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Cocaína, marihuana, blindajes falsos y hasta transporte de celebridades. Estos son algunos motivos que han dejado mal parada en los últimos años a la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de brindar seguridad a quienes sean víctimas de amenazas graves. A estos escenarios se ha sumado uno nuevo: el transporte irregular de miembros de las disidencias de las FARC, conocida como Estado Mayor Central (EMC). El pasado martes 23 de julio, el Ejército encontró durante un puesto de control en Antioquia que al interior de siete camionetas de la Unidad se movilizaban 18 miembros de esa guerrilla que viajaban en caravana. Entre los detenidos estaba Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder de una facción de ese grupo armado al margen de la ley que se ha mantenido en la mesa de negociación con el gobierno de Gustavo Petro.
Fuentes que han seguido de cerca el asunto, tanto de la Fiscalía, como de la propia UNP, señalan que de los 18 integrantes del EMC que viajaban en los vehículos, siete de ellos fueron capturados, algunos en flagrancia por porte ilegal de armas, y otros porque, sencillamente, la Fiscalía los tenía bajo la lupa y había emitido órdenes de captura en su contra. Sin embargo, algunos como Calarcá y otros dos disidentes, salieron libres a las pocas horas, pues el ente investigador frenó la persecución penal que recaía sobre sus hombros por seguir al frente de los diálogos de paz. Este hecho se agrega a una lista de eventos en los que la UNP ha sido protagonista y que ha puesto a su director, Augusto Rodríguez, a dar explicaciones más de una vez.
Sin ir muy lejos, el pasado 22 de julio, Ronald Rodríguez Rozo, exsubdirector de la entidad, quedó en libertad por orden judicial, luego de estar más de un año privado de su libertad en la cárcel La Picota, en Bogotá. La decisión responde a un vencimiento de términos, pues, desde que la Fiscalía presentó escrito de acusación en su contra, nunca se fijó una fecha para la etapa de juzgamiento. Rodríguez Rozo fue acusado en octubre de 2023 por el delito de concierto para delinquir por, al parecer, haber aprovechado su cargo en la Unidad para gestionar el transporte de cocaína y marihuana a través de vehículos institucionales e, incluso, desde los de su propio esquema de seguridad. El ente investigador fue más allá y señaló que el exsubdirector haría parte de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes.
Las pesquisas que ha adelantado la Fiscalía sobre este caso apuntan a que Rodríguez Rozo se habría aliado con el expolicía Manuel Antonio Castañeda, más conocido como el “narcochofer”, para evadir los puntos de control en varias carreteras del país, gracias a los blindajes de los vehículos y, así, hacer el camino fácil para el transporte de la droga. El escándalo estalló el 10 de diciembre de 2022, cuando Castañeda fue capturado en un retén en las carreteras de Caloto (Cauca) con más de 168 kilos de cocaína al interior de una camioneta que pertenecía al esquema de protección del entonces funcionario. “Para realizar estas conductas dentro de la organización criminal le correspondía (…) aportar el medio de transporte, el cual lo realizaba aprovechando su condición de funcionario público de la UNP”, dijo para entonces la fiscal del caso.
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En la acusación en su contra, el ente investigador señaló tener pruebas de que varias entregas de estupefacientes fueron coordinadas entre Castañeda y Rodríguez entre octubre de 2018 y septiembre de 2022. De acuerdo con las pruebas recopiladas contra el funcionario, al parecer habría gestionado la entrega de cocaína y marihuana en departamentos como Caquetá, Valle del Cauca, Bolívar y Huila, todos llevados en vehículos institucionales. El ente acusador también lo investigó porque, presuntamente, en agosto de 2022 coordinó con Castañeda que una camioneta de la UNP acompañara el traslado de una tonelada de marihuana que era llevada en un camión con destino a Florencia (Caquetá), para evitar ser detenido por las autoridades.
Dentro de la investigación contra Rodríguez Rozo y el denominado “narcochofer”, la Fiscalía también encontró que el exsubdirector, supuestamente, le alquiló de forma ilegal camionetas de la entidad al cantante Felipe Peláez. Los hechos ocurrieron, según el ente investigador, en mayo de 2023, cuando el cantante fue recogido en el aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y llevado a Tunja, Boyacá. Por estas movidas cobró $600.000. En otro hecho similar, el cantante fue transportado de Bogotá al departamento del Tolima. Cobró $900.000.
El transporte de drogas en vehículos institucionales es una práctica que también le pescaron las autoridades a Arlez Porras Gómez, quien se hacía llamar Yesid Guevara, el pasado 23 de febrero. El alias que reemplaza su nombre se debe al seudónimo que utilizó cuando perteneció a la guerrilla de las FARC. Porras Gómez fue jefe del octavo frente de ese grupo armado y líder de la columna móvil Daniel Aldana. Se desmovilizó en 2016, luego de firmar el Acuerdo de Paz entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla. De ahí que la UNP le hubiera asignado un esquema con una camioneta y dos escoltas, quienes también fueron a parar a la cárcel pues, junto al excombatiente, llevaban 74 kilos de cocaína al interior del vehículo, cuando fueron detenidos en Sevilla (Valle del Cauca).
Otro asunto que generó preocupación para quienes solicitan los servicios de protección de la Unidad, más precisamente para un total de 150 líderes sociales, fue que algunos de sus vehículos en 2022 fueron entregados con blindajes falsos. Algunos líderes denunciaron que tan solo algunos vidrios de sus camionetas tendrían esta barrera contra proyectiles. El mismo director de la UNP, Augusto Rodríguez, luego de que el tema causara revuelo, denunció que varios de estos vehículos tenían este problema, al cual se sumó otro mayúsculo: la Unidad estaba pagando tarifa de blindados completa, pero los esquemas en esta materia eran insuficientes. La Procuraduría abrió una investigación preliminar por estos hechos, de la cual no hay avances.
Así pues, la captura de siete disidentes del EMC el pasado martes 23 de julio, configura un nuevo evento que compromete a vehículos de la Unidad que tiene como fin proteger a quienes reportan amenazas contra su vida. No es un tema menor, teniendo en cuenta que, desde hace al menos dos años, la entidad ha estado en el centro de las críticas por elementos insuficientes en el blindaje de sus camionetas y que, incluso, funcionarios de alto nivel al interior de la UNP han estado ad portas de la cárcel por delitos de narcotráfico. El director Rodríguez ha puesto en evidencia esta y más situaciones, pagando el precio del buen nombre de la entidad, a cambio de limpiar la corrupción interna.
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