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El tercer año de este legislativo comenzará (y también cerró) con nuevas revelaciones en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y varios proyectos por radicar por parte del Ejecutivo, aunque aún sin fecha para hacerlo. La nueva legislatura plantea desde ya doce meses de choques entre el Capitolio y la Casa de Nariño por las reformas que todavía quedan pendientes de parte del mandatario y también con un control político que se podría ajustar con las nuevas cabezas de las presidencias de Senado y Cámara.
La bancada del oficialismo tendrá su primera reunión con la Casa de Nariño el próximo 22 de julio, en el que se espera que se definan cuáles serán los proyectos a radicar en la próxima legislatura. Además, los congresistas podrían poner otro tema en la mesa: el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. No es secreto que algunos legisladores alineados con el Gobierno han mostrado cierto descontento por no estar tan enterados de lo que ocurre en la residencia del presidente, específicamente, en los proyectos de ley que luego tendrán que apoyar cuando sean radicados. La línea que seguirá el presidente en los próximos discursos la suelen detectar como el resto de los colombianos: por medio de los discursos e intervenciones de Petro.
La principal queja que se ha escuchado en los pasillos del Capitolio es que muchos congresistas del oficialismo solo conocen los proyectos de ley cuando son radicados, lo que dificulta el funcionamiento de la propia bancada del Gobierno y la organización de estrategias para lograr los votos. El llamado es claro: desde el Congreso le piden al Ejecutivo de que se asegure de contar con el respaldo necesario antes de presentar un proyecto ante cualquiera de las dos cámaras, en lugar de hacer las cosas en el camino.
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Lo cierto es que por el lado de la Casa de Nariño hay pocas cosas claras sobre cuáles serán las fechas en las que se presentarán ciertos proyectos. Lo que sí afirma con seguridad el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, es que la reforma laboral— que hasta ahora pasó el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara— y la reforma a la salud, cuyo último intento fue hundido en la Comisión Séptima del Senado, sería aprobadas antes de que este año finalice.
Por el momento, los únicos proyectos que seguramente se presentarán por parte del Gobierno son la reforma a los servicios públicos, a la educación— además de la Reforma Integral a la Ley 30 de 1992—, al Sistema General de Participaciones y una actualización al Código Minero. Por el lado del oficialismo, los esfuerzos estarán puestos en la reforma laboral, que deberá ahora tomará el papel central que ocupó la reforma pensional en la legislatura pasada. La que quedaría pendiente sería una reforma a la justicia, sobre la que congresistas no tienen certeza de si se presentará.
En recintos como el Senado es en donde más se han dificultado esas negociaciones para poder avanzar en la aprobación de los proyectos del Gobierno. Mientras la reforma pensional logró concertarse con acuerdos con algunos congresistas de la bancada liberal, que incluso asistieron al evento de la sanción de la nueva ley, la iniciativa de la educación se cayó por tras un diálogo con la oposición que fue fútil para lograr agendar el debate en la plenaria. Con la muy posible llegada de Efraín Cepeda a la presidencia de la mesa directiva, sería de esperarse que continúen los choques entre el Senado y el presidente, que fueron notorios en la legislatura pasada.
“Este proyecto de ley [la reforma pensional] nos costó dos años aprobarlo. A un señor ahí, Name, se le ocurrió que yo tenía que ser el enemigo, que cómo era posible que se le aprueben los proyectos a este Gobierno, porque qué peligro, el pueblo puede volverlos a elegir en el año 2026”, aseveró el presidente este jueves.
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Concretar negociaciones sería una de las labores a las que llegará el tercer ministro del Interior de este mandato presidencial, quien se estrenó con los diálogos para poder llegar a un “acuerdo nacional” que ha planteado el presidente para aprobar las reformas sociales. Hasta el momento, los encuentros han contado con la presencia de algunos senadores del oficialismo, pero la oposición no ve con tan buenos ojos su arribo a ese ministerio.
“El ministro Cristo llega para este segundo tiempo, además con muy baja credibilidad. Tres semanas antes de posesionarse como ministro había dicho que la constituyente era inviable y era inconveniente para el país. Apenas llegó no tuvo ningún problema en cambiar de opinión para darle contentillo a su nuevo jefe”, afirmó el representante Andrés Forero (Centro Democrático).
Además de este acuerdo, Cristo tendrá que afrontar la negociación con el Capitolio para poder aprobar el plan de choque para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, delineado por el presidente en su paso por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hasta ahora, la oposición ha dicho que será un muro de resistencia para los ocho puntos clave para la implementación de este plan, entre ellos, un fast track para que permita cambiar la legislación existente en temas de integración del territorio y aprobar una Reforma Agraria Integral, entre otros.
