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La Jurisdicción especial para la paz (JEP) promueve agresivamente el paradigma de justicia restaurativa como nueva fórmula exitosa para abordar los atroces crímenes ligados al conflicto armado. Según expresó el 2 de mayo de 2024 el presidente de la jurisdicción, en la Conferencia Internacional “Justicia Transicional Restaurativa: sanación, transformación y construcción de paz”, con base en una “inmensa creatividad”, las personas que trabajan en ese tribunal “están construyendo unas tecnologías muy contemporáneas de intervención social” que buscan hacer una transición hacia la paz y consolidar la democracia. Declara que la JEP avanza con base en la prueba y el error, reconoce que el riesgo es gigante, pero que él está esperanzado. A golpe seguido manifiesta que la clave de la justicia restaurativa en la JEP es “la centralidad de las víctimas”.
Lejos de la cautela y la humildad que aconsejan los más conocedores de la justicia restaurativa, la JEP da saltos de gigante, persigue metas grandilocuentes y promete justicia restaurativa en el marco de su laberíntica estructura formal y judicial. Además, dice hacerlo todo en nombre de las víctimas, pero, justamente, las personas que reclaman justicia empiezan a alzar su voz en protesta.
Genoveva, una mujer costeña campesina de unos cuarenta años que busca justicia por la ejecución de su hermano, manifiesta con voz triste y cadencia lenta: “le soy sincera, yo en la JEP no veo justicia por ningún lado”. La ejecución de su hermano hace parte de uno de los casos que fue seleccionado y que es procesado por la vía de reconocimiento de ese tribunal – la fácil, supuestamente –; aun así, su frustración es alta. ¿Cómo se sentirán los miles de personas cuyos casos no fueron seleccionados por la JEP?
Recuperando voces demandantes
Realicé una serie de entrevistas con diversas personas que reclaman justicia por los asesinatos de sus familiares cometidos por miembros del Ejército; todas participan de diferentes maneras en la JEP, después de un largo recorrido ante las instancias judiciales ordinarias. Todas tienen ideas y experiencias muy robustas de lo que es justo e injusto. Resalto sus voces, asignándoles nombres distintos para protegerles, con el fin de dar a conocer sus impresiones y sus razones en relación con las promesas de la justicia restaurativa.
Las entrevistas les dibujan como seres humanos complejos, como todos y todas. Los eventos violentos y los daños tiñen sus vidas, pero hoy, con el paso del tiempo, expresan con fuerza que son mucho más que víctimas y que sus vidas no están contenidas por ese rol que la sociedad y las entidades estatales, como la JEP, les asignan. Todas tienen pasado, presente y futuro que no están delimitados por ser víctimas de algo o de alguien. Por ejemplo, Doris, una mujer urbana, luchadora y entendedora crítica de muchos problemas sociales, y quien reclama justicia por la desaparición y el asesinato de su hijo, enfatizó: “Me indigna la palabra ‘víctima’, porque es como si le dijeran a uno: ‘ay, pobrecita; si ya no tiene a su hijo’. Entonces, usted se tiene que callar; ‘usted tiene que hacer lo que nosotros le vamos a enseñar’”.
Sus palabras ilustran uno de los problemas menos visibles de la bondad que esconde el reconocimiento de las personas como víctimas: a las personas que han sido victimizadas se les rotula como “víctima” y ese rol se vuelve totalizante, anulando otras dimensiones de sus vidas y regulando lo que se espera de ellas. La noción de víctima se proyecta como un imaginario que doma y gobierna el comportamiento de un grupo muy diverso de personas. La expectativa social y de las instituciones es que “las víctimas” sean débiles y pasivas, necesiten protección, estén tristes, y que, además, perdonen.
Otras voces advierten que, aunque se habla mucho de “la participación de las víctimas”, no se responde a lo que las personas que han sido victimizadas quieren o necesitan. Por ejemplo, Antonio, un costeño de treinta y pico de años, que lleva 20 años buscando saber por qué el Ejército le arrebató a su papá, dijo, con voz tranquila: “De pronto mi voz no es escuchada porque soy un simple campesino. Se han quedado mucho en el acompañamiento. (…) A veces esas acciones de acompañamiento son desenfocadas. Tendrían que consultar más con las víctimas. Ellos piensan lo que nosotros necesitamos y no preguntan de verdad lo que queremos y lo que necesitamos. Tienen que escuchar más”. De todas las personas con las que hablé, Antonio es el que más esperanza deposita en las promesas restaurativas, pero, aun así, considera que sus voces no son escuchadas.
