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Aunque quizá invisible en el trajín del día a día, el sector de telecomunicaciones es uno de los pilares de la vida moderna. Una verdad acaso obvia y que se da casi por sentado: esperamos conectividad instantánea para poder realizar una búsqueda en línea, para subir la foto de lo que hay en el almuerzo, para ver videos de gatos antes de dormir, para hacer tareas, para conectar en la distancia con una persona querida.
Colombia lleva un buen tiempo de avance sostenido en materia de telecomunicaciones, procurndo más y mejor conectividad a nivel nacional. A pesar de esto, la brecha digital no es un problema del pasado y, aunque lo demos por sentado, el sector de telecomunicaciones requiere de enormes inversiones y una visión estratégica para seguir moviéndose, eficientemente, hacia adelante.
Y, si bien es cierto que no estamos detenidos, hay varias voces dentro del sector que reclaman un liderazgo más efectivo para avanzar a la velocidad que necesitan tanto el país como los usuarios. Como lo dijo un analista del sector: “Llevamos un tiempo largo moviéndonos por inercia, no por agenda. Y buena parte de la culpa de esto la tiene el Ministerio de las TIC”.
¿Cómo está el panorama de la conectividad en Colombia?
De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Colombia obtuvo una calificación de 77,2 en su más reciente medición del Índice de Desarrollo de las TIC, en el que 0 representa el nivel más bajo posible de desarrollo, con condiciones casi inexistentes de acceso, uso, calidad o asequibilidad, y 100 corresponde al nivel óptimo o ideal.
Esta cifra se traduce en una mejora frente al avance consolidado los últimos años, ya que desde 2023 ha aumentado 5,3 puntos, lo que se traduce en una variación de 7,3 %.
Para tener una referencia (con la salvedad de que la UTI no presenta este índice como un ranking) la nota del país es más alta que la que recibieron otros de la región como República Dominicana (75,1), Ecuador (71,6), El Salvador (67,6), Venezuela (58,6) y Cuba (46,4); pero es más baja que la de Chile (93,4), Costa Rica (86,3), Brasil (84,4), Argentina (83,7), México (82,3) y Perú (77,6). Hay países que se acercaron bastante al 100 %, como Arabia Saudí (99,2) Finlandia (98,7), Kuwait (98,4) y Estados Unidos (97,4).
En el ámbito local contamos con el Índice de Brecha Digital, que examina, para resumirlo brevemente, varias dimensiones que llevan a entender quiénes tienen acceso a las TIC y quiénes las usan de forma eficaz.
La medición más reciente de este índice (2025, con datos de 2024), arrojó un resultado de 0,384, lo que equivale a una reducción de 0,056 puntos desde 2018 y a una mejora acumulada del 12,72 %; aquí, el 0 representa el cierre total de la brecha.
En entrevista con El Espectador, la ministra de las TIC, Carina Murcia, señaló que en lo que resta del mandato de Gustavo Petro es clave seguir avanzando en el cierre de esta brecha, especialmente en el componente de habilidades digitales.
“Tenemos 1,7 millones de hogares conectados, 19.000 escuelas rurales conectadas y más municipios en los que se ha avanzado con el despliegue de estaciones base para la red 5G. Los esfuerzos que ha hecho el Gobierno son importantes. Por primera vez tenemos una inversión de COP 2,8 billones en conectividad, además de proyectos que están trascendiendo, como el plan de fibra óptica por la Amazonía”, señala, al añadir que los esfuerzos también deberán estar encaminados por hacer de la conectividad algo más asequible para los hogares de ingresos bajos, ya que para estos un plan básico puede costar cerca de 10 % de su gasto mensual, mientras que para los de mayores ingresos la cifra es de apenas 2 %.
Los peros al estado del sector telecomunicaciones en Colombia
Como ya dijimos, no se trata de una parálisis o una crisis inminente, pero lo que dicen varias fuentes es que hay mucho por hacer y poco movimiento en las direcciones correctas o con la velocidad que se requiere. Y los dedos señalan hacia la cabeza del sector, el MinTIC.
