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¿Cómo explica el descontento que tuvieron los transportadores? (Lea aquí el contexto y detalles de esta historia: El billonario contrato que puso en crisis a Ibagué)
Se trató de varios los temas: el primero fue el de los propietarios de buses, dado que en Ibagué tenemos un nuevo Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) que indica que la sobre oferta va a disminuirse en alrededor 151 vehículos, que valen aproximadamente $26.000 millones, de acuerdo con los avalúos que se han realizado. Esta compra la deben hacer las tres empresas que fueron habilitadas por el SETP, a través del ente gestor. Y estas empresas han manifestado a los transportadores que no tienen los recursos para eso y los propietarios han quedado sin garantías. Ese es un antecedente importante.
Desde que empezó el paro, no se ha garantizado la prestación del servicio público. Por eso abrimos investigaciones porque tenemos a las entidades de control diciéndonos qué hemos adelantado en contra de estas empresas en paro.
Usted firmó un acta de suspensión del convenio billonario con Infotic el pasado viernes, pero el convenio sigue intacto, ¿no es así?
Sí, porque el convenio interadministrativo se hizo ajustado a la norma. Es, además, un convenio a cero pesos, es decir, que no tiene imputación presupuestal con cargo al municipio, sino que va con cargo a la tarifa del usuario. Se suspendió porque se tomó la determinación de que Ibagué, al igual que lo hizo Bogotá con La Rolita, va a crear una empresa de transporte público municipal y para ello vamos a citar a sesiones extraordinarias en el Consejo Municipal en los próximos días, eso nos va a permitir que la operación de la ciudad sea 100% pública.
Ha dicho en entrevistas que cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional, ¿cómo es eso?
Hemos hablado con el viceministro manifestándole la situación, pero hay algo claro, él fue muy enfático en decir que la competencia en el transporte de Ibagué es del alcalde, como autoridad del transporte.
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¿Por qué cree que los transportadores alegaron que fueron desinformados en ese proceso?
Los transportadores y las empresas que representan tenían conocimiento de las juntas directivas que tuvimos desde el año pasado. El Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) fue aprobado en un Compes en el año 2020, por el presidente Iván Duque y su ministra Ángela Orozco. Desde ese momento empezamos la implementación y el gerente se posesionó.
En el primer semestre del año 2022 empezamos un trámite en el Ministerio de Transporte para poder gestionar esos recursos, que ya son objeto de ejecución por el Gobierno Municipal por $550.000 millones, en una contrapartida del Gobierno Nacional del 70 por ciento, que nos da un recurso de $400 mil millones y la Alcaldía Municipal con el 30 por ciento, alrededor de $150 mil millones. ¿Para qué proyectos? Para pavimentación de vías, construcción de patio-talleres, estaciones, peatonalización de la carrera tercera, semaforización y otras obras importantes, como la instalación de 1.200 paraderos.
Además, esta siguiente fase, de acuerdo al cronograma, indicaba que teníamos que seguir con el sistema de control de la flota, información del usuario y recaudo. En las juntas directivas fuimos comunicándole a los transportadores que ya estábamos tramitando el sistema de recaudo para la ciudad de Ibagué y a partir de allí se hicieron las invitaciones a siete entidades de Colombia, entre ellas el Metro de Medellín, el MIO de Cali e Infotic, de Manizales, que tiene la experiencia y la idoneidad para participar en estos procesos. Entonces fue un proceso que no se hizo de la noche a la mañana.
Se presentó una propuesta, en la que fallaron en los requisitos, y otra propuesta que llegó cumpliendo cada uno de los requisitos legales que fue la de Infotic. Por eso hemos solicitado a la Procuraduría también que adelante la revisión de la documentación que se le entregó y se hizo lo mismo con la fiscalía general de la Nación. Todo para que haya tranquilidad de cómo se celebró este convenio.
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¿Por qué se rechazó la propuesta de las empresas de transportadores?
Lo primero tiene que ver con la idoneidad. Tenían que unirse las siete empresas y crear una nueva Cámara de Comercio donde estuviera inscrita la actividad para desarrollar el sistema de recaudo de la ciudad y eso no pasó. Y lo segundo fue la experiencia. Tenían que haber convocado a un aliado tecnológico para poder realizar la implementación de todo el sistema de tecnología que debe estar al interior de los buses. Además, la propuesta de Infotic tenía mayor tecnología, por ejemplo, con el tema del sistema de recarga y su propuesta es más económica en alrededor de $5 mil millones.