La justicia restaurativa se estrella con la cultura jurídica y las formas del derecho
La práctica de la justicia restaurativa no es para los estrados judiciales; se trata, justamente, de una respuesta alterna y complementaria a la justicia formal. Que la justicia restaurativa se convierta en un objetivo de la JEP puede reñir con sus otras funciones: además de resolver y fallar asuntos (su función judicial), asume una tarea de componedor o mediador informal en esos mismos casos.
Las evaluaciones de programas de justicia restaurativa en otras latitudes en los que ha habido mayor involucramiento de autoridades resaltan un efecto no deseado: los intereses del personal de las instituciones y de las mismas entidades entran en la ecuación de la resolución. Y ese interés puede implicar una distorsión en la medida en que la entidad oficial busca demostrar la eficiencia de su acción, dejando de lado la consecución de los efectos restaurativos en concreto. El involucramiento oficial puede favorecer indicadores de gestión que demuestran éxitos en los trámites o en el número de personas atendidas, por encima de indicadores de satisfacción de las personas concernidas.
Además, la práctica de la justicia restaurativa requiere flexibilidad e informalidad, pero la administración de justicia es formal y se rige por marcos procesales rígidos. La mezcla conduce a contradicciones entre la informalidad de las sesiones extrajudiciales en dónde se dicen y pasan cosas sin consecuencias formales, y las controladas audiencias públicas que se rigen por el derecho y se hacen con miras a un público más amplio.
La formación y los hábitos del personal judicial no son conducentes al cuidado que aconseja la justicia restaurativa. Matilde, una mujer llanera de unos cuarenta años, ilustró este punto, expresando: “Algunas personas que están en la JEP, de pronto, entienden el dolor y la situación y los momentos. Pero hay otros que ya tienen esa coraza de irse más a lo que es, a la ley, con esa coraza inhumana. Por ejemplo, hay un abogado que dice: ‘¿para qué llora? Ya deje eso así… Aquí lo importante es que ellos (los perpetradores) hablen’”.
Gina, quien busca justicia por la ejecución de su esposo, destaca que, al formular solicitudes para abordar vacíos o contradicciones en las declaraciones de los perpetradores, los jueces no demuestran flexibilidad. Recuerda a un magistrado que le dijo: “que las leyes ya estaban hechas y que las normas ya estaban establecidas (…) entonces que no se podía hacer nada, que mejor soltáramos la maleta, que camináramos tranquilos porque el militar que había asesinado a nuestro familiar ya no se acordaría de eso”.
Le retórica restaurativa tiene que pasar a la práctica. Según estas manifestaciones, los intercambios con el personal de la JEP están lejos del discurso y, de hecho, producen daño.
Las medidas restaurativas tienen que estar relacionadas con el daño y ser expresión de reconocimiento concreto
La JEP puso en marcha en 2024 algo que llama el “Sistema Restaurativo”. Lo describe como “un esfuerzo que, desde la Justicia Restaurativa, velará por la implementación de proyectos que incorporarán los trabajos, obras y las actividades con contenido restaurador y reparador que deberán realizar los comparecientes que han aportado verdad y que han reconocido responsabilidad ante la JEP por los graves crímenes cometidos durante el conflicto armado”.
Según declaraciones del magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, en esos “proyectos restaurativos” confluirán todos los ofensores, sin distinción ni arreglo particular según los daños o las conductas criminales confesadas. “Estarán allí trabajando, tanto miembros de la fuerza pública como miembros de la antigua guerrilla de las FARC-EP”, recalcó. Es decir, los criterios de diferenciación por daños y por dinámica de transgresión, y la relación de las acciones restaurativas con las comunidades y las personas que fueron dañadas, tan central para la justicia restaurativa, se han abandonado.
En el caso de las ejecuciones cometidas por el Ejército, los proyectos incluyen a las decenas de soldados y suboficiales, y algunos oficiales que han aceptado responsabilidad en los sub-casos regionales que avanzan por la línea confesional de la JEP. No es claro que pasará con los centenares que salen por la puerta de atrás, sin esclarecimiento ni reconocimiento, pero con beneficios (que procesa la Sala de definición de situaciones jurídicas).