Una de las fuentes consultadas por este medio, que solicitó reserva de su identidad, señaló que, pese a tratarse de una cartera altamente técnica —lo que exigiría ministros con formación y trayectoria especializadas—, el Ministerio TIC suele convertirse en un “comodín político”.
La actual ministra, Carina Murcia, asumió el cargo en septiembre del año pasado y, desde entonces, se han publicado más de 60 hojas de vida para cargos de libre nombramiento y remoción dentro de la entidad.
En un periodo de tiempo comparable, tras la llegada de su antecesor, Julián Ruperto Molina, se registraron 38 publicaciones; durante la gestión de Mauricio Lizcano, 32; y bajo Sandra Urrutia, la primera ministra TIC del Gobierno Petro, 52. Las cifras más altas se concentran después y antes de elecciones.
Esto, detalla la fuente, ha impregnado al ministerio de una suerte de “adanismo”, lo cual, explica, impide que se les dé continuidad a proyectos, especialmente en áreas que demandan inversiones a largo plazo.
“Más allá de que muchos ministros asumen sin estar preparados, llegan a hacer fichas políticas y a llenar unas necesidades también políticas, lo cual no necesariamente se traduce en una fuente de corrupción, pero sí en un escenario que llama la atención, porque cada uno llega con una cuadrilla y unos programas que muchas veces no se enmarcan dentro de una agenda de Gobierno ni mucho menos de Estado. Se refuerza entonces la idea de que los operadores son vistos más como una vaca lechera para obtener recursos, y no como promotores de políticas públicas”, asegura la fuente.
Catalina Moreno, codirectora de la Fundación Karisma (organización que trabaja en la promoción de los derechos en el mundo digital) también dice que el Ministerio de las TIC es una cartera con la que es difícil trabajar.
“No es un ministerio que esté abierto a sentarse con uno para hablar y entender una agenda en particular”, señala, al añadir que desde la Fundación también han notado la ausencia del ministerio en el Congreso cuando se discuten proyectos de ley con temática TIC.
“El año pasado hicimos seguimiento a 15 distintos proyectos de ley. Nos preocupa que el MinTIC, a pesar de ser el órgano rector de la política pública, nunca aparece en los debates. La única excepción fue una audiencia pública que fue convocada de un proyecto de ley sobre el derecho fundamental a internet, el cual era de iniciativa gubernamental. Solo en ese proyecto de ley nos encontramos con una representante de la cartera”, añadió.
Un ejemplo de esta aparente falta de interés por la conversación, es que el 31 de diciembre se publicó un proyecto de decreto sometido a comentarios. Sí, en una de las fechas más festivas del año, sin que previamente se contara con mesas de participación, pese a que la ley que buscar reglamentar (la 2489 de 2025, que es la de entornos digitales sanos y seguros para niños, niñas y adolescentes) se sancionó en julio.
“Obviamente en otros gobiernos también hemos visto que no les interesa escuchar a la sociedad civil, pero de este uno esperaba más, y no este portazo en la cara”, concluye.
Al respecto, la ministra Murcia puntualizó que para ella es importante la articulación, la empatía y el sentarse con todos los actores claves de este sector. “Es válido el comentario que hace la Fundación Karisma. Les llamaremos y ofreceremos nuestras disculpas. Claro que los tendremos en cuenta para nuestros proyectos de ley”.
Desde el lado de los operadores se reconoce, en justicia, el papel que el Ministerio tuvo durante la crisis de WOM, que estuvo a punto de irse a pique y llevarse a sus usuarios por delante. En ese momento, se realizó un trabajo en conjunto con la Superintendencia de Sociedades.
También fue importante la mediación de la cartera entre EPM y Millicom para viabilizar la capitalización que Tigo requirió en su momento y evitar que entrara en bancarrota, algo que también hubiera perjudicado gravemente a los usuarios y a un mercado en el que no hay muchos jugadores, y por lo tanto con menos competencia de lo que se quisiera.
Pero, más allá de estos puntos de luz, Samuel Hoyos, presidente de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomovil), también tiene sus reparos. Señala que, aunque la conexión a internet es un servicio público esencial, los operadores siguen experimentando una carga tributaria considerable, así como altos costos del espectro y la falta de políticas públicas largoplacistas, lo que con el tiempo no incentiva la inversión, pues no da seguridad financiera ni jurídica a quienes quieren poner dinero para el desarrollo de las telecomunicaciones en Colombia.
