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Catia es como fue identificada la mujer transgénero de 20 años que fue asesinada a golpes en Bogotá a comienzos de año. Según información dada por la Policía Metropolitana, los perpetradores se movilizaban en motocicleta y aún no han sido identificados, a pesar de que los hechos ocurrieron en la madrugada del 2 de enero en el barrio Florida Blanca (Engativá). Mientras siguen las investigaciones, la capital observa una reducción de casos reportados de violencias trans; no obstante, el cúmulo de denuncias y la prevalencia de la discriminación son retos que todavía debe encarar la ciudad este año.
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El reporte de la Policía de Bogotá indica que la agresión contra la mujer trans sucedió en la madrugada, cuando la víctima, en compañía de otra persona, se encontraban en un andén, justo al frente de un bar. El teniente Andrés Melenje, oficial de la Mebog, explicó que la central de radio supo del caso cuando fue informado de un cuerpo tendido en vía pública. “Nuestras patrullas de vigilancia acuden al lugar y efectivamente encuentran un cuerpo sin vida. Los testigos del lugar manifestaron que se encontraban dos personas departiendo en vía pública y otras dos que se encontraban en una motocicleta”. Quienes observaron el hecho, detallaron además cómo uno de los sujetos de la moto golpeó a la mujer en repetidas ocasiones con un elemento contundente. Mientras la Policía se limitó a reportar que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) quedó a cargo del levantamiento y las primeras indagaciones para identificar a la víctima, diversas organizaciones sociales alzaron la voz e identificaron formalmente a la joven.
Caribe Afirmativo, organización que promueve el reconocimiento de los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas en Colombia, no solo lamentó lo ocurrido e instó a las autoridades a buscar a los culpables, también dio a conocer que el caso no fue el único que se ha reportado a inicios de 2026. “En una estación de Policía del barrio Altavista, una persona trans fue agredida con aceite y aerosol dentro de una celda de detención por otras privadas de la libertad durante una riña”. En respuesta a ambos hechos, la organización emitió la siguiente alerta: “Hacemos un llamado a las autoridades para garantizar una investigación exhaustiva, justicia efectiva y medidas de protección que garanticen la vida e integridad de las personas LGBTIQ+ en todo el país”.
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El panorama en Bogotá es complejo, pero las rutas de denuncias, fortalecidas en los últimos años, muestran una tendencia a la baja, a la vez que las violencias contra mujeres transgénero persisten. ¿Qué tan desprotegida está la población diversa en Bogotá?
Panorama
Según el informe de 2025 del Observatorio Colombia Diversa, organización que desde hace más de dos décadas documenta los homicidios y otras formas de violencia contra personas LGBTIQ+, la falta de información es una de las características del análisis de los riesgos reales. Este patrón incluso se evidencia en las cifras: el 67,5 % de los hechos no cuentan con identificación clara del agresor, mientras que solo una quinta parte logra establecer algún tipo de responsabilidad directa.
Por otro lado, las cifras institucionales muestran que la violencia y la discriminación contra personas LGBTIQ+ continúan siendo una problemática persistente en Bogotá. En el primer semestre de 2025, la Secretaría de la Mujer atendió 686 personas por casos relacionados con violencia o discriminación. De ese total, 62 correspondieron a mujeres trans, 16 a hombres trans y 10 a personas no binarias, mientras que 382 fueron mujeres bisexuales y 216 mujeres lesbianas, lo que evidencia un volumen significativo de atenciones a mujeres de población LGBTIQ+, con una presencia relevante de comunidad trans.
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En paralelo, entre enero y mayo de 2025, la Unidad contra la Discriminación registró 87 atenciones integrales a personas LGBTI víctimas de violencia o discriminación. De estas atenciones, 12 correspondieron a ingresos formales a la Ruta, lo que representa el 13,8 % del total, mientras que 45 fueron seguimientos activos (51,7 %) y 22 orientaciones jurídicas y psicosociales sin ingreso formal (25,3 %). Además, se documentaron cuatro nuevos hechos de violencia y cuatro casos en los que no fue posible establecer contacto con la persona afectada, lo que da cuenta tanto de la persistencia del riesgo como de las dificultades para sostener los procesos de acompañamiento.
Entre los tipos de violencia documentados en estos casos se encuentran asesinatos, secuestros, violencia física e intrafamiliar, sumisión química y agresiones en los ámbitos laboral y educativo, lo que evidencia que las violencias contra personas LGBTIQ+, y en particular contra personas trans, no solo son múltiples y reiteradas, sino que incluyen formas extremas.
Atención y retos a 2026
En Bogotá, la atención a las violencias contra personas trans y de los sectores sociales LGBTIQ+ se canaliza principalmente a través de rutas institucionales de denuncia, acompañamiento jurídico y atención psicosocial, lideradas por entidades como la Unidad Contra la Discriminación, la Secretaría Distrital de la Mujer y las Rutas de Atención en Derechos Humanos. Estas rutas buscan ofrecer protección inmediata, orientación legal y seguimiento a las víctimas; sin embargo, las cifras muestran que solo una parte de los casos logra avanzar hasta ingresos formales, mientras que la mayoría se mantiene en procesos de seguimiento u orientación.
A ello se suman dificultades estructurales de acceso a los servicios, especialmente para personas trans, quienes enfrentan miedo a la revictimización, desconfianza en las autoridades y obstáculos para sostener los procesos de denuncia. Esto sin contar los retos sociales para frenar la alta discriminación que se esconde detrás de cada caso.
Lo anterior ilustra por qué, el asesinato de Catia, una mujer trans de 20 años en Bogotá se inscribe en un panorama más amplio de violencias persistentes y estructurales contra esta población, que no se limita a hechos aislados. La ciudad cuenta con rutas y servicios especializados, pero el panorama revela que la respuesta institucional exige un refuerzo para garantizar el acceso efectivo a la justicia, y asegurar que ninguna agresión contra personas trans y LGBTIQ+ quede en la impunidad.
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Por Juan Camilo Parra
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