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Algunos expertos en salud sexual y reproductiva están preocupados por las consecuencias que tendrá la suspensión de la cooperación internacional en países de todo el mundo. Les inquieta, sobre todo, cómo esto podría aumentar la mortalidad materna, el acceso a educación sexual, el aumento de enfermedades prevenibles, y la posibilidad de que sistemas de salud colapsen en varios países. Este fue el tema principal de la conferencia sobre Planificación Familiar que se llevó a cabo entre el 12 y 13 de marzo en Washington D.C., Estados Unidos, en la que participaron 200 científicos y líderes mundiales.
Para poner en perspectiva el riesgo, el Instituto Guttmacher, una organización sin ánimo de lucro con sede en Nueva York, presentó los hallazgos de su más reciente investigación, junto a la Fundación Kraiser Family (KFF), sobre cómo la suspensión de estos recursos afectaría directamente los servicios de salud globales. Una de las autoras principales, Elizabeth A. Sully, doctora en asuntos públicos, resalta que Estados Unidos destina un promedio de USD $8.4 mil millones anuales a programas de salud global, lo que equivale al 30% del total de donaciones que América Latina, el Caribe y África reciben en esta área. Este presupuesto también incluye fondos para combatir la malaria y el VIH.
De hecho, la conferencia, organizada por el Instituto William Gates para la Población y Salud Reproductiva de la Universidad Johns Hopkins, iba a abordar temáticas completamente diferentes. Sin embargo, en palabras de su director, el doctor Philip Anglewicz, el norte tuvo que redireccionarse ante las preocupaciones que ahora enfrenta el sector. “Estamos de cara a una amenaza para el acceso a la salud sexual y reproductiva que tendrá una repercusión directa en países africanos y latinoamericanos. Comprender su alcance nos obligó a reunirnos para analizar nuestras estrategias futuras y así enfrentar las consecuencias”, afirma. .
Sully advierte que, tras el anuncio de la suspensión de la financiación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y otros fondos de cooperación internacional, preocupa que esta tendencia se replique en otros países. . “Por ejemplo, Reino Unido y Países Bajos ya venían retirando su apoyo económico a programas de salud sexual y reproductiva desde hace tiempo”, señala.
La principal preocupación de los expertos asistentes a la conferencia en Washington, sin embargo, es el impacto en el programa de Planificación Familiar, al que Estados Unidos destinaba USD $600 millones en más de 150 países. Esta cifra representaba el 40 % del total de USD $1.470 millones que los gobiernos donantes aportan. Este programa garantiza acceso a métodos anticonceptivos, educación sexual, servicios de salud reproductiva y apoyo en la toma de decisiones sobre planificación familiar. Su principal objetivo es reducir embarazos no planeados y mejorar la salud materno-infantil.
Desde su creación en 1970, el programa se ha expandido a África, América Latina y el Caribe a través de organismos como USAID y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Su impacto se traduce en 47,6 millones de mujeres y parejas que han accedido a servicios de planificación familiar, la prevención de 17 millones de embarazos no planificados y la realización segura de 5 millones de abortos, reduciendo así los riesgos para la salud de las mujeres.
“Una posible suspensión de este programa tendría graves consecuencias en el aumento de la mortalidad materna, los embarazos no deseados y las muertes por abortos clandestinos, además de reducir el alcance de programas educativos”, advierte Sully. Planificación Familiar anunció que la reducción propuesta por Estados Unidos afectaría, sobre todo, a países como Etiopía, Jordania y Nigeria, donde este proyecto contribuye a la compra de insumos médicos y salarios del personal de salud.
En el documento presentado por la Sully durante la conferencia se exponen cifras que ayudan a comprender el impacto de ese recorte: por cada $10 millones menos destinados a Planificación Familiar, 1 millón de mujeres perdería acceso a métodos anticonceptivos, lo que podría resultar en aproximadamente 362,000 embarazos no planeados, 161,000 nacimientos no deseados y 110,000 abortos inseguros.
Aunque Sully admite que estos números son estimaciones, ya que aún no se conoce el alcance total del recorte de estos programas, sí hay algunas certezas, como la alerta que realizó el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) el pasado 28 de febrero a través de un comunicado en el que anunciaba que el gobierno estadounidense ya le había retirado USD $377 millones, lo que afecta programas esenciales de salud sexual y reproductiva en más de 25 países en crisis.
Otra preocupación, según Sully, tiene que ver con la adquisición de anticonceptivos y productos de salud reproductiva, para los que ese gobierno destinaba un promedio de 61 millones de dólares anuales administrados por USAID (24 %), UNFPA (56 %) y el Fondo Mundial de lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria (8 %). “Pero, ahora, realmente no sabemos qué va a pasar. No hemos tenido respuestas claras sobre la dirección que este dinero tomará”, puntualiza Sully.
El impacto para América Latina
Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, explicó que, si bien el programa de Planificación Familiar no incide directamente en Colombia, sí lo hace de manera indirecta. “El país no depende de donaciones para la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, pero ha tenido una relación estrecha con los programas de USAID. El proceso de paz, por ejemplo, tiene un componente clave en equidad de género vinculado a la salud sexual y reproductiva, y todos esos posiblemente desaparecerán”, señala Royo. Como lo mencionamos en estas páginas, Colombia ha sido históricamente el país latinoamericano que más fondos recibía de esta agencia.
Además, en noviembre de este año se celebrará en nuestro país la Conferencia Internacional de Planificación Familiar (ICFP), cuya primera reunión se llevó a cabo en Kampala, Uganda, durante 2009. Desde entonces, se realiza cada cuatro años y se destaca por reunir a líderes mundiales y expertos en salud sexual y reproductiva de todo el mundo.
“Esta es una oportunidad importante para Colombia, ya que es la primera vez que esta conferencia se realiza en Latinoamérica. Allí, se podrán compartir los avances que hemos tenido como región, por ejemplo en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 y el hecho de que nuestro país tenga reglamentaciones robustas que implementan el enfoque de género. Sin embargo, será un evento para que se aborden los retos que todavía tenemos en cuanto a barreras de acceso al sistema de salud y violencias de género. Es crucial que la ICFP suceda en nuestro país en medio de una coyuntura tan agitada en la que la salud de millones de personas está en riesgo ante la retirada de la ayuda estadounidense”, agregó Royo.
Por otro lado, Eugenia López Uribe, directora regional de América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), advirtió que los países con infraestructuras más débiles, como Honduras y Haití, están en riesgo tras el retiro del apoyo de Estados Unidos a estas estrategias. “Los efectos varían según el contexto de cada territorio, pero la problemática no solo abarca planificación familiar y salud reproductiva, sino también VIH, derechos LGBTIQ+ y cambio climático. Estos programas están siendo debilitados, desacreditados y desfinanciados”, explicó López.
Desde IPPF, han identificado un incremento en la persecución de organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos en Centroamérica, particularmente en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. “El problema no es solo económico. También enfrentamos un discurso de odio que se está replicando en la región y que puede significar un retroceso en derechos humanos y acceso a la salud, con consecuencias directas en la vida de las personas”, concluyó López.
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Por Luisa Fernanda Orozco
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