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“¿Nos creen bobos? Nosotros no nos agarramos entre nosotros por cadenas de WhatsApp (…) Todos los cuerpos de inteligencia dicen que aquí no se ha interferido a nadie de manera ilegal”. Las palabras son del presidente Gustavo Petro, quien volvió a rechazar cualquier interceptación o seguimiento ilegal por parte de su gobierno en contra de magistrados de las altas cortes. En su más reciente declaración sobre el tema, el primer mandatario, además de reiterar que hay una orden explícita de no realizar este tipo de operaciones, habló de cuatro hechos relacionados con esta nueva crisis que enfrenta su gobierno que no son ciertos y que vale la pena aclarar.
El origen de las chuzadas son cadenas de WhatsApp
Según el discurso del presidente Petro, el tema de las interceptaciones a magistrados de las altas cortes nació por una cadena de mensajes de WhatsApp, sin mayores pruebas o indicios. Su afirmación, que la sustentó asegurando que había leído el dato en un informe de prensa, tiene serios problemas, especialmente porque al menos cuatro funcionarios de la cúpula de la justicia han alertado a las autoridades de que hay indicios serios para creer que sí están siendo blanco de seguimientos y chuzadas. Tan grave es el asunto que, el año pasado, el Consejo de Estado realizó una verificación técnica no oficial a sus teléfonos y otros medios de comunicación para tantear el terreno que pisaban.
La recomendación de los expertos fue denunciar el tema porque sí había signos sospechosos de que alguien más podía estar escuchando las llamadas y leyendo los correos de los magistrados. Además, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia se reunió el año pasado en al menos tres ocasiones con el hoy director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, para expresarle que en esa alta corte también había indicios de que sus comunicaciones estaban intervenidas. Según fuentes cercanas a la cúpula de la justicia, nunca se habló de cadenas de mensajes de WhatsApp, sino de una “preocupación generalizada y gravísima de que los magistrados podían estar chuzados”, agregó la fuente.
Para el presidente, todo se trata de rumores que el periodismo volvió noticia
Durante el discurso, el jefe de Estado también señaló que, como todo se trataba de mensajes de WhatsApp sin pruebas, en realidad toda la historia era una de “rumores que el periodismo volvió noticia”. En ese mismo sentido, Carlos Ramón González, al terminar una reunión con el presidente de la Corte Suprema esta mañana, también expresó que “la gran mayoría de las versiones sobre presuntas interceptaciones son rumores. La declaración del presidente cayó como un golpe al estómago de las altas cortes que llevan meses pidiendo investigaciones, sin que sean escuchados sus llamados. Pero la molestia no solo es por el tiempo que han dedicado a prender las alarmas, sino también porque el asunto hace meses dejó de ser una mera sospecha.
No solo porque el Consejo de Estado ya tenía el concepto técnico de expertos, sino porque el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez describió en una carta los detalles de lo que estaría sucediendo. El documento se lo presentó hace una semana al presidente del alto tribunal, José Fernando Reyes, quien la semana pasada invitó a la fiscal Luz Adriana Camargo a la Sala Plena y le entregó la misiva, como un gesto formal para instaurar una denuncia y que sea la Fiscalía la que se encargue de investigar el tema. Fiscales delegados ante la Corte Suprema ya se reunieron con Ibáñez y sus auxiliares para ampliar los hechos y avanzar en las pesquisas que buscan esclarecer este nuevo capítulo de interceptaciones ilegales.
En el escrito que se llevó Camargo, el magistrado Ibáñez, además de advertir que sus magistrados auxiliares también estarían siendo chuzados, dio datos puntuales. Por ejemplo, señaló que hace aproximadamente dos meses, funcionarios de monitoreo y analítica, adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República, habrían hecho seguimiento con fines de perfilamiento a su esposa, árbitra del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Además, el magistrado aseguró que, según información que pudo recaudar con varias fuentes, llegó a la conclusión que órganos de inteligencia oficial intervinieron sus comunicaciones, sin autorización judicial.
La comparación con el escándalo de las chuzadas del DAS
Otro de los temas que mencionó a medias el presidente Petro durante su discurso fue el de las chuzadas del DAS, un hecho histórico que le sirvió para comparar lo que está sucediendo hoy en día en la cúpula de la justicia. Lo que recordó el primer mandatario fue ese episodio oscuro de la inteligencia colombiana en el que, desde el Departamento Administrativo de Seguridad, la entidad que desde 1960 hasta 2011 se encargó realizar la inteligencia y contrainteligencia en el país, interceptó ilegalmente a magistrados de la Corte Suprema, periodistas y miembros de la oposición durante la administración del expresidente de Álvaro Uribe Vélez. El escándalo estalló en 2009, aunque desde hace años había denuncias sobre irregularidades en la entidad.
