Hoy, como tantas veces, se discute con papeles en la mano y dos bandos al lado de la mesa. Así comienza la negociación colectiva entre el Ministerio del Trabajo y los sindicatos del sector público, un proceso que afecta directamente a más de 1,25 millones de empleados públicos.
Los discursos, que vendrán de un lado y otro, se espera que pasen a decretos el próximo mes. Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, afirmó que esta ronda deberá llegar a acuerdos antes del 18 de mayo, cuando se espera que Presidencia firme los decretos salariales y laborales.
Pero ¿qué piden los sindicatos? Más allá del conocido “pliego unificado”, que en este caso es un documento de 12 capítulos respaldado por 38 federaciones sindicales, hay una exigencia de retribución salarial del IPC+5 puntos porcentuales, tanto para 2025 como para 2026.
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Con el IPC de 2024 cerrando en 5,2 %, el ajuste que reclaman sería de 10,2 % para el próximo año. Un alza que, más que proteger el poder adquisitivo, recupera parte de lo erosionado por la inflación. El año pasado, el incremento fue de 10,88 %; en 2023, 14,6 %.
La negociación no parte de cero. En 2023, el proceso arrojó 234 acuerdos, luego de revisar 1.800 solicitudes en 12 mesas de trabajo. Pero, según el Ministerio, solo 69 % de esos acuerdos se han cumplido totalmente, y 31 % sigue en estado parcial.
Aun así, Sanguino insiste en que esta mesa puede marcar un nuevo estándar, no solo en el sector público, sino como modelo para el privado. No es una ambición menor.
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Más que un porcentaje
Pero el pliego va más allá del salario. Entre las solicitudes también figuran:
- Reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, sin afectar salario ni derechos adquiridos, según políticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
- Prima técnica de 40 % del salario básico para empleados públicos nacionales y territoriales.
- Bonificación por antigüedad, concedida cada cinco años.
- Pago efectivo de horas extras, dominicales y festivos.
- Incentivos para quienes ya alcanzaron el tope salarial permitido.
Uno de los ejes transversales de este pliego es el enfoque de género: 52 % de la planta estatal está compuesta por mujeres, aseguró Sanguino. El documento incluye un capítulo específico sobre derechos de las trabajadoras, como parte de un intento de modernizar la cultura laboral del Estado.
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¿Y la consulta popular?
Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro planea otro movimiento: el lunes 21 de abril radicará la solicitud para convocar una consulta popular, prevista para el mes siguiente.
Aunque sus contenidos aún no han sido divulgados en detalle, el Ejecutivo ha sugerido que buscará legitimar reformas hundidas en el Congreso, incluida la reforma laboral, que ahora se intentará introducir por decreto.
La cuenta regresiva ya está en marcha. La ley otorga diez días hábiles para instalar la mesa desde la presentación del pliego, y 20 días para alcanzar un acuerdo.
Si la negociación fracasa, el Gobierno podrá fijar los términos por decreto. La apertura del Mintrabajo está más que clara, que espera incluso marcar un precedente político y simbólico con las negociaciones.
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