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Este 6 y 7 de noviembre se cumplen cuatro décadas de la toma y retoma del Palacio de Justicia, cuando 35 integrantes del M-19 irrumpieron en el edifico en el centro de Bogotá y a pocos metros de la Casa de Nariño. En conversación con El Espectador, Helena Urán Bidegain, Yesid Reyes Alvarado y Carlos Medellín Becerra —hijos de los magistrados Carlos Horacio Urán, Alfonso Reyes Echandía y Carlos Medellín Forero— revivieron los recuerdos de ese ataque y de la posterior operación militar. Los familiares enfatizaron sobre los vacíos que persisten en la reconstrucción del expediente, las fallas en los procesos de reparación, las revictimizaciones cometidas por el presidente Gustavo Petro, y sobre la importancia de seguir haciendo memoria histórica sobre el holocausto.
Aquellos dos días en el Palacio de Justicia dejaron cerca de un centenar de víctimas mortales, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema. Además, al menos 11 personas fueron desaparecidas y otras sometidas a torturas. Urán, Reyes y Medellín iniciaron recordando las amenazas previas que pesaban sobre los magistrados de la Corte Suprema por parte de Pablo Escobar, capo del cartel de Medellín y quien lideraba a Los Extraditables, una organización criminal que buscaba frenar la entrega de narcotraficantes a Estados Unidos. El abogado Carlos Medellín señaló que “las últimas amenazas de Escobar a mi padre fueron porque ya estaban radicadas las ponencias para salvar el tratado de extradición”.
En este terreno difícil para la administración de justicia, el acto terrorista del M-19 terminó por desatar uno de los episodios más dolorosos en la historia de la violencia política en Colombia, que cuarenta años después sigue plagado de vacíos y preguntas. “Ese expediente fue desaparecido y mutilado. Hay algunas piezas que se conocen, pero ahí terminó todo”, señaló Medellín.
Los tres hijos de los magistrados han cuestionado los largos procesos de paz y perdón en relación con el holocausto, como las amnistías al M-19, que no han logrado ofrecer justicia y claridad sobre los sucesos del 6 y 7 de noviembre. El hijo del magistrado Medellín Forero manifestó que “en ese momento nos preguntaban que si perdonábamos y siempre contestábamos: ¿a quién y por qué?, ¿a cambio de qué? ¿El perdón y la no repetición? Nada de eso sucedió. No fuimos tenidos en cuenta y vino el indulto (al M-19) y ahí terminó el tema”.
En enero de 1989, el entonces juez de instrucción criminal Uriel Alberto Amaya Olaya ordenó cerrar la investigación penal contra el M-19 y solamente anunció la acusación y captura de los máximos dirigentes de esa guerrilla. Era el mayor avance judicial en los dos años posteriores al holocausto del Palacio de Justicia. Sin embargo, ese proceso quedó rápidamente sin efecto. Para el momento en que la decisión quedó en firme, el Congreso ya tramitaba una ley de indulto para los integrantes de esa guerrilla, que habían formalizado su voluntad de desmovilizarse.
En diciembre de ese mismo año, fue aprobada la Ley 77, conocida como Ley de Indulto, que extinguió las responsabilidades penales de los miembros del movimiento insurgente. Se trató de una determinación política adoptada en medio de las negociaciones de paz entre el gobierno de Virgilio Barco y el grupo armado.
Tres años después, el 20 de mayo de 1992, se tramitó el segundo indulto a la guerrilla, que —de acuerdo con el abogado Carlos Medellín— “se tramitó con un mensaje de urgencia en el Congreso y del cual fue ponente el entonces congresista Álvaro Uribe Vélez. En ese segundo indulto tampoco hubo ningún asomo de verdad, de justicia, de reparación. Y, claro, esos procesos que se construyen de esa manera, con mensaje de urgencia y con razones exclusivamente políticas, quedan mal, quedan llenos de dificultades. Y cuando hoy nos preguntan por la herida abierta del Palacio de Justicia, pues las heridas, de esa manera, no sanan”.
Las dudas sobre quiénes exactamente dispararon a los magistrados y los demás rehenes del Palacio se han construido poco a poco con documentos y testimonios que prueban, por ejemplo, que el magistrado Manuel Gaona fue ejecutado por el grupo subversivo, como lo registró la propia Comisión de la Verdad en su informe de 2010 sobre el holocausto.
Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, quien perteneció a esa guerrilla, publicó este 6 de noviembre en sus redes sociales que “ninguna bala proveniente de armas del M-19 se encontró en los cuerpos de los magistrados asesinados en el Palacio”. Afirmaciones que han sido duramente criticadas por las víctimas.
Ampliación: Las imprecisiones del presidente Petro sobre el Palacio de Justicia que indignaron a las víctimas
En paralelo a estos vacíos y versiones cruzadas, el abogado Medellín destacó que ha habido pequeñas victorias como, por ejemplo, “la demanda que colocamos contra el Estado por el exceso en el operativo militar y la ausencia de vigilancia de Palacio; y fue condenado el Estado. Decisiones a nivel internacional con los desaparecidos, incluso decisiones penales contra oficiales del Ejército. Eso sí siguió avanzando, pero todo lo del M-19, su conducta, su responsabilidad, esa sí quedó cobijada por el indulto y la amnistía”.
Siguiendo la línea sobre las responsabilidades del M-19, la investigadora y politóloga Helena Urán, hija del magistrado Carlos Urán, también abordó las expectativas que tenían de una iniciativa de reivindicación por parte del presidente Petro sobre los hechos del holocausto. “Yo sí hubiese esperado un compromiso mucho mayor con la construcción de memoria, y no solamente en relación con el Palacio de Justicia. Sí esperé de manera ingenua que este gobierno (el de Gustavo Petro) iba a tener el tema de la memoria como uno central. Y lo que ha pasado es que la memoria ha sido nuevamente utilizada como una causa política, negando sus propias responsabilidades. Lo vengo percibiendo con otros gobiernos desde siempre y este no ha sido la excepción”, expresó.
Urán señaló que el gobierno de Petro se planteó como una opción diferente a la política tradicional y pensó que el presidente, “viniendo de donde viene”, tenía una “obligación” de reivindicar esos sucesos. La abogada agregó que “ninguno de sus funcionarios ha entendido el potencial que tiene la memoria como constructor de ciudadanía y de democracia. Ya no hablo de reconciliación, pero sí de pactos de convivencia, y no ha pasado nada de esto. Al contrario, incluso ha profundizado la división. La cabeza del Estado no ha hecho lo que le correspondería”.
El abogado Carlos Medellín estuvo de acuerdo con esta opinión de Urán y recordó: “La llegada al poder de Gustavo Petro fue fruto de unos acuerdos y unas coaliciones, con un apoyo en el Congreso y con un espectro mucho más amplio que la Alianza Democrática M-19, que fue el partido que surgió después. Hemos visto que han pasado los años y, así como se acabaron esas coaliciones en el Congreso, el discurso del presidente también se fue radicalizando”. También recordó el episodio en el que el jefe de Estado ondeó la bandera de la extinta guerrilla en el Palacio de Justicia, lo cual “es una profunda ofensa y una falta absoluta de respeto por los muertos y por las víctimas”.
De acuerdo con el abogado y exministro de Justicia Yesid Reyes, las intervenciones del presidente “han sido, cuando menos, desafortunadas y, lejos de ayudar a sanar esa herida, han supuesto meter el dedo en una llaga y realizar actos de revictimización absolutamente innecesarios, y de los cuales yo también pensé que no íbamos a tener muestras en este gobierno”.
Al hablar sobre cómo la toma del Palacio de Justicia desató una masacre al interior, gran parte de las fichas de este rompecabezas de violencia también se concentran en la retoma militar. Frente a las sentencias y procesos relacionados con la responsabilidad de las Fuerzas Militares y del Estado en el holocausto, la investigadora Helena Urán sostuvo que esos expedientes “han sido constantemente torpedeados desde el Ejecutivo, y eso es lo que me parece tan grave. Cada vez que ha habido una sentencia, todo el estamento del Estado se ha ido contra eso, poniendo en riesgo a aquellos administradores que han querido esclarecer los hechos. Algo dramático en cuanto a separación de poderes”.
Urán mencionó que ese entorpecimiento ha sido “una forma de mantener este negacionismo y de controlar este relato de que unos son los malos y los otros los buenos, y de no poder permitirnos avanzar para entender lo que pasó. La amnistía del M-19, estamos viendo que tiene unas repercusiones fatales; pero no blindar los procesos judiciales desde el Ejecutivo, desde el Congreso, incluso desde la sociedad civil, ha sido también absolutamente dañino”. Cuatro décadas después, el avance judicial sobre estos hechos es limitado.
