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Las muertes de 15 menores de edad durante los últimos cuatro meses, en medio de bombardeos ordenados por el presidente Gustavo Petro contra grupos ilegales como las disidencias de “Iván Mordisco”, tienen al jefe de Estado y a sus funcionarios dando explicaciones sobre posibles violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH). El operativo del pasado 10 de noviembre en Calamar (Guaviare), donde murieron 20 presuntos disidentes de las Farc, incluyendo a siete menores de edad reclutados forzosamente, destapó una ola de cuestionamientos por una práctica que Petro criticó cuando Iván Duque estaba en la Presidencia y que ahora lo tiene a él mismo asumiendo su responsabilidad por haber dado la orden.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, es una de las personas que durante los últimos días ha puesto el foco en la conversación pública sobre la gravedad de que niños, niñas y adolescentes reclutados para ser usados como escudos humanos y explotados sexualmente por las disidencias de las Farc, terminen siendo blanco de las armas del Estado. “Suspenda los bombardeos contra objetivos en los que pueda haber menores de edad reclutados y evalúe su continuidad. La historia de cada menor de edad que muere allí en estos bombardeos es desgarradora. Le imploro que piense en una alternativa”, le dijo la funcionaria al presidente Petro en uno de sus pronunciamientos más recientes.
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La defensora Marín ha dicho también que era “previsible” que en los últimos cuatro bombardeos a las disidencias en Arauca, Amazonas, Caquetá y Guaviare hubiera menores de edad. ¿La razón? El grupo de alias “Iván Mordisco” lidera las cifras de reclutamiento forzado de menores en el país. De los 463 niños, niñas y adolescentes reportados a la Defensoría como reclutados en 2024, al menos 170 fueron engañados o llevados a la fuerza solo por la estructura de “Iván Mordisco”. Sin embargo, las Fuerzas Militares habrían omitido esa realidad a la hora de adelantar los bombardeos, por lo que la defensora Marín pidió revisar cada uno de los protocolos de las cuatro operaciones más recientes.
Frente a la justificación que han dado el presidente Petro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula militar sobre la obligación de ordenar el bombardeo en Calamar para proteger las vidas de 20 soldados que adelantaban operaciones en tierra, la defensora del Pueblo ha dicho que no justifica la muerte de menores en la acción militar. “Independientemente de que estuvieran cumpliendo funciones continuas de combate, los principios de humanidad y necesidad militar ponen en cuestión estas operaciones”, indicó la funcionaria en uno de sus pronunciamientos. Agregó que el principio de prevalencia de los derechos de los menores de edad no puede ser omitido por estas órdenes del jefe de Estado.
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La jefa de la Defensoría además ha cuestionado hasta qué punto, en casos como el de la semana pasada, la fuerza pública ha agotado todos sus recursos para evitar llegar a cifras como la de los 15 menores muertos en bombardeos, de los que hay registro reciente. Una situación que, en su concepto, “marca una tendencia” de uso de menores de edad como escudo humano en este tipo de hostilidades y obliga a emplear otros instrumentos y medios, como la aplicación de inteligencia militar y policial o las capturas, que no pongan en mayor peligro a niños, niñas y adolescentes que están en escenarios de guerra. “Ya era probable que los bombardeos afectaran a menores de edad. En este punto, es una realidad y es previsible que esto siga ocurriendo si no se toman medidas adicionales”, dijo la defensora.
Si bien el reclutamiento forzado ha sido el punto central de este debate, tanto el presidente Petro como el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, han dicho que hay que condenar la acción de las disidencias al integrar sus filas con menores de edad, la cuestión es mucho más profunda. El argumento tiene también peso sobre el mismo Estado que debe prevenir el reclutamiento forzado. En este escenario, según la Defensoría, el DIH se estaría usando a doble filo por el gobierno: por un lado, hubo infracción por parte de la disidencia al reclutar; pero, por otro lado, el presidente Petro señala que no hubo infracción porque los menores, como combatientes, podrían considerarse como blanco “legítimo” dentro del DIH. Sin embargo, un menor reclutado sigue siendo víctima.
Para determinar si hubo infracciones al DIH, se deben revisar los principios de proporcionalidad, precaución, necesidad militar y humanidad. Según los lineamientos establecidos en el DIH, un menor de edad en condición de combatiente permanente puede ser considerado como un objetivo militar, pero en circunstancias específicas. En ese caso, es fundamental que las Fuerzas Militares y el Estado verifiquen, antes del ataque, si hay menores o no, y en caso de que se verifique su presencia, aplicar el principio de minimizar los daños y evitar las muertes excesivas. A eso se le suma que es apenas razonable elegir un método para llevar a cabo una operación o un ataque que consiga la misma ventaja militar, pero con menos daño y menos posibles infracciones al DIH.
Para Kyle Johnson, cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses, si bien la presencia de menores de edad combatientes afectados por una operación militar no significa inmediatamente que exista una infracción, sí se tuvieron que haber evaluado diferentes alternativas antes de bombardear. “El hecho de que el grupo armado haya cometido un crimen de guerra al reclutarlos no le da permiso al Estado de cometer otro crimen al atacar a estos niños. El Estado también tiene que acatar el DIH. No pueden salir con ese argumento problemático”, dijo. Lo cierto es que todavía faltan detalles claves para esclarecer lo que sucedió durante las operaciones militares que el presidente Petro rechazó en el anterior gobierno y de los cuales ha ordenado 12 en su mandato para contener la expansión de los grupos al servicio de la guerra.
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