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La investigación por el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ya adquirió otra dimensión. Durante la imputación de cargos en contra de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, la Fiscalía reveló que, más allá de los contratos que la red criminal habría entregado a congresistas para comprar sus votos a favor de reformas y temas de interés del gobierno, hay otra red de contratos que tuvieron esos mismos fines. Según el ente investigador, en realidad fueron cinco proyectos en manos de la Ungrd, pero 74 que estaban en poder del Instituto Nacional de Vías (Invías).
En total, agregó la Fiscalía, el entramado criminal habría puesto en juego COP 612.237 millones de pesos del erario público con un solo objetivo: lograr gobernabilidad en el Congreso. La fiscal del caso, María Cristina Patiño, explicó que se trató de una empresa criminal en la que participaron altos funcionarios del Ejecutivo, congresistas y funcionarios de la Ungrd. Para entender los alcances de este proceso, le explicamos quién es quién en el que es considerado como el peor escándalo de corrupción del gobierno Petro.
Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda
Ricardo Bonilla González fue ministro de Hacienda entre el 1 de mayo de 2023 al 4 de diciembre de 2024. Renunció en medio de la tormenta por sus supuestos vínculos con el escándalo de la Ungrd. Es economista y se ha desempeñado como profesor de la Universidad Nacional, así como secretario de Hacienda de Bogotá durante la Alcaldía de Gustavo Petro. Su nombre salió mencionado dentro de las declaraciones que le entregó a la justicia su exasesora, María Alejandra Benavides, uno de los testigos estrella de la Fiscalía en este caso.
Según ese testimonio, fue Bonilla uno de los alto exfuncionarios del gobierno que ordenaron la entrega de proyectos de la Ungrd y el Invías para comprar congresistas. Benavides le ha contado a las autoridades que, en particular, las gestiones de Bonilla ocurrieron para que seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) aprobaran varios créditos internacionales que necesitaba la Nación antes de que se acabara el año 2023. De acuerdo con la Fiscalía, Bonilla hizo parte de un entramado criminal.
El ente investigador explicó que el entonces ministro de Hacienda dio su aval para entregar tres proyectos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), atados al apoyo de congresistas a la agenda del Gobierno. Además, durante la audiencia de imputación de cargos en su contra, la Fiscalía describió que también estuvo detrás del direccionamiento de más de 70 proyectos del Invías para lograr el respaldo de congresistas en proyectos claves para el Ejecutivo, como la reforma pensional y al sistema de salud.
En total, explicó la Fiscalía, Bonilla habría autorizado la entrega de proyectos por más de COP 612.000 millones de pesos. Según la imputación, el exministro, junto a Velasco, “lideró, promovió y encabezó una organización criminal”, coordinando reuniones, dando órdenes y supervisando el direccionamiento de contratos para garantizar mayorías en el Congreso. Durante la diligencia en la que la Fiscalía lo vinculó formalmente al proceso penal, el exministro aseguró que su vida ha estado siempre guiada por principios de legalidad y que nada tuvo que ver en el entramado.
Luis Fernando Velasco, exministro de Hacienda
Luis Fernando Velasco Cháves es un veterano político liberal del Cauca, exsenador y exministro del Interior del gobierno Petro. En la investigación aparece como el presunto operador político del esquema: testigos lo ubican en reuniones de alto nivel, incluida una en Casa de Nariño, donde se habría hablado de ofrecer contratos de la Ungrd a congresistas a cambio de votos para las reformas del Gobierno. Olmedo López, exdirector de la Unidad, le ha dicho a la justicia que esa reunión se llamó el cónclave
Parte de esos beneficios, según la Fiscalía y los testigos, estarían dirigidos al senador Julio Elías Chagüi y a otros parlamentarios de la CICP. Por ejemplo, relató el ente investigador, en junio de 2023, Velasco le ordenó a López ayudarle a la aprobación de la reforma laboral. Para ello, “debía presentarse en uno de los debates de la comisión séptima del Senado, con el fin de entregar contratos a ciertos parlamentarios para seguir ampliando las mayorías en esa comisión, pues allí se tramitaban las reformas importantes del Gobierno, esto es a la salud y a las pensiones”.
Sobre el cónclave, las pruebas en poder de la Fiscalía señalan que fue en ese encuentro en el que Velasco, al parecer, le presentó a varios miembros del gabinete su plan para lograr gobernabilidad en el Congreso: “Consistía en entregarles a los congresistas una coima representada en contratos, a cambio de sus votos”, explicó la fiscal del caso, María Cristina Patiño. Velasco ha negado los señalamientos y, durante la imputación de cargos en su contra, señaló que la Fiscalía montó un caso a partir de los testimonios de personas que se enriquecieron cometiendo delitos y que espera que la justicia conozca su versión de los hechos.
