, además de finalizar esa mesa de diálogo. También hizo lo propio con 21 integrantes de los Comandos de la Frontera y con el espacio sociojurídico con la estructura Conquistadores de la Sierra Nevada.
Un tercer punto en esa configuración de la estrategia de políticas de seguridad y paz radica en las proyecciones presupuestales destinados a esos sectores. Aunque el gobierno De la Espriella presentó un presupuesto de COP 634,9 billones, las partidas para las oficinas de Presidencia tendrán una serie de recortes significativos en programas de paz. Entre otros, la Agencia Nacional para la Reincorporación o los programas y proyectos para la implementación del Acuerdo Final de Paz.
Y todo ello se ve reforzado con la ofensiva territorial que desde las Fuerzas Militares han emprendido en varias regiones del país. Cauca, Valle, Antioquia y Santander son solo algunos de los departamentos en donde el despliegue militar ha incrementado, así como las operaciones dentro de las que se incluyen los bombardeos. Solo esta semana en operaciones contra las disidencias de alías Calarcá el gobierno anunció ocho bajas, mientras se ha focalizado la búsqueda de otros cabecillas como alias “Iván Mordisco”.
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La directriz presidencial es clara: “Los procesos de diálogo no pueden convertirse en refugio frente a la justicia ni la palabra paz puede utilizarse como salvoconducto para mantener privilegios mientras persisten requerimientos judiciales. Quien quiera transitar hacía la paz deberá demostrarlo con hechos concretos y verificables, y en este gobierno no hay forma distinta que sometiéndose ante la justicia”.
Es bajo ese precepto que el presidente Abelardo de la Espriella ha puesto en marcha su nueva política, pero que continuará con decisiones contundentes en el marco de seguridad y paz. De hecho, el paso siguiente podría presentarse en la transformación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que si bien no sería eliminada, tendría un nuevo nombre –emulando el cambio que Donald Trump dio al Departamento de Defensa a Departamento de Guerra– e incluso posibles nuevas funciones.
La estrategia sigue en articulación con una revisión detallada del mandatario nacional, los ministerios de Defensa y Justicia, así como con la nueva cúpula militar. Los próximos meses serán prioritarios para establecer la ruta de seguridad en la “Patria Milagro” que pretende construir De la Espriella.
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