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Dora Rodríguez tenía 19 años cuando tomó la decisión de irse de su país, El Salvador, que estaba sumido en una cruenta guerra civil, una que hoy, más de dos décadas después, se sabe que dejó unos 75.000 muertos, sobre todo civiles, y 400.000 refugiados en Estados Unidos. Salió obligada, con miedo, con el peso sobre sus hombros de una determinación que sabía que era de vida o muerte. Todavía tiene fresco en su memoria el recuerdo de que 13 personas que iban a la par suyo murieron en el desierto, y que fue ella la que sobrevivió. De eso ya han pasado varios años, unos 45, casi los mismos que ha dedicado para trabajar con miles de individuos que, como ella, emprendieron camino hacia Norteamérica en busca de una mejor vida. En Tucson, Arizona, lidera un proyecto que apoya a solicitantes de asilo y deportados en sus necesidades básicas y asistencia legal, en sus derechos e integración, una organización que, bajo el nombre de Salvavision, que también hace presencia del lado mexicano, específicamente en Sonora, por donde ella cruzó la frontera años atrás, ve con preocupación las decisiones que está tomando Donald Trump frente a la migración.
Mientras habla y recuerda su historia, una caravana de venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, cubanos y haitianos, que salió de Tapachula, México, intenta llegar a un Estados Unidos donde se declaró emergencia en la frontera y se espera la llegada de tropas, donde se puso fin a la nacionalidad por nacimiento de hijos de indocumentados y donde fue cancelada la aplicación CBP One, que en los últimos dos años permitió que casi un millón de inmigrantes pidieran cita para ingresar legalmente al país y buscar asilo. Eso ya no está disponible y las citas fueron canceladas. Apenas el lunes, casi a la par de que Trump pronunciara su discurso de investidura, Rodríguez vio “el caos” que eso desató. Mientras su equipo repartía ropa, zapatos, agua y comida, presenció que varios se quedaron sin qué hacer ante la oficina que supuestamente los iba a recibir. “Hay muchos nervios, es como una guerra mental”, que, aunque se hicieron esfuerzos previos a la posesión del republicano para que los migrantes supieran qué tienen que hacer si son arrestados y a qué tienen derecho, es reforzada por un mensaje que hace que las personas sean cada vez más vulnerables. “¿Qué pasará con familias enteras, con niños y adultos?”, se pregunta.
La colombiana Margelis Tinoco, que emigró con su esposo e hijo desde Venezuela, leyó en su celular: “Las citas existentes programadas a través de CBP One ya no son válidas”. A la agencia AFP le dijo que no sabe qué va a hacer con su vida y aprovechó para pedirle a Trump “que tenga compasión y nos deje cruzar, que nos apoye porque venimos (…) con seis meses de sufrimiento”. Algo parecido le pasó al venezolano Antony Herrera, que tenía su cita el lunes en Tijuana, así como a su esposa y sus tres hijos. Jorge, un connacional suyo, agregó: “Siento que ya no nos quieren allá (…). Tampoco puedo esperar a que simplemente tengan misericordia con nosotros. Es mejor que nos digan si va a haber una oportunidad para ver qué hacemos, si buscar otras opciones, porque mi país está en crisis”.
La inquietud y la incertidumbre de los migrantes también la siente Médicos Sin Fronteras. Igor García, responsable de comunicaciones para México, cuenta que, de hecho, el aumento de las caravanas en las últimas semanas y meses son muestra, quizá, de las preocupaciones frente a un futuro próximo y más inmediato. A la espera de saber cuáles son las consecuencias que traerán todas las órdenes firmadas por Trump, su mayor preocupación tiene que ver con el cese de la aplicación: “Aunque estaba lejos de ser perfecta y podía implicar un proceso largo y arbitrario, su cierre, sin que en el momento haya otra alternativa, crea más incertidumbre y marca un retroceso en materia de derechos humanos”. Eso, a su parecer, puede causar más estrés, desorden y pánico, obligando a las personas a buscar rutas aún más peligrosas y a tener mayor probabilidad de caer en manos de redes de tráfico de personas.
Fabienne Cabaret tiene un temor similar. Ella, que es la directora de la Fundación para la Justicia, entidad mexicana que trabaja en el fortalecimiento del Estado de derecho, que tiene como un eje de trabajo la migración y la política migratoria, lee los recientes anuncios como un intento de subir el nivel de agresión hacia los migrantes, con el fin de hacer sentir ese mismo tono en México y en los países de donde ellos vienen. Que se profundice la ya existente crisis humanitaria, que no se logre una respuesta que satisfaga las necesidades de quienes están en tránsito y que aumente la separación familiar, además de las deportaciones y las consecuencias que todo eso puede tener en niños y adolescentes, son parte de una larga lista que tiene ahora en mente, pues si de algo está segura es que las decisiones tomadas desde Washington no necesariamente frenarán la intención de migrar, aunque no desconoce que hay quienes ya se están proyectando para quedarse en México. Otros aún están a la expectativa de lo que pasará.
En al menos los últimos diez años, Rodríguez, de la mano de Salvavision, ha atendido a un poco más de 15.000 migrantes, además de que en cuatro décadas ha visto cómo varias administraciones han optado por diversos caminos para aproximarse a este fenómeno. Solo durante el mandato de Joe Biden se permitió el ingreso de 5,8 millones de extranjeros que buscaban asilo y otros amparos migratorios, según reveló a finales del año pasado un informe del Instituto de Política Migratoria. “Yo caminé sus zapatos y he visto que cada gobierno es más fuerte y punitivo, y se aleja más de lo humanitario, del dolor de las personas y de por qué nosotros dejamos nuestros países”, dice esta mujer que desde la mañana del martes estaba lista para emprender viaje a la frontera.
Su confianza, de momento, está puesta en que Estados Unidos “es un país de leyes” y en que “una firma ejecutiva no termina la batalla, sino que abre una oportunidad para pelear en las cortes”. De hecho, 24 estados y ciudades demócratas presentaron una demanda para detener la orden de Trump que bloquea la ciudadanía por derecho de nacimiento. Su mayor temor es que se exacerbe una retórica criminalizante, de la cual se valen los grupos supremacistas para agredir a migrantes y organizaciones como la suya. Se refiere, por ejemplo, a Veterans on Patrol, que opera en el sur de Arizona, pero que se ha extendido hasta el este del estado de Washington, y también a United Constitutional Patriots, localizado en Eagle Pass, en Texas, que se caracterizan por ser milicias extremistas que hacen eco de los discursos de Trump, incluso desde antes de volver a la Casa Blanca. “Ellos vienen con su ley y, lastimosamente, entraremos en un tiempo en el que puede no haber castigo para ellos”, piensa Rodríguez: “Ese sí es mi miedo”.
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