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Hace 40 años la guerra tocó el corazón de la justicia. Durante dos días, el 6 y 7 de noviembre de 1985, el M-19 tomó por asalto el Palacio de Justicia, y el Ejército respondió con una retoma a sangre y fuego. El resultado fue una tragedia nacional que todavía cuesta asimilar: decenas de civiles, magistrados y guerrilleros murieron; otros fueron torturados y desaparecidos, y la sede de la Corte Suprema quedó reducida a ruinas. Desde entonces el país ha intentado, sin éxito, entender qué ocurrió y por qué la justicia nunca logró juzgar a los responsables de un holocausto en la cúpula de la justicia. En ese esfuerzo por comprender qué pasó hace 40 años recopilamos preguntas de nuestros lectores para poner en contexto la conmemoración de los hechos y contribuir a este ejercicio de memoria, no solo para recordar, sino como guía para las nuevas generaciones.
¿Cuáles fueron las causas de la toma del Palacio de Justicia?
La guerrilla del M-19 se tomó el Palacio de Justicia en pleno centro de Bogotá con un objetivo claro: hacerle un juicio político al entonces presidente, Belisario Betancur, porque, a su parecer, estaba traicionando la “voluntad nacional de forjar la paz”. Primero entraron por la puerta principal vestidos de civiles. Tras confirmar que no había Policía ni Ejército custodiando el edificio, los demás ingresaron por el sótano, disparando a quienes impidieran su ingreso. Allí asesinaron a seis personas, entre ellos dos guardias de una empresa privada y cuatro escoltas que trataron de impedir la incursión guerrillera. La llamaron “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”.
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El trasfondo era mucho más complejo. Los magistrados habían recibido amenazas de los extraditables y había pruebas de que en cualquier momento personas armadas podían tomarse el Palacio, pues la Policía había capturado a dos hombres con planos del edificio. Además, a ese contexto hay que sumarle un tema adicional: la guerrilla y las Fuerzas Militares estaban enfrentados en una guerra a muerte. El 23 de octubre de ese año, el M-19 atentó contrantes de la toma. Ese mismo día fueron capturados 10 militantes en Zipaquirá, entre ellos el exconcejal y expersonero del municipio Gustavo Petro Urrego.
¿Qué se discutía en el Palacio de Justicia cuando se dio la toma?
Había dos temas del más alto interés nacional. El primero estaba en el Consejo de Estado, que había condenado a la nación por torturas cometidas por las Fuerzas Militares durante el Estatuto de Seguridad del gobierno Turbay Ayala, justamente cuando el M-19 era blanco del Ejército. Y el segundo estaba en la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que estudiaba una ponencia que buscaba aplicar el tratado de extradición con Estados Unidos, un recurso que se presentó como una medida para luchar contra la avanzada de la mafia, que ya había asesinado al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en abril de 1984, y el grupo de los extraditables tenía amenazados a varios magistrados de la Corte.
¿Quiénes participaron en la toma del Palacio de Justicia?
En la toma participaron 35 guerrilleros, 25 hombres y 10 mujeres. Eran parte del comando Iván Marino Ospina. El comandante del M-19, Rósemberg Pabón, fue identificado como el responsable de la toma, y Álvaro Fayad, integrante del mando central, planeó la acción. Por un error de coordinación, seis guerrilleros no alcanzaron a llegar y se quedaron por fuera. La respuesta del Ejército fue inmediata. El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales señaló que en 30 minutos coordinó y elaboró una operación para “recuperar el edificio y rescatar a los rehenes sin dar respiro”. Sin embargo, el Plan Tricolor, el manual de reacción de la Fuerza Pública, no preveía el rescate de rehenes, solo lineamientos para actuar sin demora y con resultados decisivos.
Según la Comisión de la Verdad, en la retoma participaron alrededor de 2.000 integrantes de la Fuerza Pública de distintas unidades militares y policiales. Intervinieron miembros de las Escuelas de Caballería, Artillería, Infantería e Ingenieros, de los Batallones Guardia Presidencial y Policía Militar, del Batallón Charry Solano del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia, además de miembros de la Policía, agentes del DAS y personal de otras brigadas, incluso de la Séptima Brigada de Villavicencio. La operación fue dirigida por el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, bajo las órdenes del general Rafael Samudio Molina. El coronel Alfonso Plazas Vega tuvo un papel operativo y encabezó las tropas que ingresaron con tanques al Palacio.
