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Es miércoles, día de El Espectador le explica. La nueva propuesta de reforma a la salud, una de las promesas de campaña de Gustavo Petro, ya fue aprobada por la Cámara de Representantes, pero le hace falta su tránsito en el Senado. Su versión original, aquella que fue concebida por la exministra Carolina Corcho y defendida posteriormente por Guillermo Alfonso Jaramillo, se hundió en el 2024. Por eso el país estará atento al examen que viene, pues precisamente esta propuesta de reforma tiene más que dividido al país entre quienes la defienden porque contemplan un cambio profundo y estructural a todo el sistema, mientras los críticos creen que se está destruyendo lo construido en las últimas décadas. Sin embargo, esos dos polos, bastante opuestos en la discusión, coinciden en una cosa: hay que reformar, sí, para llegar a todos los territorios del país, pues una cosa es acceder al servicio de salud en una ciudad y otra en una zona rural. Pero el cómo es una de las cuestiones de fondo. Así que este boletín de resumen, por ahora, explicará lo que hasta el momento ha sido avalado. Pero antes de seguir, lo que está pasando con la reforma laboral, el llamado a las calles y el enfrentamiento, otra vez, entre Congreso y Ejecutivo, en este enlace. Ahora sí, comencemos.
Vayamos un poco atrás y con un tanto de contexto. El 18 de diciembre del año pasado, la plenaria de la Cámara dejaba aprobados 23 artículos. Restaban 39 que tendrían que “discutirse en 2025”, decía el titular de la redacción Salud, con un Juan Fernando Cristo, entonces ministro del Interior, sonriendo y triunfante. “Nadie puede dudar hoy de que este es un proyecto distinto, más concertado que el que se hundió en la Comisión Séptima del Senado hace unos meses. Y se puede seguir concertando. Queremos aprovechar este receso para seguir evaluando, ajustando, y el Gobierno está listo para seguir escuchando”, dijo Cristo. En contraste: “Sirvió la resistencia y sirvió la presión. El Gobierno Nacional no fue capaz de pupitrear completamente la reforma a la salud en las sesiones extraordinarias. Lo que queda son los artículos más sensibles, van a ser discutidos a partir del mes de febrero”, dijo el representante por el Centro Democrático, Andrés Forero, en ese instante.
Los que quedaban para debate, en voz de los mismos congresistas, eran los artículos más sensibles. También lo decían los analistas del sector. Pero ¿qué se dejaba avalado? “El primer bloque en discutirse y en aprobarse incluyó los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Todos sobre temas como los principios fundamentales que orientan la normativa, como la gobernanza, equidad, sostenibilidad, transparencia y protección de derechos individuales y colectivos”, contaron los reporteros de El Espectador. El artículo 6 habla de la creación del Consejo Nacional de Salud, integrado por “ministerios, entidades nacionales, gobernadores, alcaldes, trabajadores de la salud, pacientes, academia y otros actores”. Congresistas de partidos independientes pedían que “las recomendaciones del Consejo Nacional de Salud deberían ser vinculantes, es decir, de obligatorio cumplimiento por el Gobierno” y que fuera el encargado de calcular y ordenar el aumento anual de la Unidad de Pago por Capitación, UPC (hay que recordar que los gremios y también sectores políticos dicen que ese cálculo ha sido insuficiente para las necesidades del sistema), la plata que el Estado les gira a las EPS por cada afiliado. Se aprobó ese artículo 6, pero lo que eventualmente recomendaría dicho Consejo sobre la UPC no sería vinculante. Así las cosas, tampoco de obligatorio cumplimiento.
Un segundo bloque se aprobó: 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 y 59. Entre ellos se trata la llamada naturaleza de las Instituciones de Salud del Estado (ISE), y sus órganos de dirección y administración. ¿Por qué resultaban importantes? Porque “esas ISE son lo que hoy se conoce como las Empresas Sociales del Estado, es decir, los hospitales públicos”. Y también los que hablan de “Personal de Salud”. Esto último contemplaba un “fortalecimiento de la formación en salud, con medidas como la asignación de becas para aumentar la oferta de profesionales y especialistas en áreas médico-quirúrgicas y en salud pública”. El ‘pero’ de los críticos es “que las disposiciones están contempladas solamente para las personas que están en el sector público”. Así las cosas, los profesionales que trabaja en el sector privado, ¿qué? Ahí mismo quedó excluido “el artículo 48, que otorga al presidente facultades extraordinarias para expedir un régimen especial para los trabajadores de la salud”. Todos esos detalles están aquí.
