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María Ovidia Palechor y James Flor eran compañeros de vida y también de lucha. La pareja dedicó su vida al liderazgo social de campesinos y comunidades indígenas. En la mañana de este 1 de septiembre se confirmó que ambos fueron asesinados por sicarios en su vivienda en el sector de Las Casitas, corregimiento de La Pedregosa, en Cajibío (Cauca) y su crimen, que ya está siendo investigado, deja una pérdida entre quienes veían en ellos una voz para denunciar las injusticias. Aunque las pesquisas por su crimen hasta ahora arrancan, quienes conocían su trabajo de cerca dicen que, lastimosamente, los casos que denunciaban eran tan incómodos que en sus últimos días vivieron bajo amenazas.
En contexto: Asesinan a María Palechor y James Flor, pareja de líderes sociales, en zona rural de Cajibío
Eduin Mauricio Capaz, coordinador del área de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), habló con El Espectador sobre la labor que adelantaban su amiga María Ovidia y James Flor. “La recuerdo como una mujer sonriente y de carácter fuerte. Era muy sensible a lo que le pasaba a las víctimas y era fuerte a la hora de reclamar las responsabilidades del Estado. En algún momento sé que su voz fue incómoda para el mismo Estado y siempre incómoda para los grupos ilegales”, dijo Capaz sobre la lideresa social. Según recuerda, la conoció desde hace años, cuando ella ya tenía una experiencia en labores sociales.
María Ovidia Palechor era una mujer de la comunidad indígena yanakuna. Fue defensora de derechos humanos desde 2005, cuando se desempeñó como coordinadora del Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, así como del Programa Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca. Ocupó otros cargos en el Crig y su labor la llevó a ganar, en 2015, el Premio Nacional a la defensa de los derechos humanos. Desde ahí, continuó sin detenerse en la defensa de quienes vivían injusticias por parte del Estado o por parte de los grupos armados en el Cauca. En sus últimos días acompañó a la comunidad de La Pedregosa, víctima de la masacre de El Túnel, ocurrida el pasado 25 de abril.
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Por su parte, James Flor desarrolló su liderazgo principalmente desde las organizaciones campesinas y de víctimas del conflicto armado. Fue representante departamental de la Mesa de Participación de Víctimas y también ocupó esa representación a nivel municipal. Desde esos espacios acompañó las reclamaciones de personas afectadas por la violencia. Su trabajo estaba ligado a la defensa de los derechos de las víctimas y de las comunidades rurales. En La Pedregosa participó en procesos de organización social y construcción de paz. Su liderazgo también estuvo relacionado con las exigencias de las comunidades frente a la situación de seguridad. Flor compartía con Palechor la preocupación por la presencia y el accionar de grupos armados en la zona. Ambos habían convertido esas denuncias en parte de su trabajo comunitario.
La Pedregosa, que fue su último hogar, era también uno de los principales escenarios del trabajo que realizaban. El corregimiento, que se convirtió en su lucha final, está conformado por 17 veredas y un consejo comunitario. La comunidad había sido declarada formalmente Territorio de Paz y la pareja promovía iniciativas para proteger a la población civil. Ese proceso se desarrollaba en medio de una situación de seguridad cada vez más compleja. Los líderes denunciaron amenazas y riesgos relacionados con la presencia de actores armados. Palechor asumió también la vocería de las denuncias y reclamaciones relacionadas con la masacre de El Túnel. En varias ocasiones, los dirigentes pidieron al Estado medidas para proteger a la comunidad.
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María Ovidia Palechor participó en las denuncias relacionadas con lo ocurrido en El Túnel y acompañó las reclamaciones de los habitantes. Flor, desde su trabajo con las víctimas, también hacía parte de los procesos de respuesta comunitaria. Según el Cric, ambos líderes habían advertido reiteradamente sobre los riesgos que enfrentaban. Así lo resaltó Eduin Mauricio Capaz, quien dijo en diálogo con este diario que desde la Cric “creemos que eso último fue determinante a la hora de este desenlace”. A pesar de sus alertas, el riesgo no desapareció y terminó alcanzandolos.
La muerte de la pareja de defensores volvió a poner la atención sobre la situación de los líderes sociales en el Cauca. Indepaz reportó que, con estos asesinatos, 103 líderes y defensores de derechos humanos habían sido asesinados en Colombia durante 2026. Por su parte, la Crig resaltó que entre 2016 y 2026 han sido asesinados 108 líderes indígenas en el departamento. “Uno aquí asume riesgos por todo lado. Creo que sus amenazas determinantes estuvieron alrededor de la masacre”, dijo Capaz, quien agregó que en los últimos meses “hubo varias persecuciones hacia el grupo que ella lideró, que es la comunidad de paz de Cajibío”.
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La disputa por el control territorial y de economías ilegales mantiene bajo presión a la población civil en la zona. Es tan delicado, que el mismo Capaz denunció que “a la junta de acción comunal le tocó llamar a la inspección de Policía de Cajibío. Desde Popayán no autorizaron la entrada de los equipos forenses para hacer un trabajo mucho más juicioso y sobre el crimen” y, asegura, que esa premura se debe a que los grupos armados, como las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, no permiten por mucho tiempo el ingreso de entidades estatales. Asimismo, advirtió que otros líderes de La Pedregosa continúan en riesgo.
Palechor y Flor dejan una historia construida alrededor de las víctimas, la defensa territorial y la organización comunitaria. Ella será recordada por su trabajo como mujer yanakuna, defensora de derechos humanos y dirigente indígena. Él, por su trayectoria como líder campesino y representante de personas afectadas por el conflicto. Sus caminos coincidieron y terminaron en La Pedregosa, donde acompañaron un proceso comunitario que buscaba mantenerse al margen de la guerra. Ahora serán las autoridades las encargadas de establecer quién los asesinó y por qué. Mientras esa investigación avanza, en La Pedregosa quedan sus comunidades, sus procesos y las preguntas sobre las amenazas que habían advertido. Además, dice Capaz, hay un sentimiento generalizado: “la gente tiene miedo a hablar, tienen rabia por lo que pasó”.
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