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Aunque ustedes le habían negado la libertad, Mancuso está libre y la Corte Constitucional aún no resuelve el conflicto de competencias entre la JEP y las salas de Justicia y Paz. ¿Cuál es la competencia, en este momento, que tiene la JEP para decidir sobre los procesos del exparamilitar?
Nuestra competencia se activó por la decisión de nuestra Sección de Apelación, que dijo que la JEP sí es competente para integrar a Mancuso en las investigaciones del Tribunal Especial para la Paz y que, además, nosotros debíamos absorber todas esas investigaciones que se hicieron antes. Luego se trabó el asunto por el conflicto de competencias con Justicia y Paz y también por el Tribunal Superior de Barranquilla por el tema de la gestoría de paz. Todos esos conflictos llegaron a la Corte Constitucional, quien está resolviendo ese trámite. Para quitarle los términos técnicos al tema, y ahora que estamos en época de campeonatos de fútbol, estamos en un período de pelota detenida y los dos equipos están quietos esperando que el alto tribunal defina. Y la lentitud en el caso se da porque nadie puede tocar el balón hasta que se resuelva ese choque positivo de competencias. Esto es un trámite normal, ya cada uno decidirá con sus competencias establecidas por la Corte, eso es lo que está pasando ahora.
En el caso específico de Mancuso, ¿cuáles son esos argumentos para solicitar la competencia de sus procesos a la Corte Constitucional?
El llamado a Mancuso fue un pedido de las víctimas, no solo una idea jurídica de la JEP, que por cierto está muy bien articulada. No se puede conocer en el conflicto armado, particularmente en los últimos 20 años, la actividad de la fuerza pública si no se conecta con la actividad de los grupos paramilitares con los que actuaron. Nosotros necesitamos esa información y profundizar en esas investigaciones. Eso nos conecta con la investigación que ya había hecho Justicia y Paz, pero que aquí en la JEP ya se desarrolla como la conexión de paramilitares, fuerza pública y terceros. Por demanda de las víctimas es que estamos adelantando estas pesquisas, por eso es que se abrió esta puerta de vincular a ciertos paramilitares.
¿Eso quiere decir que han evaluado nuevos nombres del paramilitarismo para que ingresen a la JEP bajo el mismo concepto de “bisagra” con el que ingresó Mancuso?
El argumento es muy claro: la JEP no pretende sustituir la competencia de Justicia y Paz. Somos muy respetuosos de ella, pero lo que necesitamos es información muy particular sobre la conexión entre militares y paramilitares. De ahí sale la idea de “bisagra”. Buscamos llamar a ciertos líderes paramilitares ya procesados, no a la base de sus combatientes, solo a un grupo de líderes que actuaron de una manera integrada con las Fuerzas Militares para que nos cuenten cómo fue y qué alcance tuvo esa integración. Estamos hablando de tal vez 20 jefes paramilitares que a nosotros nos interesa tener por la verdad que las víctimas están reclamando a la JEP.
¿La JEP ha podido conocer algún concepto del alto tribunal en el expediente del exjefe paramilitar?
No. Esas deliberaciones son reservadas de la Corte.
Su comparecencia también está en evaluación en la Corte. En caso de que la competencia le sea negada a la JEP, ¿se vienen abajo los aportes del excomandante de las AUC ante la Jurisdicción?
No, tendríamos que encontrar otras vías. Aquí lo que está en juego, reitero, es una demanda de las víctimas por verdad, justicia y responsabilidad, que ellas sienten que todavía está incompleta. Ese escenario nos obligaría a buscar los mecanismos jurídicos que nos permitan lo que estamos buscando: acceder a la información, completar las investigaciones y atribuir las responsabilidades que son del caso. Pero, sin duda, la decisión que tome la Corte será fundamental para avanzar en esa decisión.
¿La JEP seguirá abogando por llevar los procesos de Mancuso y otros jefes paramilitares?
Sí. Los podemos llamar en diferentes calidades, como testigos, por ejemplo. Eso habría que examinarlo. Pero, sin duda, el camino que ha dibujado nuestra Sección de Apelación sería el óptimo y más directo para la Jurisdicción.
Si bien la UNP garantizará la seguridad de Mancuso “de acuerdo a su nivel de riesgo”, ¿existe algún convenio con la JEP para garantizar la seguridad del exjefe paramilitar?
Sí. Sobre la base de nosotros haber asumido la competencia del caso, también asumimos la responsabilidad de la seguridad del señor Mancuso. Los temas de seguridad están a cargo de nuestra fiscalía, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). Ellos tienen una unidad específica de protección a comparecientes y a quienes están vinculados a nuestros procesos. Desde el momento en que él llegó al país hemos estado muy pendientes de su situación de seguridad y hemos dispuesto un mecanismo de protección.
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El presidente Petro, al hablar de una constituyente, señala que se debe incluir “la verdad judicial y el perdón social para una paz definitiva”. ¿A la JEP le preocupa que esta pueda ser una referencia sobre beneficios no contemplados en el Acuerdo de 2016 para comparecientes?
