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Hace un par de semanas, la Cancillería hizo público un borrador que contiene la propuesta de la Política Exterior Feminista (PEF) de Colombia. El documento, de ocho páginas, presenta la ruta que el Ministerio de Relaciones Exteriores propone para que el país promueva y garantice los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ en su acción internacional. Una publicación que se da justo en la recta final del gobierno del presidente Gustavo Petro.
La publicación del borrador se produjo más de dos años después de que el Gobierno anunciara, por primera vez, su intención de adoptar una política exterior con enfoque feminista. Para octubre de 2022, la entonces viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, manifestó públicamente ante la Asamblea General de la OEA, que Colombia asumiría un rol activo en el desarrollo de esta política. Finalmente, el borrador fue publicado para recibir comentarios del 23 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026.
Se trata de la primera vez que Colombia formula una política exterior con un enfoque explícito en mujeres y personas LGBTIQ+. Según explicó a El Espectador el Grupo Interno de Trabajo Política Exterior Feminista y Asuntos de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores, la iniciativa surge para responder a las desigualdades y violencias de género a nivel regional y global.
La iniciativa se estructura en cinco ejes centrales: justicia social, justicia ambiental, paz total, educación, ciencia y cultura y fortalecimiento institucional. Frente a este nuevo escenario, analistas consultadas explican los puntos clave de la política, señalan sus principales debilidades y evalúan qué puede esperarse de su desarrollo en lo que resta del actual gobierno y las elecciones.
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¿Qué propone cada punto de la política exterior feminista?
De acuerdo con el documento oficial, el eje de justicia social plantea que Colombia oriente su trabajo y sus relaciones con otros países y organismos internacionales a reducir riesgos, proteger la vida y enfrentar las desigualdades que se reproducen en lo político y lo social. En este punto, insiste en temas como “la igualdad de género y la justicia en las relaciones internacionales”, se lee.
El segundo eje, centrado en la justicia ambiental, parte de la idea de que el cambio climático no impacta a todo el mundo de la misma manera. Por eso, plantea impulsar acciones para prevenir daños ambientales y responder a sus consecuencias, específicamente en los casos en los que estos afectan con mayor fuerza a mujeres y poblaciones en situación de vulnerabilidad.
En el eje de paz total, implica asegurar los derechos de las víctimas al acceso a la verdad, la justicia y la reparación. “Especialmente en materia de los derechos de las mujeres en sus diversidades y personas LGBTIQ+ en el marco de los conflictos armados y la construcción de paz”, dice el documento.
El cuarto eje, educación, ciencia y cultura, plantea facilitar el acceso igualitario a la educación, impulsar una participación más equitativa en actividades científicas y culturales, y reconocer el aporte de distintas comunidades, en especial de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, en espacios de intercambio, cooperación y diplomacia entre países.
El eje final reconoce que para que la política tenga algún efecto real, la Cancillería debería revisar sus prácticas internas y asegurar que el enfoque de género se aplique en todas las instancias y sectores de la institucionalidad pública.
¿Qué opinan las analistas sobre la política exterior feminista?
La PEF ha sido recibida con expectativas y críticas por parte de expertas y funcionarias. Para Olga Amparo Sánchez Gómez, coordinadora de la Casa de la Mujer, la iniciativa puede leerse como un intento del Gobierno por actualizar su política exterior e incorporar enfoques que reconozcan la diversidad sexual y de género desde su perspectiva, también representa una forma de dialogar con otros países que ya cuentan con políticas exteriores feministas.
Sin embargo, señala debilidades en el proceso de formulación, sobre todo en la participación de la sociedad civil. Aunque el Gobierno realizó consultas con organizaciones, la selección de quiénes integraban el comité quedó en manos de la Cancillería, lo que, según Sánchez, pudo sesgar la representatividad de la política. En sus palabras, “tenta contra la autonomía de estas, porque las organizaciones de mujeres o las organizaciones de las personas LGBT son las que tienen que elegir quiénes llegan a ese comité de participación”, comentó en entrevista con El Espectador.
Según el Ministerio, la PEF surgió, en un inicio, a partir de solicitudes de organizaciones de mujeres que se acercaron a la Cancillería y cuya propuesta fue retomada y replicada por la entidad. Así lo confirmó también una funcionaria que participó en la etapa de formulación de la política, quien pidió reserva de su identidad, y asegura que la dirección encargada dejó por fuera la mirada territorial. “Vincularon organizaciones del orden nacional, que cuando uno dice organizaciones del orden nacional está refiriéndose a organizaciones del centro del país”, le comentó a este diario.
“¿Cómo así que las organizaciones territoriales como la Red de Mujeres Chocoanas no son organizaciones de orden nacional que pueden tener impacto?”, es una de las preguntas que formula la funcionaria a manera de crítica. Para ella, este ejemplo evidencia una falta de representación territorial dentro del proceso.
Frente a estas posturas, el grupo del Ministerio encargado de dicha política aclara que “desde la primera convocatoria liderada por la embajadora Laura Gil, se tomó la decisión de trabajar prioritariamente con organizaciones de alcance nacional, las cuales, como es sabido, articulan su labor con organizaciones territoriales y de base”.
La entidad explicó que esto se debe a que las organizaciones feministas y LGBTIQ+ con las que trabajaron tenían una trayectoria significativa en espacios y reuniones de organismos multilaterales regionales y globales. Además, añadieron que “dado que la Política Exterior Feminista tiene un alcance concreto y delimitado en el marco de la política exterior del Estado, la realización de este proceso directamente con organizaciones territoriales podría haber generado expectativas que no resultarían viables de atender desde este instrumento específico”.
