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Poco antes de ser enviado a prisión domiciliaria, el periodista Harold Iván García Salinas pensó en quitarse la vida. Las 72 horas que transcurrieron desde su captura el miércoles 5 de noviembre en el barrio Comuneros, de Florencia, lo derrumbaron moral y anímicamente: sin esperarlo ni entenderlo, se vio a sí mismo en medio de una audiencia en la que Carlos Rodríguez, fiscal 203 de la Dirección contra las Organizaciones Criminales (DECOC) lo señaló de entregar información estratégica y de seguridad nacional a las disidencias de las FARC al mando de alias “Iván Mordisco” —principal objetivo militar del gobierno y la fuerza pública en la actualidad— y de asesorar a ese grupo en la divulgación de sus comunicados.
Hasta ese momento, y pese a las amenazas constantes de los grupos guerrilleros, a dos desplazamientos forzados desde el 2018, y a múltiples presiones, Harold Iván ejercía su profesión como cualquier colega en región: asesoraba en el área de prensa a políticos locales, manejaba la página web Última Hora Caquetá —que emite en Facebook—, y era corresponsal y colaborador de varias emisoras de la zona, entre ellas Linda Stereo, de propiedad de Luis Antonio Peralta, un periodista que en 2015 vio morir a sus padres en un atentado de la guerrilla a las puertas de la emisora que para entonces dirigía su progenitor. Desde hace tres meses, además, García tenía un contrato para promover la candidatura de María Fernanda Cabal por el Centro Democrático a la Presidencia de la República.
La pesadilla del periodista comenzó en septiembre de 2024, cuando un hombre que identificó como un campesino atrapado en medio de cruentos combates entre guerrilla y Ejército lo contactó vía WhatsApp para suplicarle que denunciara lo que estaban viviendo los pobladores de la zona rural de Cartagena del Chairá. El periodista, que para ese momento se encontraba en Bogotá —a donde había huido tras enterarse de que dos hombres estaban rondando su casa y preguntando por él en forma sospechosa— le solicitó al campesino pruebas en video o audio de lo que estaba sucediendo y, al recibirlas, publicó.
Al día siguiente, el supuesto campesino volvió a comunicarse, y en tono angustiado le informó que si no recibían ayuda de organismos humanitarios como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo, a él y a su familia, convertidos en escudos humanos, solo les esperaba la muerte. El hombre le suplicó que publicara un panfleto que las FARC habían distribuido en la zona, para que se conociera lo que estaba ocurriendo y se activaran las ayudas. García le informó a su interlocutor que Facebook bloqueaba los comunicados de las guerrillas y él no podía publicar esos volantes sin difuminar logos y nombres de los grupos armados, y se ofreció a divulgar de esa manera.
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Sin embargo, según le dijo el campesino al día siguiente, la ayuda humanitaria no llegó y con el paso de las horas la situación se tornaba insostenible. El hombre preguntó cómo se podía difundir a una audiencia más grande, y García Salinas respondió con ingenuidad, seguro de que quien le hablaba por chat era una víctima: le dijo que Facebook cobraba entre COP 100.000 mil y COP 300.000 mil por amplificar contenidos. Casi de inmediato, el campesino le envió vía Nequi COP 300.000, que el periodista pagó a la plataforma. La publicación solo estuvo al aire 48 horas, pues Facebook borró y bloqueó los mensajes.
En los días posteriores el campesino volvió a comunicarse, esta vez para preguntar por un atentado contra la estación de policía de Cartagena del Chairá sucedido el 14 de septiembre. El periodista respondió de forma escueta porque no tenía mayor información: “De eso solo sé que habrá un consejo de seguridad en el municipio”. Desde ese momento, García empezó a sospechar que la persona que le hablaba no era quien decía ser, y por ello, cuando volvió a recibir mensajes con preguntas específicas, indagó por la identidad de su interlocutor: “Habla con el Mono, jefe de las disidencias”.
El reportero recuerda que la respuesta lo dejó helado y que se llevó las manos a la cabeza, preguntándose: “Dios mío, ¿en qué me he metido?” De inmediato borró todas las publicaciones y bloqueó al personaje que le escribía: se trataba nada menos que alias “el Mono Curuba”, capturado el 5 de octubre de 2024 en Cartagena del Chairá, fugado a los pocos días y recapturado en marzo de 2025.