El año iba cerrando, pero varias discusiones quedaban abiertas, como la definición de la UPC para el 2025. Un analista hacía un balance del 2024 en materia de salud, en donde la palabra clave era déficit, no sin antes proyectar unos meses venideros con algo de dolencias en un sistema golpeado y enfermo.
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La realidad, en el tránsito de un año a otro, fue que el aumento del 5,3 % de la UPC tenía al país en una profunda discusión sobre la sostenibilidad de un sector vital para todos. El Gobierno defendía su posición y argumentaba, con un informe de la Adres, falencias en los datos entregados por las EPS, que era una de las variables para calcular ese porcentaje. En medio de la crisis financiera, con un presupuesto general desfinanciado, no veían posible llegar al 16 % que exigían gremios y representantes del sistema. Y la contraparte, con argumentos y cifras en mano, decía que el aumento del 5,3 % no alcanzaba ni para pagar los incrementos en los salarios de los empleados de la salud, pues el mínimo había subido 9,5 % (y sucedió por decreto, no por negociación).
El 14 de enero de 2025 Petro confirmaba que la discusión de la reforma a la salud se retomaría en sesiones extras. Y como este asunto, casi que desde el inicio no solo ha sido técnico sino político con afectaciones directas en un sector que necesita, como todos los demás, recursos para funcionar, el líder del llamado trapo rojo, César Gaviria Trujillo, entró a la conversación: “Gobierno debe reconocer que reforma del sistema de salud ha sido errada”, dijo. Gaviria, de acuerdo con lo que él mismo ha dicho, se ha declarado en independencia del Ejecutivo, no así todos los liberales. Iba terminando ese primer mes del año y el Mininterior confirmaba que citarían a extras para discutir la reforma a la salud.
El presidente de la Cámara, en donde transitaba el proyecto, decía: “No vamos a pupitrear”. Y el 4 de febrero fue el televisado primer consejo de ministros, en donde se enfrentaron entre ellos mismos, se atacaron y señalaron, varios de estos altos funcionarios. Armando Benedetti, sentado al lado de Petro, era el protagonista de la discordia. Se desencadenó entonces una nueva crisis en el alto Gobierno y empezaron a aparecer las cartas de renuncia. Así las cosas los vicepresidentes de la Cámara aseguraron que las extras para discutir la reforma a la salud se llevarían a cabo sin dirección y por eso pedían cancelar dichas sesiones hasta que se superara la llamada “crisis”. Armando Benedetti ya se iba vistiendo el traje de ministro del Interior sin aún ser nombrado, pues su contacto con los congresistas se volvió la tarea diaria entregada por el presidente Petro, buscando la aprobación de sus reformas.
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Por eso, a pesar de tanto movimiento, el Gobierno expidió el decreto con el que se convocaba a extras para la reforma a la salud. Ese 10 de febrero la noticia era la titánica tarea del Ejecutivo que se venía: “lograr la aprobación 39 artículos en cuatro días” con una discusión esperada en el Congreso, justo “en medio de decisiones clave de la Corte Constitucional” que “exigen el pago de deudas y una revisión urgente del financiamiento de la salud en Colombia”, contaban los colegas de la redacción Salud. ¿A qué se referían? A la postura de esta alta corte con la que declaró “que la UPC para 2024 fue insuficiente” y entonces ordenó “reajustarla”. Eso abría la puerta para revisar la del 2025, “que ha sido un punto de tensión de varios actores con el Ministerio de Salud”.
El asunto, de importancia máxima, fue contado así por Juan Diego Quiceno: “Aunque “histórico” es un calificativo que suele usarse de manera excesiva en el periodismo, fue precisamente esa palabra la que emplearon la mayoría de los pacientes, académicos y médicos con los que hablamos para esta nota. Todos coincidieron en que el más reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el sistema de salud merece ese título. En un auto de 70 páginas, el tribunal abordó uno de los temas que más tensiones ha generado entre el Ministerio de Salud y el resto del sector en el último año: la suficiencia o insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, los recursos que el Estado gira para garantizar el acceso de los colombianos al Plan de Beneficios en Salud (PBS)”. “El sacudón que le dio la Corte Constitucional al sistema de salud”, aparece en este texto.