Se trata de personas que, aunque responsables (algunos condenados por la justicia ordinaria), no fueron seleccionados por otra sala de la JEP para ser sentenciados. Es un camino poco claro sobre el cual las personas que reclaman justicia no tienen información. Gina, por ejemplo, manifiesta: “A mí me tiene indignada que la JEP tiene varias salas, pero no reúnen la información y no la comparten. (…) La sala de definiciones es un hoyo negro. Llevo tiempo rogando que me digan que ha dicho ese señor (la persona que ejecutó a su esposo), que ha aportado (…) si está ahí o no está. Nadie me da razón, si sí o si no. Nada.”
En el lanzamiento nacional del Sistema Restaurativo de la JEP, El futuro hay que sembrarlo juntos, llevado a cabo el 2 de abril de 2024, en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, se televisó un evento con tres oficiales del Ejército, dos de ellos responsables por una letanía de atrocidades cometidas en Casanare, pero sin la presencia de las personas que ellos dañaron y victimizaron. Se trata de un proyecto que denominan “Siembras de vida,” una iniciativa de arborización, que según lo planteado debe ser “un terreno fértil en el que brotan acciones que contribuyen a restaurar y sanar el daño causado a las víctimas del conflicto armado, las comunidades, el territorio y la sociedad en su conjunto”. Todo esto, lejos de y sin los familiares que reclaman justicia por los asesinatos de los cuales esos militares fueron responsables.
En el acto, los militares leyeron todo, actuaron cómo si ellos presidieran la ceremonia. Su lenguaje sigue evidenciado su poder: “mi general” o “mi coronel”, para acá y para allá. Henry William Torres Escalante, responsable de decenas de homicidios agravados en Casanare, habló en representación de todos los que trabajarán en el proyecto, como buen general. Reiterando mantras restaurativos, agradeció y felicitó a todo el mundo, como si fuese autoridad, y reconoció su valor y el de los 48 soldados que trabajarán en ese proyecto como segunda oportunidad, “sembrando esperanza para que la tragedia de la guerra no se repita”. Y el público aplaudió. Todo parecía una fiesta, sin las personas afectadas por estos militares.
Además, el lenguaje de los oficiales sigue reflejando negación de los hechos atroces. Un coronel retirado responsable de ejecuciones en Norte de Santander no tuvo problema en seguir hablando de las personas asesinadas como “aquellas personas que murieron en esos combates”. Justamente, esa es la esencia de la práctica criminal de las ejecuciones cometidas por el Ejército: la simulación de “esos combates” y el registro de los muertos como bajas en “esos combates”.
Doris, una mujer que clama justicia reciamente y cuyo hijo fue asesinado en Norte de Santander, no fue invitada. Sobre este proyecto, me dijo: “Los métodos que está utilizando la JEP para la restauración es algo vergonzoso. ¡A los militares que asesinaron a mi hijo, los mandan a sembrar florecitas, a rosearlas y eso es una restauración! Yo creo que no”.
Luciana, una estudiante universitaria que era muy joven cuando el Ejército ejecutó a su padre, expresa que es posible que algún tipo de proyecto pueda servir como sanción propia, pero tiene que estar ligado al reconocimiento de lo que pasó y a un contexto particular. “Eso de que todos somos iguales y que la construcción de una carretera nos sirve a todas”, se aleja del reconocimiento que están pidiendo. “Es indigno”, afinó. “No puede ser que vayamos a plantar árboles por toda Colombia y les ponemos una plaquita que diga el nombre de la víctima, y ajá. Entonces: el árbol tiene el nombre de (mi papá) y ya. ¡No, no puede ser!”