“Es un procedimiento que nos llevaría a reducir los plazos de tiempo para cumplir con efectividad el Acuerdo de Paz firmado. Lo vamos a presentar a la sociedad colombiana y al Congreso, pero quisiéramos dejarla aquí, refrendada ante ustedes como parte de la declaración unilateral”, afirmó el mandatario ante la ONU.
Sumado a lo que ya está pendiente en lo legislativo, la agenda política será fundamental en el enfrentamiento que existe entre el Congreso y el mandatario. El tema de la Asamblea Nacional Constituyente, que generó inicialmente una ola de rechazo y ahora el Gobierno suaviza por medio de llamados a un “acuerdo nacional” que podría o no desembocar en un proceso para cambiar la Carta Política, será uno de los primeros temas en la mente de los legisladores cuando se trate de las reformas sociales que prometió el presidente en su campaña.
“Yo no creo que se vaya a radicar una iniciativa legislativa para una constituyente. Uno, porque creo que ni siquiera dentro de la bancada de Gobierno es claro qué es a lo que se está denominando como constituyente, toda vez que en algunas ocasiones el presidente lo que ha dicho es que su llamado es a fortalecer el poder constituyente, que somos todos los ciudadanos en Colombia”, dijo Martha Alfonso, representante de Alianza Verde. “Pero en otros escenarios, el presidente ha dicho que cree que hay que hacer una reforma constitucional que nos permita mejores garantías en materia de descentralización, salud, de pensión, y eso ha ido avanzando en reformas. Yo creo que lo primero que tiene que hacer es ese diálogo nacional antes de cualquier iniciativa”, agregó.
Más allá de eso, los congresistas resienten la presión por parte del mandatario, que han llamado incluso una violación a la separación de poderes, para aprobar sus proyectos. Ese “diálogo” que ha propuesto Petro entre sectores y que, incluso, será uno de los puntos de su discurso el próximo 20 de julio, no lo ven tan factible los legisladores, quienes han recordado al presidente que “el Congreso no es un empleado del presidente”, como aseguró el senador David Luna (Cambio Radical).
“Jamás odiaremos a nadie que se nos oponga. Siempre lo respetaremos. Pero es el momento de dialogar. No sobre cómo se detiene al Gobierno del Cambio. No es deteniéndonos como seremos mejores, sino cómo es que construimos el cambio hacia adelante”, aseguró el mandatario el martes. Y añadió que “no podemos tener miedo. A los senadores les digo, a los congresistas, a la ciudadanía, escojamos la nueva política, no la que se arrodilla. Perseveremos, dialogaremos todo lo que sea posible”
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Por ahora, la mirada está puesta en las mesas directivas, que, al menos desde la oposición, esperan que dirijan la orquesta para continuar con una agenda en la que se esperan más llamados al orden hacia funcionarios del gobierno Petro. Con Cepeda casi que seguro en la presidencia del Senado, todavía faltará la decisión en la Cámara, por la que se pelean Katherine Miranda (cercana a la oposición) y Jaime Raúl Salamanca (del ala gobiernista), y que definirá cuál será el rumbo que tomará la plenaria en la que el Gobierno tiene las mayorías.
Aunque mociones de censura quedaron pendientes en la legislatura pasada, entre ellos, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho; la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez; y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; ahora el foco está sobre el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien, según afirmó Olmedo López, el exdirector de la Ungrd, estaría involucrado en la red de corrupción y ya ha recibido llamados por parte de congresistas para que renuncie a su cargo.
Las nuevas revelaciones de López salpicarían a más congresistas, que se suman a Andrés Calle (Partido Liberal) y a Iván Name (Alianza Verde), quienes salen de sus respectivas mesas directivas con una investigación en la Corte Suprema a sus nombres. Wadith Alberto Manzur, Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez, Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde), Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de la U) y Karen Astrith Manrique Olarte (CITREP) son los nuevos nombres en el Congreso, que suman a la incertidumbre de lo que ocurrirá en esta legislatura.
Este mes de receso legislativo ha dejado algunas cartas claras para el Congreso, en el que, tanto oficialismo como oposición, planean estrategias con miras al 2026. Este año, en el que también tendrán que prepararse para su propia relección, se alinearán filas para formar proyectos políticos que venzan el del Gobierno o, por su parte, que permitan mantener al progresismo en el poder.
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Por María José Barrios Figueroa
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