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A primera hora de este miércoles 26 de junio, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón Rodríguez, se reunirá con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra. La cita se desarrolla en un momento crítico para las entidades, pues ambas están en medio de la tormenta que desató la denuncia de supuestas interceptaciones y seguimientos ilegales en contra de varios magistrados de la cúpula de la justicia desde entidades del Gobierno. El último en prender las alarmas sobre este asunto fue el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, de la Corte Constitucional, quien ya puso en conocimiento de la Fiscalía que él y sus magistrados auxiliares serían objetivo de estas tareas de inteligencia.
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Sin embargo, las alertas sobre este tipo de maniobras ilegales están encendidas en las altas cortes desde el año pasado. El Espectador habló con integrantes y exintegrantes de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia para conocer más sobre las supuestas “chuzadas” y, aunque dejan todo en manos del ente investigador, sus sospechas no son pocas. Los primeros ruidos que hubo sobre supuestas interceptaciones por parte de la inteligencia del gobierno de Gustavo Petro a miembros de las altas cortes apareció en marzo del año pasado, cuando el entonces presidente de la Corte Suprema, el exmagistrado Fernando Castillo, lanzó las primeras alertas.
Este diario conoció que, en ese momento, los entonces presidentes de las altas cortes se reunieron por las sospechas que tenían y se habló del riesgo que significaba que el Gobierno tratara de inmiscuirse en los asuntos de la Rama Judicial. Para la misma época, en la Sección Primera del Consejo de Estado, según le dijeron distintas fuentes a este diario, las sospechas eran muy altas y era un tema que recurrentemente se tocaba en reuniones que tenían entre los magistrados. Además, el entonces presidente de ese alto tribunal, el magistrado Jaime Rodríguez Navas, fue uno de los que lideró, con el entonces presidente de la Corte Suprema, las reuniones en las que se tocó el tema directamente con el Gobierno.
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Sobre esos encuentros, el propio director de la DNI confirmó que desde el año pasado la Corte Suprema ya le había alertado sobre la situación. Según fuentes del alto tribunal, las sospechas estaban fundadas no solo en fallas en sus equipos y en sus celulares oficiales, sino que, con ayuda de algunos técnicos, revisaron esos problemas, especialmente en sus comunicaciones. Aunque esa revisión fue más que todo para prevenir y entender lo que pasaba, los resultados llevaron a emitir una alerta oficial que le transmitieron al gobierno de Gustavo Petro a través de quien para la época era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González.
El ahora director de la DNI se reunió en al menos tres ocasiones con el exmagistrado Castillo para hablar del tema. “En tres ocasiones el presidente (de la Corte Suprema) me dijo: ‘Doctor Carlos Ramón, tenemos informes de que nos están ‘chuzando’ a los magistrados, nos están haciendo seguimientos, nos están ‘chuzando’”, dijo González en un debate de control político en su contra en el Congreso el pasado 18 de junio. “La primera vez le dije: ‘Le pido por favor magistrado que nos ayude a investigar algo. Algún indicio. Por algún lado comenzamos. La tercera ocasión me mencionó un nombre, investigamos todo lo que pudimos y descartamos que esa situación se estuviera dando’”, manifestó González.
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Sin embargo, reconoce el hoy director de la DNI, “esa sensación (de estar siendo ‘chuzados’) continúa y los rumores se están dando todo el tiempo”. Por varios meses, con la elección de fiscal general al rojo vivo en la Corte Suprema, las demandas a las iniciativas y reformas del Gobierno resolviéndose en la Corte Constitucional y las decisiones administrativas que se definían en el Consejo de Estado, el ruido por el tema bajó. Pero ahora regresa con más fuerza y con investigaciones por parte de los entes de control. Por ejemplo, la Procuraduría abrió este martes una indagación previa contra miembros por determinar del DNI y revisará si existen o no autorizaciones judiciales expedidas por órganos de inteligencia oficiales para interceptar comunicaciones de las altas cortes.
Por su parte, la Fiscalía, en donde los magistrados tienen puestas sus esperanzas, adelanta, por lo pronto, la toma de declaraciones y recolección de testimonios del magistrado Ibáñez, de su familia, y este lunes estuvo tomando declaración a magistrados auxiliares y demás colaboradores de ese despacho. En los altos tribunales, incluida la Corte Constitucional, impera el silencio oficial y esperarán a que el ente investigador tenga avances en la investigación para poder colaborar con las averiguaciones sobre las supuestas “chuzadas” y perfilamientos. Con el escándalo encendido, el gobierno de Gustavo Petro insiste en no haber ordenado ninguna interceptación o seguimiento.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
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