Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Este 11 de octubre, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Unión Patriótica (UP), esperaban recibir el perdón del Estado colombiano, tal como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en enero de 2023, tras hallarlo responsable del exterminio de este grupo político. Sin embargo, el evento, que contó con más de 2.000 asistentes y costó más de $3.700 millones, se vio empañado por la ausencia del presidente Gustavo Petro. Aunque todo estaba listo para que él presidiera el acto, a las 10:40 a.m., minutos después de haber dado inicio a la agenda, el jefe de Estado trinó: “He suspendido mi agenda del día de hoy, los médicos me han recomendado reposo debido a un fuerte cuadro gripal y respiratorio”.
Las víctimas recibieron la noticia como un dardo a su dolor y decidieron marcharse de la Plaza, pues la ausencia del mandatario, manchaba el acto de perdón. “Esperamos más de 30 años para este día”, dijeron los sobrevivientes tres horas antes de que el evento fuese cancelado. En medio de la nostalgia, los abrazos y las risas, las víctimas y sus familias veían con esperanza el intento sincero de justicia que el Estado había organizado para este día. Al iniciar el acto protocolario, al compás de la Orquesta Sinfónica y el Coro Nacional de Colombia, los asistentes comenzaron a exigir la presencia del presidente Petro. El descontento y la frustración empezaron a tomar fuerza, mientras los gritos exigiendo la presencia del presidente empezaron a competir con el sonido de la orquesta.
“Si el presidente no cumple hoy, será otro triste día en nuestro intento de reconciliación. Será revictimizar nuestro nombre y el de la Unión Patriótica”, dijo a este diario Luis Alberto Matta, exconsejero de paz de la UP en el Valle del Cauca (1995 – 1997). Matta tuvo que esperar 20 años para regresar a Colombia. En el 2000, las persecuciones y las amenazas lo obligaron a exiliarse, junto a su familia, en Canadá. Volver al país significaba en sí mismo un acto de reparación y justicia, pero la revictimización se volvió protagonista en una jornada que buscaba dignificar la historia de las más de 6.000 víctimas que dejó el exterminio, pero que terminó siendo todo lo contrario.
El perdón se quedó en un mensaje del presidente en su ya predilecta red social: “Hoy acompaño a todas las víctimas y, como jefe de Estado, quiero pedir perdón por las atrocidades cometidas contra la Unión Patriótica”. Así, este día de acto de perdón que en la memoria de las víctimas se iba a guardar como una respuesta de justicia, aconteció un centenar de opiniones divididas de víctimas que, en medio de su dolor, no podían creer la cancelación del evento. Y no es para menos, las víctimas llegaron desde varias partes del país y del mundo. Chocó, Valle del Cauca, La Guajira, Venezuela, Europa y Canadá, como en el caso de Matta, muchos de ellos con tiquetes pagados por el propio Estado: 25 internacionales y otros 879 nacionales.
“Nos pagaron los tiquetes para nada. Esto es un portazo a la paz y a la reparación”, afirmó otra de las víctimas a El Espectador, mientras abandonaba la Plaza de Bolívar en medio del llanto. Quien oficializó la cancelación del evento fue la ministra de Ambienta, Susana Muhamad, quien tomó el micrófono y expresó: “Por respeto a las víctimas y los derechos de la Unión Patriótica, este evento no lo podemos hacer sin la presencia del Presidente. Es por eso que hemos decidido cancelarlo”. Al acto frustrado no solo viajaron víctimas, sino que iba a coincidir con el Día Nacional de las Víctimas del Exterminio de la UP. Sin embargo, para víctimas como Lilia Yaya Cuervo, hija de Luis Yaya, asesinado en 1989, la cancelación del evento es un motivo más para seguir luchando por justicia, verdad y reparación.
Lilia Yaya lleva 30 años de duelo al que esperaba ponerle fin este 11 de octubre, pero quedó a la espera, una vez más. En fila, los asistentes abandonaron la Plaza de Bolívar y los retratos de algunas víctimas que adornaban el ingreso al lugar, fueron recogidos. El silencio se apoderó de un espacio que prometía dignificar la memoria de ese movimiento político que fue creado en 1985, como resultado de los diálogos de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Belisario Betancur. La sentencia del tribunal internacional, que aseguró que los derechos a la vida, honra, libertad de expresión, así como el derecho a conocer la verdad de lo que sucedió, fueron vulnerados, para muchas familias nuevamente vuelven a ser violados, tras la ausencia de un jefe de Estado, que dejo a las víctimas a la espera de un perdón.
Por ahora el evento queda en veremos, mientras que las otras medidas de reparación que el alto tribunal ordenó, siguen su curso. Una de esas es la creación de la Comisión para la Identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica, que comenzó a funcionar el 16 de abril de 2024 y que tiene como objetivo constatar, en 12 meses, la identidad o parentesco de las víctimas listadas en los anexos de la sentencia, para que puedan acceder a medidas de reparación. A la fecha, la entidad tiene 4.980 solicitudes radicas de las víctimas. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre 1985 y 2016, 4.616 integrantes de la UP fueron víctimas de homicidio y 1.117 fueron desaparecidas forzadamente. Sin embargo, la Comisión de la Verdad en el Informe Final, registró al menos 8.300 víctimas, de las cuales 2.430 víctimas fueron desplazadas forzosamente por la persecución de agentes estatales.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Dayana Herrera Valbuena
Conoce más