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El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal está en pausa. El líder natural del Centro Democrático estaba citado a una serie de audiencias preparatorias, a mediados de julio e inicios de agosto, antes de sentarse en el banquillo de los acusados por, al parecer, intentar salir favorecido en expedientes por apoyo al paramilitarismo, al utilizar terceros para obtener testimonios a su favor. Esas diligencias, sin embargo, no se realizaron, pues la defensa del exmandatario interpuso un recurso de apelación con el que busca, de nuevo, tumbar de tajo todo el expediente. El Tribunal Superior de Bogotá aceptó estudiar la petición y, por tanto, las fechas de las audiencias preliminares, en las que se mostrarían las pruebas para debatir en el juicio, tuvieron que ser suspendidas mientras esa instancia judicial resuelve si el caso debe arrancar de ceros o sigue su trámite normal.
Para destrabar el asunto, la Fiscalía envió un oficio al Tribunal en el que solicita que se le dé prioridad al estudio de la solicitud de apelación interpuesta por la defensa de Uribe Vélez, en cabeza del abogado Jaime Granados. El recurso, firmado por la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlenne Orjuela Rodríguez, quien asumió el caso tras la salida de Gilberto Villarreal —el fiscal que acusó formalmente al exmandatario—, manifiesta una preocupación latente para el ente investigador: la acción penal, es decir, todo el proceso en contra del también exsenador, prescribe el 8 de octubre de 2025, pues ya habrían pasado seis años desde la indagatoria en su contra, ante la Corte Suprema de Justicia. No obstante, hay quienes aseguran que la fecha de prescripción sería en noviembre de 2026, pues cuando Uribe Vélez fue llamado a indagatoria por la Corte, esta solo fue válida dentro del expediente desde 2020, cuando renunció al Senado.
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En síntesis, la defensa del exmandatario pide que la solicitud de nulidad sea tenida en cuenta, luego de haber presentado una queja en contra de la decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia, del juzgado 44 penal del circuito de Bogotá, quien rechazó la petición de nulidad del abogado Granados durante la audiencia de acusación contra Uribe Vélez. La defensa, entonces, apeló esa decisión, lo cual también fue negado por la jueza. Por eso la defensa decidió presentar una queja contra el proceder de la togada, argumentando que se cometieron errores y que sí o sí la defensa tenía el derecho a sustentar su solicitud. Por esta razón, el Tribunal Superior de Bogotá estudió la queja interpuesta por la defensa de Uribe y concluyó que, efectivamente, la jueza se habría equivocado al negar la apelación y, por ende, la nulidad.
Esa decisión abrió la puerta para que, el 10 de julio pasado, día en que se supone que debían iniciar las audiencias preparatorias antes del juicio, el abogado Granados sustentara por qué la defensa está pidiendo de nuevo que se archive el proceso. El jurista le dijo a este diario que se utilizó esa fecha para la sustentación porque en ningún momento se le notificó la apertura de otro espacio para esa diligencia. Lo que plantea el defensor es que la modalidad en la que fue acusado Uribe Vélez está mal. Esto porque desde el principio del proceso se le vinculó con una presunta intención eventual y no con una intención directa, como acusó la Fiscalía.
Según la petición de nulidad, cuando el expresidente fue llamado a indagatoria por la Corte Suprema, la primera instancia que lo investigó, el alto tribunal precisó que las conductas por las que hoy se encuentra imputado se habrían presentado con intención eventual. Es decir, que el expresidente, aunque no quería cometer delitos, debía conocer que sus actuaciones constituyen conductas que infringen la ley. Tras la renuncia de Uribe al Senado, el proceso cayó sobre el escritorio de fiscales al mando de Francisco Barbosa, quienes intentaron precluir el expediente más de una vez sin éxito. Ellos mantuvieron el caso bajo la consideración de la intención eventual, mientras que para el fiscal Gilberto Villarreal, quien acusó al expresidente en mayo pasado, el exmandatario cometió esas irregularidades bajo la modalidad directa.