Pero el mismo Juan Diego Quiceno nos contó, casi un mes después, que “el Ministerio de Salud afirmó que la Corte Constitucional respondió de manera “favorable” a sus solicitudes de aclaración sobre las órdenes que le dictó el alto tribunal”. Y que por eso había “personas en el sector que creen esa no es una interpretación ajustada a lo que dijo el alto tribunal”. ¿Qué fue lo que realmente corrigió y aclaró la Corte? ¿Y qué solicitudes fueron rechazadas? Aquí desglosamos los puntos clave de la controversia, nos dijo.
Punto seguido, lo que ha venido es una seguidilla de asuntos jurídicos que se sobreponen a lo que todos defendemos: un modelo de salud sostenible y funcional para todos y todas. En paralelo, pacientes oncológicos denunciaban la no entrega de medicamentos para sus tratamientos:
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En la previa del debate de la reforma a la salud, algunos congresistas proponía financiar la UPC con un traslado de $2,7 billones. Por otro lado, se sabía que por falta de quórum la Comisión de Ética no podía discutir recusaciones contra bancadas del Partido Liberal y la Alianza Verde. Y efectivamente por la falta de presencia de quienes debían debatir, el Ejecutivo no lograba que se diera la discusión en el segundo día de sesiones extras que convocó para este fin. Las “extras” nunca debieron ser, respondieron algunos legisladores.
Un nuevo señalamiento había entre Ejecutivo y Legislativo. Petro decía que expondría a congresistas que han votando contra la reforma a la salud. Y los hacedores de las leyes le respondían: “El Congreso se hace respetar”. Benedetti, que todavía no era ministro, reunía a liberales y conservadores para apoyar las reformas de Petro. Pasaba de todo, entre triquiñuelas, mañas y estrategias, como por ejemplo que no la agendaban parta debate por no contar con todas las firmas de la mesa directiva. Entonces la bancada del Gobierno solicitó a esa misma mesa que agendara. Entonces sucedió que el 24 de febrero, con 82 votos, los representantes rechazaron la posibilidad de que el articulado entrara en el orden del día.
Un febrero que, para el sector de la salud, había sido más que monitorizado día a día. Por ejemplo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, expidió la resolución que creaba las mesas de trabajo para estudiar los ajustes a la UPC. Estaba siguiendo la orden de la Corte Constitucional. Todos los detalles de esa directriz están acá. Sin embargo, no pasaban tres horas cuando la industria farmacéutica reclamó no estar incluida en dicha mesa para discusión”. Otro más levantó la mano: Talento humano en salud (es decir, los médicos, enfermeras, auxiliares, personal administrativo, entre otros), quienes dicen no haber sido invitados en estas “discusiones clave sobre los recursos del sistema”. Clemencia Mayorga, vocera de la agremiación Acuerdos Fundamentales, dijo: “El talento humano en salud no fue incluido en las mesas de trabajo creadas por el Ministerio de Salud, a pesar de que este grupo de trabajadores y profesionales está sufriendo de manera directa las consecuencias de la desfinanciación del sistema que se traduce en falta en la oportunidad de pago, deudas impagas por su trabajo, despidos y presiones para desmejorar sus condiciones de trabajo”.
Y cuando todavía no despegaba de nuevo el debate de la reforma en la Cámara de Representantes, Petro pedía un informe a la Supersalud sobre EPS que estuvieran incumpliendo con entrega de medicamentos, además de otros indicadores de calidad en la atención a pacientes. Si no cumplían, decía el mandatario, ese era un motivo de peso para una “intervención”.
Entramos a marzo. Era hora de la verdad, sin más vueltas en el campo. Lo decía la redacción Política en este texto: Armando Benedetti, quien ya era ministro del Interior designado, esperaba que sus conversaciones con congresistas dieran fruto y se debatiera la reforma a la salud. Y el 3 de este mes, el tercero del año, en una expresión muy frecuente en la escena política del Legislativo, «se destrababa” y su debate quedaba agendado en la plenaria. Pero ese mismo día el ministro de Hacienda era entutelado por no responderles a los vicepresidentes de la Cámara sobre la viabilidad fiscal de dicha reforma. El 4 de marzo, la plenaria de la Cámara no avanzó en la discusión ni en la votación de los artículos. ¿La razón? Recusaciones contra varios congresistas paralizó el proceso.
