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Hace diez años la situación era similar: dos exministros presos y un escándalo de corrupción que marcó la gestión del gobierno de turno. En ese entonces, los protagonistas fueron Diego Palacio Betancourt, de Salud, y Sabas Pretelt de la Vega, del Interior, quienes fueron capturados para que cumplieran con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que los encontró culpables de haber comprado los votos de dos congresistas en 2004 para que apoyaran el acto legislativo que permitió la reelección presidencial. El caso se conoció como el de la Yidispolítica, en el que también salió condenado el entonces secretario general de la Presidencia de Álvaro Uribe Vélez, Alberto Velásquez Echeverri.
Una década después, los exministros presos son Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves. Aunque no fueron capturados para cumplir con una condena, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su captura para que enfrenten el proceso penal en su contra desde la cárcel. El caso que los tiene procesados en una investigación penal es el del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el peor escándalo de corrupción del Gobierno Petro. La Fiscalía tiene pruebas de que los exministros ofrecieron dádivas a congresistas para que apoyaran proyectos claves del Ejecutivo, pero ambos se han declarado inocentes. ¿Qué ha dicho el ente investigador? ¿Por qué el Tribunal Superior de Bogotá pidió cárcel? ¿Qué sigue en el proceso? Aquí todas las claves para entender el proceso judicial más relevante del momento.
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¿Qué dice la Fiscalía?
La fiscal María Cristina Patiño les imputó cargos a Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla el pasado 1 de diciembre. En esa diligencia, el ente investigador explicó que tiene pruebas para demostrar que los dos exaltos funcionarios del Gobierno Petro habrían orquestado una sofisticada “organización delincuencial” destinada a comprar gobernabilidad en el Congreso, ofreciendo contratos por más de COP 612.000 millones para aceitar el trámite de las reformas sociales del Ejecutivo y créditos nacionales. Para la Fiscalía, los exfuncionarios se habrían concertado con el fin de instrumentalizar recursos públicos del Invías y la Ungrd, entregando proyectos a congresistas de diversas comisiones a cambio de votos favorables.
Las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad, y de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro Bonilla, fueron claves para que la Fiscalía los vinculara a la investigación penal. A través de sus delaciones, informes de policía judicial y otro centenar de pruebas, la Fiscalía documentó reuniones donde se habrían asignado cupos indicativos y convenios millonarios en Córdoba, Arauca y Bolívar para favorecer a seis miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP). Además, que también habrían tratado de desviar 74 proyectos del Invías como dádivas a favor del senador Julio Elías Chagüi y otros ocho congresistas. Para el ente investigador, Velasco y Bonilla “lideraron, promovieron y dirigieron la organización criminal”.
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¿Qué dijo el Tribunal?
El terremoto político por el saqueo a la Ungrd alcanzó su punto más crítico con la decisión de la magistrada Aura Rosero Baquero de enviar a la cárcel a los exministros el pasado 18 de diciembre. No solo porque golpeó a dos fichas de alto rango del Gobierno Petro, sino porque la Fiscalía había pedido que fueran enviados a prisión domiciliaria. Para la jurista del Tribunal Superior de Bogotá, la cárcel es la única medida proporcional para frenar la rearticulación de lo que calificó como un “pacto criminal” que afectó principios democráticos y el interés de la sociedad. Según la decisión, los exfuncionarios no actuaron de forma aislada, sino que lideraron un esquema sistemático para comprar gobernabilidad, instrumentalizando el presupuesto nacional como una caja menor para asegurar mayorías en el Congreso.
La magistrada Rosero fue implacable al describir cómo Velasco y Bonilla habrían corrompido la contratación estatal en la Ungrd e Invías, convirtiéndola en un mecanismo de intercambio político que socavó la independencia del Legislativo. Según la providencia, los exministros coordinaron a través de terceros la oferta de 79 proyectos por más de medio billón de pesos, alterando deliberadamente el interés público para satisfacer necesidades políticas del Ejecutivo. El Tribunal advirtió que estas conductas no fueron actos neutrales, sino un plan concertado con división de roles. La jurista, además, tomó una posición clave en esta investigación: le dio total credibilidad a los testimonios de Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides, que habían sido objeto de varias objeciones por parte de los abogados de los exministros.
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¿Qué dicen Bonilla?
