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En la tarde de este 23 de julio, un puesto de control del Ejército ubicado en la vía que de Anorí conduce a Medellín, retuvo una caravana de siete camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que transportaban a 18 disidentes de las FARC. Se trataba del núcleo a las órdenes de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, en el que también se transportaba a su compañera sentimental Diana Carolina Rey, alias Erika. La comandancia del famoso Bloque Jorge Briceño del denominado Estado Mayor Central (EMC) estaba en esa caravana, tras, al parecer, cumplir con labores de diálogo con otras facciones disidentes ubicadas en el Catatumbo de Norte de Santander. Calarcá justamente ha tomado el liderazgo de las negociaciones de paz del EMC con el gobierno de Gustavo Petro, uno que vuelve a quedar bajo dudas.
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Alias Calarcá, los otros jefes y los disidentes acompañantes fueron trasladados al Batallón del Ejército ubicado en Bello, como lo exigen los protocolos ordenados a la fuerza militar por parte de Presidencia. Allí, se les realizó una requisa, dando como resultado la incautación de una camioneta Mitsubishi, un chaleco antibalas, $60 millones en efectivo, dos computadores portátiles, un teléfono satelital, memorias USB y dos pistolas calibre 9 mm, según la versión oficial, que deja por fuera las filtraciones sobre el hallazgo de oro. La situación es tan compleja que el Ministerio de Defensa anunció la captura de siete de los 18 disidentes, la Fiscalía agregó que tres quedaron en libertad porque tenían suspendidas sus órdenes de captura y los negociadores de paz de ese grupo armado denuncian que las medidas son injustas y peligrosas para el proceso.
Para empezar a desenredar el asunto cabe decir que alias Calarcá no solo tiene derecho a desplazarse por el territorio nacional, sino que también, por disposición del Ejecutivo, es beneficiario de un esquema de protección asignado a los negociadores del bloque Jorge Briceño. Como le confirmó la UNP a El Espectador, “ellos no tienen protección individual. El esquema para el sector del EMC que está negociando la paz con el gobierno es colectivo y ellos tienen que hacer uso de este. Tienen un número limitado de vehículos, chalecos, personas de protección y botones de pánico. Ellos, de común acuerdo con los negociadores del gobierno destinados, deben informar las rutas de desplazamiento. Igual ocurre con el ELN, la Segunda Marquetalia y los Comuneros del Sur”, le dijo a este diario una fuente interna de la Unidad.
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Lo segundo, con respecto a Calarcá, es que el pasado 16 de febrero la Fiscalía firmó la suspensión de sus órdenes de captura, a propósito de las negociaciones adelantadas y a petición del Alto Comisionado para la Paz. En esa misma decisión se cobijó con el beneficio administrativo a Ciro Alfonso Romero, alias Wily, delegado en la mesa de conversación con el gobierno. Para ese momento, febrero pasado, las negociaciones de paz estaban encaminadas con el EMC, incluyendo la presencia de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, jefe del Frente Primero con amplia presencia en el Cauca. La violencia sostenida en esa región durante el semestre ha hecho que Mordisco se convirtiera objetivo de una ofensiva militar de la cartera de Defensa, mientras Calarcá toma la vocería ante el gobierno en nombre de algunas de las facciones disidentes de Meta, Guaviare, Caquetá y Tolima.
La Fiscalía suspendió la persecución penal a alias Calarcá y, hasta el momento de la retención en carretera, solo lo había hecho a través de resoluciones a favor de Jesús María Restrepo, alias Panda, líder político de la Jorge Briceño, y Erlinson Echavarría Escobar, alias El Ruso, otro de los líderes disidentes. A este último se le encontró una de las armas incautadas, pero, sobre él, la fiscal general Luz Adriana Camargo firmó un oficio de último momento, a las 7:40 p.m. de ayer, para recodarle a sus fiscales en Medellín que la suspensión de las órdenes de captura en su contra también lo cobija si comete delitos en flagrancia. Es decir, no habrá penalización alguna por portar un arma de fuego y, de hecho, la fiscal ordenó su liberación inmediata. Hasta el momento, la fiscal general no aclara si el alcance de la flagrancia también aplica para delitos violentos.