¿Cuánto duró la toma del Palacio de Justicia?
La toma comenzó hacia las 11:30 de la mañana del 6 de noviembre de 1985. En minutos, la guerrilla controló la sede y tomó como rehenes a magistrados y civiles. Afuera, el Ejército desplegó su operación. Durante las primeras horas hubo intensos combates y un incendio devoró parte del edificio. En medio de esa guerra campal, el presidente de la Corte, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, exclamó en micrófonos de radio: “Estamos en un trance de muerte. Tienen que pedirle al Gobierno que cese el fuego. Rogarle para que el Ejército y la Policía se detengan. Los guerrilleros nos apuntan con sus armas. Les ruego detengan el fuego porque están dispuestos a todo”.
Nadie escuchó el llamado desesperado del magistrado. Sus comunicaciones fueron interrumpidas, y hacia la noche del primer día el Palacio estaba prácticamente en ruinas. La retoma militar se extendió hasta la tarde del 7 de noviembre, cuando las tropas ingresaron por completo al edificio, neutralizaron a los insurgentes y empezaron otra operación con todas las irregularidades posibles. Lavaron los pisos donde había cuerpos calcinados; barrieron otros restos que habían quedado quemados; a la basura arrojaron huesos humanos; incautaron armas, provisiones y material de guerra, y despojaron de sus prendas y de sus pertenencias a las víctimas. Como lo describió la Comisión de la Verdad, manipularon la escena del crimen.
¿Quién era el presidente de Colombia en la toma del Palacio de Justicia?
El jefe de Estado era Belisario Betancur Cuartas. Para noviembre de 1985 cumplía tres años en la Casa de Nariño, a la que llegó con una apuesta de paz. Su papel durante el holocausto estuvo marcado por dos decisiones cruciales: no dialogar con los insurgentes del M-19 y respaldar la operación militar de retoma. En su alocución televisada del 7 de noviembre, Betancur asumió la responsabilidad total de lo sucedido y elogió el “heroico esfuerzo” de las Fuerzas Armadas. Afirmó que no había otra alternativa y que el terrorismo había recibido “un tratamiento ejemplar”, lo que evidenció su convicción de que la acción militar fue legítima y necesaria. En los días posteriores, Betancur mantuvo su respaldo político a los militares.
En paralelo, promovió la creación del Tribunal Especial de Instrucción para evaluar responsabilidades, pero este órgano terminó exonerando a los mandos castrenses. Aunque el procurador Carlos Jiménez Gómez denunció penalmente al presidente ante la Comisión de Acusación por desconocer el Derecho Internacional Humanitario, el Congreso concluyó que sus actos fueron “típicos de gobierno”, cerrando el caso sin sanciones. Para la Comisión de la Verdad, Betancur asumió una “indefinida responsabilidad” como jefe del Estado, suprema autoridad administrativa y comandante de las Fuerzas Armadas. Hasta su muerte en 2018, la postura de Belisario Betancur fue la misma: el silencio.
¿Hubo censura? ¿Por qué se emitió un partido de fútbol?
La censura durante la toma del Palacio de Justicia fue una decisión del Gobierno Betancur, ejecutada por su ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, quien pidió a los medios abstenerse de transmitir en directo los operativos militares, entrevistas o comunicados. Esta medida se justificó oficialmente como una forma de evitar desórdenes públicos, pero en la práctica significó un silenciamiento de la información mientras el Palacio ardía. En la noche del 6 de noviembre de 1985, mientras el edificio estaba envuelto en llamas y aún había rehenes, el Gobierno ordenó transmitir por televisión un partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena.
¿Cuántas personas murieron en la toma y retoma del Palacio de Justicia y cuántas fueron desaparecidas?
Las cuentas, incluso hoy después de 40 años, no son claras. La Comisión de la Verdad documentó que 94 cadáveres fueron trasladados a Medicina Legal, aunque advierte que los errores en las identificaciones y las irregularidades con los restos calcinados podrían significar un número mayor. En total, 54 cuerpos fueron identificados y entregados a sus familias, mientras que 38 fueron enviados a la fosa común del Cementerio del Sur, algunos sin certeza de su identidad. Entre las víctimas están los 11 magistrados de la Corte Suprema, empleados judiciales, visitantes, guerrilleros y miembros de la Fuerza Pública.
