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La tierra del occidente de Colombia se movió toda con el terremoto del 10 de agosto de 2026. Pero el país todavía dimensiona la magnitud de lo ocurrido, ya que hay unas zonas de la ruralidad a las que es más difícil acceder y conocer el estado de sus habitantes. Si bien es el mismo suelo, el impacto y las consecuencias a largo plazo pueden ser muy diferentes para las áreas urbanas y rurales.
Hasta el momento se sabe de 331 personas fallecidas, pero todavía quedan 136 desaparecidas. Abundan las fotos de los edificios colapsados, las casas en escombro y la infraestructura deteriorada en las ciudades principales como Pereira, Manizales, Cali y Quibdó.
La cuenta de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Desastre (UNGRD) va en 200.929 viviendas averiadas, 37.542 destruidas, 5.871 edificios averiados y 651 colapsados. De estas cifras pocas son las imágenes que llaman la atención o que dejan ver el tamaño del desastre en el campo.
“El efecto más dramático del terremoto ocurre en zonas densamente pobladas debido a las aglomeraciones. Es eso lo que roba titulares. En la ruralidad ocurre lo mismo, pero al ser dispersa no genera noticia y es más difícil de cuantificar”, asegura Jaime Alberto Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR) de la Universidad de La Salle.
Conocer cómo está la ruralidad después del sismo es un reto en sí mismo debido a factores como: la dispersión territorial y la ausencia de vías en buen estado que conecten los territorios alejados de las cabeceras municipales. Esos son apenas dos de los agravantes que tienen los habitantes de estas zonas del país para atender la emergencia que está próxima a cumplir un mes.
Una brecha que se amplía
Poner los ojos en el campo es mirar la desigualdad que allí reside. Esta es otra dificultad que se destaca en medio de las labores de reconstrucción. La falta de acceso a bienes del Estado (centros de salud, vías y escuelas) y a viviendas dignas, por parte de la población rural.
Nelson Vargas Ortiz, docente de Uniagraria, explica que en el campo las personas suelen construir sin tener en cuenta las normativas. Muchas viviendas no tienen sistemas estructurales y usan materiales que son por bloques, “es como si las hicieran con fichas de dominó. Se caen con esa facilidad”.
Más que una falla, la realidad responde al bajo nivel adquisitivo de las familias que no les alcanza para hacer algo diferente y construyen así, como siempre lo han hecho, como pueden.
“Son viviendas inseguras. Incluso a la gente le da temor ir a la alcaldía a sacar licencias de construcción porque les salen costosas. Fácilmente el 99,8 % de los hogares campesinos no cumplen con métodos constructivos, es decir, son construcciones ilegales sin licencia”, sostiene Vargas.
Además, la tragedia llegó a lugares en los que de por sí ya había un déficit habitacional, según el informe sobre déficit habitacional rural en Colombia, elaborado por la Dirección de Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda y publicado en marzo de este año.
Chocó ya tenía, antes del terremoto, un déficit de 59.000 hogares rurales sin vivienda adecuada. Entre 2022 y 2025 el Ministerio de Vivienda solo alcanzó a cubrir el 0,28 % de ese déficit, con 163 viviendas nuevas certificadas en todo el departamento. Ahora el departamento tiene 5.000 viviendas destruidas y 26.000 averiadas, de acuerdo con los datos preliminares de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Desastre (UNGRD).
Valle del Cauca tenía 34.000 hogares en la misma condición de déficit. No recibió ni una sola vivienda rural nueva de parte del Estado entre 2022 y 2025, pero sí se aprobaron 17.703 unidades de vivienda por parte de privados. Allí ahora quedan 53.169 viviendas averiadas y 13.51 destruidas.
En Risaralda cuenta con un déficit de 5.000 hogares y una cobertura estatal de apenas 0,34 %, el sector privado aprobó 12.306 unidades. Más las 11.986 viviendas destruidas. Caldas está con 7.000 hogares en déficit, logró cobertura estatal 2,56 % y sumó 4.417 unidades privadas, pero ahora queda con 2.348 viviendas destruidas y 25 acueductos afectados. Finalmente, Quindío tenía 1.000 hogares sin vivienda adecuada y ninguna solución estatal, el mercado privado aprobó 7.906 unidades. El terremoto dejó 3.026 viviendas destruidas.