Carlos Ramón González
Es cofundador del partido Alianza Verde, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en el gobierno Petro. En el caso Ungrd aparece como presunto articulador desde la Casa de Nariño. Varios testigos lo señalan de participar en reuniones donde se habría definido la “compra” de apoyos congresionales con contratos de la Ungrd e Invías. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó su captura, pues está exiliado en Nicaragua prófugo de la justicia.
Según la investigación, González participó en el cónclave en el que, al parecer, se dictaron las órdenes para lograr el plan de gobernabilidad trazado por Velasco. Olmedo López le ha contado a la justicia que fue este alto funcionario de la Casa de Nariño el que lo citó para asistir a esa reunión de alto nivel en la presidencia. Al parecer, González no solo estuvo detrás de ese cónclave, sino que le encargó a Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones de la Presidencia, la compra del entonces presidente del Senado, Iván Name, y su homólogo en la Cámara, Andrés Calle.
Ambos ya están en prisión por orden de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía ya radicó escrito de acusación en su contra y está en gestiones para su extradición, mientras él alega que todo se trata de una persecución política por ser exmiembro del M-19.
Sandra Ortiz
Exsenadora de la Alianza Verde y exconsejera presidencial para las Regiones. Fue la primera alta funcionaria del gobierno Petro enviada a prisión por el caso Ungrd. La Fiscalía la acusa de participar en el pago de coimas a los entonces senador Iván Name y al representante Andrés Calle, usando recursos de la Ungrd, y de tener un rol en la llegada del esmeraldero “Pedro Pechuga” a la Casa de Nariño. Está procesada por lavado de activos y tráfico de influencias, permanece privada de la libertad en una guarnición militar de Bogotá y sus intentos de lograr libertad o principio de oportunidad han sido negados por los jueces. Ella insiste en que es “chivo expiatorio” del escándalo.
César Manrique Soacha
El exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, es señalado por la Fiscalía como uno de los principales engranajes del entramado de corrupción de la Ungrd. Las pesquisas indican que gestionó el desvío de al menos COP 100.000 millones de pesos, mediante la modificación de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para transferir recursos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, dinero que luego se habrían usado para contratos amañados.
A cambio, habría recibido sobornos por COP 3.000 millones de pesos asociados a adjudicaciones como la adquisición de carrotanques para La Guajira. Por estos hechos, en julio de 2025, una jueza ordenó su captura, se emitió una circular roja de Interpol y hoy figura como prófugo de la justicia.
Olmedo de Jesús López
Llegó a la dirección de la Ungrd, nombrado por el gobierno Petro. Pasó de ser el rostro técnico de la gestión del riesgo a testigo central del mayor escándalo de corrupción del actual gobierno. Aceptó cargos por los hechos de corrupción en la compra de carrotanques para La Guajira y por direccionar contratos y, para acceder a beneficios en su proceso, aceptó negociar con la Fiscalía. Ya entregó una matriz de colaboración en la que habló de una “organización criminal” desde altos niveles del Ejecutivo para comprar congresistas con contratos.
Sus revelaciones impulsaron procesos contra congresistas, exministros y exaltos funcionarios del gobierno, justamente como el que ya derivó en la imputación de cargos en contra de los exministros Bonilla y Velasco. López ha dado detalles de cómo fue contactado por delegados de la Presidencia para comprar congresistas y que se reunió con varios parlamentarios para “cuadrar” los detalles del proyecto a cambio de sus votos. Actualmente está detenido en un batallón militar en Bogotá
Sneyder Pinilla
Fue el subdirector de Manejo de Desastres durante la administración de Olmedo López en la Ungrd. Fue el encargado de autorizar la compra de 40 carrotanques para La Guajira con sobrecostos millonarios y fue uno de los primeros en aceptar cargos de este entramado ilegal. Después se convirtió en testigo estrella: narró el desvío de recursos, la entrega de coimas y el supuesto pago de $13.000 millones para comprar su silencio, operación que él mismo ayudó a grabar.
