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En la pared de una de las casas que hay sobre el pequeño malecón de San Luis de Palenque (Casanare), a orillas del río Pauto, se ve una pintura que retrata a un hombre adulto, con camisa arremangada y el típico sombrero llanero, atravesando, junto a un caballo, un ancho río que les cubre más de la mitad del cuerpo. Más tarde, el protagonista de la obra —de la que también hay fotos y varios videos en internet— explica que esta es una actividad normal para un llanero como él.
Seudiel Gualteros, de 56 años, es conocido en este municipio —el segundo con la mayor cantidad de hectáreas sembrada en arroz del departamento— como el Gran Llanerazo, apodo que se ganó hace 20 años, tras ganar un reality que llevaba el mismo nombre. Lo de cruzar ríos acompañado de caballos o ganado, colear reses y torear fueron destrezas que aprendió trabajando en Guanapalo, hato ganadero que fundaron los jesuitas hace más de 400 años en estas tierras, donde Gualteros trabajó durante su juventud.
La pintura a orillas del Pauto, y el rancho-museo que fundó en 2007, que no podría llamarse de otra forma que no fuera El Llanerazo, son algunas de las prácticas que han encontrado los llaneros para resistir al acelerado avance de los cultivos de arroz en la región, que amenazan con hacer desaparecer su cultura.
Gualteros no es el único con este temor. Sofía Rincón, bióloga y coordinadora ecorregional de Orinoquia de WWF Colombia, señala que entre los desafíos que han identificado esta y otras organizaciones que trabajan en el Casanare está el hecho de que “esta ganadería está siendo sustituida por sistemas productivos más intensivos, precisamente por lo que pueden representar algún tipo de beneficio económico en el corto plazo, pero que en el mediano o largo plazo generan una degradación en el ecosistema”, como contamos en el texto anterior.
Para el Gran Llanerazo hay dos factores que podrían explicar esta transformación ambiental y cultural. El primero es un cambio generacional que empezó hace unos 20 años, con la muerte de los dueños de los hatos ganaderos. Los herederos, jóvenes que accedieron a educación universitaria en las ciudades, habrían decidido, por varias razones, no continuar con las actividades tradicionales de estos terrenos, supone Gualteros.
La segunda razón es más fácil de entender: el dinero. Los productores de arroz, la mayoría de ellos arrendatarios, pagan hasta $600.000 por cada hectárea que el propietario de una finca les permite cultivar. Si este valor se multiplica por 200 hectáreas, que puede ser el área promedio de los terrenos del Casanare, la suma total se hace más llamativa de lo que podrían recibir las personas por el ganado. Según Laura Miranda Cortés, ecóloga y directora de la Fundación Cunaguaro, “el arroz se ha convertido en el dinero fácil de la región”, pues los propietarios no tienen que hacer nada para recibir altas sumas de dinero.
El problema, continúa Rincón, es que no solo se está perdiendo la cultura llanera, sino que también está desapareciendo una actividad productiva que lleva más de cuatro siglos adaptada a las características de las sabanas inundables del Casanare y podría significar una oportunidad para conservar la biodiversidad del departamento, cuya principal amenaza es el cambio no sostenible del uso del suelo.
“Esta es una ganadería que nosotros llamamos de conservación-producción; de hecho le decimos sui generis, porque no se puede equiparar a la que se desarrolla en el resto del país. Es una ganadería que se mueve en las sabanas inundables de acuerdo con las dinámicas hídricas, se alimenta de los pastos naturales y convive con la fauna silvestre”, apunta la bióloga de WWF. Los más de 400 años de historia de esta actividad productiva son una buena referencia de que ha cohabitado con las dinámicas particulares del ecosistema y puede convivir con él, dice Rincón.
En El Llanerazo, donde todavía cruza el río Pauto con uno de sus caballos para asombrar a los visitantes, guía recorridos por la sabana y entona joropos mientras rasga un tiple, Gualteros asegura que “mantener los hatos parados” es la principal medida que pueden implementar para disminuir los impactos ambientales que tienen los monocultivos de arroz.
Tecnología, regulación y mercado, otras opciones
En las afueras de Aguazul, uno de los municipios del Casanare donde se establecieron los primeros cultivos comerciales de arroz hace casi 30 años, la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) avanza en la construcción del centro experimental La Primavera. El principal objetivo de este espacio es fortalecer los procesos de investigación “que ayuden a la sostenibilidad del cultivo, la reducción del impacto ambiental y el incremento de la productividad”, explica José Ómar Ospina, biólogo y parte del equipo de investigadores de la Federación.