¿Por qué no se abrió una licitación pública para este importante contrato?
Así es la normatividad vigente. Las leyes del Ministerio de Transporte permiten una licitación o un convenio interadministrativo. Por eso tomamos la determinación de hacerlo con InfiManizales, que tiene una participación del 51% que la hace pública y tiene la experiencia en la implementación de este sistema de tecnología en el país.
Precisamente, sobre la experiencia de Infotic hay varios reparos…
En la audiencia pública que realizamos declaramos que Infotic no tiene registros, ni sanciones disciplinarias, penales y fiscales, que les impida contratar con el Estado. Nosotros revisamos justamente que no tengan las sanciones para proceder a hacer el convenio y revisamos por supuesto la experiencia que han tenido.
En la oferta dice que el sistema de recaudo estará a cargo de la empresa VYR, ¿Por qué se acepta una oferta de Infotic en la que se dice que se va a ofrecer un servicio que va a prestar otra empresa que no participó en la oferta?
Bueno, lo revisaremos con todo nuestro equipo técnico que veo que es un tema netamente técnico y si es del caso, pues haremos las respectivas observaciones. Aquí queda demostrado que el proceso sí lo conocían los transportadores, dado que ustedes mencionan fechas del año pasado, donde también los transportadores tuvieron la oportunidad de allegar su propuesta.
¿Por qué se les comunica entonces la decisión de que no se va a aceptar su oferta solamente hasta el 28 de junio, el mismo día que se firmó el contrato con Infotic, y no se les avisó, por ejemplo, el 15 de junio cuando ya se tenía definido en la junta directiva del SETP que se iba a contratar directamente?
De acuerdo con lo que me han explicado, la idoneidad se demostraba únicamente cuando se unieran las siete empresas que hoy están en Ibagué en un solo documento de Cámara de Comercio e inscribieran la actividad de recaudo. Al no allegar esta información fue una de las causales de rechazo.
Hablando de Infotic, de acuerdo con su certificado de existencia de representación legal en 2016 se registró una situación de control y entonces reportaron que hay seis sociedades privadas que controlan la empresa. Además, en la Junta Directiva de Infotic hay cinco asientos y solo dos son de la alcaldía de Manizales. Es decir, son los privados que tienen el control, ¿cómo se entiende que esta entidad que está controlada por privados sea una empresa con la que se pueda contratar un convenio de esa envergadura?
En Colombia la normatividad permite que una empresa sea público-privada si el 51% de la participación es pública y el 49% es privada. En este caso, la normativa permite celebrar convenios interadministrativos cuando tengan esa participación.
¿Pero usted conocía esa situación de control de Infotic?
No, eso no lo verificamos.
Cambiando un poco el tema, durante dos ocasiones usted ha estado en procesos judiciales por el delito de peculado por uso. Uno por permitir posiblemente piques ilegales en el aeropuerto y otro por utilizar el estadio de Ibagué para celebrar el cumpleaños de su hijo, ¿qué dice al respecto?
Bueno, yo no puedo alterar una investigación que está en curso. Los procesos están vigentes y estamos ejerciendo el derecho a la defensa. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia frente a la primera de las investigaciones que usted menciona y ya una de las personas fue absuelta.
Estuvimos en San Bernardo visitando a esta comunidad que puso una tutela para que se construyera un puente para que los niños pudieran pasar para ir al colegio. Por esto, un juzgado penal le ordenó quince días de arresto para usted y otros funcionarios, ¿por qué no se ha construido el puente?
El Estado, pues, debe responder, aunque no tenemos muchas veces la capacidad económica para construir, en este caso, el puente. Nosotros ya allegamos el certificado de disponibilidad presupuestal para iniciar la construcción de este puente y esperamos que se pueda desarrollar esta obra cuanto antes. Ya allegamos la disponibilidad del presupuesto que se destinó para ese fin.
¿Alguna fecha estimada?
El certificado de disponibilidad presupuestal ya fue entregado a la Secretaría de Infraestructura, quién es la que va a desarrollar este puente y la Secretaría de Desarrollo Rural del municipio, lo cual la consultoría puede durar, dado que estamos en Ley de Garantías, aproximadamente entre 30 y 40 días, y la consultoría tres meses. Una vez obtengamos la consultoría de estudios y diseños, pues estamos terminando nuestro mandato, se pedirá la autorización al Consejo Municipal para esa fecha para poder ejecutar vigencias futuras con la licitación de la construcción del puente. Es decir, en diciembre si recibimos la autorización para poder colgar la licitación con cargo a las vigencias futuras, porque no puedo ejecutar presupuesto con cargo al próximo mandato, el puente puede estar construido en la vigencia del año 2024.