Tiene un preacuerdo con la Fiscalía que le otorga beneficios a cambio de su colaboración, y ya fue condenado a pena de prisión. Sus versiones son clave en los procesos contra congresistas de la CICP y contra exministros del gabinete, como Velasco y Bonilla. A la justicia le ha contado que tuvo contacto permanente con funcionarios como María Alejandra Benavides y Jaime Ramírez Cobo, enlaces en el Congreso del Ministerio de Hacienda y de la Presidencia, respectivamente, quienes le decían con qué senador debía negociar la entrega de proyectos.
María Alejandra Benavides
Es la exasesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que, según su versión, fue testigo de cómo se ordenó la entrega de contratos a cambio de votos de congresistas. A la Corte Suprema y a la Fiscalía le ha contado cómo funcionaba la supuesta compra de legisladores con contratos de la Ungrd e Invías y ha asegurado que recibía órdenes directas de Bonilla para gestionar proyectos atados a votos en la CICP y que fue testigo de reuniones con congresistas como Wadith Manzur, Karen Manrique, Julio Elías Chagüi y la senadora Martha Peralta. Tras ser imputada, obtuvo un principio de oportunidad total y hoy es testigo clave contra más de 30 aforados.
Julio Elías Chagüi
Senador cordobés del Partido de la U, actual presidente de la Comisión Primera del Senado. En los expedientes de Corte aparece como uno de los principales beneficiarios políticos de los contratos de la Ungrd: testigos lo señalan de liderar un grupo de congresistas que habría recibido proyectos de infraestructura y agua a cambio de apoyar las reformas del Gobierno. La magistrada Cristina Lombana lleva su caso en la Corte Suprema de Justicia por el presunto direccionamiento de contratos en Sahagún y otros municipios de Córdoba.
Durante la audiencia de imputación de cargos contra Bonilla y Velasco, la Fiscalía lo mencionó como uno de los congresistas más interesados en el entramado de corrupción. Las investigaciones señalan que recibió, a través de contratos gestionados por el exministro Luis Fernando Velasco y otros altos funcionarios, asignaciones irregulares, por un valor cercano a COP 35.000 millones de pesos, para proyectos en su región, particularmente en el municipio de Sahagún (Córdoba).
Además, existen comunicaciones, entre ellas chats con exfuncionarios de la UNGRD, en las que Chagüi habría solicitado “cupos indicativos” a cambio de respaldo legislativo a la agenda de Gobierno. Estas evidencias lo ubican como pieza clave en el supuesto direccionamiento de contratos públicos a cambio de apoyo político. Pese a estar bajo investigación, fue elegido para dirigir una de las comisiones más influyentes del Congreso y ha defendido su inocencia, alegando que solo gestionó recursos para su región.
Martha Peralta
Senadora wayuu del Pacto Histórico y presidenta del movimiento MAIS. La Fiscalía la mencionó en el caso pues habría concurrido a reuniones con Olmedo López y Sneyder Pinilla y por su interés en un contrato de más de $2.000 millones para el mantenimiento de pozos profundos en La Guajira, que habría sido tramitado a través de la Ungrd. El ente investigador ya le pidió a la Corte Suprema abrir indagación en su contra y luego compulsó nuevas copias, ubicándola como posible “articuladora” de cupos indicativos en esa región.
Además, aparece mencionada como receptora de “cupos indicativos” a cambio del respaldo a reformas claves en el Congreso durante 2023. Pese a estos señalamientos y al escándalo por el desvío de recursos de la UNGRD en La Guajira, Peralta ha negado cualquier irregularidad, denunciando que se trata de una persecución política.Ella niega cualquier participación en corrupción y sostiene que solo hizo gestión para comunidades indígenas. El foco ahora está tanto en su rol en el entramado como en el debate sobre su patrimonio y sus bienes.
Los congresistas de la CICP
Se trata de seis miembros (cinco congresistas y un exrepresentante) de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, señalados de avalar operaciones de crédito de la Nación a cambio de proyectos financiados por la Ungrd en sus regiones. Ellos son: Liliana Bitar Castilla (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Wadith Manzur (Partido Conservador), Julián Peinado (Partido Liberal), Karen Manrique (representante de circunscripción de paz) y Juan Diego Muñoz (exrepresentante de la Alianza Verde)
Según la Corte Suprema de Justicia, que ya los llamó a juicio, habrían emitido conceptos favorables a 13 operaciones de crédito en pocos días de diciembre de 2023, a cambio de que la Ungrd financiara obras en Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar. Varios de ellos aparecen en chats con María Alejandra Benavides, donde se discute la aprobación de los proyectos. Detrás de la entrega de esos contratos habrían estado los exministros Bonilla y Velasco. Todo los congresistas se han declarado inocentes.
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