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En 1998 se creó el gravamen a los movimientos financieros, inicialmente era 2 x 1.000, como una medida temporal para enfrentar la crisis financiera. El cobro tenía una fecha límite: diciembre de 1999, pero tras el terremoto en el Eje Cafetero se extendió un año más, hasta finales del 2000.
En ese año, por el déficit fiscal, nuevamente se amplió el plazo, pero también el impuesto, fijándolo en 3 x 1.000. Para 2003, otra vez para fortalecer el recaudo, el impuesto se estableció en 4 x 1.000. Y, en palabras de Liliana Heredia, directora de Tributación del Observatorio Fiscal de la Javeriana, “como en Colombia nada es más permanente que un impuesto temporal” en 2006 la medida se volvió permanente.
Hoy, 26 años después de que se creó, el gravamen a los movimientos financieros sigue instalado en el Estatuto Tributario.
La reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro (2022) estableció que desde el 13 de diciembre de 2024 todas las cuentas de un usuario estarían libres de 4 x 1.000 hasta que se superara el tope de transacciones mensuales de 350 unidades de valor tributario (UVT), que este año equivale a $17,4 millones. Actualmente, cada usuario puede tener solo una cuenta exenta de esta obligación y en dicha cuenta también se cobra 4 x 1.000 si se supera el tope.
Aunque han pasado cuatro meses de la fecha límite, el cambio todavía no se ha aplicado. Más allá de esta promesa incumplida, hay serios cuestionamientos al impuesto.
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Los peros al 4 x 1.000
Como dijo Andrea Ríos, jefe de investigaciones macroeconómicas de ANIF, analistas y académicos son “enemigos” de este impuesto porque es distorsionante: si se cobra por las transacciones bancarias, hay más incentivos a usar efectivo, estimulando la informalidad y el no pago de otros impuestos. De hecho, cálculos de ANIF, a partir de datos del Banco de la República, muestran que el uso del efectivo frente a los depósitos en cuenta corriente ha aumentado desde que arrancó la medida.
Oskar Nupia, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, coincide en que este impuesto desestimula el uso del sistema financiero y es antitécnico: “No es un impuesto al ingreso, no es un impuesto al valor agregado, no es impuesto al consumo. No es impuesto a nada que genere riqueza o valor. Es un impuesto sobre una plata por la que quizá uno ya pagó y, por solo moverla en términos bancarios, vuelve a pagar”.
Por ejemplo, dice Nupia, si un usuario compra un apartamento tendrá que pagar, además de todos los impuestos por adquirir una vivienda, un impuesto de 4 x 1.000 por el dinero que mueva. “Es un costo adicional y las personas reaccionan dejando de usar el sistema financiero”.
La medida, incluso, puede ser un obstáculo para las empresas. Zulu, una fintech dedicada a los pagos internacionales, asegura que el impuesto ha sido una “barrera para quienes desde el exterior quieren invertir en el país”.
Aunque por décadas ha habido cuestionamientos a su aplicación, el 4 x 1.000 está lejos de acabarse. Como señala Ríos, el impuesto genera ingresos importantes: el año pasado la DIAN recaudó $14,8 billones por el gravamen a los movimientos financieros.
En este momento de estrechez fiscal, en el que los analistas señalan que se necesita un recorte en el presupuesto para mantener las cuentas en orden (entre otras cosas, salvar la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional), es prácticamente imposible siquiera entrar en una conversación sobre desmontar el 4 x 1.000.
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El cambio pendiente
Con el beneficio que estableció la tributaria de 2022, usted no tendría que pagar el impuesto si mensualmente mueve menos de $17,4 millones, así sea en distintas cuentas. Pero, por ahora, la medida solo existe en el papel.
Carlos Alberto Ruiz Martínez, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), aseguró a este diario que las asociadas al gremio ya desarrollaron una plataforma centralizadora de información y que están “a la espera” de la disponibilidad del resto de actores encargados de la retención de 4 x 1.000.
Así mismo, Carlos Acero, presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), dijo que estas entidades hicieron la “debida diligencia, están listas, tienen contrato suscrito con alguno de los tres operadores y ahora están a la expectativa de que el sistema empiece a operar”.
