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Hace unos días, el ministerio de Ambiente publicó en una resolución (la 0774) la hoja de ruta que deberán implementar las instituciones nacionales, departamentales, ONG, institutos de investigación, entre otros, para controlar a los 169 hipopótamos que hay en Colombia, según el más reciente censo, adelantado en 2022.
El plan, que establece cinco medidas para el manejo de esta especie, llega dos años y tres meses después de que el Minambiente, entonces liderado por Carlos Eduardo Correa, declarara a los hipopótamos como una especie exótica invasora. “Aplaudo muchísimo que se esté dando este paso. Creo que después del paso de la declaratoria de especie invasora, este es el segundo más importante”, dice desde México la bióloga colombiana Nataly Castelblanco, quien ha estudiado la dispersión de estos animales, de los cuales llegaron cuatro en la década de los 80.
“A mí me parece afortunado que estas cosas lleguen después de tanto tiempo y que, además, se construyan sobre la base de ejercicios rigurosos de levantamiento y análisis de la información de la situación en esos territorios”, señala el director de la carrera de Ecología de la Universidad Javeriana, Sebastián Restrepo, quien también ha adelantado estudios sobre la especie.
En la misma línea, la veterinaria Gina Paola Serna, que hasta hace unos años trabajó de manera directa con los hipopótamos que se encuentran en Antioquia (el núcleo poblacional más grande de estos animales en el país), resalta el trabajo adelantado por el ministerio de Ambiente que, en abril de este año, convocó a una mesa de expertos interdisciplinarios, entre los que se encuentran Serna y Castelblanco, para analizar los pasos a seguir con el plan se publicó esa cartera.
Pese a ese reconocimiento, consideran que en el documento hay algunos vacíos que deben ser revisados antes de su implementación, una fase en la que, coinciden, se presentarán múltiples retos.
Las cinco acciones para controlar y erradicar a los hipopótamos
Aunque a Puerto Triunfo (Antioquia) solo llegaron cuatro hipopótamos a inicios de la década de los 80, traídos por el narcotraficante Pablo Escobar, en la actualidad podría haber más de 200 distribuidos en siete grupos poblaciones que se extienden en un área de más de 40.000 kilómetros cuadrados. Posiblemente, ya llegaron a sitios tan lejanos como la Depresión Momposina, cientos de kilómetros al norte de Doradal.
La expansión de los hipopótamos, señalaron los investigadores del Instituto Humboldt y el Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la Universidad Nacional en su estudio de 2022, genera una serie de afectaciones a la biodiversidad de las regiones en las que se encuentra, pero también sobre los medios de vida de las comunidades locales.
Entre los impactos ambientales, el documento resaltaba que la interacción de los hipopótamos “con las especies de flora y fauna nativas genera como resultado la competencia por recursos, desplazamientos, herbivoría, transmisión de enfermedades y el aporte de grandes cantidades de materia orgánica” que generan contaminación.
Si bien los científicos tienen certeza sobre los impactos que se pueden esperar de los hipopótamos en el entorno natural, los resultados frente a la percepción que tienen las comunidades locales son más variados. El trabajo del Humboldt y el ICN encontró que, mientras “las comunidades con más de tres décadas de relacionamiento con la especie evidencian niveles de adaptación y coexistencia, aquellas que llevan menos años de relacionamiento están identificando los riesgos y los mecanismos de interacción con la especie”.
Teniendo en cuenta los impactos sobre los ecosistemas y las diferentes relaciones que se han establecido entre las comunidades y los hipopótamos, el plan del Ministerio, que recoge las recomendaciones que el Humboldt y el ICN hicieron en 2022, establece un grupo de medidas “con el propósito de disminuir el tamaño y área de extensión de la población invasora (…) hasta lograr su erradicación y, consecuentemente, disminuir los impactos negativos de la especie sobre la biodiversidad del país, los humanos y sus medios de subsistencia”.
Tres de estas acciones, la caza de control, el confinamiento y la translocación, están dirigidas hacia la población de los hipopótamos, mientras que las dos restantes, las alertas tempranas y la intervención social, están enfocadas en la población humana y sus medios de subsistencia.
Mientras a Restrepo, que también es doctor en Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, le generan algunas dudas las acciones del componente social, a Castelblanco, doctora en Ecología y Desarrollo Sustentable en el Colegio de la Frontera Sur (México), le preocupa que le hayan puesto una serie de trabas a la caza de control.
¿Contradicciones en el plan de manejo?
De las tres acciones dirigidas contra los hipopótamos en los siete núcleos poblacionales de hipopótamos, solo una se repite para ser implementada en el corto plazo: la caza de control. Esto, como han señalado varios investigadores en los últimos años, corresponde a que es la medida más eficaz para controlar la población de estos animales, así como su dispersión.
Sin embargo, a los ojos de Castelblanco, que hace parte de Biodiversos, una plataforma de profesionales por la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en el país, el plan se contradice con el informe que elaboraron el Instituto Humboldt y el ICN y que sirvió de base para el reciente documento.