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Ese cambio en la argumentación sobre la intencionalidad, que se dio durante la gestión de la fiscal Luz Adriana Camargo, aunque el caso haya quedado en manos de Villarreal durante la administración de Barbosa, es lo que precisamente señala Granados como un error, pues sugiere que esa nueva visión institucional del expediente cambió las reglas de juego. “Resulta contradictorio. No se trata de una simple variación. Cambia el marco fáctico de la acusación y viola el principio lógico de la no contradicción. Los hechos jurídicamente relevantes deben ser claros e inequívocos y eso fue desconocido por la primera instancia”, explicó el defensor en su momento.
Con todos estos elementos en mano, sumado a que la defensa de Uribe Vélez solicita revisar la acusación en su contra —pues, según Granados, si hay que retroceder a la etapa para resolver la apelación de nulidad de todo el expediente, no estaría claro si el exmandatario fue acusado formalmente por la Fiscalía— el Tribunal Superior de Bogotá decidió darle prioridad al recurso de apelación. El despacho del magistrado Manuel Antonio Merchán, quien tiene cargo el expediente, se basó en que, si bien el recurso está “en turno para resolver”, se le debe dar celeridad por los criterios de priorización que establece el código penal, como el hecho de que “se aproxime el fenómeno de la prescripción de la acción penal”.
El Tribunal no ha tomado una decisión formal respecto a la solicitud de la defensa. Sin embargo, hay dos caminos que podrían cambiar el curso del expediente: el primero es si el despacho del magistrado Merchán le da la razón al expresidente y le da luz verde a la apelación. En ese escenario, según expertos consultados por este diario, el caso podría retroceder a la etapa de audiencia de acusación o, incluso, más atrás, al momento de la imputación. Eso dependerá, en todo caso, de la decisión del Tribunal. Si el caso se devuelve hasta la acusación, la Fiscalía deberá corregir lo que ha solicitado la defensa de Uribe Vélez: que su conducta frente a los hechos sea catalogada como eventual y no directa.
Por otra parte, si el Tribunal niega la apelación de anular el expediente, el proceso sigue su curso y deberán ser agendadas nuevamente las audiencias preparatorias. Consultado por este medio, el abogado Jaime Granados señaló que la defensa no buscaría, por el momento, presentar recursos contra una decisión adversa. Así mismo, aseguró que el único camino para revertir ese panorama sería una tutela, pero “no me quiero anticipar a lo que no se ha resuelto”. Además, el jurista fue enfático en señalar que el proceder de la defensa no responde a maniobras dilatorias y que, por el contrario, la fecha de prescripción del caso se fijó por la supuesta insistencia de la defensa de las víctimas al momento de la imputación.
Cabe recordar que el exmandatario está formalmente acusado porque, al parecer, habría utilizado a abogados y emisarios para obtener testimonios a su favor en otros procesos relacionados con vínculos con el paramilitarismo. Para obtener esos beneficios judiciales, apunta la Fiscalía, se valió del abogado Diego Cadena, quien también está en juicio por presuntos ofrecimientos a exparamilitares en la búsqueda de voces que favorecieran al expresidente y, a su vez, enlodaran al senador Iván Cepeda. Entre los testigos clave está Juan Guillermo Monsalve, hijo de un exmayordomo de la familia de Uribe Vélez, quien ha mencionado que el líder del Centro Democrático fue fundamental para la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.
En todo caso, estos días serán claves para el proceso que tiene al expresidente al borde de enfrentar un juicio penal, convirtiéndose en el primer exjefe de Estado que llegaría hasta una instancia de este calibre. Todo depende del trámite que se le dé al recurso presentado por la defensa por parte del Tribunal Superior de Bogotá, que desde el pasado 10 de julio tiene en carpeta la decisión de uno de los procesos judiciales más extensos y con mayor relevancia en el país.
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Por Santiago Díaz Gamboa
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