Entre tanto, la situación del sector en el resto del país iba dejando huella. Y quedaba en evidencia: “36 centros de salud que no tenían sede física cobraron al sistema $79 mil millones”, escribieron los colegas que siguen esta información. Les llamaron “las 36 IPS fantasmas”. En ese juego político que se vive en el Congreso, “miembros de la bancada de la oposición le solicitaron a la mesa directiva de la Cámara agendar una de las sesiones previstas en el estatuto de oposición, con la posibilidad de definir el orden del día”. La razón: Se iba a debatir la reforma a la salud. Entonces los contradictores del Ejecutivo aseguraron que se estaba violando el estatuto de la oposición.
Benedetti, entonces, como representante del Gobierno, radicó “mensaje de urgencia e insistencia”. La cabeza del Ejecutivo ante el Congreso, dijo: “Es una oposición que no quiere discutir”. En la plenaria de la Cámara, señalan que se habría cometido un vicio en el trámite al no haber convocado a la Comisión de Ética para la discusión. El miércoles 5 de marzo, “se retomaron las discusiones de la reforma a la salud” y tras más de siete horas, fueron aprobados la mayoría de los artículos. Aquí un resumen de la jornada:
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En día y medio quedó lista la aprobación en la Cámara de Representantes. Para el resto de los colombianos que no somos políticos ni estamos en ese oficio, es difícil entender cómo en ese tiempo tan corto se avala un proyecto tan importante, cuando hay tantos puntos lejanos. Si se miraba desde el espectro netamente político, el trabajo del ahora ministro del Interior, desde antes de asumir ese cargo, había dado resultado. Pero, más allá de la opinión de cada uno, ¿qué se aprobó? Aquí va un breve abecé:
“Tras cerca de una hora de debate, se votó por la aprobación de los artículos 9, 10, 11, 12 y 13 de la reforma a la salud. Con 82 votos se aprobaron estos artículos con las proposiciones avaladas”. Ahí estaban las funciones de la Adres, el banco de la salud. De acuerdo con lo avalado hasta este instante, se encargará de “realizar pagos directos a prestadores de mediana y alta complejidad, asignar fondos a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y administrar los incentivos para las Gestoras de Salud y Vida”. Son seis puntos los que tienen que ver y están todos aquí, pero el siguiente es un adelanto: “Recaudar todos los recursos fiscales y parafiscales que legalmente deben ingresar al Fondo Único Público de Salud” y “Realizar los pagos de los servicios de salud de mediana y alta complejidad, asumir como pagador único del sistema de salud, efectuar giros directos a los prestadores de servicios de salud y proveedores de medicamentos y tecnologías en salud de naturaleza pública, privada y mixta, de acuerdo con los controles y auditorías que realicen las gestoras de salud y vida”, entre otros.
Pasadas las seis de la tarde del primer día, presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, anunció que se votarían en bloque desde los artículos 14 al 20. Fueron 73 los que dijeron que sí. El “artículo 14, por ejemplo, permite el traslado de recursos entre las cuentas. Es decir, los recursos de la Cuenta de Atención Primaria en Salud y la Cuenta de Fortalecimiento de la Red Pública Hospitalaria podrían transferirse a la Cuenta General para el Manejo y Destinaciones de los demás recursos del Fondo Único Público de Salud, o viceversa, según las necesidades del sistema”. El 17 “señala que con los recursos de esta cuenta se pagarán los servicios de mediana y alta complejidad, incluyendo hospitales públicos, privados y mixtos que forman parte de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS)”. Allí se cubren “medicamentos, insumos médicos, prótesis y órtesis, garantizando el acceso a tratamientos especializados”.
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El 19 y el 20 “proponen el camino a través del cual la Adres pagará los servicios de salud”. Una explicación al respecto: “Cuando un prestador haya brindado un servicio de salud, deberá presentar la factura correspondiente tanto a la Adres como a la Gestora de Salud y Vida. A partir de este momento, la Adres tendrá un plazo de 30 días para pagar, “como mínimo, el 85% del valor de la factura” de cada servicio. Paralelamente, la Gestora de Salud y Vida dispondrá de 60 días para auditar la facturación y determinar si existen inconsistencias”. A las 8:30 de la noche, 88 votos por el Sí y 21 votos por el No definían este nuevo bloque.