A lo que se refiere la bióloga es a una serie de condiciones que se establecieron en el plan para poder ejecutar la caza de control, sea por medios físicos o químicos. Esta, aclara el documento, “se implementará en casos de (i) individuos portadores de un agente infecto contagioso no tratable (…); (ii) no exista posibilidad de brindarle el tratamiento indicado al individuo y está afectándose su bienestar; (iii) el individuo presenta una condición clínica que compromete su bienestar de manera permanente (…); (iv) después de haber agotado las otras opciones de control y manejo”.
“El Ministerio de Ambiente dice que va a implementar lo que propone el Humboldt, pero luego señalan que para la caza de control se tiene que intentar el resto de medidas. Yo creo que ya estamos en ese punto, ya se intentó el resto”, asegura la bióloga. “Creo que es una traba enorme que le ponen. Se tiene que manejar en paralelo, buscar translocaciones, pero al mismo tiempo empezar con la implementación del control letal. Es algo que no da espera”, asegura Castelblanco.
Las limitaciones del componente social
En el trabajo que el Humboldt y el ICN entregaron en 2022, hay un apartado que se dedica a describir las múltiples interacciones que hay entre los hipopótamos y las comunidades. Además de identificar los niveles de adaptación y coexistencia de las comunidades, los investigadores también indagaron por “el gusto” de ver a estos animales.
En la mayor parte del departamento de Antioquia, asegura el informe, “se afirma ‘el gusto’ por ver la especie, mientras que en los departamentos de Santander, Bolívar, Cesar, Magdalena y Córdoba indican no estar tan ‘a gusto’ por observarla”.
Para Restrepo, de la Javeriana, el abordaje de las medidas que están dirigidas a la población —las alertas tempranas y la intervención social— “es pobre y carece de matices, pues las acciones son muy genéricas y pueden estar muy alejadas de la realidad local, puntualmente en la forma en la que la gente se relaciona con la especie”. Dicho de otra manera, el plan no reconoce las diferentes apreciaciones que hay sobre los hipopótamos en Antioquia y el resto de departamentos.
Esto, asegura Restrepo, también habría limitado las acciones que el plan establece para estas dos medidas. En el documento, se enuncian que las actividades para las dos medidas con enfoque social serán: las brigadas informativas y las campañas de comunicación, donde se darán a conocer, entre otras, la declaratoria de la especie como invasora y los riesgos del tráfico ilegal de los hipopótamos.
“Esas acciones propuestas —agrega el director de la carrera de Ecología de la Javeriana—, se centran principalmente en comunicar y socializar las dificultades del problema de invasión, y a entregar información a través de diferentes campañas. Pero deberían contemplar un mayor nivel de detalle pensando en posibilidades de intervención que realmente ayuden a limitar la velocidad con la que ocurre el proceso de invasión biológica, pero también a transformar esas formas de relacionamiento que tiene la gente en algunos de los núcleos en los que existen”.
A los ojos de Restrepo, el plan no puede desconocer la realidad socioeconómica local donde la especie no solo afecta a ciertas comunidades, sino que también beneficia a otras. Por esta razón, considera que el Estado y los distintos actores que participarán en la implementación del plan deben priorizar alternativas económicas que alejen a las personas que usan la especie con fines económicos.
Al margen de esas inquietudes, Serna considera que el plan puede ayudar a que la interacción entre las entidades nacionales y departamentales, así como las corporaciones ambientales, “empiece a fluir”, sobre todo “porque ahora hay una directriz desde el ministerio”. Esta veterinaria, que durante años conoció los trámites burocráticos que debían recorrerse para esterilizar quirúrgicamente a estos gigantescos animales, siente que el documento llega en un momento en el que la relación entre todos los actores “tiene que empezar a fluir”. Pide que el plan no se quede en el papel.
El documento también establece que “las entidades del nivel nacional, regional y local coordinarán el diseño de los protocolos para la implementación de las medidas de manejo y control (…)”. Al respecto, Castelblanco, que participó en la mesa de expertos convocada en abril, espera que el ministerio siga teniendo en cuenta a los profesionales convocados para la elaboración de estos protocolos, que servirán de base para materializar el plan. Por el momento, ni esa cartera ni la ministra Susana Muhammad se han manifestado públicamente sobre el tema desde que fue firmada la resolución 0774 (los consultamos para este artículo, pero al cierre de la edición no habíamos obtenido respuesta).
Además de estos retos, Restrepo agrega dos adicionales: “¿cómo garantizar los recursos necesarios para llevar a cabo todas las medidas? Y, ¿cómo hacer para que esa implementación sea un proceso abierto a la ciudadanía, donde podamos hacer un control respecto a cómo se invierte cada peso?”.
Sobre este punto, la Resolución 0774 establece que el ministerio de Ambiente será el responsable de desarrollar un sistema de información “que permita sistematizar la información generada a partir de la aplicación del plan de prevención, control y manejo de la especie invasora”, así como elaborar un informe cada tres años sobre el cumplimiento del plan.
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