Aunque bancos, cooperativas y otras entidades que retienen 4 x 1.000 sostienen que han hecho la tarea porque contrataron a uno de los tres proveedores tecnológicos habilitados (TransUnion, Passport y Experian), lo cierto es que todavía no existe el sistema que se necesita, uno que incluya la información de todas las transacciones que se hacen en Colombia.
María José Navarro, superintendenta de la Economía Solidaria, explicó que el cambio no se ha puesto en marcha porque los distintos proveedores aún están “ultimando detalles para garantizar la interoperabilidad del sistema”. Las dificultades, según la funcionaria, son de tipo operativo, pues se requieren muchas pruebas y garantías de interoperabilidad y de protección de datos personales.
“No hay un solo colombiano que no quiera que este cambio se haga realidad, ahora corresponde al sistema implementarlo. Podría ser muy útil en este proceso mayor transparencia por parte de los gremios que reúnen a los diferentes jugadores, especialmente a los que tienen mayor número de clientes. Por ejemplo: ¿pueden asegurar que sus miembros están listos para implementar el 4×1000?, ¿pueden compartir qué pasos faltan para que el proveedor tecnológico que seleccionaron —y con el que nosotros ya estamos integrados— también lo esté?”, dijo Santiago Matamoros, director de producto de Nu Colombia.
Fuentes del sector dijeron a El Espectador que la ley tiene muchos vacíos y, por eso, será difícil crear un sistema que incluya la información de todas las transacciones. Para que entre la plataforma, hay que poner de acuerdo a cientos de empresas: solo en el sector solidario y cooperativo son 744 las entidades que retienen 4 x 1.000.
“Será casi imposible”, aseguró Orlando Villabona, quien fue director de la DIAN por siete meses, hasta enero de este año.
César Camilo Cermeño, director de la Maestría en Tributación de la Universidad de los Andes, agrega que aunque el propósito de la norma es “noble”, exige ajustes más complicados que los que inicialmente se estimaron e implica para las entidades una nueva carga, “en medio de un mar de obligaciones formales bastante exigentes en materia de cumplimiento tributario”.
¿Pedir la plata de vuelta?
En un concepto jurídico, la DIAN dijo que, una vez vencido el plazo (que se cumplió el 13 de diciembre) los titulares de cuentas de ahorro, depósitos electrónicos o tarjetas prepago tienen derecho a exigir la aplicación del monto exento a cualquiera de las entidades. La Dirección respondió a este diario que si a un contribuyente se le hizo “una retención en exceso”, deberá acudir a su entidad financiera o cooperativa para tramitar el reintegro.
Aunque la DIAN dice que ya entró a regir el cambio, las entidades tienen otra interpretación de la ley. Como explicó Mónica Bolaños Castro, socia del Departamento Fiscal de Garrigues Colombia, la tributaria, en un parágrafo transitorio, dispuso que el 4 x 1.000 se seguirá cobrando como antes si el sistema no está en funcionamiento: “La implementación de este sistema no solo es indispensable desde el punto de vista práctico, sino que también es un requisito legal para la aplicación de la medida. Mientras no esté listo, seguirá aplicándose el procedimiento actual, lo que limita la posibilidad de los usuarios para obtener algún tipo de reintegro”.
Frente a las preguntas de qué acciones ha tomado la DIAN para asegurar el cumplimiento del cambio en el 4 x 1.000 y si tomará alguna medida frente a la no puesta en marcha del nuevo sistema, la Dirección se limitó a decir que, según el Estatuto Tributario, no tiene obligaciones en la adopción del sistema de información, pero que le corresponde verificar, “en desarrollo de sus facultades de fiscalización”, que el monto exento se aplique.
Hasta la publicación de este artículo, no hubo respuesta del Ministerio de Hacienda.
La falta de claridad ha sido una constante en este proceso que todavía no se concreta. Todavía no se sabe cuándo entrará en vigencia el beneficio que prometió la tributaria de 2022 y, por los vacíos de la ley, hasta ahora nadie responde.
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