En su intento por tapar el hueco creciente en la caja fiscal, el Gobierno ha transferido el problema a otros actores económicos, en especial aquellos capaces de sortear la deuda pública.
A finales de 2024, el Gobierno autorizó la emisión récord de deuda a corto plazo: $57 billones en Títulos de Tesorería (TCO), equivalente al 3,2 % del PIB. Así lo revela un informe del Banco de Bogotá. Desde entonces, el problema que se preveía, llegó. Y lo hizo con prisa.
- 85 % del cupo de colocación de TES a entidades públicas,
- 41 % del cupo de TES de largo plazo por subastas,
- 22 % del cupo de TES de corto plazo,
- Y prácticamente todo el cupo de emisión de bonos globales en dólares.
En pocas palabras, no hay liquidez.
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El Gobierno se quedó corto de dinero para cubrir sus gastos y, en lugar de resolverlo internamente —como en el alto gasto de funcionamiento—, comenzó a trasladar el problema a otras entidades públicas, como Ecopetrol, dándoles deuda en lugar de efectivo. Esto está generando un efecto dominó que afecta a otros actores del Estado y del mercado financiero.
El síntoma más alarmante para los analistas fue una operación con apariencia rutinaria, pero de consecuencias profundas: la emisión de $7,7 billones en TCO —el equivalente a cuatro meses de subastas— para pagarle a Ecopetrol el saldo total del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC).
El Estado le debía a Ecopetrol, pero no tenía efectivo. En lugar de cancelar con dinero real, entregó papeles de deuda difíciles de vender —TCO—, que no se transforman fácilmente en caja. En otras palabras, el Gobierno resolvió su urgencia a costa de complicarle la vida financiera a su propia empresa, ya que para convertirlos deben asumir pérdidas.
Desde ese episodio, las subastas de TES, que antes se ampliaban por alta demanda, ya no logran colocar tanto como antes. El mercado está saturado.
“La caja de estas compañías se vería afectada y al final, se tendría un escenario adverso donde la Nación transmite sus problemas de caja a un gran número de agentes”, señala el informe.
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El recaudo no alcanza
A esto se suma un problema estructural frente ingresos que crecen lento y los gastos, rápido. Según el informe de la DIAN, en el primer trimestre del año, el recaudo bruto fue de $71,1 billones, 6,8 % más que en 2024.
Pese a la buena nueva, la meta de recaudo de la entidad está en $298,8 billones para 2025. Lo que significa que se espera un promedio de $74,7 billones por trimestre. Así las cosas, los ingresos proyectados están $2,6 billones por debajo de la meta.
Mientras tanto, el gasto sube 23,8 % anual. ¿Cuál es el resultado? Una caja cada vez más apretada y la necesidad de acelerar la deuda como fuente de liquidez.
Sí, el recaudo sube. Pero no al ritmo del gasto. Y cuando el gasto corre más rápido que el ingreso, la caja no cuadra.
Además, está devolviendo mucho dinero a los contribuyentes por temas tributarios, lo que reduce aún más su ingreso real.
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La Nación como emisor y juez
Para sostenerse, el Estado ha comenzado a emitir deuda sin filtros:
- En solo tres meses, el Gobierno colocó $14,4 billones en deuda a entidades del Estado. Triplicó el promedio habitual.
- Emitió bonos globales por USD 3.800 millones.
- Solicitó al Banco de la República transferir $10 billones en utilidades.
- Le pidió a Ecopetrol girar dividendos en efectivo por $7,7 billones, pese a deberle el mismo monto por el FEPC.
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¿Qué puede pasar ahora?
Los analistas de Banco de Bogotá señalan que, de continuar el problema en el recaudo y no se ajusta el gasto, las distorsiones seguirán:
- Más presión sobre el mercado de TES, en especial los de corto plazo.
- Más afectación sobre las entidades públicas tenedoras de TES.
- Peores condiciones financieras para el país: tasas de interés altas, prima de riesgo elevada y acceso más costoso al crédito.
Para conseguir dinero rápido, el Gobierno ha estado imprimiendo deuda como nunca antes: emite bonos, pide utilidades al Banco de la República y hasta exige dividendos a Ecopetrol. Esto muestra que está usando todos los recursos disponibles, incluso comprometiendo el futuro de entidades que deberían estar protegidas.
Los datos lo muestran: la Nación ya emitió $6,6 billones en TCO mediante subastas, y espera hacer 51 subastas este año, cada una por $350.000 millones. Aún si todas las subastas lograran el máximo posible, solo se recolectarían $23,6 billones, insuficiente frente al hueco fiscal. Sumado a los $7,7 billones emitidos para Ecopetrol, el total llegaría a $31,3 billones, apenas 55 % del cupo.
Para alcanzar el promedio histórico de uso (74 %), tendría que emitir otros $10,9 billones, probablemente de forma directa a otras entidades públicas.
Pero a cada nueva emisión, más actores estatales verán su caja drenada.
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