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La información oficial de las Fuerzas Militares es que solo tres de los 18 disidentes tenían sus órdenes de captura suspendidas. Y, pasado un día, ninguna de las autoridades ha explicado por qué y cómo el esquema de la UNP asignado a esa facción disidente terminó siendo utilizada por los otros miembros de la organización criminal, más de una decena, que sí contarían con órdenes de captura vigentes. Entre ellos, Edgar de Jesús Orrego, alias Firu y cabeza del bloque Jorge Briceño. Según la orden de aprehensión conocida por El Espectador, emitida por el Juzgado Tercero Municipal de Garantías de Antioquia, este hombre de 39 años le debe a la justicia respuestas por los delitos de terrorismo, hurto, concierto para delinquir, homicidio agravado, porte de armas, utilización ilegal de uniformes e insignias.
Las Fuerzas Militares también pusieron a disposición de la Policía y a la Fiscalía, por no hallar suspensiones de sus procesos, a Omar Delgado Novoa, alias Hermes Boyaco y líder del frente John Linares; Juan Antonio Agudelo Salazar alias Urías Perdomo y líder del Frente Rodrigo Cadete; Wenser Yosony Duque, alias Oliver González y líder del frente Raúl Reyes; María Alejandre Ojeda Londoño, portadora de la otra arma; y alias Erika, pareja de Calarcá y delegada del Frente Carolina Ramírez. El proceder de la justicia, según el Código Penal, es que sean presentados ante un juez de Garantías de Medellín, ante el cual la Fiscalía solicite la legalización de su captura y posterior imputación. De su potestad es solicitar medida de aseguramiento como privación de la libertad en cárcel.
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Sin embargo, este diario consultó a Camilo Gonzáles Posso, negociador del gobierno con el EMC para conocer detalles del minuto a minuto que se viven con las capturas. En diálogo con Colombia +20, explicó que, de los 18 disidentes retenidos, 12 son de especial interés del Ejecutivo porque son negociadores directos de la paz. Y, en sus cuentas, únicamente pesa orden de captura vigente contra alias Firu. En sus palabras, además, las otras seis personas del grupo de disidentes retenidos eran acompañantes, incluso con un permiso especial de tránsito por Colombia de 45 días. Aun así, develó que las capturas fueron gestionadas por la Policía y la Fiscalía en razón a la situación de flagrancia en la que se encontraron, al cargar consigo dinero en efectivo, material bélico, armas de fuego y elementos considerados propios de la guerra en Colombia, como memorias y equipos de telecomunicación.
A este embrollo hay que sumarle que Carlos Eduardo García, alias Andrey Avendaño, jefe negociador del EMC, una voz poderosa en el Catatumbo y quien suele tomar vocería ante la opinión pública, esta mañana denunció que los líderes políticos solicitaron hace meses la suspensión de las órdenes de captura de los ocupantes del vehículo al Alto Comisionado para la Paz. “Los camaradas que se trasladan en los vehículos hacen parte de nuestra delegación en la mesa de diálogos que adelantamos con el Gobierno Nacional (…) Si presentan inconvenientes jurídicos es producto de la falta de voluntad política del Gobierno, ya que desde el pasado 17 de mayo del año en curso enviamos a la OACP la solicitud”, señaló.
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Así las cosas, depende de la Fiscalía avanzar en el proceso judicial con quienes, según la información recolectada, no tendrían beneficios administrativos en el marco de la paz total y, aparte, fueron encontrados cometiendo delitos flagrantes, en camionetas del Estado destinadas para la protección de los colombianos amenazados. De fondo, además, está el avance de los diálogos de paz justo con la facción del EMC que mayor interés estaba mostrando en conversar con el gobierno nacional y que se estaba desmarcando de Iván Mordisco, quien tiene el mismo poder de decisión de alias Calarcá. La UNP responde que iniciará procesos disciplinarios, mientras presidencia y voces del EMC liman sus asperezas en el marco de sus intereses.
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