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El exterminio de la Unión Patriótica (UP), a manos de estructuras paramilitares en asociación con políticos y miembros de la fuerza pública, es un capítulo del conflicto colombiano que no se ha cerrado del todo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó en 2023 al Estado por los hechos que rodearon los miles de asesinatos y desapariciones en contra de integrantes y dirigentes del partido político de izquierda, pero aún muchos exparamilitares enfrentan a la justicia por su presunta participación en la matanza. El próximo martes 25 de marzo se reanudará la audiencia de acusación contra al menos 83 exjefes paramilitares relacionados con los crímenes contra la UP, una investigación que lleva décadas y de la que, hasta ahora, se conocen los primeros avances.
El Espectador tuvo acceso al escrito de acusación de más de 2.000 páginas con el que el ente investigador señala a los exlíderes paramilitares de ejercer una violencia sistemática contra la UP. De hecho, la investigación de la Fiscalía no solo se basó en los hechos cometidos contra los miembros del partido político, sino que también abrió nuevas líneas de investigación y encontró que, entre las décadas de los años 70 y 90 e inicios del año 2000, grupos paramilitares habrían asesinado a líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos. En suma, el ente investigador encontró que los 83 imputados son responsables de al menos 500 hechos violentos, destacando homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos.
Según el escrito de acusación, el exterminio de la UP se caracterizó por los homicidios de personas elegidas a cargos populares, además de una persecución intensiva contra prácticamente todos los miembros del partido. Esto se vio materializado en los cientos de amenazas que recibieron los integrantes de la colectividad y sus familias, y en los atentados fallidos contra muchos de ellos. El documento en poder de este diario dice que la persecución buscaba “impedir la consolidación del naciente partido político, lo cual atacaba directamente a sus estructuras organizativas locales y nacionales”. La Fiscalía encontró que se idearon una serie de planes de exterminio contra la UP que perduraron durante años.
El primero fue la Operación Cóndor, en 1985. De acuerdo con los hallazgos de investigaciones judiciales, durante ese año y en el marco de ese plan ideado por estructuras paramilitares, se reportaron 127 hechos violentos contra miembros de la UP. En total se registraron 63 homicidios, 18 desapariciones forzadas, 15 desplazamientos forzados y otras 62 conductas delictivas de menor porcentaje. Durante ese año fueron asesinados líderes sindicales que ejercían como coordinadores departamentales del partido y varios militantes en varias zonas del país. Algunos nombres de las víctimas son los de los dirigentes Rubén Darío Castaño Jurado (Caldas), Javier Murcia Sanabria (Caquetá) y Dionisio Calderón (Valle del Cauca).
El segundo plan de exterminio fue ejecutado en 1986 y se identificó con el nombre de El Baile Rojo. Sobre esta estrategia, el escrito de acusación de la Fiscalía resume cómo 23 integrantes y dirigentes de la UP alertaron al saliente gobierno del presidente Belisario Betancur sobre la persecución de la cual estaban siendo víctimas y señalaron a las Fuerzas Militares de apoyar estos escabrosos planes. “Esta acción militar y paramilitar se acrecienta. No se trata de ocasionales excesos de las tropas. Son verdaderos planes preparados y realizados cuidadosamente, como lo hemos denunciado en el caso del Plan Cóndor. En estos días, el desarrollo de un nuevo plan viene asentándose contra dirigentes políticos y sedes partidistas”, advierte la carta enviada al entonces primer mandatario.
En el desarrollo de este plan, según confesaron paramilitares como Ramiro Vanoy Murillo (alias Cuco Vanoy), fueron asesinados tres de los firmantes de la carta enviada a Betancur: los congresistas Leonardo Posada Pedraza, Pedro Nel Jiménez Obando y Octavio Vargas Cuéllar. “Así mismo, durante 1986, además de sus dirigentes, murieron 231 personas que integraban o eran simpatizantes de la Unión Patriótica”, explicó la Fiscalía en el escrito de acusación en poder de este diario. De hecho, dentro de este apartado también entra el homicidio de Jaime Pardo Leal, candidato presidencial por la UP asesinado el 11 de octubre de 1987, quien había denunciado la participación de militares en la violenta persecución contra miembros del partido.
