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Estos últimos días han sido agitados para el sector educativo del país. A la crisis recién conjurada de la Universidad Nacional se le suman los líos que ha generado el nuevo sistema de salud de Fecode (principal sindicato de maestros del país) y el hundimiento de la ley estatutaria de educación esta semana en el Congreso. Ahora, a esta receta se le suma otro ingrediente: las denuncias del sindicato del ICFES sobre contratación directa con empresas involucradas en supuestos casos de corrupción y un posible tráfico de influencias en la entidad dirigida por Elizabeth Blandón, quien asumió las riendas en agosto de 2023.
Uno de los temas que ha levantado ampolla se relaciona con los contratos que se realizaron de forma directa, y no por licitación pública o un proceso competitivo, con empresas que han estado involucradas en casos de posible corrupción, como Infotic. Esta es una compañía mixta con mayoría de capital público, la cual recibió un convenio interadministrativo por $7.600 millones en abril de 2024 para la aplicación del examen exigido a los abogados al obtener su tarjeta profesional.
De acuerdo con el estudio previo de ese proceso de contratación, la plataforma Plexi, usada para este tipo de pruebas, “no cuenta con la arquitectura de software apropiada y suficiente que permita la aplicación de los exámenes electrónicos con alto volumen y concurrencia de usuarios”. Al no tener la capacidad adecuada, se lee en el contrato, se afecta “de manera negativa la aplicación de la prueba y se recae en sobrecostos en la operación de la entidad”.
En mayo de 2023, por ejemplo, esta plataforma registró problemas técnicos con 20.000 de los cerca de 200.000 estudiantes que estaban presentando las pruebas Saber Pro y TyT, dirigidas a alumnos universitarios y de programas técnicos y tecnológicos. Por esta falla, el instituto se vio en la obligación de reprogramar las pruebas. Según las estimaciones del equipo técnico del ICFES, Plexi tiene una capacidad para soportar pruebas simultáneas de cerca de 10.000 usuarios.
A raíz de esta situación, cuenta Blandón en entrevista con El Espectador, en la entidad se tomó la decisión de buscar una herramienta que pudiera apoyar a esta plataforma. Lo que se hizo, añade, fue “identificar las fallas y mejorar en eso que no estábamos haciendo bien. Esta nueva herramienta, además de tener una capacidad superior, cuenta con criterio diferencial. Debemos tener claro que nuestra infraestructura tecnológica y nuestra arquitectura no está creada para eso. El objetivo del ICFES es diseñar modelos de evaluación”.
Pero, para algunos funcionarios del ICFES que hablaron con este diario y prefirieron reservar su nombre por temor a represalias, esa explicación es insuficiente porque Plexi soporta sin mucho problema pruebas de hasta 10.000 usuarios.
En el caso de Infotic, se contrató un examen para los aspirantes a abogado como parte del convenio con el Consejo Superior de la Judicatura. La aplicación, de acuerdo con el documento, estaba pensada para 2.216 usuarios en el primer semestre del año y cerca de 7.500 en el segundo. Por ejemplo, en la primera fase debían examinar a 1.674 personas, pero el Consejo Superior de la Judicatura eximió a 1.674 y solo se presentaron 542 estudiantes. No obstante, Blandón explica que el problema con Plexi no es tanto de capacidad sino de experiencia de usuario, porque necesitaban una plataforma más amigable.
En cuanto a la forma en la que se contrató a Infotic (que fue directa y sin licitación), Blandón dice que se realizó un estudio de mercado y se escuda en el marco regulatorio de la Ley 80, en el cual se establecen varias modalidades de contratación, entre ellas la directa. Este diario revisó el estudio de mercado mencionado por la directora y allí se reporta la existencia de 11.557 empresas registradas por el DANE que se dedican a actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas).
Antes de la llegada de Blandón, según comentaron varios funcionarios activos y retirados del ICFES, ese tipo de contrataciones para las actividades misionales de la entidad frecuentemente se hacían a través de licitaciones públicas o cualquier otro proceso competitivo, no por contratación directa.