El presidente, además, señaló que senadores, como él mismo lo era en el momento, denunciaron con pruebas en mano las andanzas ilegales del DAS. “Si yo comparo con la del pasado, había denunciantes, confesos, capturas y el allanamiento de lugares especializados en la interferencia de comunicaciones. Hoy yo no encuentro ninguno. Entonces, ¿la acusación es cierta o falsa?”, agregó Petro. El problema de recordar ese caso es que no solo se trata de dos momentos diferentes de la historia política y judicial del país, sino que este tipo de denuncias de interceptaciones no son fáciles de probar, mucho menos cuando, al parecer, su origen está en el propio gobierno.
Además, aunque el jefe de Estado señaló que, en 2009, hubo denunciantes, capturas y allanamientos, lo que quedó por fuera de su declaración es que, para que la Fiscalía llegara a esas decisiones y actuaciones, pasaron varios meses desde que estalló el escándalo. La revista Semana publicó la historia el 21 de febrero de 2009, pero solo hasta abril de 2010 la Fiscalía ordenó la captura de las primeras personas involucradas y, además, pasaron otros meses más para que se conocieran las primeras condenas. Si bien en el caso de las chuzadas del DAS sí había indicios y pruebas desde el comienzo del caso, por la investigación periodística de Semana, nada, en el terreno judicial, ocurrió en cuestión de unos pocos días.
El “fake news” para debilitar al gobierno rompiendo relaciones internas
“Están intentando debilitar al gobierno, rompiendo sus relaciones internas y sus relaciones con las otras ramas de poder público con fake news” Es la táctica de Goebbels: repita y repita la misma mentira que algo quedará”. Esta fue otra de las frases del presidente Petro que causó reacciones en su propia cancha. En medio de la polémica por las presuntas chuzadas a magistrados, varias fuentes del alto gobierno le contaron a El Espectador detalles de esa batalla interna que enfrenta el gobierno y que, en todo caso, trataría de un capítulo adicional a la crisis por las supuestas interceptaciones ilegales y perfilamientos. Quien habló por primera vez de la ruptura de las relaciones internas fue la propia primera dama, Verónica Alcocer.
Además, fue ella quien alertó a la Fiscalía, ahora sí, de cadenas de WhatsApp con rumores e información sin confirmar sobre su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Ella misma habló de que personas del gobierno estaban divulgando esa información falsa y que estaba radicada el pasado 4 de junio y varios medios, incluido El Espectador, informaron sobre el contenido del documento y el contexto que llevó a la primera dama a denunciar lo que sucede dentro del gobierno. Ahora, su esposo, el presidente Petro, asegura que se trata de una estrategia para debilitar su administración.
La Fiscalía ya estudia la denuncia de Alcocer, pero también otras dos personas cercanas al gobierno que también denunciaron la existencia de un plan interno para desprestigiar a funcionarios cercanos del presidente. Una de ellas es de Jaime Ramírez, el enlace en el Congreso de Laura Sarabia, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y mano derecha del primer mandatario, cuya denuncia es muy similar a la de Alcocer. Y el otro recurso jurídico es de Andrés Sarabia, hermano de Laura, quien denunció a un influencer que publicó un video con datos de una cadena de WhatsApp que lo vincularía, sin pruebas, a un esquema de corrupción.
Lo que la Fiscalía tendrá que investigar es si existe una campaña de desprestigio en contra de los denunciantes que podría afectar su buen nombre e, incluso, podría involucrar otros delitos como el de hostigamiento y constreñimiento. Lo cierto, por ahora, es que es un hecho que la propia Verónica Alcocer denuncio una campaña de fuego amigo dentro del gobierno y que, por otro lado, magistrados sí denunciaron las posibles interceptaciones a sus comunicaciones. Sobre este último capítulo, la Procuraduría ya abrió una indagación previa a funcionarios de la DNI, mientras que la Fiscalía avanza en sus pesquisas.
Por su parte, las altas cortes enviaron un mensaje claro: “Rechazamos con vehemencia los hechos que han sido puestos en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades, que, de verificarse, ponen en riesgo la independencia de la Rama Judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia”.
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