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Todos los movimientos del presidente Petro y sus seguidores sugieren que ellos creen que por haber ganado las elecciones en 2022 eso les concede el derecho perpetuo de desaparecer y aplastar a quienes disientan o piensen diferente al Gobierno.
Hay que recordarle al Gobierno que, si bien ganaron las elecciones de 2022 con votos no solo petristas sino con el apoyo de liberales y progresistas que luego se arrepintieron, las perdieron en 2023 cuando se renovaron gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos. Hoy la realidad política a nivel regional es diferente a la que llevó a Petro al poder, pero en la Casa de Nariño solamente interpretan las elecciones que ganan, no las que pierden.
Hasta en detalles que parecen mínimos se nota esa arrogante postura petrista de suponer que el país les pertenece a ellos solamente. Qué tal el himno nacional y las imágenes que presentaron en televisión antes de anunciar la consulta popular delante de una barra de hinchas exaltados exhibiendo cartones agresivos. En efecto, los nuevos gestos palaciegos decidieron utilizar con fines populistas el himno de la guardia indígena de la que solo se acuerdan para convocar lánguidas manifestaciones. No fue un mensaje menor ni desprevenido.
Lo que hizo Petro esta semana fue alzarse contra una determinación del Congreso amenazando con la medida, aparentemente legítima, de convocar una consulta popular, porque el Gobierno asume que cuando los parlamentarios le archivan un proyecto de ley de su interés no ejercen una función constitucional sino que delinquen. Eso, por supuesto, más que un dislate demuestra ignorancia invencible.
Promover la convocatoria de una consulta popular para que sea el pueblo quien sustituya y derogue el poder del Congreso y defina si aprueba o no la reforma laboral y a la salud, corre alto riesgo de que en la Corte Constitucional sea desautorizada. En efecto, si se trata de preguntarle al pueblo si aprueba las reformas tal y como han sido presentadas al Congreso, por más que se disfracen los interrogantes que se formulen, ello no es cosa distinta de pretender la convalidación de los “proyectos de articulado” de cada una de ellas, lo que está expresamente prohibido por el artículo 52 de la ley 134 de 1994.
El Gobierno Petro no acepta las derrotas institucionales, como tendría que ocurrir en un Estado de derecho. En eso es idéntico a Maduro. Así como en Venezuela el sátrapa nunca mostró las actas que acreditaban el triunfo de Edmundo González y se robaron las elecciones, aquí Petro no se resigna a que le hundan sus proyectos de reforma que parece estar dispuesto a defender a sangre y fuego.
A quienes ingenuamente creen que Petro y el ministro del Interior están angustiados porque se ahogan sus reformas sociales, andan equivocados. No los conocen. Tampoco se desvelan porque Benedetti haya tenido que salir del Congreso con el rabo entre las piernas y el hocico partido, mientras los senadores en sus narices le clausuraron la reforma laboral. Por el contrario, andan festejando y por eso Benedetti con su proverbial cinismo provocador les dijo, con razón, a sus ocasionales verdugos “dieron papaya”. Petro encontró la excusa embustera para insistir en su experimento bonapartista de la democracia plebiscitaria, que le permite convocar a las gentes a las calles y plazas usando los recursos estatales y además sometiendo a todos los medios a sus arbitrariedades informativas.
El propósito y la estrategia están cantados: en lo que resta del nefasto cuatrienio de Petro nadie estará preocupado en gobernar sino en mantener agitadas las voces recalcitrantes del petrismo, para que el día de las elecciones en mayo de 2026 salgan a votar y los perpetúen en el poder.
Lo que está por verse es cuál camino recorrerá Petro si en el Senado no le dan el concepto favorable para convocar la consulta popular o si en la Corte Constitucional se la tumban. Lo último, reitero, es altamente probable porque esa no es la vía para aprobar leyes. No sería raro que nos estemos asomando al retorno del M-19: “¡Con el pueblo, con las armas, al poder!”.
Adenda. Me resisto a creer que la Corte Suprema de Justicia, después de que su Sala Penal compulsó copias para que se investigue penalmente al cínico e impresentable de Gabriel Ramón Jaimes Duran, hoy subjudice, lo incluya como uno de sus candidatos a la Corte Constitucional.
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