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Los problemas que tiene Colombia respecto a la tierra y la informalidad en la propiedad de los predios son amplios y han estado en el centro de las guerras y conflictos que han atravesado al país durante décadas. Es por eso que uno de los pilares del Acuerdo de Paz es el llamado catastro multipropósito, una herramienta que busca garantizar la seguridad jurídica de la propiedad y ordenar el territorio.
Su implementación es clave, pues permite conocer a profundidad el territorio que compone la soberanía nacional y diagnosticar a fondo los problemas de han llevado a que el país tenga un coeficiente de Gini 0,86 (donde 1 corresponde a la máxima desigualdad). La entidad encargada de dimensionar el tamaño del problema y contribuir a las soluciones es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
A la par con su importancia han llegado los problemas para ponerlo en marcha a escala nacional. Años después, esta herramienta sigue en obra gris.
¿Por qué es tan importante este proceso para el país y para cada ciudadano? ¿Qué beneficios concretos trae para los municipios y para el Estado? ¿Cuáles son los retos para que el catastro no se desactualice? Sobre todos estos temas responde el director del IGAC, Gustavo Marulanda Morales.
¿Por qué es importante el catastro multipropósito?
Uno de los temas cruciales de los acuerdos de paz de La Habana tiene que ver con la elaboración y desarrollo de un catastro multipropósito. Este busca aportar a la seguridad jurídica, al ordenamiento territorial y a la toma de mejores decisiones: para la formalización, redistribución de la tierra y claridad sobre los predios. Así, la informalidad disminuye y se facilita el acceso a mercados, créditos, subsidios y apoyos agropecuarios. Si tenemos un país tan informal, llegar a esos mercados es difícil. El catastro nos permite avanzar en ello.
¿Cómo avanza y cuál ha sido el proceso durante estos años del Gobierno Petro?
Hemos venido trabajando en un catastro con una gran cadena de valor, no solo levantamiento de predios, sino información agrológica (uso y vocación del suelo), cartografía detallada y mapas que permitan ordenar el territorio. Esto sirve para planes de ordenamiento territorial, esquemas básicos municipales, departamentales y planes nacionales o sectoriales.
Partimos de 9 % del territorio actualizado (10 millones de hectáreas) de predios levantados y hoy tenemos más de 30 % (más de 30 millones de hectáreas). Este año aspiramos a cerrar entre 40 o 45 millones de hectáreas, llegando a 40 % actualizado.
En cartografía, terminaremos con más de 84 millones de hectáreas cubiertas (80 % del territorio) y en estudios de suelos llevamos en 76 millones (79 %). Como este tema es esencial para el Acuerdo de Paz, respecto a los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) pasamos de tener nueve con información a casi 50 y esperamos llegar al 65 % de los 170.
¿A cuáles municipios se refiere cuando habla de núcleos de reforma agraria?
En los núcleos de reforma agraria, este año cerramos todos con actualización catastral y valoración del suelo. Se trata de 82 municipios en zonas Caribe (Córdoba, Sucre, Cesar, Magdalena, Bolívar) y Magdalena Medio. Allí había tierra altamente productiva, concentrada en pocas manos y subutilizada. De esos, 72 están bajo jurisdicción del IGAC y 10 de Antioquia. En todos tenemos cartografía detallada, con estudios agrológicos a escala semidetallada y catastro actualizado.
¿Es posible actualizar completamente el catastro en los años que quedan de implementación del acuerdo de paz?
Ha sido difícil. Desde 2016 apenas vamos en el 40 %. Este gobierno dejará entre 50 y 60 millones de hectáreas actualizadas y las metodologías para avanzar. Dependerá de los próximos gobiernos continuar en esa línea.
Hacemos todo lo posible para avanzar. También estamos dejando una operación de crédito aprobada para garantizar recursos. Porque actualizarlo no es el único reto, también tenemos que lograr que el que ya tenemos no se desactualice.
¿Por qué es tan difícil levantar la información y tener un catastro al día?
