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El drama de Daniel Velasco Luque, en Bogotá, y el de Fredy Hernández Anaya, en Bucaramanga, es el mismo de miles de colombianos, víctimas de los “gota a gota virtuales”, que prestan dinero por internet. Tras pedir un crédito, no solo les cobraron intereses excesivos, sino que, tras acceder ilegalmente a sus contactos de WhatsApp, los intimidaron y difundieron mensajes difamatorios, para que pagaran montos adicionales.
No obstante, la pelea que dieron ante la justicia abre una puerta para que las autoridades, ahora sí, tomen cartas en el asunto. La Corte Constitucional no solo ordenó a la empresa Construir Comundo S.A.S. (dueña de la APP EastBay) emitir una paz y salvo, retractándose y ofreciendo excusas a las víctimas, sino que remitió los expedientes a la Fiscalía y a las superintendencias Financiera y de Industria para que investiguen. Si bien, la decisión no ofrece solución de fondo, sí da luces sobre las violaciones de estas empresas, contra las que no se ha actuado con firmeza.
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Cúmulo de abusos de prestamistas por internet
Velasco Luque pidió a la APP EastBay un crédito por $720.000. En el desembolso recibió la primera sorpresa: el 22 de mayo de 2022, Construir Comundo S.A.S le consignó $471.792. Le descontaron $248.000 (35 %). Pese a ello, pagó tres cuotas de $242.208 (27 de mayo, 2 de junio y 8 de julio). Al final canceló $726.624. Como se atrasó unos días con la última cuota, empezaron a hostigarlo: llamaron a decirle que debía pagar $35.000 por cada día de mora. Como se negó, enviaron a sus contactos de WhatsApp mensajes “intimidantes y extorsivos”.
Por su parte, Hernández Anaya acudió a la misma App por un crédito menor. El 28 de abril de 2022, Construir Comundo S.A.S. le consignó $153.264. Pese a que el préstamo se pactó a 81 días, a la semana empezaron a cobrarle. El 8 de junio de 2022, desde diferentes líneas telefónicas enviaron mensajes a sus contactos con su foto y la leyenda: “se busca por fraude y robo. ¡Recompensa!”.
Ante la situación, ambos presentaron acciones de tutela, por la protección de su honra y buen nombre. Pidieron a los jueces que le ordenara a EastBay y a Construir Conmundo S.A.S cesar los mensajes y a retractarse. Además, que le pidiera a la Fiscalía una investigación. Tras aceptar el recurso, los jueces enviaron un cuestionario a la empresa denunciada y ordenaron a las empresas de telefonía revelar los dueños de las líneas, de donde salían los mensajes difamatorios. Estos últimos nunca respondieron.
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En ambos casos, el prestamista respondió con el mismo libreto: que se desestimaran las tutelas por falta de pruebas; que no había pruebas de un daño irremediable, y que la tutela no era el mecanismo para defender sus derechos. En el caso de Velasco, fueron más allá: dijeron que su compañía brindaba ayudas financieras a personas naturales, mediante prestamos online de libre destinación, de bajo monto y a corto plazo, pero que él no tenía deuda con ellos.
A pesar de que el daño estaba hecho y estaba probada la conexión del prestamista y los hostigadores, para los jueces no se demostró quién había enviado los mensajes y, por eso, negaron las tutelas. En el caso de Velasco, el análisis fue más indignante: que, si bien la foto que difundieron afectó su buen nombre y le endilgó un delito, él no demostró quiénes eran los dueños de las líneas de donde salieron los mensajes, y que ninguna línea tenía relación con la empresa que hizo el desembolso. Los fallos los dejaron desamparados y a los responsables, impunes.