“Nuestro problema no es de Gobierno, nosotros creemos que esto tiene que ser políticas de Estado, no importa cuál sea el gobierno. No se puede estar cada cuatro años modificando y queriendo inventar desde cero las cosas”, precisa.
También ve con preocupación la “ineficiente” gestión que se le ha dado al FonTIC, parte de cuyo propósito es financiar proyectos destinados al cierre de la brecha digital, a lo cual los operadores destinan cerca de COP 2 billones al año, de los cuales un 40 % se van en gastos de funcionamiento.
Se considera que los contratos que ha hecho este fondo han tenido un impacto muy bajo y con enfoques incorrectos, cuando, como resalta Hoyos, se podrían dar subsidios para favorecer la conectividad en las poblaciones más pobres y vulnerables, así como proyectos para zonas remotas y desconectadas, “pero desafortunadamente este fondo no ha sido bien manejado”, concluye.
Sobre esto, la ministra recuerda que toda la cartera se financia con estos recursos, de allí que los gastos de funcionamiento sean tan altos. Coincide en que más recursos deberían destinarse para proyectos más ambiciosos de cierre de la brecha digital, razón por la cual considera importante que el gobierno entrante, con su Ministerio de Hacienda y el Congreso discutan la idea de que el MinTIC también tenga una asignación presupuestal, como pasa con las demás carteras.
Por otra parte, Sandra Milena Ortiz, directora del departamento de derecho, comunicaciones y tecnologías de la información de la Universidad Externado, también cuestiona el alcance de las obligaciones asociadas al despliegue de la red 5G (los operadores que resultaron favorecidos en la subasta del espectro se comprometieron a realizar inversiones para llevar conectividad a zonas apartadas).
“El balance actual no es el mejor, a pesar de los estudios de las bancas multilaterales, quienes elaboraron un diagnóstico y alternativas para lograr conectividad en territorios remotos. Los esfuerzos fueron muy pocos y hay tareas pendientes por parte del Ministerio”, asegura.
Sobre el despliegue de 5G, el más reciente reporte que hizo OOKLA (firma especializada en diagnóstico y pruebas de internet) indica que, en promedio, en Colombia esta red permite alcanzar velocidades de 205 megabits por segundo (mbps), cifra que es inferior a las 430 mbps que se registran en Brasil y por encima de las 59 mbps que se alcanzan en Perú. El país ocupa la décima posición en el ranking de mayores velocidades, en un grupo de 16.
Pero entre las 13 naciones analizadas por esta firma en materia de cobertura, Colombia ocupa el último lugar, pues sólo 1,6 % de los usuarios se encuentra conectado a esta red la mayor parte del tiempo. Por encima se encuentran otras naciones como Venezuela (6 %), Chile (26,3 %) y Puerto Rico (88,1 %).
Ortiz coincide en que la alta rotación de directivos en la cartera ha dificultado la continuidad de proyectos clave, así como de revisiones a fondo en sectores como la televisión y la promoción de reformas estructurales al sector TIC.
Este sector, señala la académica, requiere de una actualización y verdadera modernización en función de la convergencia, concepto del cual se viene hablando hace más de 25 años, pero que no ha sido incorporado en su totalidad en el diseño de las políticas públicas que respondan al nuevo esquema de agentes que participan del ecosistema digital, donde la base estructural se fundamenta y edifica en las telecomunicaciones.
La ministra Murcia, por su parte, lamenta el hecho de que, a pesar de que desde el Ministerio se han propuesto importantes proyectos de ley para el sector, especialmente los que tienen que ver con inteligencia artificial y datos, el Congreso no alcanzó a avanzar en estos. “Ni siquiera llegaron a debate”, señala.
El reto para el Ministerio de las TIC no pasa sólo por mejorar los indicadores, sino por garantizar que los avances sean sostenibles en el tiempo. Para el sector, cerrar la brecha digital exige una gestión con mayor continuidad, diálogo con los actores clave y decisiones que trasciendan los ciclos políticos.
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