Alcalde, ¿usted conoce al señor José Ramiro Garzón Céspedes? ¿Cuál es su relación con él?
Sí lo conozco, es un empresario de la ciudad. ¿Por qué?
Porque el señor Garzón Céspedes donó $5 millones a su campaña y según el portal de contratación Secop ha recibido ocho contratos que suman más de mil millones de pesos en su alcaldía…
Bueno, todos los empresarios que realizan donaciones, que quedan debidamente registradas, tienen derecho a participar en procesos de licitación pública y ese es el caso de este empresario.
Pero todos han sido por contratación directa…
¿Como cuáles?
Por ejemplo, contratos para suministros de recebo y materiales de construcción…
Pero esos son procesos que se han adelantado no de forma directa, sino a través de invitaciones para participar abiertamente.
También tenemos aquí la escritura de una casa que usted compró en Reservas del Campestre por un valor de $1.400 millones de pesos. Y tenemos su declaración de renta del 2019 en la que se dice que su patrimonio líquido era de 143 millones de pesos. ¿De dónde salió la plata para la compra de esa casa?
Bueno, ustedes están comparando mi declaración de renta del año 2019 y no la última declaración de renta, que sería bueno que la investigaran. Esta vivienda se compró de manera lícita, entregando una vivienda que era de mi patrimonio, como consta en el acta de compra, y otro dinero de un crédito bancario del banco BBVA, que también está en la escritura de compra. Esas dos sumas son los $1.400 millones y no es necesario, ni siquiera, mirar para eso la declaración de renta, basta con la casa que entregué y con mi salario, el cual está siendo debitado de manera directa al banco a través del pago que me hace la Alcaldía de Ibagué. Se pasan alrededor de $5 millones de pesos directamente para el pago de mi vivienda.
Estuvimos hablando con el exconcejal Rubén Darío Correa y él dice que estuvo en una reunión con usted en la que se le ofrecieron $1.500 millones, 15 días antes de las elecciones en Ibagué, para que renunciara a su candidatura. ¿Qué dice al respecto?
En la ley hay que demostrar las cosas, que lo demuestre.
Cuestión Pública publicó una investigación que lo señala a usted de contratar una empresa para monitorear la conversación en redes sobre su alcaldía y perfilar a usuarios. Además, que se utilizaron bases de datos de la alcaldía para enviarle mensajes positivos de su gestión. ¿Cuál era el objeto de ese contrato?
No, desconozco lo que menciona. Nunca he dado esa instrucción de perfilar personas. Eso de perfilar me parece de delincuentes.
Ya se va de la Alcaldía, ¿cuál cree que fue su principal gestión?
Entregaremos una ciudad con escenarios deportivos, colegios modernos, vías importantes pavimentadas, tramos importantes en cuanto a la modernización del alumbrado público y obras importantes en materia de movilidad. Una de ellas es el viaducto de la 60 con quinta que estamos actualmente construyendo. También haber logrado el Sistema Estratégico de Transporte Público no había sido un propósito en el programa de Gobierno, pero lo logramos y es una inversión de $550 millones para la ciudad.
Ya que menciona el puente de la 60 con 5ª, hay una indagación en la Procuraduría por posible corrupción en la construcción de ese puente, ¿qué puede decir sobre eso?
Siempre hemos estado con las puertas abiertas, dispuestos a atender a todas las entidades de control. Siempre tenemos un respeto por las entidades y daremos la información que se nos requiera en el tiempo oportuno y a las demás entidades de control, que así lo requieran, estaremos siempre atentos y dispuestos.
De acuerdo con las noticias, usted pensaba hacer la rendición de cuentas de su alcaldía en un escenario deportivo que está próximo a inaugurarse, a pesar de que la Procuraduría advirtió que no se había entregado, ¿qué pasó con eso?
Eso ya no fue, dado que, pues, primero estaba lo del paro de transportadores. En los próximos días se hará el recibo de ese coliseo y la terminación de estas obras que van a ser objeto del Mundial de Patinaje en el mes de septiembre.
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