Respecto a los casos de tortura, el documento señala que varias de las personas que salieron vivas del Palacio fueron torturadas durante interrogatorios realizados por organismos de inteligencia en la Casa del Florero y en las caballerizas del Cantón Norte. Dos de ellas sobrevivieron: Yolanda Santodomingo y Orlando Matson. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció en 2014 que 10 personas fueron desaparecidas: Carlos Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao. En esa misma decisión reconoció que el magistrado Carlos Urán fue víctima de una ejecución extrajudicial.
¿Por qué el M-19 nunca fue condenado?
Aunque en enero de 1989 el juez Uriel Alberto Amaya Olaya cerró la investigación contra el M-19 y anunció la acusación en contra de los principales líderes del grupo guerrillero, además de su orden de captura, ese impulso judicial, y el más importante en dos años, se diluyó en cuestión de meses. Cuando esa decisión judicial quedó en firme, el Congreso ya avanzaba en la aprobación de una ley de indulto a favor del M-19, que había hecho oficial su intención de dejar las armas. En diciembre de ese mismo año fue aprobada la norma, que incluyó suspender todas las investigaciones contra los miembros del grupo armado, incluso por delitos de lesa humanidad, como los cometidos durante la toma del Palacio de Justicia.
La Ley 77 de 1989, o Ley de Indulto, borró de tajo las responsabilidades judiciales de los guerrilleros. Una decisión política adoptada en el contexto de los diálogos de paz entre el gobierno Barco y el movimiento insurgente. Hasta ahí llegó la investigación. Sin embargo, en mayo de 1992, la jueza sin rostro Carmen García de Useche ordenó reabrir el proceso contra la cúpula del M-19 por los cargos de terrorismo, en concurso heterogéneo con el de incendio, pues consideró que esas conductas no eran delitos políticos y no podían ser indultados. La decisión causó revuelo, pues los exguerrilleros ya ocupaban cargos en la política. No obstante, el caso terminó cerrado por presiones políticas y la jueza fue acusada de prevaricato.
¿Y entonces por qué el Estado sí fue condenado?
El Estado colombiano fue condenado tanto por la justicia administrativa, que encontró que el Estado no hizo nada por proteger a sus jueces, pese a que tenía alertas que la toma del Palacio de Justicia podía ocurrir en cualquier momento, como por la internacional. En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señaló que el Estado tuvo responsabilidad en violaciones de derechos humanos durante la retoma. La actuación militar desbordada, las desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales fueron consideradas crímenes de lesa humanidad, y esa instancia de justicia obligó a la nación a reconocer sus excesos, reparar a las víctimas, garantizar la no repetición e investigar, sin más demoras, a los responsables.
Así, mientras la política selló el perdón para los guerrilleros, el derecho internacional avanzó en lo que la justicia nacional nunca pudo. A raíz de la presión por la falta de resultados en materia de justicia, el Fiscalía se sacudió y empezó un esfuerzo por identificar los cadáveres que llevaban años acumulados en los laboratorios. A raíz de ese impulso, los investigadores y Medicina Legal abrieron un nuevo capítulo al ya absurdo expediente del holocaustro: los restos extraviados del Palacio de Justicia. En otras palabras, encontró que en las tumbas cerradas desde noviembre de 1985 estaban enterradas víctimas que no correspondían a los nombres que se leían en las lápidas. Así, la Fiscalía encontró que Héctor Jaime Beltrán, uno de los desaparecidos reconocidos por la Corte IDH, estaba enterrado en el lugar donde la familia del magistrado Julio César Andrade, había llorado a su ser querido durante 30 años. Pero esa historia completa la contaremos el próximo viernes.
¿Quiénes son los militares que han sido condenados por el Palacio de Justicia?
La lista no es larga. El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado a 35 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia en 2019 por la desaparición forzada de varios civiles y empleados de la cafetería del Palacio. El coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, el mayor (r) Óscar William Vásquez y los capitanes (r) Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Ferney Ulmardín fueron condenados a 40 años de prisión por el Tribunal Superior de Bogotá en 2021 por las desapariciones de Irma Franco, Carlos Rodríguez y Bernardo Beltrán. En cuanto a Alfonso Plazas Vega, el alto oficial fue condenado en 2010 y declarado inocente el 16 de diciembre de 2015 por la Corte Suprema de Justicia. La decisión más reciente se conoció el 19 de junio de 2024, cuando el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena en contra del general (r) Iván Ramírez Quintero y el coronel (r) Fernando Blanco Gómez. Ese caso está en revisión de la Corte Suprema de Justicia.
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