Además de las voces individuales, un grupo de personas que demanda justicia por los crímenes cometidos en Casanare, fortalecido por su acción colectiva, escribió una misiva a la presidencia de la JEP en la que expresa su apertura a proyectos y acciones que puedan contribuir al reconocimiento y entendimiento de los dolores y las tragedias que han experimentado, pero levantan su “voz desde la dignidad” para manifestar su rechazo al acto de Usme, del cual fueron excluidos. Manifiestan haberse enterado por la prensa del acto público en el que participaron los máximos responsables de las atrocidades en el Casanare, “sembrando árboles en una región tan distinta y distante a la nuestra”. Este evento, aunado a la creciente frustración con el poco avance del caso que adelanta sobre la JEP sobre las ejecuciones en el Casanare, los llevó a afirmar: “después de tanto esfuerzo nos quedamos con las manos vacías, llenas y llenos de preguntas y con el dolor de las heridas reabiertas por esperar lo que no ocurrió: no tuvimos esa verdad plena, exhaustiva y detallada”.
Las voces son claras. La JEP está celebrando su sistema restaurativo, mientras que las personas victimizadas – supuestamente, el centro de la JEP – están manifestando su rechazo a lo que experimentan como injusto.
La vida personal: más allá de rol de víctima en una audiencia
La carta escrita por el grupo de ciudadanas y ciudadanos que reclaman justicia por los hechos acontecidos en Casanare es valiosísima. Es un testamento que plasma la experiencia de un grupo de personas que reivindica su ciudadanía – no el victimismo – y progresivamente demanda de manera respetuosa y sustentada lo que consideran justo. El texto expone su desconfianza inicial con la JEP y explica que sus firmantes decidieron participar por las aseguranzas que recibieron de que el proceso sería significativo para ellos. Los integrantes de esta asociación resaltan su participación en audiencias y talleres en El Yopal y le recuerdan a la JEP todo lo que tuvieron que hacer para poder cumplir con su compromiso de participar. En seguida, hablan de algo no tan común y que de hecho la gran mayoría de las personas ignora: todo lo que pasa entre sesión y sesión de trabajo en la JEP. Es decir, habla de la vida cuando no cumplen ese rol de víctimas que tanto legitima a esa jurisdicción.
En particular, se refieren a cómo vivieron después de participar en las audiencias públicas de la JEP en El Yopal. Escriben: “al final de una audiencia cargada de dolor, de drama, de lágrimas, mentiras, discursos elaborados y soberbia, nos fuimos con las manos vacías. Y nos quedamos solas y solos. Padeciendo enfermedades físicas y mentales (…), producto del esfuerzo emocional que representó la audiencia y los pobres o casi nulos resultados de esta y del encuentro privado con los perpetradores”. No conozco al grupo de Casanare, pero su carta es un gran aporte ciudadano. El grupo evidencia la indebida concentración en los momentos públicos de teatralización y ritualización de la JEP, y enfatiza la atención debida a lo largo del proceso.
Las personas con las que hablé corroboran este sentimiento. Por ejemplo, Genoveva, comparte la angustia que le producen los rituales restaurativos. Me contó, con su acento costeño: “Nos hacen talleres, nos ponen a dormir en hoteles, nos dan buena comida, nos hablan bonito (…), todo bien bonito ahí, pero se les olvida por dónde uno ha pasado, por el camino que uno ha recurrido. Es difícil. Yo he querido perseverar, porque quiero justicia, quiero saber, cómo han vivido los que le hicieron eso a mi hermano. Pero no sé hasta cuando tenga que esperar”. Manifiesta que todo es artificial y muy distante a su realidad. Además, destaca que, después de las audiencias y los talleres, queda sola y no le encuentra sentido a nada: “eso es una frustración total. Después de que uno sale de allá y llega a la región de uno, empieza lo tenaz. Empieza uno a lamentar todos los días que se tiró por allá”.
Todas estas expresiones revelan una tensión muy seria que no se considera lo suficiente: el personal de la JEP tiene todo el tiempo del mundo, lo que hace es su trabajo; pero, las personas que son el supuesto centro de la jurisdicción tienen que vivir su vida. Su participación en la JEP es solo una parte de lo que hacen y, entre las distintas sesiones ocasionales de la JEP, ellas, “las víctimas”, el supuesto centro de todo, están solas, sin apoyos.
Las voces de las personas que reclaman justicia son claras: resaltan errores y la necesidad de pasar de la retórica a la práctica. Todo lo que hace la JEP es supuestamente por ellas; ellas están diciendo que lo de la justicia restaurativa no es tan bonito como lo pintan. El reto es grande; hay que hacer ajustes para responder a las necesidades y los derechos de las personas que persiguen justicia.
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