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“Solo me quedan dos años”, expresó el presidente Gustavo Petro este viernes, llevando a las palabras una preocupación que será central en el tercer año de este Congreso, que comenzará este 20 de julio. Con esto en mente, y el hecho de que solo una de sus grandes reformas fue aprobada en el Legislativo en dos años, la Casa de Nariño busca revitalizar el “acuerdo nacional” que había calificado como “carreta” hace unos meses.
Con un nuevo ministro del Interior para que haga las labores que permitan concretar este objetivo, el mandatario tiene algo claro: en lo que le resta a su mandato tendrá que lograr que el “cambio” que prometió se materialice con la aprobación de sus proyectos legislativos, y eso será lo que tratará de plantear este sábado, cuando se instalen las sesiones en el Capitolio. Esto ocurrirá después de que Petro asista al desfile militar, que este año, por instrucción del jefe de Estado, irá para el sur de Bogotá y que ocurre al mismo tiempo que las marchas en las que el campesinado presionará para una cirugía al sistema agrario, impulsadas por la Casa de Nariño.
Juan Fernando Cristo llegó a reemplazar a Luis Fernando Velasco, quien salió del cargo en el Ministerio del Interior asegurando que no existía un “bloqueo institucional” contra las iniciativas del presidente y salpicado, presuntamente, por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que le ha valido incluso una investigación por parte de la Fiscalía a su nombre. Cristo asumió el puesto en un remezón ministerial que sacó a cinco de sus ministros, que salieron además entre regaños por baja ejecución presupuestal y tres proyectos importantes hundidos en el Legislativo: la reforma a la educación, a la salud y la ley ordinaria para la Jurisdicción Agraria.
“Si no puede, dé un paso al costado, alguien asumirá a pelea. Ni siquiera sé quién, pero alguien va a asumir la pelea. Son puestos de combate. Yo los llamo puestos rojos, porque el peligro no es solo que le monten a uno un proceso, sino que le puedan meter un tiro”, afirmó el mandatario este viernes, en un llamado de atención a sus ministros.
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Aunque llegó hace casi dos semanas, una de las tareas en la agenda sería movilizar el “acuerdo nacional”, un término que parecía ser la “valeriana”, como él mismo ha dicho, necesaria para calmar al país en medio del discurso de una posible constituyente que agitó el debate entre oficialismo y oposición. A eso se sumaría aprobar el plan de choque para la implementación del Acuerdo de Paz. El primer paso fue una reunión con la Federación Nacional de Departamentos (Fededepartamentos), en donde la cabeza de la organización, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, destacó la disposición de algunas regiones para trabajar en alcanzar ese diálogo.
“Quienes repetimos mandato y tuvimos la oportunidad de trabajar con él, somos testigos de su liderazgo y del talante de consensos que tiene para liderar esta cartera en este momento crucial del país”, afirmó el gobernador.
A ese encuentro, en el que mandatarios locales no dudaron tampoco en mostrar su descontento por la posibilidad de una constituyente asomándose después del acuerdo nacional, le siguió una reunión con el Consejo Gremial esta semana. Allí, Cristo le ofreció al sector privado la posibilidad de participar, con un grupo de trabajo, en la formulación de la agenda legislativa que llevará el Gobierno al Congreso, especialmente en temas como la autonomía territorial, la reactivación económica, la generación de empleo y la seguridad.
“Como gremios de la producción, le ratificamos al ministro Juan Fernando Cristo que deberíamos hacer todo lo posible para que a Colombia le vaya bien, y le pedimos que llegue con un ánimo de concertación más marcado, incluyendo la capacidad de llevar a cabo debates democráticos profundos con elementos técnicos de valoración económica. Fue una reunión abierta y sincera”, dijo Bruce Mac Master, el presidente del Consejo Gremial y de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). En mayo, Mac Master había invitado al presidente a plantear un pacto nacional y había señalado su preocupación por el estado económico del país.
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Este miércoles, la cita fue con organizaciones sindicales, a las que recibió en el Ministerio para plantearles lo mismo que les había dicho a los gremios, con tres representantes que estarían en la mesa de diálogo para construir las reformas sociales para presentar en el Congreso, y a invitarlos a participar en la implementación del plan de choque. La última en la fila fue Asobancaria, en donde las empresas privadas, quienes le han tenido cierto recelo a Petro, afirmaron estar dispuestas a respaldar el diálogo para la implementación del Acuerdo de Paz y la reactivación económica.
“Valoramos ese talante democrático del ministro Cristo, propendiendo por el diálogo, una invitación abierta, refrendando a su vez el mensaje del presidente Gustavo Petro, de sentarnos a dialogar y construir un gran acuerdo nacional donde el sector privado juega un papel muy importante”, aseveró Jonathan Malagón, el presidente ejecutivo de Asobancaria.
Aunque con cierto guiño de algunos sectores para avanzar en ese acuerdo que parecía haber quedado en el olvido, faltaría uno de los actores clave: el Congreso. La invitación la hará el mismo mandatario este 20 de julio, cuando dé el discurso para instalar las sesiones del Legislativo, pero desde ya el camino está fracturado, pues el mismo Petro no ha dudado en acusar a los congresistas de sabotear al “gobierno del cambio”.
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La oposición ha dicho estar abierta a participar en un diálogo nacional, aunque señalan que nunca ha habido una verdadera invitación por parte del presidente, quien buscaría, según ellos, la “imposición” de sus proyectos. Una muestra de esto habría sido la aprobación de la reforma pensional “a pupitrazos”, demandada por la senadora Paloma Valencia y los representantes Christian Garcés y Óscar Villamizar (todos de Centro Democrático) en tres instancias diferentes por inconstitucionalidad.
La única gran reforma de Petro solo pudo ser aprobada por el Congreso después de dos años. El temor del mandatario es que el proyecto del progresismo no se materialice se agudiza cuando es probable que en la presidencia de Senado y Cámara— que se disputa entre Katherine Miranda y Jaime Raúl Salamanca, quien es el candidato que apoya el Gobierno— lleguen congresistas que no se alinean con la Casa de Nariño y aumenten las instancias de control político. Además, todavía queda la expectativa por una agenda legislativa que no está clara por el lado del Ejecutivo.
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