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Caso de préstamos por internet, a revisión
Sus casos llegaron, entre miles, a la Corte Constitucional, donde los escogieron para revisión. De entrada, los magistrados reconocieron que ambos se encontraban en estado de indefensión frente al prestamista, en especial porque los mensajes que atentaban contra sus derechos se difundieron en redes sociales y, según la sentencia T-242 de 2022, al ser usadas de manera masiva, “suponen para el afectado la imposibilidad de controlar, retrotraer o eliminar el contenido”.
Para los magistrados estaba probado que Construir Comundo hizo los desembolsos y que era propietaria de la APP Eastbay. Y, a diferencia de los jueces de primera instancia, para la Corte era evidente que el prestamista vulneró el derecho de las víctimas al recolectar datos personales sensibles, que luego usó ilegalmente enviando mensajes difamatorios. De paso, cometió conductas aparentemente fraudulentas, relacionadas con créditos en condiciones abusivas y violatorias del régimen jurídico.
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Su postura la sustentaron al explicar porque era imposible, en este tipo de casos, ordenar judicialmente la eliminación de los mensajes enviados por WhatsApp. Indicaron que, si bien, la libertad de expresión es un derecho protegido, es válida su restricción cuando vulnera los derechos de terceros. No obstante, en los casos de aplicaciones de mensajería es difícil hacerlo, pues WhatsApp, al no tener el carácter público de otras redes (Facebook, Twitter e Instagram), sus contenidos tienen circulación restringida y los administradores están vedados para adoptar acciones como revertir los mensajes difamatorios enviados por la aplicación.
Por eso, agregaron, la vulneración de los derechos de las víctimas “se inscribe en un contexto de posibles conductas irregulares y/o delictivas, y cuya investigación y sanción requiere de la intervención de las autoridades competentes. Por esta razón, la sala compulsará copias de los expedientes a la Fiscalía, a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Superintendencia Financiera, para que adelanten las actuaciones constitucionales y legales correspondientes”.
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La Sala concluyó que el prestamista desconoció los derechos de las víctimas al haber accedido de manera ilegal a sus contactos de WhatsApp y remitir mensajes difamatorios e injuriosos. Por eso revocó el fallo de los juzgados de primera instancia y amparó sus derechos a la honra, al buen nombre y al habeas data, y ordenó a la empresa Construir Comundo S.A.S. remitir a las víctimas un certificado sobre el pago de la deuda (especificando todos los detalles de la transacción) y a ofrecerles excusas por los inconvenientes.
Actualmente, según la Superintendencia de Industria y Comercio, existen investigaciones contra esta sociedad por vulnerar el régimen de protección al consumidor; por información engañosa; por no ser claros sobre el plazo para pagar; por las cláusulas abusivas, al pretender que los clientes renuncien a sus derechos como consumidores; por no contar servicio al cliente; por no atender los requerimientos de las autoridades, y por exigir el pago de la obligación antes de la fecha de vencimiento, y ejecutar un proceso de cobro agresivo, con amenazas.
Además, hay otra investigación por violación al habeas data, al evidenciar que, recolectan datos personales de carácter sensible al momento de la solicitud de créditos digitales, sin contar con la autorización previa y expresa de los ciudadanos y sin informarles las finalidades específicas para las cuales se recolectaron sus datos.
“Más de 350 denuncias dieron fundamento a la apertura de investigación, proceso en el que se ha evidenciado, de manera preliminar, que Construir Comundo S.A.S. en la gestión de cobranza, contactó a las personas cuyos datos son suministrados por el solicitante del crédito a modo de referencia, sin contar con la autorización previa, expresa e informada de éstas”
Más diligencias de las autoridades
La Fundación Carisma, organización que promueve los derechos y la seguridad digital de los ciudadanos, siguió de cerca este caso, al punto que haberse constituido como parte en el proceso. Tras emitir un concepto, que analizaron los magistrados, hoy celebran el resultado de la revisión. “Nuestra intención, basados en el conocimiento de nuestro laboratorio de seguridad digital, era mostrar la sin salida de estos usuarios que, sin saberlo, descargan estas App como solución a sus problemas de bancarización. Por lo general son usuarios vulnerables y con falta alfabetización digital, lo que los lleva a hacerlo sin saber qué permisos están otorgando ni cuáles pueden ser las consecuencias”, explicó Catalina Moreno, coordinadora de la Línea de Inclusión Social de Fundación Karisma.