Luego se quería votar en bloque del 28 al 39, que corresponden a la transformación de la EPS. El representante Andrés Forero como su colega Juvinao, pidieron que fuera por separado. David Racero, del ala política del Gobierno, decía que la reforma a la salud en su consideración ha sido de las más discutidas en la historia del Congreso, y pidió no destinar más tiempo a ese debate. ¿Qué decían esos artículos? “El 28, por ejemplo, define la naturaleza y funciones de las Gestoras de Salud y Vida, en lo que hoy se convertirían las EPS. Las Gestoras tendrán la responsabilidad de gestionar integralmente el riesgo en salud, así como la operación del sistema en los territorios asignados. Para ello, deben identificar y analizar los riesgos en salud de la población, incluyendo a quienes están sanos, en coordinación con los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS)”. El 29 establece las condiciones para que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) puedan transformarse en Gestoras de Salud y Vida o retirarse voluntariamente del sistema”. El 30 habla de que las “EPS deberán organizarse en subregiones funcionales, priorizando su experiencia en la gestión del riesgo en salud en los territorios donde han obtenido buenos resultados”. Un par de datos clave: “Las EPS que administren Planes Voluntarios en Salud (como medicina prepagada o planes complementarios) deberán separar esta operación dentro del periodo de transición. Las EPS que decidan no transformarse podrán continuar ofreciendo estos planes bajo la reglamentación vigente”.
“El artículo 31 ha sido uno de los más criticados por la oposición. Las Gestoras de Salud y Vida recibirán mensualmente el 5% del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por cada persona a su cargo, como reconocimiento por sus funciones”. “Los artículos 32, 33, 34, 35 y 36 versan sobre las redes de servicios (hospitales y clínicas) y sobre los Centros de Atención Primaria en Salud. El 32 establece la creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS)”. Y “el artículo 38 establece la prestación especial de servicios de salud para personas con enfermedades de alto costo, como el cáncer y enfermedades huérfanas”. ¿Y todo esto qué quedó? En que después de más de tres horas de discusión, “los congresistas votaron por este bloque de artículos. El 31 y el 33 quedaron como estaban en la ponencia pasada. Los resultados quedaron así: 86 votos por el sí y 23 por el No”.
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“La plenaria (al segundo día) comenzó con casi todos los temas más polémicos resueltos, pues el grueso de la reforma se aprobó el miércoles. Solo quedaban por discutir y aprobar ocho artículos”, contó la redacción Salud. Todos los detalles de esta segunda jornada están aquí. “En principio, parecía que los artículos 48, 56 y 57 serían los más difíciles de acordar. Estos artículos otorgan facultades extraordinarias al presidente de la República para expedir normas relacionadas con la transformación del sistema de salud, incluyendo la reglamentación del régimen laboral de los trabajadores del sector, así como el desarrollo de las consultas públicas en materia de salud. Sin embargo, fue el artículo 42 el que generó más discusión. Este artículo proponía definir los órganos de dirección y administración de las Instituciones de Salud del Estado (ISE), es decir, los hospitales públicos, e introducir criterios de meritocracia en la elección de sus gerentes, una decisión que actualmente está en manos de gobernadores y alcaldes”. Las mayorías de la Cámara votaron la eliminación de ese artículo. Exacto, no primará el mérito, según lo aprobado.
¿Qué faltaba? “El último bloque de artículos en discutirse y aprobarse, pasadas las 3:00 de la tarde, fue el 44, 60, 61 y 62. Entre ellos, resaltan el 44, que crear el “Fondo de Infraestructura y Dotación de la Red Pública Hospitalaria (FIDH)” para fortalecer la red pública hospitalaria mediante proyectos de infraestructura y dotación, financiados a través de diversas fuentes; y el 61, que define el régimen de transición hacia el nuevo sistema de salud”. “Durante esta transición, se asegura que ningún tratamiento médico podrá ser suspendido sin una indicación médica explícita, y tampoco se negarán consultas con especialistas”.