En el terreno donde funciona La Primavera hay parcelas con cultivos de arroz de donde esperan generar variedades adaptadas a las condiciones del Casanare. Con esto buscan entregarles una mejor semilla a los agricultores, que “se enferme menos, requiera menor aplicación de agroquímicos y así dé una mayor rentabilidad económica a los productores”, agrega Ospina.
La idea también, añade el investigador, es que los productores tomen decisiones basadas en los estudios que adelanta la Federación. Uno de los ejemplos, dice, puede ser en la aplicación de agroquímicos, como pesticidas, insecticidas, fungicidas. “Buscamos ayudar a establecer umbrales de manejo que se puedan recomendar a los agricultores para que no por simplemente ver un insecto decidan aplicar un producto, sino que sepan realmente cuál es el número tolerable de insectos”.
El uso indiscriminado de estos químicos, cuenta Henry Ramírez, agrónomo y arrocero de segunda generación de San Luis de Palenque, es uno de los principales problemas ambientales del cultivo de arroz en la región. Afectan a los animales y personas cercanas a las áreas de aplicación, además de contaminar los cuerpos de agua.
Con la adopción de tecnología y las decisiones basadas en las recomendaciones que emiten los expertos, Fedearroz no solo espera reducir los impactos ambientales del cultivo, sino también mejorar la productividad y los rendimientos financieros de los productores. De hecho, asegura la Federación, ya lo han logrado desde que en 2012 pusieron en marcha el programa de Adopción Masiva de Tecnología (AMTEC).
Desde el punto de vista económico, afirma la Federación, los cultivos que han sido impactados por AMTEC presentan un mejor comportamiento en el costo por tonelada de paddy seco, el producto que los arroceros les entregan a los molinos antes de que estos lo transformen en el arroz blanco que se compra en los supermercados. En 2022, la producción de una tonelada de paddy seco con el programa alcanzó los US$257, casi US$40 (aproximadamente $170.000) más barato que el promedio nacional.
Sin embargo, el programa, que ha impactado cerca del 64 % de las áreas cultivadas en los Llanos Orientales, de acuerdo con las cifras de Fedearroz, no ha logrado mejorar el rendimiento del cultivo. A inicios del milenio, en Casanare se sacaban 5,5 toneladas de arroz por cada hectárea sembrada. En 2022, el rendimiento fue de 5,3 toneladas por hectárea, idéntico al promedio nacional.
La productividad del arroz, afirma Ospina, depende en gran medida de que la frontera agrícola del Casanare no se siga expandiendo, un temor que tienen personas como Gualteros y Rincón. Este es un tema vital a la luz de las proyecciones que han realizado entidades como la UPRA. En el “Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz en Colombia 2020 – 2038″, publicado en 2020, esta entidad adscrita al Ministerio de Agricultura estimaba que en 2038 Colombia requeriría de 3,3 millones de toneladas de arroz paddy seco para atender las necesidades del mercado interno, que sería de 60 millones de personas.
En otras palabras, en 13 años el país deberá producir 407.000 toneladas de arroz adicionales por año, en comparación con el promedio anual de producción de la última década. Los ojos del sector, así como de varios personajes en los gobiernos nacional, departamental y local, apuntan hacia el Casanare, comenta la coordinadora ecorregional de Orinoquia de WWF Colombia.
La apuesta por ampliar los cultivos en departamentos de la Orinoquia como el Casanare también la confirman algunos estudios. En 2022, WCS Colombia estimó que para finales de esta década se transformarían 820.000 hectáreas adicionales “debido a la expansión agroindustrial”.
Por esta razón, personas como Miranda y Rincón consideran que, aunque la propuesta tecnológica liderada por Fedearroz es necesaria, se queda corta ante los retos que enfrenta la región.
La directora de la Fundación Cunaguaro asegura que se debe fortalecer la normatividad y regulación de los cultivos de arroz en el departamento y que la autoridad ambiental, Corporinoquia, podría involucrarse más desde lo reglamentario y sancionatorio. Aunque El Espectador solicitó durante varias semanas una entrevista con la Corporación para conocer sobre el trabajo que adelantan en esta materia, así como las normas que rigen a los arroceros, al cierre de esta edición no obtuvimos respuestas.
Por su parte, Rincón, de WWF, advierte que el país tiene unos instrumentos de planificación a escala nacional, departamental y municipal, de los que podría echar mano en casos como este. “El ordenamiento territorial, hecho de manera informada y holística, incorporando información actualizada y de calidad, nos permitiría entender cómo proyectar la expansión de sectores productivos de una manera responsable, incluyendo consideraciones climáticas, de biodiversidad y teniendo en cuenta la visión de los territorios”.
Se trata, en palabras más sencillas, “de utilizar la tierra, pero garantizando que tenemos las zonas, la provisión y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos en el tiempo”.
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