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Mientras el país anda debatiendo sobre las insulsas encuestas de Invamer divulgadas bajo la siempre sesgada interpretación del ultrauribista Martín Orozco, muy pocos parecen reconocerle importancia a la creciente advertencia de que el gobierno norteamericano se propone atacar en Colombia las fábricas del maldito polvo blanco. Desde la pérdida de Panamá en 1903, no enfrentábamos una situación más peligrosa y humillante.
El presidente Petro parece gobernar un país enemigo y no una nación independiente y libre, porque al salir en defensa de nuestra soberanía en vez de desmentir ha confirmado la grave acusación de que aquí sí hay muchas empresas produciendo la cocaína que compran en Estados Unidos. En efecto, la retadora invitación de Petro a Trump para que venga y compruebe que aquí diariamente dizque se destruyen nueve laboratorios de cocaína, uno cada cuarenta minutos y en total 18.400 durante su gobierno, es torpe. Quienes oigan esta respuesta de Petro se preguntarán: ¿en qué lugares han venido nuestros soldados destruyendo diariamente tantos laboratorios de coca? ¿Desde cuándo y en dónde se registra semejante récord? ¿Cómo es posible que se hayan incrementado los laboratorios de droga ilícita? ¿En los tres años largos de mandato petrista, entonces cuántos laboratorios han sido neutralizados?
Lo peor de todo este enredo es que sucedió más de lo que se temía que podía ocurrir en el cuatrienio de la Colombia Humana. El presidente Petro ni siquiera ha podido hablar telefónicamente con Trump, cosa que ya hizo Maduro, así no le haya servido. A la República Bolivariana de Venezuela le ha pasado menos que a nosotros, a pesar de que Maduro se quedó en el poder sin mostrar jamás las actas electorales y de que los americanos ofrecen por su cabeza una recompensa nunca antes vista. Las autoridades venezolanas anuncian estar listas a responder el asalto en Caracas para capturar al dictador, a Diosdado y a Padrino, porque encarcelados los tres esa “revolución” quedaría en nada.
Petro ha respondido a la evidente amenaza de intervención prometiendo que, si desembarcan los marines o llega un acorazado, se “despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra”. Otra vez jugando con candela. ¿Con quiénes pensará Petro que puede desatar una confrontación militar con los gringos? En todo caso, no sería con la fuerza pública, porque los militares y policías responsables tienen que calcular que eso terminaría en miles de compatriotas muertos. Tampoco sería con toda la población civil, como cuando los españoles repelieron las tropas de Napoleón, porque si bien, en opinión de muchos, una ocupación contribuiría a fortalecer la imagen de mártir de Petro, él también tiene que saber que es tal el inconformismo con su presencia en el poder y con lo que ha hecho de este país que muchos estarían de acuerdo, cuando no indiferentes, con que lleguen soldados foráneos. ¿Con qué guerra, pues, está soñando Petro?
Por supuesto, ningún demócrata ni nadie sensato prohija la solución brutal de que en los albores del tercer milenio tengamos que padecer asedio de ejércitos forasteros. Lo que no es posible entender aquí ni en el resto del planeta es por qué tendríamos que pasar de aliados estratégicos a enemigos de los gringos. El primer día que un soldado americano pise nuestro suelo, los titulares de la prensa mundial no serían para favorecer a Colombia, sino “informando” de una cruzada contra el narcotráfico. Y la prueba de todo eso, ¡qué paradoja!, sería el errático trino presidencial sobre la supuesta destrucción de nueve laboratorios diarios y 18.400 durante su accidentado mandato. La reputación nacional quedaría más maltratada de lo que hoy lo está.
Adenda No 1. Deplorable el espectáculo grotesco del ingreso y posterior expulsión de Miguel Uribe Londoño como aspirante presidencial del Centro Chismográfico. Ecos del partido de un solo hombre.
Adenda No 2. ¿Inteligencia estatal espiando a funcionarios del mismo Gobierno? ¡Régimen del cambio!
Adenda No 3. Ahora emergencia económica para clavarnos otra reforma tributaria confiscatoria. Un ultraje más del Gobierno a la Constitución del 91.
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