Ante las salas de Justicia y Paz, exjefes paramilitares hablaron de otra operación de exterminio de mayor duración: el Plan Esmeralda, que se prolongó desde 1988 hasta 1992. La Fiscalía, con base en testimonios y otras pruebas documentales, logró determinar que la idea de esta sangrienta estrategia tenía como objetivo barrer con la dirigencia de la UP en los departamentos de Meta, Caquetá, Antioquia, Córdoba y Chocó, territorios en los que la UP “obtuvo los mejores resultados en los comicios del año 1988, superando incluso a los partidos Liberal y Conservador”, precisa el documento. El ente investigador encontró que ese año fueron asesinados al menos tres integrantes de la UP que habían sido elegidos popularmente.
Ese año la barbarie no tuvo tregua, pues Elkin de Jesús Martínez Álvarez, alcalde electo de Remedios (Antioquia), fue asesinado en Medellín el 16 de mayo; Guillermo Alfonso Cujevante Acevedo, concejal de Montería (Córdoba), fue acribillado en esa ciudad el 15 de marzo, y Néstor Henry Rojas Rodríguez, alcalde electo de Puerto Gaitán (Meta), fue ultimado en Villavicencio el 27 de mayo. Junto a este último y ese mismo día, sicarios acabaron con la vida de Carlos Kovacs Baptiste, uno de los dirigentes de la UP en el Meta, quien también había sido elegido diputado a la asamblea del departamento, y María Elena Ramos Sánchez, expersonera del municipio de Vista Hermosa.
De hecho, este suceso fue calificado como una masacre ordenada por paramilitares financiados por narcotraficantes de alto calibre como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. La Fiscalía también documentó que durante ese mismo 1988 se presentaron al menos 60 masacres en todo el país cometidas por paramilitares con apoyo de la fuerza pública. Durante esos eventos murieron miembros y simpatizantes de la UP, la mayoría de ellos dedicados al liderazgo sindical. En el escrito del ente acusador las mencionan a todas. Por señalar algunas, la entidad reseñó el caso de las haciendas bananeras Honduras, La Negra y Punta Coquitos (Antioquia), donde fueron asesinados 42 campesinos.
Entre los 500 hechos que analizó la Fiscalía para acusar a los exjefes paramilitares también tuvo en cuenta los 158 homicidios, 36 desapariciones forzadas y 19 desplazamientos cometidos en el marco de la Operación Golpe de Gracia, que inició en 1992. Esta estrategia criminal fue denunciada en su momento ante el Congreso y la Presidencia por el senador Hernán Motta Motta y los representantes Ovidio Marulanda, Octavio Sarmiento y Manuel Cepeda Vargas (padre de Iván Cepeda Castro, actual senador del Pacto Histórico). Luego de 10 meses de haber denunciado la persecución, Cepeda Vargas fue asesinado el 9 de agosto de 1994, mientras se dirigía a su lugar de trabajo en Bogotá.
Tras el homicidio del legislador, de acuerdo con el documento de la Fiscalía, “otros miembros de la Unión Patriótica se vieron obligados a abandonar sus cargos políticos y huir del país para vivir en el exilio. Por ejemplo, Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica y exintegrante del Concejo de Bogotá, por poco muere a raíz de un ataque en abril de 1996, por lo que se vio obligada a huir a Suiza”, señala el documento. Así mismo, se menciona el caso de Motta Motta, quien tuvo que dejar su curul en el Senado y escapar del país debido a las amenazas contra él y su familia. Estos son apenas algunos de los hechos que analizó la Fiscalía para señalar a los exparamilitares que se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo martes.