Por la complejidad técnica (zonas como Amazonía y Chocó tienen mucha nubosidad) y es difícil llegar a algunos territorios por la dispersión y porque hay inseguridad o dificultades de orden público. A eso se suma el tema político, hay muchas personas a las que no les conviene que se valore su finca ni pagar los impuestos que corresponden. Este país tiene alta concentración de tierra, cercana al 0,86 (del Gini), es uno de los más desiguales del continente y del mundo. El 10 % de los propietarios de tierra pueden estar teniendo cerca del 70 % de los predios.
A eso se le suma que hay subutilización: hay 47 millones de hectáreas productivas dentro de la frontera agrícola y solo de 7 a 8 millones están en producción agro e importamos cerca del 28 % de la canasta básica cuando se podría producir en ellas. El resto se usa para ganadería extensiva o vivienda campestre, que, si bien es importante, va en contravía de la seguridad alimentaria.
El catastro devela todas estas realidades.
¿Qué efectos prácticos tiene para una persona que se realice el catastro en su municipio?
Lo primero es que tener la información catastral permite tomar decisiones claras sobre colegios, puestos de salud y vías. Si no conocemos el territorio, no sabemos dónde construir ni cómo planificar. Lo segundo es que el ciudadano puede interactuar con la alcaldía para proponer proyectos con información confiable.
Para el campesino, el catastro ayuda a formalizar la propiedad, acceder a créditos y entrar en la vida jurídica del país. Hoy el 60 % de la tierra es informal, lo que genera inseguridad jurídica y riesgo de despojo. Sin títulos, no hay acceso a crédito ni a la oferta estatal. Con el catastro, se define el lote, sus características y se entrega información a la Agencia Nacional de Tierras para formalización. Si la persona no figura como propietaria, cualquiera podría llegar a ocupar el lugar, es por eso por lo que hemos tenido tanto desplazamiento en nuestra historia como país.
¿Cómo se beneficia el Estado o qué cambia para él?
Hoy muchos predios no están en bases catastrales y no pagan impuesto predial, que es de los principales recursos municipales. Con catastro actualizado se logra equidad tributaria: todos pagan según el valor real de su propiedad. Esto permite financiar salud, educación, vías y servicios.
No es justo que unos pocos soporten la carga tributaria mientras hay otros que no pagan nada por los bienes públicos. Es como si en un edificio solo algunos pagaran la administración para mantener el edificio.
¿Cómo evitar que el catastro se desactualice en el futuro?
Estamos trabajando en ese frente con varias estrategias. La primera es con tecnología y participación ciudadana, que las personas se den cuenta de que son parte del proceso y reporte todos los cambios en su predio. Además, el IGAC usa el Observatorio de la Tierra y algoritmos de IA para monitoreo diario. Tenemos satélites para identificar modificaciones en tiempo real. Queremos pasar de actualizaciones cada 5-10 años a que sea permanente.
Recientemente, el IGAC y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) sellaron una alianza para fortalecer el catastro. ¿Cómo funciona y en qué consiste?
Corea del Sur invierte en el catastro colombiano porque es un país que tiene experiencia en reforma agraria y tecnología espacial. Hay dos proyectos clave:
Centro Nacional de Capacitación en Catastro Multipropósito, con una inversión de 7 millones de dólares, para fortalecer capacidades para hacer este proceso con mejores herramientas
Transferencia de capacidades en sistemas de información, que cuenta con 5 millones de dólares, para transferir capacidades en sistemas de información.
Con todo esto aportamos por la sostenibilidad porque dejamos los procesos necesarios para que el catastro no se desactualice y el siguiente gobierno pueda seguir avanzando.
¿Qué otros retos tiene la entidad, más allá del catastro?
El IGAC es más que catastro. Es la entidad que conoce el territorio, que tiene la cartografía, agrología y herramientas como el Observatorio del Territorio. Apostamos por una “geografía para la vida” que ayude a cerrar brechas sociales y apoye la gestión ambiental.
Estamos dejando plataformas como Colombia en Mapas y el Observatorio Inmobiliario, que permite conocer el territorio, monitorear y gestionar los riesgos, el control de la deforestación y vías ilegales en la Amazonía. Estamos entregando información ambiental relevante, relacionados con los Parques Naturales y cómo conservar los ecosistemas estratégicos para el país.
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