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En este momento, la actividad con peor desempeño económico en Colombia es la extracción de minas y canteras. Así lo confirman las cifras del PIB que presentó esta semana el DANE: en el tercer trimestre, el sector registró una contracción de 5,7 %. La mayoría de las subramas, incluyendo la extracción de carbón y piedra de lignito, llevan varios periodos con números rojos.
Por el lado del carbón, los malos resultados se evidencian tanto en el térmico, que se usa para generar energía, como en el metalúrgico, con el que se produce coque, que a su vez es necesario para producir acero. Aunque la Agencia Nacional de Minería estableció que el carbón térmico es un mineral estratégico, Carlos Cante, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), sostiene que la administración del presidente Gustavo Petro no ha tenido en cuenta ninguna distinción a la hora de ajustar impuestos.
A las medidas nacionales que encarecen la producción del coque, el principal producto de exportación industrial del país, se suma un contexto internacional complejo, marcado por la sobreoferta china. Tanto así, que el 60 % de los hornos en el país están apagados. En esta entrevista, Cante explica cómo está el panorama, por qué la “escalada tributaria” del Gobierno (que con la nueva reforma tributaria buscará más impuestos para el sector) implicaría una caída del recaudo y qué se necesita para reactivar las exportaciones.
¿Cómo está el panorama del coque? ¿Se ha cumplido la apuesta por internacionalizar el producto?
El crecimiento de la producción y las exportaciones tuvo un pico en 2022, saliendo de la pandemia y con la guerra Rusia-Ucrania, pues todos los commodities se movieron en el mundo y los precios se elevaron. A partir de 2023 los flujos comerciales se reacomodaron y China empezó a elevar sus volúmenes de producción de acero y a inundar los mercados con ese exceso que hoy no está consumiendo, porque su economía no está creciendo a más del 5 %. Además, entre 2022 y 2024, China construyó una capacidad de coquización, con inversión en Indonesia, de cerca de 10 millones de toneladas. Los coques de Indonesia están llegando a los mercados que consumen los coques colombianos. Como hay sobreoferta, los precios cayeron.
En los primeros tres trimestres del año, comparado con el año anterior —en donde ya traíamos una caída—, reportamos una reducción de más del 30 % en las exportaciones, tanto de carbón metalúrgico como de coque. Estamos hablando de aproximadamente 850.000 toneladas menos de coque y unas 400.000 toneladas menos de carbón metalúrgico. Antes éramos el tercer exportador mundial de coque, con el 12 % de lo que se mueve en comercio internacional, que son aproximadamente 30 millones de toneladas. En 2024, Indonesia ya nos superó en el tercer lugar, aunque mantuvimos la participación de 12 %.
La situación es compleja: los precios están en un nivel que históricamente no es tan bajo, pero como los costos de producción en Colombia en los últimos tres años se han elevado, nuestros coques no son competitivos.
¿A qué se debe el aumento en los costos de producción?
Los costos de los fletes de transporte por carretera en las principales rutas de producción de coque por las modificaciones en el Sice-Tac han aumentado cerca de 40 %, también subieron los costos laborales. Además, la escalada tributaria del Gobierno ha encarecido enormemente la producción del carbón y, como este es un costo asociado a la industrialización de los coques, también influye. Con todos estos factores, en un contexto de precios internacionales a la baja, es muy difícil competir y por eso los volúmenes han ido decayendo en los últimos dos años.
¿Se ha tenido en cuenta la diferencia entre carbón térmico y carbón metalúrgico en los aumentos tributarios?, ¿el Gobierno ha impulsado al carbón metalúrgico?
No hay ninguna diferenciación entre el carbón térmico y el metalúrgico, mucho menos un reconocimiento formal del coque. Hay una resolución de la Agencia Nacional de Minería que establece que el carbón metalúrgico es un mineral estratégico, pero de ahí no ha pasado absolutamente nada.
El primer punto tributario que más nos afecta tiene que ver con el impuesto a las ventas de carbón, que no diferencia el tipo. El carbón metalúrgico proviene fundamentalmente de la pequeña minería y los industriales compran esos volúmenes. Entonces el impuesto no es del 1 % porque se genera en cada venta, entonces como mínimo se está generando dos veces, es decir, 2 %. Ese porcentaje, en un escenario en el que los precios están a la baja, perfectamente es el margen de la exportación.
La segunda medida que más nos afecta es la tarifa de anticipo de renta que hoy es la más alta de todos los sectores, pues la incrementaron del 1,6 % al 4,5 %. Es antitécnico, se está desconociendo el costo de producción. Si hoy estamos sobre el margen, o incluso exportando a pérdida para mantenernos en el mercado, igual debemos pagar un anticipo de renta que no es real. El Estado, a través de la DIAN, se está quedando con la caja de las compañías. En 2024 calculamos que se generó un exceso de renta pagada por efecto del anticipo de cerca de COP 1 billón, y este año puede llegar a COP 2 billones. La DIAN debe devolverlo en la vigencia siguiente, antes lo hacían en efectivo, pero hoy lo están devolviendo en TIDIS. Terminamos pidiendo plata prestada para pagar. Eso mata cualquier negocio y acaba con cualquier sector, por eso las empresas han decidido reducir producción y exportaciones.
¿Las empresas se están “saliendo” del negocio?
Salir de un negocio en el que tenemos inversión patrimonial alta no es tan sencillo, pero sí se apagan los hornos. En el país existen aproximadamente 3.000 hornos en Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander: hace más de un año están apagados por lo menos 60 %. Si los hornos se apagan, los operarios pierden sus empleos.