Por otro lado, ambas expertas coinciden en que hay una ambigüedad sobre el alcance y los objetivos concretos de la política, pues aseguran que el decreto no delimita claramente el rol de la Cancillería. “¿Cómo va a ser la política exterior en asuntos de debate como el comercio o la movilidad humana en lo que le corresponde a la Cancillería, o cómo va a ser la discusión en los asuntos multilaterales en clave de la política exterior feminista, por ejemplo, en temas de seguridad?”, dice Sánchez.
Otro punto crítico es la sostenibilidad de la política. De acuerdo con el análisis de Sánchez, el decreto no especifica los recursos necesarios para su implementación ni cómo se fortalecerá la estructura interna de la Cancillería. Al mismo tiempo, menciona que traslada responsabilidades a la sociedad civil que corresponden al Estado, limitando el papel de las organizaciones a veeduría y acompañamiento. Y, a su vez, limita el alcance de la política al gobierno Petro al ponerlo en el paraguas de la “paz total”.
“Me parece, por ejemplo, que uno de los pilares que proponen (paz total) es una política gubernamental en este momento; entonces no puede ser un pilar como tal de una política exterior, que se supone tiene que ser de más largo alcance, más allá de que se termine este gobierno en siete meses. No tiene sentido tener un decreto para siete meses; uno diría que tiene que ser una política con la que cualquier corriente que llegue en el próximo gobierno pueda comprometerse”, dijo Sánchez.
A esto se suma, según señala, una debilidad estructural del Estado colombiano relacionada con la falta de coordinación entre ministerios y entre niveles nacional y territorial, lo que dificulta la ejecución de políticas transversales. En ese contexto, considera que el documento no delimita con precisión el rol de la Cancillería como cabeza de la política exterior. “Es un decreto sin muchos dientes”, concluye.
Una política exterior que tuvo “largos tiempos” de ejecución
La etapa de recepción de comentarios sobre la PEF acaba de cerrar, por lo que queda de nuevo en manos del Ministerio para revisar las sugerencias recibidas por el público. Según la entidad lo que sigue es radicar nuevamente “la totalidad de los documentos ante la Presidencia de la República, con el propósito de culminar de manera exitosa la firma del Decreto que otorgará respaldo jurídico a la primera Política Exterior Feminista de Colombia”.
Sin embargo, todo este proceso ocurre cuando restan siete meses para que finalice el gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con información entregada por la misma entidad a El Espectador, la formulación de esta política inició en junio de 2023 y avanzó durante 2024 con la elaboración técnica y conceptual. Sin embargo, la funcionaria consultada dijo que la demora en la construcción del documento obedeció a problemas internos del Ministerio. Entre ellos, acusó sobre supuestos conflictos dentro del equipo de trabajo, denuncias por acoso laboral y cambios en la dirección del grupo. Una inestabilidad que, según investigaciones de este diario, se reflejó en toda la entidad, que solo en 2025 tuvo tres ministros distintos.
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La Cancillería, por su parte, señala que los tiempos obedecen a procedimientos institucionales normales. Explicó que “la nueva coordinación del Grupo Interno de Trabajo tomó posesión el pasado 12 de noviembre de 2025. A partir de ese momento, y en articulación con el despacho de la señora Canciller, se inició la revisión integral del documento que contiene el proyecto de Decreto, así como la elaboración y remisión de las respuestas correspondientes a la Presidencia de la República”. Este proceso derivó en la nueva publicación del proyecto y en la continuidad del trámite orientado a su expedición y posterior sanción presidencial.
Para Sánchez, los retrasos reflejan una debilidad estructural del Estado colombiano en la formulación e implementación de políticas públicas ágiles. Aclara que no se trata de una falla exclusiva del actual gobierno, sino de un problema recurrente de la política colombiana.
“A siete meses no creo que se pueda hacer mayor cosa, a no ser que sea concertar. Creo que quedará en la cancha de las organizaciones de mujeres y de las personas LGBT cómo lograr que el nuevo gobierno haga viable esta política”, agregó. En su opinión, el reto del actual gobierno sería, al menos, dejar algunas acciones concretadas y avanzar en acuerdos presupuestales, aunque reconoce que esto último resulta difícil en el actual contexto fiscal.
En tiempos electorales, ¿dependerá la política del gobierno de turno?
Frente a la incertidumbre, la Cancillería argumentó que existen mecanismos para blindar, en cierta medida, el alcance y la sostenibilidad de este tipo de políticas. Entre ellos destacan: la creación de un Grupo Interno de Trabajo adscrito al despacho de la Canciller, la reglamentación mediante decreto presidencial, y la estructuración de un proyecto de inversión que dota a la política de recursos propios.
No obstante, la entidad reconoce que estos mecanismos no garantizan por sí solos la consolidación de la política. “Somos conscientes de que el factor más determinante para su sostenibilidad es la apropiación social e institucional de la Política Exterior Feminista. Esta debe ser asumida por las mujeres, las personas LGBTIQ+, la diáspora colombiana y, de manera fundamental, por nuestros diplomáticos y diplomáticas. (…) Es allí donde se marca la frontera entre una política de gobierno y una verdadera política de Estado”, concluyen.
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Por Luisa Lara
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