¿Qué sigue? El proyecto pasa a la Comisión Séptima del Senado, integrada por 14 senadores, entre los que están Martha Isabel Peralta Epieyu, Nadia Georgette Blel Scaff, José Alfredo Marín Lozano, Miguel Ángel Pinto Hernández, Beatriz Lorena Ríos Cuéllar, Sor Berenice Bedoya Pérez, Edwing Fabián Díaz Plata, Honorio Miguel Henríquez Pineda, Josué Alirio Barrera Rodríguez, Norma Hurtado Sánchez, Ana Paola Agudelo García, Omar de Jesús Restrepo Correa, Wilson Neber Arias Castillo y Ferney Silva Idrobo. Aquí hay un reto adicional: “Fue precisamente en esta comisión donde el proyecto se hundió en la legislatura pasada”.
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¿Qué pasó después? El presidente Gustavo Petro le agradeció a la Cámara de Representantes, mientras que el exmandatario Álvaro Uribe dijo que la corporación ha hecho un “daño a Colombia”. El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), ante las críticas en su contra, dijo: “No me encargo de armar los votos para los proyectos de Gobierno ni muchos menos mantener el quorum o cambiar las energías que rodean las decisiones de mis colegas”.
En el Senado, parece, el asunto será a otro precio, pues el Partido Conservador ya dijo que no apoyará la reforma a la salud en su tercer debate en la Comisión Séptima y recordaron que allí se hundió con nueve votos contra cinco positivos. Con esa advertencia, el ministro del Interior ya está en su tarea de sumar los ocho votos que necesita en ese espacio para “mantener viva la reforma”. Y se supo también que “las conversaciones con el Partido Liberal en torno al futuro del Ministerio de Comercio podrían ser la clave para impulsar la agenda oficialista”, de acuerdo con los analistas de la redacción Política. ¿Cuál fue la primera movida de Benedetti? Él mismo dijo que hubo una “reorganización de las fuerzas que acompañan al presidente Gustavo Petro” y que llegará con mensaje de urgencia al Senado.
Pero otra noticia se tomó toda la atención esta semana. Así la presentó Diego Ojeda: “La reforma laboral está virtualmente hundida en el Congreso tras la presentación de una ponencia de archivo firmada por ocho senadores. Es decir, la iniciativa que se pedaleó durante todos estos años hasta llegar a su tercer debate no contará con el respaldo suficiente”. Lo que desencadenó la furia del presidente Petro. Dijo, entonces, que su gobierno solicitará la realización de una consulta popular. Y que deberá ser “el pueblo” quien decida por la reforma laboral y no los congresistas. Hace menos de una semana felicitaba a la Cámara de Representantes por avalar la reforma a la salud. Y ahora criticaba al Senado por ponerle freno de mano a la laboral. Analistas creen que esta es la versión de “Petro en campaña” y que con el llamado a una consulta lo que busca es medir sus fuerzas en las calles no solo en defensa de sus reformas sino para “medir el aceite” de cara a las elecciones del 2026:
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Por ahora, el paso siguiente de la reforma a la salud está en el Senado. Ya está claro que será un reto mayúsculo. Pero también el pulso se mide solo en el momento de doblar el codo. Antes, todo es especulación. En entrevista con El Espectador, el ministro Benedetti aseguró que lo que acaba de pasar con la laboral y que, de una u otra forma, tiene a la expectativa a la de salud, no es una derrota ni para él ni para el Gobierno: “Cómo puede ser una derrota algo que se está volviendo una consulta popular, que tiene movilizaciones y política y movilizaciones ciudadanas. Cómo puede ser una derrota que se haya creado este hecho político por la torpeza, repito, de ocho senadores. Cualquiera que esté el mundo político sabe que dieron papaya”. La entrevista completa está aquí.
Seguiremos atentos a toda la discusión nacional que tiene que ver con la salud de todos los colombianos. No solo con la reforma, sino con asuntos como la UPC o las denuncias en contra de las IPS de papel o las cuestionadas cifras de algunas EPS que, según la Adres, no son claras, transparentes; de todas las organizaciones que están intervenidas y, por supuesto, de todos los reclamos de los usuarios que siempre develan los grandes agujeros de todo el modelo.
Este es un hasta pronto con nuestro mensaje final: si les gustó este newsletter y el contenido que desarrollamos en El Espectador, invitados a disfrutar del contenido exclusivo que tenemos en nuestra página web. En esta labor de todos los días necesitamos compañía no solo para las críticas, que las recibimos con humildad, sino para que nos ayuden a construir un mejor país, denunciando, indagando, investigando, informando. Y no olviden dejar aquí abajo los temas que ustedes quisieran que investiguemos en la redacción de El Espectador. Nos vemos el próximo miércoles.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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