¿Qué tan fácil es reactivar esa operación?
La ventaja que tiene Colombia, a diferencia de otros países productores, como Indonesia —que hoy nos genera competencia desleal, porque son inversiones chinas subsidiadas—, es que tenemos los tres tipos de carbones necesarios para hacer una mezcla de excelente calidad para producir coque; además, en Norte de Santander tenemos carbones metalúrgicos bajos en fósforo que se utilizan en la industria mundial para producir ferroaleaciones. Los depósitos de mineral están, es posible hacer las mezclas y tenemos los hornos construidos, seguramente habrá que hacer refacciones, pero se pueden prender los hornos cuando haya condiciones de competitividad.
Esas condiciones dependen de establecer un marco de costos de transporte que no genere tanta volatilidad, que se pueda calcular efectivamente cuánto costará colocar los productos desde Norte de Santander o Boyacá en el puerto de Barranquilla o Cartagena para exportar. Hoy es más costoso llevar una carga de 35 toneladas en un camión desde Samacá a Barranquilla, que de Barranquilla a China. El problema afecta a toda la carga nacional. La reindustrialización y la capacidad exportadora termina siendo una mentira si no somos capaces de establecer costos realmente eficientes en transporte terrestre, si no evolucionamos hacia la multimodalidad, con trenes y transporte fluvial.
El reto de competitividad es enorme y de largo plazo, pero lo inmediato es desescalar la persecución tributaria que ha establecido el gobierno contra el sector.
Según Germán Ávila, ministro de Hacienda, en la versión final de la tributaria, que se recortará en COP 10 billones, se mantendrán los impuestos ambientales. ¿Cómo les afectaría esta medida?
Este tipo de impuestos no tienen ningún sentido tributario. Desde la industria del carbón vemos que restan competitividad, por eso la decisión de las empresas es bajar la producción y exportaciones, por lo tanto, no habrá más recaudo para la DIAN. No por tener una mayor tarifa se recauda más; al contrario, en este caso una mayor tarifa conduce a un menor recaudo. Parece que el Gobierno no busca más recaudo, sino marchitar al sector de los carbones.
Esta administración no está teniendo en cuenta que ese marchitamiento también golpea a las regiones por las regalías. Calculamos que este año el Sistema General de Regalías dejará de recibir por lo menos COP 2 billones. Esa afectación recae sobre municipios y departamentos, y el Gobierno no ha construido una fórmula de transición fiscal.
¿Hay algún espacio de diálogo con el Gobierno?
Permanentemente tenemos reuniones con funcionarios de distintos niveles, pero para el tema tributario siempre nos dicen “eso es de Hacienda”. Con la cartera nos entendemos por cartas, comentarios que hacemos a borradores de resoluciones, decretos o proyectos de ley, porque realmente la conversación técnica está agotada hace mucho tiempo. Ellos entienden lo que pasa, pero hay una decisión política del Gobierno que está por encima de lo técnico.
¿El sector de carbón térmico también podría reactivarse fácilmente, como el metalúrgico? ¿Cuál será el impacto a largo plazo de las medidas de este Gobierno?
Estos cuatro años de Gobierno dejarán a muchas empresas en el camino, especialmente a la pequeña minería. Las empresas grandes tienen capacidad de financiamiento, pero el pequeño minero depende del flujo de caja, de que le paguen, de que se venda, de que pueda pagar nómina y energía. Sin embargo, Colombia tiene una capacidad impresionante de resiliencia. El mundo seguirá consumiendo carbones térmicos por muchos años y eso posibilita, a cierto nivel de precios, reactivar las exportaciones desde el interior del país.
Por otro lado, el déficit de oferta eléctrica ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de pensar en la generación con carbón. Esa discusión será con el próximo gobierno, cuando se hable del uso más eficiente de combustibles fósiles con tecnologías para reducir el nivel de emisiones. Necesitamos que el próximo gobierno revise la persecución tributaria y las condiciones de competitividad. El sector no ha pedido nada regalado, necesitamos que nos dejen trabajar; pedimos condiciones de equilibrio tributario para seguir aportando a las regiones porque esta discusión no se da para Bogotá o Medellín, se da desde el Catatumbo, en Puerto Libertador, en La Loma.
La transición energética es inevitable. La demanda se mantendrá por algunos años, Fenalcarbón ha dicho que tres décadas, pero en algún momento caerá. ¿El sector tiene un plan para adecuarse a las nuevas condiciones?
Sí. Una cosa es la transición energética relacionada con el modelo de la matriz eléctrica, que en Colombia es muy limpia, y otra es la transición productiva, laboral y fiscal que deben emprender el país y los territorios. Esa última es una tarea que debe empezar ya. Lo que hemos propuesto en el documento “Transición energética de los carbones colombianos” es la creación de un fondo de transición que garantice el reemplazo productivo de las actividades del carbón en los territorios a largo plazo.
¿El gremio y las empresas estarán en el centro de esa transformación?
Se requiere la participación de muchos actores: territoriales, políticos, el Gobierno Nacional, el Congreso.
¿Y por qué hasta ahora empezarán el camino?
Porque nos hemos quedado en el discurso y en la arenga política, en mover las masas alrededor de una ideología. Pero la realidad en los territorios es que esto se hace con recursos, y esos recursos deben salir de una alianza público-privada entre el Estado, con garantías reales de transformación, y las empresas, no solo con impuestos y regalías, sino también con inversión social en los territorios.
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