Aunque la identidad plena del jefe del grupo armado no ha sido divulgada por las autoridades, se sabe que se trata de un hombre con arraigo financiero y empresarial en el Caquetá que habría estado a cargo de un plan criminal que estuvo a punto de frustrar la visita del presidente a Cartagena del Chairá en septiembre del año pasado.
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¿Periodismo con fines terroristas?
El caso del García Salinas, amenazado y desplazado en varias ocasiones, tildado de paramilitar por la guerrilla, y ahora detenido y acusado por la Fiscalía, refleja como ninguno los riesgos que corren los periodistas en zonas de conflicto. No son pocos los comunicadores de Florencia y el departamento del Caquetá que desde la semana pasada temen ser capturados en un proceso similar al que hoy afronta su colega y amigo: algunos porque recuerdan haber vivido situaciones casi iguales, otros porque debido a presiones y amenazas directas contra ellos y sus familias fueron obligados a publicar comunicados de la guerrilla, y otros más porque han recibido llamadas y mensajes de texto de miembros de esos grupos.
Durante la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, que se llevó a cabo entre jueves y viernes, el fiscal 203 pretendió equiparar a García Salinas con Miller Rubio, un curtido periodista condenado por concierto para delinquir por prestar su apoyo y asesoría a los paramilitares al servicio de Pedro Nel Rincón, alias “Pedro Orejas” en Boyacá, caso que fue denunciado en 2012 por quien escribe estas líneas, el cual es muy diferente al que hoy afronta el director de Última Hora Caquetá: en más de una veintena de interceptaciones telefónicas, quedó evidenciado cómo Rubio escribía los comunicados del grupo ilegal, les organizaba reuniones con autoridades, les aconsejaba para desviar la información sobre incautaciones de armas y municiones e, incluso, se iba de fiesta con los jefes de la organización criminal.
En el Caquetá y la Amazonía ser periodista es toda una proeza: durante su estadía en la zona, El Espectador pudo escuchar los testimonios de colegas indígenas que fueron obligados a cerrar emisoras comunitarias por orden de los grupos armados; otros que debieron desplazarse durante años debido a graves amenazas tras el asesinato de sus compañeros de reportería; varios más que solo informan desde la capital y se basan únicamente en comunicados oficiales; y otros que se sienten vigilados en forma permanente por la fuerza pública y funcionarios públicos molestos por su labor. A ello se suman los bajos salarios, que llevan a los reporteros a vender publicidad —la pauta oficial es otra forma de presión que ya ha sido documentada— para financiar sus espacios periodísticos y a trabajar en campañas políticas para garantizar ingresos.
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En este contexto, Harold Iván García ha ejercido su profesión desde el 2002: su voz ha sido escuchada en emisoras como Orquídea Estéreo (Cartagena del Chairá); Ondas del Orteguaza (Florencia); Cristalina Estéreo y La Caqueteña (Florencia); y Linda Stéreo (El Doncello), entre muchas otras.
En 2018, mientras trabajaba en Chairá Estéreo, el periodista reportó el secuestro y posterior asesinato de dos mellizos en Cartagena del Chairá a manos de las nacientes disidencias de las FARC. Al día siguiente, Harold Iván se vio forzado a renunciar porque a la estación radial “llegó una nota escrita en la que un grupo armado me daba 24 horas para abandonar el municipio o sería asesinado. El director de la emisora me dijo ‘váyase, yo aquí no puedo hacer nada’. Le pedí apoyo al Ejército y un coronel ordenó que me hicieran el acompañamiento. Empaqué mis cosas, las envié en un vehículo tipo escalera, y en una camioneta del Ejército terminé en Florencia, a donde llegué a buscar dónde y de qué vivir”.
Al poco tiempo, García Salinas fue contratado por Luis Antonio Peralta Quintero, hijo del asesinado director de Linda Stereo, quien asumió la jefatura de la emisora tras el crimen de su padre, y desde entonces se desempeña como corresponsal.
Para Peralta Quintero, la judicialización de Harold Iván García “es inexplicable. Él ha sido uno de los tantos periodistas del Caquetá que ha sido víctima, que ha sido perseguido por los grupos armados ilegales que operan en el departamento. Tiene denuncias instauradas ante la Fiscalía por amenazas en su contra que no han dado ningún resultado y ha solicitado a la Unidad Nacional de Protección esquemas de seguridad que le han sido negados. Hoy vemos con sorpresa que le están imputando unos delitos por supuestos nexos con la guerrilla. Nosotros le hemos brindado nuestro respaldo y él continuará siendo nuestro corresponsal, pues sabemos de su calidad profesional y estamos totalmente convencidos de su inocencia, y por ello consideramos que este proceso tiene que llegar a un feliz término, que le devolverán el buen nombre como persona y como periodista. Nosotros seguiremos apoyándolo desde este medio de comunicación y esperamos que este capítulo solo sea un mal recuerdo para él”.