La JEP es un organismo creado dentro de un proceso de paz para lograr la reconciliación. Cualquier discusión respecto a estos temas nos interesa y nos preocupa, en el mejor sentido. Colombia ha sido muy exitosa en términos de negociaciones de paz. El proceso con el M-19 y otros grupos condujo a la desmovilización, e incluso, llevó a que el mismo presidente de la República y buena parte del equipo de gobierno hayan sido parte de una negociación de paz. La negociación con las FARC convirtió a Comunes en un actor político integrado a la democracia. Somos muy buenos en la construcción de paz y tenemos muy buenos ejemplos de negociación. En lo que somos muy malos es en las garantías de no repetición. A pesar del éxito de esos procesos, el país recurre una y otra vez a la violencia.
Pongo todo este contexto porque lo que plantea el presidente es cómo vamos a lograr avanzar en un proceso de paz estable que garantice que no habrá repetición de conflictos. Eso puede basarse en diversas formas de discusión pública y una de las posibilidades es envasar eso una discusión constituyente, lo cual depende de muchas variables, pero el tema clave a resolver es cómo vamos a estabilizar la paz en el país, a través de qué mecanismos y cómo tratar de ser exitosos en algo que no lo hemos logrado.
Antiguos miembros del Secretariado de las FARC han planteado un “tribunal de cierre”, por supuestos incumplimientos de la JEP en la implementación del Acuerdo de Paz, una idea en la que también ha insistido el presidente Petro. ¿Cuál es su posición frente a ese eventual escenario?
La JEP fue diseñada en el marco del Acuerdo de Paz para resolver el tema de las antiguas FARC, los militares y algunos terceros. Y se ha demostrado que ese diseño funciona. Ahora, la Jurisdicción no fue diseñada para resolver los otros conflictos armados caminando. Entonces esa es una discusión que hoy en día es válida. ¿Qué va a pasar con el ELN? ¿Qué va a pasar con las disidencias de las FARC? ¿Qué va a pasar con los paramilitares? La JEP no tiene una respuesta, pues no fue creada para eso. Si lo que tratamos es de coger el diseño de la JEP y forzarlo para que resuelva todos esos problemas, lo que haríamos es romperla. Nosotros tenemos unas capacidades y un diseño muy específico, y con mucho esfuerzo estamos cumpliendo los objetivos para los que fue prevista, en los tiempos en los que fue previsto.
Esa discusión sobre el futuro de la justicia transicional está abierta. Desde el comienzo hemos dicho que esto no es tan fácil como abrir o expandir la JEP. De hecho, los mecanismos con los que se creó la Jurisdicción impiden que esa ampliación esté al alcance de la mano porque, a buena hora, las instituciones del Acuerdo de Paz fueron incorporadas a la Constitución y la Corte Constitucional blindó la JEP. De manera que cualquier modificación a la Jurisdicción se le escapa al gobierno, pues no es una decisión que podría tomar de manera autónoma, es más bien una decisión que podría tomar el Congreso de la República, no a través de leyes, sino a través de una reforma constitucional que además tendría complejidades. Estamos haciendo bien nuestro trabajo y queremos terminarlo como es.
¿En la reunión que sostuvo esta semana con el presidente Petro se puso sobre la mesa el tema de una constituyente o se habló cuál sería el papel o el futuro de la JEP con esta propuesta?
Fue un diálogo de trabajo colaborativo entre los poderes. Ahí hay puntos que siempre están en el medio: independencia y respeto entre los poderes que nos hacemos contrapeso. La democracia está diseñada para que los poderes no estén de acuerdo. Los poderes se contradicen entre sí para controlarse y eso a veces produce roces y desencantos porque estamos hechos no para estar de acuerdo, sino, reitero, para establecer control. Fue una reunión que tenía como fin firmar esa condición. No se discutió el tema de la constituyente que, entre otras cosas, no es competente del poder judicial. Decidir si va a haber o no Asamblea Nacional Constituyente es una decisión del gobierno de proponerlo y del Congreso de darle viabilidad.
¿Qué opinión le merecen las propuestas que ha hecho el presidente ante el Consejo de Seguridad de la ONU para la correcta implementación del Acuerdo de La Habana, teniendo en cuenta que la JEP es producto de esa negociación de paz?
Cada gobierno debe establecer una relación con los acuerdos. Ese fue uno de los temas que le correspondió abordar a (el expresidente Iván) Duque, quien elaboró la idea de paz con legalidad. Petro lo desarrolla en el tema de la paz total. En este momento, lo que presenciamos a la mitad del gobierno del presidente Petro es una madurez del desarrollo de esa política respecto a cumplir el Acuerdo de Paz. Celebramos que el gobierno manifiesta una preocupación más expresa para ese cumplimiento. Eso lo podemos ver también en las manifestaciones del recién nombrado ministro del Interior (Juan Fernando) Cristo, quien menciona un plan de choque para cumplir los acuerdos; nosotros somos parte de ese acuerdo, entonces bienvenido el plan de choque.
