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El proceso contra Nicolás Maduro en Estados Unidos ha tenido repercusiones internacionales desde su captura, el pasado 3 de enero. El caso comenzó tras un ataque militar estadounidense que dejó al menos 100 muertos en Venezuela y desde entonces avanza entre interrogantes sobre el futuro judicial del exmandatario. Este miércoles, su abogado, Barry Pollack, presentó dos mociones: una para desestimar toda la acusación por inmunidad soberana y otra, en caso de ser rechazada, para desestimar únicamente el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo.
Pedir inmunidad y la desestimación del caso puede parecer una medida extrema y hasta ambiciosa por parte de la defensa del antiguo líder del régimen venezolano. Sin embargo, esta es, de hecho, una de las estrategias que puede utilizar su defensa para buscar garantizar su libertad. El argumento parte del derecho internacional y podría marcar una diferencia en este caso.
Maduro está acusado de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas, y está preso en un penal de Nueva York, donde se procesa su caso, desde su captura en Caracas el 3 de enero.
Según Enrique Prieto-Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, la defensa de Maduro parte de un argumento jurídicamente válido: el derecho internacional reconoce una amplia inmunidad a los jefes de Estado en ejercicio frente a la jurisdicción penal de otros países. Sin embargo, el principal obstáculo para Maduro es que Estados Unidos no reconoce su legitimidad como presidente de Venezuela, lo que podría impedirle invocar esa protección ante los tribunales estadounidenses.
El profesor señala que existe, además, un precedente que podría resultar desfavorable para su defensa: el caso del exdictador panameño Manuel Noriega. En esa ocasión, los tribunales de Estados Unidos determinaron que, al no reconocerlo como jefe de Estado de Panamá, no podía beneficiarse de la inmunidad correspondiente.
Manuel Noriega gobernó Panamá entre 1983 y 1989 y, pese a su colaboración con la CIA, sus vínculos con el narcotráfico deterioraron su relación con Washington. En 1989, EE. UU. invadió Panamá para derrocarlo y, tras refugiarse en la Nunciatura Vaticana, se entregó en enero de 1990.
El derecho internacional reconoce una amplia inmunidad a los jefes de Estado en ejercicio para que puedan desempeñar sus funciones sin estar sujetos a procesos penales en otros países. Esta protección, basada principalmente en la costumbre internacional, se conoce como inmunidad personal o ratione personae y, mientras la persona ocupa el cargo, impide, en principio, que otro Estado la detenga, arreste o procese penalmente, incluso por delitos graves.
Frente a este escenario, la comunidad internacional está dividida: Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de países de América Latina no reconocen el mandato de Maduro, mientras Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua y Bolivia respaldan al régimen.
En este contexto, existe una clara tensión entre la jurisdicción estadounidense y las normas del derecho internacional. Según el profesor, allí surge una discusión jurídica más compleja: establecer qué puede considerarse un “acto oficial” de un Estado y si determinadas conductas criminales pueden estar amparadas por la inmunidad.
Por otra parte, hay análisis que cuestionan si el reconocimiento de Estados Unidos al gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta y segunda al mando de Nicolás Maduro antes de sucederlo, podría implicar indirectamente un reconocimiento de la gobernanza del exgobernante. De ser así, este argumento podría favorecer la defensa de Maduro en su intento por reclamar inmunidad como jefe de Estado.
En el caso de Maduro, la primera cuestión no sería determinar si el narcotráfico puede considerarse un acto oficial. El debate comienza antes: si Estados Unidos debe reconocerlo, para efectos del derecho internacional, como un jefe de Estado en ejercicio y, por tanto, otorgarle inmunidad personal, pese a que el Gobierno estadounidense no lo reconoce políticamente como presidente legítimo de Venezuela.
“Los jueces suelen tener muy en cuenta la posición oficial del Gobierno sobre quién es reconocido como jefe de Estado. Eso ocurrió precisamente con Noriega. Por eso, la falta de reconocimiento de Maduro por Estados Unidos es probablemente el mayor obstáculo para su defensa”, explicó Prieto-Ríos.
Para Alejandro Bohórquez, profesor de FIGRI de la Universidad Externado, el recurso de inmunidad forma parte de la estrategia de la defensa para agotar todas las vías legales disponibles. Sin embargo, considera poco probable que Estados Unidos acepte este argumento, especialmente si se tiene en cuenta el precedente de Manuel Noriega.
“Por más que Maduro y sus abogados aleguen inmunidad soberana y demás, Estados Unidos no le va a prestar mucha atención a eso. Es, básicamente, una estrategia para agotar todos los recursos. Además, como los cargos contra Maduro son por narcotráfico y otros delitos, y no por cuestiones políticas, sino criminales, Estados Unidos probablemente desestimará cualquier intento de utilizar este tipo de herramientas”, afirmó Bohórquez.
Por otro lado, Prieto-Ríos argumenta que, si la Fiscalía estadounidense logra caracterizar las conductas imputadas no como decisiones de política pública venezolana, sino como la utilización del aparato estatal para facilitar una organización criminal o para obtener beneficios particulares, el precedente de Noriega le proporciona un argumento bastante fuerte para sostener que estamos ante actos privados o criminales realizados mediante el abuso del poder público, y no ante actos soberanos protegidos.
Si el juez reconoce la inmunidad de Maduro, podría desestimar los cargos, pero eso no significaría que sea inocente, sino que los tribunales estadounidenses no tendrían jurisdicción para juzgarlo.
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Por Laura Henao Arévalo
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