Infotic ha estado vinculada a contratos cuestionados en Bogotá, Barranquilla e Ibagué. En una investigación publicada en agosto de 2023, este diario contó la historia de un billonario convenio firmado entre la Alcaldía de Ibagué y esta empresa para una solución tecnológica con el objetivo de robustecer el sistema de recaudo del transporte público. La firma de ese convenio desató la ira de los transportadores de la ciudad, quienes se habían unido para presentarle una propuesta a la Alcaldía, la cual, finalmente, fue desestimada incluso antes de empezar el proceso de contratación. Luego de dos semanas de paro y de que la Procuraduría le pidiera que desistiera del convenio con Infotic, el alcalde tuvo que revertir su decisión.
Otro contrato que levantó alertas entre los funcionarios del Icfes fue el firmado en marzo con la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (EMTEL) por $3.600 millones para “fábrica de software y fábrica de pruebas para los proyectos de transformación digital del Icfes”. También fue entregado directamente por convenio interadministrativo porque EMTEL es una entidad mixta con 99% de participación de la Alcaldía de Popayán. Blandón confiesa que no conoce el detalle de los contratos con proveedores y reitera que el rol de la dirección general es “la estrategia, la planeación, el control, seguimiento y venta del producto”, que, en este caso, son las pruebas de evaluación.
Al igual que Infotic, EMTEL ha estado involucrada en escándalos de corrupción e incluso Jorge Hernández Gómez, su exgerente, fue capturado por la Fiscalía en 2022 por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por un convenio firmado entre la empresa y la Alcaldía de Buenaventura para llevar internet, por medio de SIM cards, a varios colegios de la zona rural. La Fiscalía encontró que en ese momento, en medio de la pandemia, las escuelas estaban cerradas y no había nadie usando el internet contratado. Por ese caso también está preso el exsecretario de educación de Buenaventura, Hamington Valencia.
Con la llegada de Blandón al ICFES, otra empresa que vio disparados sus ingresos fue Rotorr-Motor de innovación, una de las spin off de la Universidad Nacional que ha sido mencionada en el escándalo alrededor de la rectoría de esa institución. Rotorr ha recibido seis contratos de manos de la administración Blandón, que suman más de $60.000 millones. Según los funcionarios de la entidad que hablaron con El Espectador, la directora no ha explicado por qué se le entregan directamente contratos para labores importantes y presupuestos elevados a una empresa que tiene un año de existencia.
Sobre este punto, Blandón resaltó que Rotorr es una empresa experta en innovación pública digital y que el objetivo de su contratación es “establecer el diagnóstico del acompañamiento de la estructuración del plan estratégico institucional. El propósito es que tenga innovación, no sea lo de siempre y escrito por los mismos”, aunque no entregó más detalles de la contratación. Recientemente, el rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, anunció que se abrió una indagación a esta corporación, que está vinculada a la institución y que cuenta con patrimonio de más de $3.000 millones.
Denuncias que se repiten
Esta no es la primera vez que Blandón recibe cuestionamientos relacionados con la contratación. Antes de asumir el cargo en el ICFES, se desempeñó como directora de planeación en el SENA, entre 2021 y 2022. Mientras estuvo en esa entidad, tuvo una denuncia del sindicato Sindesena, que en una carta la señaló de haber autorizado la transferencia de más recursos a la seccional Caquetá para contratar a un profesional. Fueron tres los contratos problemáticos para el sindicato.
Uno de ellos, según dice el sindicato, fue adjudicado a Reynaldo Alberto Valderrama, esposo de la cuñada de Blandón. El otro fue firmado con Shirley Iriarte Gómez, hermana de Giovanny Iriarte Gómez, esposo de Johana Duque, otra de las cuñadas de Blandón. Y el tercero fue con María Esperanza Cruz Peña, a quien señalan de ser “allegada a la familia Duque González”.
El sindicato dijo además que la información revelada fue presentada, en este entonces, “en reunión con el director general realizada el 17 de marzo de 2022, en la que se encontraba Blandón y aunque precisamos la denuncia con nombres, no hubo respuesta satisfactoria”. También explicó que tenían claridad de que Blandón no fue la encargada de suscribir los recursos, pero precisaron que “consideraban irregular que ella adelante los movimientos del presupuesto y luego resulten beneficiados cercanos a su esposo”.