A todos estos escenarios se suman los hechos violentos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos que nada tenían que ver con la UP. Por estos cruentos eventos, donde se cometieron masacres, homicidios selectivos, desapariciones y desplazamientos, son señalados principalmente exlíderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Una fuente que conoce de cerca el proceso, pero prefiere no ser citada, le dijo a este diario que la investigación abordó la conformación de grupos paramilitares desde los años 70 con Ramón Isaza a la cabeza, pasando por Henry Pérez en los 80 y terminando con los hermanos Vicente y Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, exjefes de las AUC.
Los casos priorizados
Si bien la Fiscalía tuvo en cuenta más de 500 hechos violentos perpetrados por los exparas, lo cierto es que, bajo el fallo de 2023 de la Corte IDH en el que responsabilizó al Estado por el exterminio de la UP, también se ordenó priorizar otros 100 casos, y aunque algunos no fueron tenidos en cuenta por la Fiscalía para formular la acusación, según conoció este diario, sí se han abierto nuevas líneas de investigación que podrían derivar en nuevas imputaciones antes de terminar el 2025. Dentro de ese expediente se destacan los crímenes de altos dirigentes de la UP como José de Jesús Antequera, Gustavo Arenas Quintero, Heliodoro de Jesús Durango Hernández y Bernardo Jaramillo Ossa, excandidato presidencial asesinado el 22 de marzo de 1990.
Los Esperanzados
La acusación de la Fiscalía también comprende al menos 38 hechos violentos cometidos por Los Esperanzados, un grupo armado surgido tras la desmovilización de miembros del Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1991. Quienes se separaron de la lucha armada conformaron el partido político Esperanza, Paz y Libertad, el cual fue perseguido por disidencias del propio EPL con apoyo de las FARC, “a través de homicidios, persecuciones y atentados con bombas”, según reseña el documento del ente investigador. Ante este panorama, algunos militantes de la colectividad conformaron un grupo de autodefensa conocidos como Los Comandos Populares con el propósito de contrarrestar a las guerrillas y, para ello, conformaron una alianza con grupos paramilitares al mando de Henry Pérez.
Quienes conocen la minucia de este proceso le dijeron a este diario que, en el caso de Los Esperanzados, el apoyo paramilitar habría crecido durante años, hasta llegar a Carlos Castaño. Según el documento en poder de El Espectador, los líderes de las AUC habrían utilizado esa alianza para acercarse a Bogotá y hacer seguimientos a quienes después se convirtieron en sus víctimas. Esta fue una de las estrategias de los hermanos Castaño para llegar a la capital y cometer crímenes recordados como el del periodista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999, entre otros. Así, dice la Fiscalía, se hallaron varios sucesos en contra de líderes y defensores que no tenían nada que ver con la UP, pero que, de igual manera, cayeron bajo la dinámica de sangre y fuego establecida por las Autodefensas.
Así las cosas, el martes 25 de marzo la Fiscalía acusará a 83 exjefes paramilitares por haber perseguido, asesinado, desaparecido, desplazado y amenazado a miembros de la UP, líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos. Tras décadas de impunidad, las familias de las víctimas siguen exigiendo justicia, pese al polvo que se ha ido acumulando en estos expedientes judiciales. Con el llamado a juicio de estos exparamilitares, la justicia, al menos en el papel, va cerrando capítulos de la guerra para no dejarlos en total impunidad.
Algunos de los nombres comprendidos en el expediente evidencian el rango de los líderes paramilitares que se sentarán ante la justicia el próximo 25 de marzo. Entre ellos se destacan personajes como Hernán Giraldo Serna (alias Taladro), Raúl Emilio Hasbún (alias Pedro Bonito), José Everth Veloza García (alias HH), Ramiro Vanoy Murillo (alias Cuco Vanoy), Ramón María Isaza (alias El Viejo) y Héctor Horacio Triana (alias El Zorro).
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Por Santiago Díaz Gamboa
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