Desde que estalló el escándalo, ambos exministros han dicho que nada tienen que ver con el entramado criminal. En una versión ante la Corte Suprema, el exministro Ricardo Bonilla explicó que nunca existieron los cupos indicativos. Mientras su exasesora María Alejandra Benavides sostiene con chats y cuadros de Excel en mano que se aceitaron las mayorías parlamentarias mediante proyectos, Bonilla se aferró a una defensa puramente burocrática, calificando esas prebendas como una “ficción” inexistente en el presupuesto nacional. Para el exministro, nunca existió un listado de proyectos en el Invías para entregar a congresistas, sino que se trató de una hoja de ruta técnica derivada del Plan Nacional de Desarrollo.
“Aquí hay una inquietud principal y es qué son los cupos indicativos, porque eso no existe. He preguntado cuál es la definición que están dando de cupos indicativos y me han dicho que es que los congresistas tienen asignado una partida de presupuesto para que ellos ejecuten. Eso no existe en el presupuesto de Colombia, ni en el de funcionamiento, ni en el de inversión, ni en la deuda pública. No hay un presupuesto para que un congresista lo ejecute o una partida asignada a personas naturales, mucho menos a congresistas”, agregó Bonilla durante su intervención. Además, fue enfático en asegurar que cualquier expresión relacionada con los cupos indicativos “es un imaginario”.
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¿Qué dicen Velasco?
El exministro del Interior ha dicho que los testigos en su contra han creado una construcción artificial de los hechos y que jamás se ha robado un solo peso del Estado. Durante la audiencia del pasado 18 de diciembre, él mismo apeló la decisión de la magistrada Rosero que lo mandó a la cárcel. Durante su intervención, explicó que jamás existieron órdenes “implícitas” de entregar proyectos a congresistas y que, aunque atendió y gestionó citas entre congresistas y miembros del gobierno, nunca fueron para pactar dádivas. Explicó que la gestión de un ministro del Interior es, precisamente, buscar y propiciar esos espacios. Sobre los testimonios en su contra, señaló que “han ido acomodando las circunstancias para hacer creíble una historia que es mentirosa”.
Velasco insistió en que nunca sostuvo reuniones con contratistas ni dio instrucciones relacionadas con contratos y aseguró que, como ministro del Interior, no intervenía en la gestión de obras. “Yo no llamaba, yo no hacía eso”, dijo. Sobre los congresistas mencionados en el expediente, sostuvo que muchos pertenecían a la oposición y no respaldaron las reformas del gobierno, lo que, según él, desvirtúa la tesis del intercambio de contratos por votos. “La mayoría de esos congresistas eran de la oposición y no votaron las reformas”, afirmó, y defendió que pedir proyectos para las regiones no es ilegal. Al final de su intervención, advirtió que hoy siente que no tiene garantías, pero señaló: “Mi lugar es este: dándole la cara a los colombianos y defendiéndome con pruebas”.
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¿Qué sigue?
Los abogados de ambos exministros pidieron que la decisión de enviarlos a la cárcel sea revisada por la Corte Suprema de Justicia. La Procuraduría pidió lo mismo, pues se trató de una medida que no había pedido la Fiscalía. Por ahora, el caso llegará al alto tribunal, pero su decisión vendrá luego del 5 de enero, cuando los magistrados regresen de la vacancia judicial. Al cierre de esta edición, en la tarde del viernes pasado, los exministros Bonilla y Velasco estaban a la espera de que el Inpec definiera su lugar de reclusión. Fuentes cercanas a los exfuncionarios señalaron que podía ser el pabellón para funcionarios públicos de La Picota o el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo), ambos en Bogotá.
Cualquiera que sea el sitio de su arresto, allí esperarán el llamado a juicio de la Fiscalía porque, aunque podrían negociar y colaboración con la justicia, a cambio de beneficios judiciales, ambos han insistido en su inocencia. El próximo año será decisivo para Bonilla y Velasco. El presidente Petro defendió la actuación de su exministro de Hacienda en varios mensajes que publicó en su cuenta de X. “¿Por qué ponen preso a un profesor, doctor en economía, dedicado toda su vida a enseñar estudiantes?”, escribió. Y, en otra publicación, el jefe de Estado le hizo una particular petición al exfuncionario: “Le pido al profesor Bonilla en el centro de reclusión donde esté iniciar las clases de economía a los presos de Colombia”. En cambio, sobre su exministro del Interior, no ha dicho nada.
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