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Harold Iván conserva documentos en los que constan sus denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Personería de Cartagena del Chairá y la UNP: en diciembre de 2021, fue interceptado por alias Cano, jefe guerrillero, en momentos en que realizaba tomas de video para un reportaje en Remolinos del Caguán. “Hey, paisano, ¿a usted quién le dio permiso de ingresar? Baje ese aparato, refiriéndose al dron, y me espera aquí mientras el camarada decide qué hacer con usted, pero paisano, rápido baje esa mierda o se la bajamos y lo bajamos a usted, aquí los periodistas no entran y menos sin permiso de Juaner”.
En mayo de 2022, fue advertido “por personas que residen en Remolinos del Caguán que no puedo volver por orden de alias Sebastián, alias Juan Carlos y alias Cano, constriñéndome y afectando mi derecho al trabajo, y poniendo en riesgo mi integridad física, limitándose mi derecho de locomoción tanto en el área rural como urbana, con la constante zozobra que puedan atentar contra mi integridad física”.
Meses después, a fines de septiembre, durante un cubrimiento en la vereda Recreo Alto de Cartagena del Chairá, García fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes le espetaron: “‘Ole, Harold, ¿qué hace por aquí, mano? Usted tan caliente que está y se viene a meter a la boca del lobo’, a lo que yo les manifiesto que solo estaba trabajando y que me dijeran que caliente en qué sentido. Los sujetos prosiguen ‘pues mano, Richar (Hauner) lo tiene fichado pelado, entonces usted por qué sigue en este pueblo’”.
Tres semanas más tarde, el 21 de noviembre, el periodista recibió un mensaje de texto a su celular, en el que le ordenaban salir de Cartagena del Chairá, donde se desempeñaba como jefe de prensa. El mensaje estaba firmado presuntamente por alias Juan Carlos, de las FARC-EP.
A pesar de su situación, la UNP determinó que el riesgo del reportero era “ordinario” y mediante la resolución 516 del 2 de febrero de 2023, se negó a incluirlo en el programa de protección de la entidad.
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García Salinas aguantó las presiones hasta septiembre de ese año, cuando se enteró de que alias “Iván Mordisco”, máximo jefe de las disidencias del Estado Mayor Central, había dado la orden de asesinarlo. Así lo hizo saber el comandante guerrillero en una “reunión” convocada por el grupo armado con todos los concejales de Cartagena del Chairá, en la que públicamente hizo saber que ya le había mandado “la solución” al reportero, a quien calificó de sapo y testaferro del entonces alcalde Edilberto Molina, a quien tildaba de “paramilitar”. Cuando le preguntaron de qué se trataba la solución, “Mordisco” aclaró que había enviado a dos sicarios del grupo para asesinar al periodista.
Harold se desplazó nuevamente hacia Florencia, donde estuvo hasta marzo de 2024, cuando se enteró de que sus movimientos estaban siendo monitoreados y su casa fotografiada. García huyó a Bogotá y aceptó vincularse a la Unidad Técnica Legislativa del congresista Jhon Fredy Núñez Ramos, representante a la Cámara por la circunscripción especial de paz, sin dejar de ejercer el periodismo regional. Fue en la capital de la República donde fue contactado por el “Mono Curuba”.
Al cabo de un año, en marzo de 2025, el comunicador regresó a Florencia y se reincorporó a sus labores hasta su captura la semana pasada.
Consultada sobre el caso, la directora de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Sofía Jaramillo Otoya, recordó que en diversas oportunidades esa organización ha denunciado que los grupos armados utilizan panfletos y mensajes intimidatorios para instrumentalizar a la prensa en las zonas de conflicto. “A través de estos comunicados buscan imponer la manera en que se cuentan las historias, condicionar la información y convertir a los periodistas en piezas dentro de su estrategia de control territorial”.
Por su parte, el fiscal a cargo del proceso, Carlos Rodríguez, solicitó que se le enviaran las preguntas a través de la oficina de comunicaciones de la entidad, que hasta el momento de publicación de este reportaje no había dado respuesta alguna.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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