Según la abogada, una de sus pretensiones era que los jueces diferenciaran las amenazas en redes sociales versus lo que ocurre en WhatsApp, que al ser mensajes privados no están sujetos a moderación de contenidos y, por lo tanto, emitir una orden a la plataforma no tendría sentido. “También queríamos que viraran un poco el ojo a cómo tenía que ser solucionado este problema: la única opción contra las Apps de crédito es una sanción rápida al Estado. Entre más diligente sea en perseguir este tipo de compañías, hay menos probabilidades de que puedan seguir cayendo más gente”, agregó Moreno Arocha.
Según la experta, la reciente decisión tiene un elemento interesante y es que se les ordena a la Fiscalía y a la SIC adelantar rápido las investigaciones y a la Procuraduría, verificar su cumplimiento. “Esperamos que esto lleve a que se muevan con mayor celeridad las investigaciones y, como sabemos que hay otro caso similar en la Corte, que en el siguiente fallo los magistrados analicen qué está pasando con la orden que dieron y sí de verdad se está cumpliendo o si se va a requerir de una medida de política pública más profunda, en donde se apele a la debida diligencia en contra de estas aplicaciones”, concluyó.
Por ahora, la orden de perseguir a estas aplicaciones, que intimidan y extorsionan a sus víctimas para que paguen créditos abusivos e, incluso paguen montos adicionales, es un paso importante para ponerle fin a una práctica que parece fuera de control. Falta ver si la Fiscalía y las superintendencias hacen bien su trabajo, eliminando del panorama lo que se muestra como una oferta simple, pero que hoy se ha convertido en toda una pesadilla para muchos colombianos.
APP de préstamos, en la mira de las autoridades
Actualmente hay 50 “apps” en la mira de la Superintendencia de Industria y Comercio entidad. Hasta hace unos meses dos estaban en etapa de pliego de cargos: Nanocred Colombia S.A.S. (“app” Profin) y Construir Comundo (“app” Eastbay, Popcash, Móvil Crédito y Vida Luja). No obstante, sus procesos están en esa etapa desde mediados del año pasado.
Los otros procesos poco avanzan. Por ejemplo, pese a tener identificadas otras empresas como Ezytransfer (“app” Ricopréstamo), Saghlin S.A.S. (“app” Plata) y Rush Global Colombia S.A.S. (“app” Holacredy), están estancados, porque ninguna ha respondido a los requerimientos del ente de control. En el caso de Credibús y Doy Préstamo, pese a haber dado con un supuesto responsable, este negó haber desarrollado esas “apps”. Solo las investigaciones contra las “apps” Pez Crédito, Rápido Crédito, Loco Préstamo, Trueno y Finbee las remitieron a la Fiscalía.
A partir de ahí hay una larga lista de empresas y aplicaciones con denuncias que siguen bajo análisis, como Grolatech S.A.S. (“app” Librecash, Platahoy Ultracredit), Confiar Ees S.A.S. (“app” Acticrédito), El Dorado Network S.A.S. (“app” Parcecredit y Credifio), Microbank Colombia S.A.S. (“app” Suplata); Loco Cash, Flexiplata, Cop Más, Supercrédito, Plata Colombia, Patcecash, Firecrédito, Ya Dinero, Credissimo, Quickmoneypro, Efectivo Flower, Doblo, Fastrupee, Rapifinanciera, Nuevo Crédito, Línea Directa, Dinero Fabrica, Lana Hoy, Red Suelva, Préstamos Tackles y Atiemcrédito.
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Por Alexánder Marín Correa
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