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Hugo Chávez llevaba solo tres años siendo la cabeza del Ejecutivo cuando, en 2002, gremios empresariales y trabajadores, impulsados por el despido de los gerentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA), dieron un breve golpe de Estado en su contra, que terminó por sacarlo tres días del Palacio de Miraflores. Entonces se creía que las Fuerzas Armadas respaldaban la salida del militar, pero la historia se encargó de mostrar lo contrario. Algunos sectores del Ejército se opusieron a lo que denominaron “el golpe petrolero”, entre ellos Vladimir Padrino López, comandante del batallón de infantería Simón Bolívar de Fuerte Tiuna, en Caracas. Así se fue ganando la confianza del chavismo y consolidó el ascenso entre sus filas, al punto de que lleva diez años siendo ministro de Defensa y, a la par, uno de los más buscados por Estados Unidos, que está ofreciendo una recompensa de US$15 millones por información que lleve a su captura.
Si en 2019, cuando Juan Guaidó se declaró presidente interino, ya había dicho que “los soldados de la patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la ley”, hace apenas unos días, en medio del tenso clima que se generó alrededor de la ilegítima investidura presidencial de Nicolás Maduro, le dijo a Edmundo González Urrutia que “la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una institución prístina que no obedece designios ni mandatos de otros poderes imperiales”. El jefe de cartera, junto a los hermanos Domingo Antonio y Johan Alexander Hernández Lárez, que son el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada y el comandante general del Ejército, respectivamente, así como Elio Ramón Estrada Paredes, comandante general de la Guardia Nacional, todos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hace parte de esa alta cúpula que ayuda al sostenimiento de Maduro en la Presidencia.
Ellos, al menos para la periodista Sebastiana Barráez, que se dedica al cubrimiento de la fuente militar, pertenecen al grupo de los incondicionales del sucesor de Chávez, uno que, según ella, está compuesto por los nombres de aquellos uniformados que pertenecen al alto mando militar. Ese respaldo casi que irrestricto cree que responde a que la gran mayoría de ese pequeño círculo ha ascendido sin méritos y a que tiene acceso a privilegios que permiten realizar actividades paralelas, con fines lucrativos, ya sea a partir de compras de fincas y de la participación en empresas, nacionales e internacionales.
Solo Padrino López, por ejemplo, tenía en 2020 una amplia red de negocios familiares en Venezuela y Estados Unidos, calculada en millones de dólares. Así lo reveló una investigación del Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado, la cual estableció que sus allegados tenían alrededor de 15 propiedades valoradas en US$4,5 millones en Florida y Texas, a la par que dio a conocer la existencia de la empresa Prinmaplast, que figuraba bajo el mando de Yarazedt Betancourt, su esposa, y bajo el paraguas accionario de otras entidades, incluidas dos vinculadas a Jesús María Padrino Renaud, su tío. Él “es un socialista firme, que se define como revolucionario y antiimperialista, pero en privado también es un capitalista exitoso”, escribió el grupo de periodistas en su reporte.
El brazo militar venezolano, que entre Ejército (63.000), Armada (25.500), Aviación (11.500) y Guardia Nacional (23.000) suma alrededor de 123.000 miembros, según datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, ha visto incrementar su poder e incidencia en la política en los últimos 25 años. Muestra de ello es que han existido al menos 44 entidades adscritas al Ministerio de Defensa, asociadas con actividades relacionadas al petróleo, pero también con minerales y servicios ambientales, algo que no se había visto antes, como documentó la Asociación Civil Control Ciudadano. La organización, que tuvo como presidenta a la hoy detenida Rocío San Miguel, habló entonces de una estructura burocrática militar en ascenso, que ha desviado a la Fuerza Armada de su función básica: garantizar la soberanía del país.
Una persona que ha estudiado el tema, que por seguridad prefirió hablar bajo la reserva de su nombre, teniendo en cuenta el ambiente hostil que ha creado el régimen de Maduro alrededor de las ONG y opositores, cree que todo ese entramado se ha cocinado a fuego lento y que hasta ahora se están empezando a ver las consecuencias de algo que está más lejos de ser un proyecto político e ideológico, y más cerca de ser un negocio: “Esta revolución es militar. Su cúpula se ha ido modificando de acuerdo con la posibilidad de obtener ganancias”. Es un sistema que, aunque cree insostenible, se basa en la premisa de tratar de mantener lealtades en un camino en el que es más rápido construir riqueza si se es uniformado y se está del lado del Gobierno.
El paraguas de legalidad y oxígeno se lo tratan de dar las cuatro decenas de empresas que cumplen varias tareas, menos la de mantener la integridad del territorio nacional. Ahí se incluyen servicios de producción y distribución de bienes agropecuarios, a través, por ejemplo, de la compañía Agrofanb, pero también se suman servicios financieros realizados por intermedio del Banco de la Fuerza Armada Nacional y negocios de fabricación de armas con CAVIM. Quizás una de las compañías más importantes es Camimpeg, destinada a la explotación de petróleo, gas y minerales, que le responde a la cartera dominada hace una década por Padrino López.
“La lealtad se la están jugando todos”, afirma la fuente anónima, para quien el alcance económico de los militares venezolanos pone en evidencia la coincidencia entre el estallido de la emergencia humanitaria y la apropiación física del territorio, hechos que se pueden rastrear desde 2016. Ese año no solo se creó Camimpeg, sino que se decretó la formación de la zona de desarrollo estratégico nacional Arco Minero del Orinoco, donde la Fuerza Armada tiene la potestad de controlar las actividades industriales que allí se desarrollen. En esta área, que abarca el 12 % del territorio venezolano, se cree que hay valiosos depósitos de cobre, oro, diamantes y minerales, incluido el coltán, alrededor de los cuales se han creado mafias y dinámicas violentas.
De hecho, un informe publicado por el Observatorio para la Defensa de la Vida muestra que, entre 2013 y 2021, 32 líderes indígenas y ambientales fueron asesinados, 21 de ellos por sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras de Colombia, y 11 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La población civil también ha resultado perjudicada por las disputas alrededor de la minería extractivista. El Centro para la Reflexión y Acción Social registró, entre 2012 y 2018, al menos 30 masacres perpetradas en zonas mineras al sur de Venezuela. Por su parte, entre 2012 y 2021, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía tomó nota de 151 reportes de desaparición de personas en los territorios mineros del estado de Bolívar vinculados con pagos en oro.
Otra cara de la burocratización militar es que, según la ONG Transparencia Venezuela, 103 empresas de propiedad estatal tienen militares en sus juntas directivas, o al menos así era hasta hace cuatro años, cuando se dio a conocer dicha cifra, sin dejar de mencionar que 301 uniformados ocupan cargos en la administración pública del Estado, según una lista revelada en agosto pasado y citada por el diario El Nacional.
Para Barráez, eso puede ser resultado de la politización y la pérdida de los valores en la institución castrense. Para otros, puede ser también muestra de la debilidad en la experiencia profesional militar y la imposibilidad de generar cohesión en la Fuerza Armada, en un complejo círculo en el que la deslealtad, real o supuesta, incluye la vigilancia que llevan a cabo el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Los datos de la ONG Foro Penal muestran que, al menos hasta el 9 de enero de este año, un día antes de que Maduro jurara para un nuevo sexenio, se registraron 1.697 presos políticos en el país, de los cuales 162 son militares.
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