Una afectación que va más allá de la vivienda
El panorama de las casas rurales es delicado, como el de las ciudades. En los centros urbanos hay casos en los que las personas se quedaron sin en dónde vivir y sin su lugar de trabajo (como local comercial, consultorio, entre otros).
Pero en el campo las labores relacionadas con lo agroalimentario operan diferente. En la mayoría de los casos, las personas tienen sus unidades productivas en el mismo lugar en el que viven. Ello profundiza todavía más el nivel de afectación, pues quienes perdieron sus hogares también se quedaron sin su fuente de ingresos o las inversiones que habían hecho en infraestructura.
Vargas relata que la mayoría de los emprendimientos rurales se hacen desde la misma vivienda porque se hace con recursos muy limitados y así se ahorran costos. Ese es el sustento. Entonces las familias, además de su casa, perdieron establos de animales como cerdos o pollos, el lugar en el que hacían queso o demás actividades relacionadas con sus cultivos.
De hecho, a la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) le preocupa que tras la tragedia los cafeteros se queden sin sus ingresos. El motivo es la pérdida de los lugares en los que realizaban el beneficio del café en sus mismas fincas (proceso de despulpado, lavado y secado), que es necesario para comercializar el pergamino seco. El gremio ha establecido que 5.600 cultivadores tienen afectaciones en este tipo de infraestructura.
En contexto: Los cafeteros llegan, tras el terremoto, a la cosecha y a las elecciones gremiales.
Esto sin contar las escuelas, centros de salud y demás bienes públicos que se destruyeron, que de por sí suelen ser pocos en los lugares más apartados.
Cultivos que se tambalean
El impacto no solo es inmediato para las unidades productivas, respecto a la infraestructura. Es posible que las familias que viven en la ruralidad no tengan los recursos para reconstruir las instalaciones productivas porque no alcanzan los ingresos o todavía deben la que tenían.
Eso puede llevar a que se vea interrumpido el proceso de producción. De ese modo, Vargas alerta que puede incrementar el desempleo porque las unidades productivas quedaron inutilizables.
Además, la actividad agrícola se puede ver afectada por otras vías.
Una de ellas es que, al moverse la tierra pueden generarse algunos problemas con las plantas. También ocurre que el desastre lleve a las personas a migrar, lo que reduciría la mano de obra para las labores. Así se alterarían los tratamientos de poscosecha y la preparación para la comercialización. Y, para terminar, se dificulta la salida por las carreteras o vías terciarias por las que transitan los productos, analiza Rendón.
El panorama es complejo de por sí, pero en otras regiones hay que sumar un obstáculo adicional para las comunidades: el clima. En Chocó después del temblor llegaron las inundaciones.
Ana Mansa es lideresa y vive en el Medio Atrato cuenta que todo ello ha hecho que se pierdan algunos cultivos de plátano y arroz, por lo que debe resembrarlos. Entre tanto, la comunidad está ocupada en las labores de reconstrucción y reparación de las casas.
“Si la casa no se arregla, no podemos recoger la cosecha. Las dos cosas son necesarias. Por eso hacemos algo que se llama mano cambiada para conseguir recursos y ayudarnos entre varios. Consiste en que tú me ayudas y cuando necesites hacer un trabajo, yo te ayudo”, relata Mansa.
La tragedia en perspectiva
Aunque la situación del campo es difícil, la seguridad alimentaria del país está protegida, de acuerdo con Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Pues considera que las afectaciones no terminan vulnerando la capacidad del país de abastecer las necesidades de los consumidores.
La presión está en los habitantes de la ruralidad que necesitan superar la emergencia en un contexto de mayores obstáculos y menores apoyos, frente a los habitantes de las ciudades.
“Las brechas urbanas y rurales, por donde se le mire, se amplían con estas tragedias. Los recursos y ayudas se dirigen a las ciudades, por lo que las recuperaciones son más rápidas. Pero en el campo llegan auxilios como alimentos, para el diario vivir, pero no en infraestructura y caminos que contribuyan a reducir las brechas”, sostiene Rendón.
La emergencia que vive el país no tiene precedentes. En adelante, la forma como se configure la atención determinará el futuro del campo en una zona estratégica para la alimentación del país.
Son dos los caminos: una población rural cada vez más sola y desprotegida o una que recibe el impulso necesario para aumentar su productividad y mejorar la calidad de vida. El resultado dependerá de las acciones del Gobierno, las administraciones locales y los privados que lleguen, o no, con inversiones.
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