En 1993, las familias de víctimas del holocausto llevaron la primera denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la responsabilidad del Estado por varias violaciones al derecho a la vida, desaparición forzada, torturas, entre otro hechos. Por años, la CIDH recopiló evidencia, y documentos que en 2010 llevaron a declarar la responsabilidad del Estado colombiano por la retoma militar y dio una serie de recomendaciones que incluían acelerar la investigación penal, buscar e identificar las víctimas faltantes y reparar integralmente a los sobrevivientes y a las familias.
Ante la falta de cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado, la CIDH remitió el caso el 9 de febrero de 2012 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que dos años después también encontró responsable al Estado colombiano por desaparición forzada, torturas y otras graves vulneraciones durante la operación militar y ordenó las mismas recomendaciones de la Comisión, pero esta vez como una sentencia de obligatorio cumplimiento.
En el ámbito nacional, en 2010, la entonces fiscal Ángela María Buitrago llevó a juicio a los primeros altos mandos militares por las violaciones cometidas en la retoma; sin embargo, fue retirada del expediente y de la Fiscalía, lo que afectó la continuidad de ese proceso.
A la falta de resultados judiciales se suma el drama persistente de las víctimas desaparecidas y las que siguen sin identificarse. La negligencia estatal en el manejo de los cuerpos derivó en entregas erróneas a varias familias, que descubrieron la verdad más de tres décadas después. El Tribunal Especial de Instrucción del caso determinó que, por órdenes del Ejército, se lavaron restos humanos, se alteró la escena y se desecharon elementos fundamentales para la investigación.
Por estas víctimas, y por aquellas que no han sido nombradas, los hijos de los magistrados Urán, Reyes y Medellín enfatizaron la importancia de seguir creando espacios de socialización y de memoria histórica sobre estos hechos, más allá de la conmemoración anual. Por ejemplo, el exministro Reyes manifestí que “esto no fue un simple suceso histórico, fue uno de los ataques más fuertes que ha habido contra la rama judicial. Una muestra de desprecio del Ejecutivo que tuvo su impacto no solamente por la muerte de casi la mitad de los magistrados titulares, sino de los magistrados auxiliares”.
Asimismo, destacó que estos asesinatos no solo representaron la “pérdida humana de quienes integraban la Corte en sus distintos niveles en esa época, sino las dificultades que eso supuso para la reconformación de la Corte Suprema de Justicia, al quedar expuesta ante el país como una rama a la que no se le tendió la mano en el momento en que más lo necesitaba. Las repercusiones tanto políticas como jurídicas e históricas de la toma del Palacio de Justicia son enormes y eso debería llevarnos no solamente a registrarlo como un hecho histórico, sino a mantener viva la memoria, que es mucho más que un simple recuento histórico de los sucesos”.
Sobre la importancia de que se sigan produciendo libros y otro tipo de expresiones artísticas sobre la toma, la investigadora Urán declaró que esto inevitablemente nos lleva al diálogo. “Desde 1985, cuando el magistrado Reyes Echandía pedía diálogo, pedía que lo escucharan y fue abandonado, hasta hoy se rompió ese diálogo. No sabemos dialogar en Colombia y el no tener esas plataformas para hablar no permite que tramitemos esto que, al final, es un duelo y un trauma colectivo. Desde 1985 no hemos tenido ningún tipo de maduración emocional, ni tampoco democrática, porque no sabemos hablar de esto, porque la discusión siempre termina siendo en quién tiene la culpa. Y debemos salir de ese lugar para poder sacar lecciones de lo que sucedió”.
Finalmente, el abogado Carlos Medellín advirtió sobre el riesgo de que el país desconozca lo ocurrido en el Palacio de Justicia y permita que se impongan versiones distorsionadas o falsas. Recordó que, cuando las familias comenzaron a exigir verdad y justicia, surgieron voces que les pedían “pasar la página”, como si hablar de los muertos y del dolor fuera una elección y no una obligación con la memoria colectiva.
Medellín enfatizó que estos escenarios son necesarios para evitar que la historia se tergiverse y se repita. En sus palabras: “El rigor en la memoria e insistir es muy importante. No es que nos guste, ni que lo hagamos por deporte. Sentimos la necesidad de insistir porque entendemos la importancia para las nuevas generaciones y para la historia de Colombia que se diga las cosas como son”.
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