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El expresidente Álvaro Uribe se sentó en el banquillo de los acusados. Lo hizo en la audiencia de este viernes 17 de mayo, en la cual estaba prevista que el fiscal Gilberto Villarreal leyera el escrito de acusación en su contra, por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal. La diligencia, que inició sobre las 8:00 de la mañana, estuvo cargada de intervenciones por parte de la defensa del exmandatario, así como de las víctimas del caso, quienes se refirieron al contenido del documento con el que el ente investigador llamó a juicio penal al también exsenador del Centro Democrático. Hubo adiciones, aclaraciones y hasta solicitud de nulidad.
Antes de iniciar la audiencia, Uribe Vélez ofreció una rueda de prensa desde su casa en Rionegro (Antioquia) y, ante los micrófonos de la prensa, reiteró su inocencia, no sin antes lanzar dardos a la justicia por un tema que, para él, siempre ha sido crucial: el respeto por el debido proceso, el cual, dice, le fue vulnerado. “Parece que las garantías no se aplican para mí, negaron a mis abogados la existencia del proceso”, anotó. Así, minutos más tarde, inició la diligencia que, además de acusar al exmandatario, también tenía como objetivo acreditar a las víctimas para el juicio, una decisión en manos de la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal de Bogotá, quien debía escuchar uno a uno los motivos de las partes.
Sin embargo, antes de iniciar ese procedimiento, el abogado de Uribe, Jaime Granados, alertó que a sus manos llegó muy temprano un documento de adición al ya radicado escrito de acusación que contenía un nuevo elemento en el proceso: Álvaro Uribe sería también juzgado por el delito de soborno. El asunto para muchos puede resultar confuso, pues sobre los hombros del exjefe de Estado ya pesa una acusación por soborno en actuación penal (o soborno a testigos). Sin ahondar en términos técnicos, la Fiscalía agregó este nuevo delito por un caso de un presunto soborno por fuera de los que ya se habían investigado y que involucran a exparamilitares presos, a quienes se les habrían ofrecido beneficios para hablar en favor del exmandatario.
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De acuerdo con las adiciones a la acusación, el delito de soborno se habría configurado luego de que el entonces abogado del expresidente Uribe Vélez, Diego Cadena, visitara la cárcel El Buen Pastor. En ese centro penitenciario, señala el ente investigador, el abogado entrevistó a la exfiscal condenada Hilda Niño Farfán con el objetivo de que rindiera un testimonio falso en contra de quienes en ese momento ocupaban el búnker en calidad de fiscal general y vicefiscal: Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo, respectivamente. Según la Fiscalía, por supuestas órdenes del expresidente, su abogado Cadena le habría ofrecido beneficios a Niño Farfán para denunciar a Montealegre y Perdomo por crear un montaje judicial en contra de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe.
Con la adición de un nuevo delito plasmado en el escrito de acusación, los abogados de las víctimas dieron su concepto sobre por qué deberían ser acreditadas como tal en el juicio. El abogado Granados pidió, entonces, debatir con una sola contraparte, en lugar de cuatro, algo que llamó “igualdad de armas”. Reynaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, tomó la vocería de las víctimas. Tanto el senador del Pacto Histórico, como los exfiscales Montealegre y Perdomo dejaron sobre la mesa los argumentos que por años han esgrimido para que se les otorgue la calidad de víctimas en el proceso. El primero por supuestas manipulaciones de testigos en su contra y los segundos por presuntas falsas acusaciones de montajes judiciales.
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El nombre de Deyanira Gómez tampoco pasó desapercibido. La exesposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella del caso, habría recibido en los últimos días presiones y amenazas, según acotó su abogado Miguel Ángel del Río, quien solicitó que por estos motivos, sumados a los ya conocidos, como el exilio de Gómez, el juzgado debería acreditarla como víctima en el juicio. Deyanira Gómez ha sido clave para el caso, pues ella ha puesto sobre la mesa de pruebas algunas grabaciones de conversaciones entre el abogado Diego Cadena y Juan Guillermo Monsalve, en las que hablaron sobre ofrecimientos para testificar a favor de Uribe.
Acto seguido, el turno fue para la defensa. El abogado Granados presentó una extensa lista de 15 observaciones al escrito de acusación y, además, cuestionó la adición de un nuevo delito. Para él, el documento contiene varios errores y vacíos, por ejemplo, al señalar las presuntas conductas delictivas del expresidente. Y, para sorpresa de muchos, volvió a plantear un debate que parecía saldado hace dos años: dijo que, como a Uribe nunca le imputaron cargos, el expediente tiene que anularse. Esa discusión ya la había resuelto la Corte Constitucional en 2022, cuando aclaró que la indagatoria que había hecho el alto tribunal correspondía a una imputación.
En uno de sus ejemplos, el abogado pidió que se aclare el término “idearon” cuando el escrito de acusación se refiere a un plan de manipulación de testigos que dice textualmente: “Álvaro Uribe Vélez, (…) contando con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, bajo la coordinación, dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval suyo, materializó la estrategia que idearon para lograr testimonios, documentos, u otros medios probatorios que dieran cuenta de hechos parcialmente ciertos o que no correspondían a la realidad”.
La Fiscalía, por su parte, desvirtuó las observaciones y aseguró que “todas las respuestas y nombres las podrá encontrar en el escrito de acusación”. Además, señaló que no se presentó violación al debido proceso tras las adiciones al escrito, en el que se agregó el delito de soborno y dio su visto bueno para acreditar a las cuatro víctimas del proceso ahora a la etapa de juicio. El fiscal Villarreal, antes de terminar la diligencia, señaló la defensa del exmandatario de dilatar el proceso tras la solicitud de tumbar el expediente. Dentro de ocho días, volverán a encontrarse las partes y la jueza tendrá que resolver quiénes son las víctimas, si el caso tiene que empezar de cero o si, por el contrario, el siguiente paso es el juicio contra Uribe.
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Por Santiago Díaz Gamboa
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