En Sindesena aseguraron que “lo que se conoce es lo que está en el comunicado y no ha cambiado nada”; Blandón, por su parte, hasta el cierre de esta edición, no quiso referirse a ese tema.
¿Vínculos políticos?
El nombre de Reynaldo Duque, esposo de la directora Blandón hace 25 años, no es desconocido en Caquetá. Estuvo en el sonajero para ser candidato a la Gobernación del departamento, aunque no se presentó; fue contralor provincial y mencionado durante el discurso de posesión del actual alcalde de Florencia, Marlon Monsalve. “Hablando con la directora del ICFES, esposa de un caqueteño, el doctor Reynaldo Duque, decía que se compromete a que el pre-ICFES sea gratis para todos los estudiantes”, dijo Monsalve mientras explicaba sus apuestas en educación el 27 de diciembre de 2023.
Duque, después de quemarse en su aspiración en 2006 a ser representante a la Cámara del departamento por el Partido Conservador, pasó a ocupar el cargo de secretario general de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes entre 2007 y 2008. Ese cargo es en realidad administrativo, pero se escoge en una reunión privada entre los representantes que conforman la Comisión de Acusaciones, y es importante porque es quien tramita las denuncias que llegan a esa corporación. Tras su paso por el Congreso, se dedicó a la rama Judicial en entidades como el Tribunal del Consejo Seccional de Judicatura.
Según afirman varios funcionarios que prefirieron reservar su nombre, él visita con frecuencia las instalaciones del ICFES —ubicadas en la calle 26—, asiste a las reuniones y viaja con la directora en algunas de las comisiones oficiales en el país y el exterior. Blandón explica que si bien su esposo va con regularidad a la entidad, porque la recoge para almorzar o la espera mientras trabaja, no asiste a las reuniones con funcionarios: “Él es un técnico, no un político, y no tiene ninguna influencia sobre las contrataciones en el ICFES”, precisa.
Otra de las críticas que ha recibido Blandón es que al menos dos de los funcionarios y contratistas que nombró en direcciones, subdirecciones y oficinas asesoras, tendrían vínculos con el exsenador liberal y excandidato a la Gobernación de Antioquia, Julián Bedoya, recientemente acusado de fraude por haber falsificado su título de abogado. El exsenador Bedoya movió su maquinaria liberal a favor de Gustavo Petro en su campaña a la Presidencia en Antioquia. Una de ellas es Ana Cecilia Valencia, subdirectora de Talento Humano. Según reveló Cuestión Pública en febrero de 2024, el certificado de ingresos y gastos de la campaña de Julián Bedoya en 2014 reporta donaciones de Ana Cecilia Valencia y sus dos hermanas (María Isabel y Claudia) de $19 millones.
La oficina que ocupa en la actualidad Valencia es clave porque se encarga de todo el tema relacionado con el personal que contrata el Icfes. También, entre sus funciones, está emitir las certificaciones de insuficiencia de la planta existente, las cuales son necesarias para autorizar las contrataciones directas de prestación de servicios.
La lista de las contrataciones continúa con Blanca Irene Echavarría Lotero, expersonera de Itagüí y de Envigado, quien fue designada como Secretaria General. El Espectador intentó comunicarse con ella y no obtuvo respuesta. Echavarría es la esposa del exdiputado de la Asamblea Departamental de Antioquia, Fabio Alexander Flórez García, quien, según fuentes de la región, apoyó la candidatura de Bedoya a la Gobernación en 2023. En conversación con este diario, Flórez reconoció que tiene una relación cercana con Julián Bedoya, que lo conoció en la Universidad de Medellín y que, además, compartió con él en la Asamblea Departamental de Antioquia.
Por las quejas en la contratación, la llegada de personas con posibles vínculos políticos y la caída constante de la plataforma, los funcionarios del sindicato le piden a la ministra de Educación, Aurora Vergara, que declare insubsistente la dirección de Blandón y a la Procuraduría que investigue estas denuncias. Desde la cartera, por su parte, aseguran que no conocen los hechos mencionados en la entidad.
*El Espectador contactó por WhatsApp y llamadas al celular a Blanca Irene Echavarría Lotero y a Reynaldo Duque González para conocer sus versiones, pero al cierre de esta edición no contestaron los mensajes.
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