El presidente fue a la ONU a suscitar el acompañamiento internacional en temas tan críticos como la seguridad de los comparecientes, en la que nosotros somos los primeros protagonistas. Nosotros abrimos un mecanismo de medidas cautelares, nuestra sección de Ausencia de Reconocimiento lleva tres años haciendo seguimiento al gobierno en el cumplimiento de las garantías de seguridad de los firmantes. Esos son todos temas comunes, entonces no tenemos cosa distinta que celebrar que haya ese compromiso del gobierno con los acuerdos del 2016.
¿Qué puede decir de la solicitud que elevó el presidente Petro ante la ONU para extender el Acuerdo de Paz por siete años más?
Esa expresión es reciente, antes no se había hablado de esas extensiones y habrá que verla con cuidado. Nosotros hemos considerado que la estricta temporalidad de las instituciones del acuerdo, comenzando por la misma JEP, es una garantía fundamental. Estas instituciones no están destinadas a permanecer en el tiempo porque se trata de medidas excepcionales para abordar los problemas del conflicto y consolidar la reconciliación. Parte de la virtud que esto tiene es que esa intervención tenga un límite en el tiempo y que pueda resolver los problemas jurídicos en ese tiempo que fue destinado.
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Una de las mayores críticas a la labor de la JEP es la demora en las primeras sentencias. ¿Qué responde a esos cuestionamientos?
Estamos muy cerca de producir nuestras sentencias, pero quisiera advertir que el resultado del trabajo de la JEP no es únicamente los fallos. Eso es una parte del proceso, pero todo lo que hay detrás de esas decisiones se ha cumplido. Tenemos muchas investigaciones concluidas. Y lo más importante: el 90% de nuestros comparecientes han reconocido su responsabilidad y han comenzado a hacer sus procesos restaurativos. Este es un sistema que va funcionando.
El antiguo Secretariado de las FARC ha interpuesto recursos de reposición y apelación de algunas decisiones de la JEP, señalando que es su derecho a defenderse. Con todo eso de por medio, ¿sí habrá fallos este año en el caso 01?
Me gustaría excluir el lenguaje de las demoras. En este proceso llevamos más de seis años y, en el caso 01, se trata de una investigación de 20.000 secuestros de las FARC, donde los máximos responsables, que son los miembros del Secretariado, han aceptado su responsabilidad. Eso tiene muy pocos precedentes en el mundo, donde los miembros de una guerrilla reconozcan su responsabilidad por crímenes de guerra y lesa humanidad, es un logro enorme. Mal se podría decir que el hecho de que los abogados de los comparecientes presenten recursos es una demora, un recurso es una garantía a la que tienen derecho y están ejerciéndola, y tendrá que tomar el tiempo que tome, porque son asuntos complejos como la reposición para revisar la imputación por esclavitud, esas son palabras mayores.
Lejos de creer que es un proceso demorado, quiero destacar que es un proceso complejo, pero con todas las garantías. Los miembros del secretariado tienen un aparato de defensa que, además, nosotros proveemos. Su defensa la financia el Estado a través de la JEP, más sus abogados de confianza. Era previsible que se presentaran esos recursos, y lo que está haciendo nuestra Sección de Apelación es revisarlos. Eso toma un tiempo. Esperábamos que las sentencias estuvieran entre finales de este año y principios del siguiente, y se ha inclinado más para el próximo año. Un proyecto de siete años para resolver 20.000 secuestros en un solo caso, con todo respeto por los colegas de otras jurisdicciones, no tiene precedentes en la administración de justicia nacional ni en el mundo.
¿Eso no demuestra una sobrecarga en la Jurisdicción?
En general, la labor de administración de justicia es sobrecargada, tanto la ordinaria como la transicional. Pero la nuestra mucho más, porque aun no teniendo los millones de casos que tiene la justicia ordinaria, nosotros tenemos que abordar los asuntos de investigación de los casos más relevantes del conflicto. No solo investigamos y sancionamos a los máximos responsables de los crímenes más graves, sino, al mismo tiempo, concedemos amnistías y resolvemos la situación jurídica de todos los que se sometieron a la JEP. Todo esto está corriendo mientras adelantamos pesquisas en los 11 macrocasos.
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La JEP se sumó al rechazo de las supuestas chuzadas contra magistrados de las altas cortes. ¿Hay sospechas de que las comunicaciones magistrados de la Jurisdicción están siendo intervenidas?
Ese es un tema que preocupa a todas las instituciones. Nosotros tuvimos denuncias en 2019 de inicios de seguimientos a magistrados, que pusimos en conocimiento de la Fiscalía. Hemos tenido algunos eventos que han causado que algunos miembros de la Jurisdicción sientan que puedan estar monitoreados y lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades competentes. Hemos tenido una respuesta de la Fiscalía que ha tomado cartas en el asunto recientemente.
¿Han puesto nuevas denuncias sobre estos presuntos seguimientos?
Pusimos un recurso más reciente de hechos del año pasado y algunos este año, en particular de unos comportamientos irregulares en nuestros sistemas de comunicación, eso se está revisando.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
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