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Este viernes se realizará la asamblea general de accionistas de Ecopetrol, en Bogotá. El encuentro llega en un momento de tensión para la empresa, por cuenta de sus resultados financieros y una nueva renovación de la junta directiva, con la elección de por lo menos cuatro nuevos miembros, de los nueve que conforman este órgano.
El párrafo anterior bien podría haber sido escrito en 2024, cuando la asamblea eligió a cinco nuevos miembros de la junta directiva, en medio de turbulencias y declaraciones acerca de la idoneidad de algunos de estos para dirigir el rumbo de la principal empresa del país.
La situación un año después no es radicalmente distinta, pues la compañía se encuentra en el tope de producción de los últimos años, pero con resultados financieros decepcionantes y la elección de nuevos miembros de junta sigue, de cierta forma, la plantilla del año pasado: dudas y reservas sobre si los candidatos tienen la talla requerida para las posiciones que ocuparían.
En el lado financiero del asunto el panorama se ve de esta forma. Para 2024, la empresa registró ingresos por $133,3 billones ($9,8 billones menos que en 2023), utilidades por $14,9 billones (21,7 % menos que en 2023, cuando sumaron $19,1 billones), un Ebitda de $54,1 billones y un margen Ebitda del 41 %. Es importante señalar que la comparación se hace con un año en el que ya hubo caídas, pues en 2023 las utilidades de la empresa bajaron 42 % frente a 2022.
A principios de este mes, cuando se conocieron los resultados, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, aseguró que este es el mejor tercer año en la historia de la empresa (después de 2022 y 2023). La caída de las utilidades, según Roa, tiene que ver con factores externos, específicamente la caída en la tasa de cambio (pasó de $4.325 en 2023 a $4.071 en 2024) y en el precio del petróleo Brent (en 2022 estuvo, en promedio, en US$99; en 2023 se ubicó en US$82, y en 2024, en US$80).
Además de la elección de la nueva junta, la asamblea deliberará sobre dos puntos más: cambios a los procedimientos técnicos de esta misma reunión, así como modificaciones a la política de sucesión de la junta.
Aquí hay que hacer una pausa y decir un par de asuntos tan obvios como importantes: Ecopetrol tiene una serie de accionistas y se cotiza en bolsa, claro. Pero lo cierto es que el Estado controla el 88,49 % de las acciones. Listo, puede que no sea enteramente una petrolera estatal, pero de facto lo es.
Y esto tiene unos ciertos bemoles cuando se meten en la ecuación algunos episodios durante la administración del presidente Gustavo Petro, especialmente dos relacionados con las operaciones de la petrolera en Estados Unidos.
La empresa, en conjunto con Oxy, tiene una operación de “fracking” en ese país y en su momento se dio la oportunidad de ampliarla hacia otra cuenca. La junta directiva estaba prácticamente a bordo de ese negocio (luego de un proceso largo de análisis técnicos y financieros), pero, según dijeron Luis Alberto Zuleta y Juan José Echavarría en su carta de renuncia a la junta, la movida se frenó después de que el presidente Petro le dijera a Roa y a varios miembros del cuerpo directivo, en una reunión informal en Santander, que no estaba de acuerdo.
Ese primer episodio motivó la renuncia de ambos miembros y generó dudas en el mercado sobre el futuro de la empresa y su gobierno corporativo.
El segundo fue una declaración de Petro durante su primer consejo de ministros televisado (la sesión que incluyó más llanto y espectáculo que gerencia y administración del alto gobierno) acerca de la necesidad de que Ecopetrol venda la participación que tiene en “fracking” en Estados Unidos. Las palabras del presidente llegaron pocos días después de que la empresa ya había anunciado un acuerdo con OXY de extender su plan de desarrollo del Midland, en la cuenca del Permian.
Esta operación en el Permian representa alrededor del 14 % de la producción de petróleo de todo el Grupo Ecopetrol, además de ser la explotación con mejores condiciones financieras y operativas, y la única que ha venido creciendo en el último año (41,3 % en 2024 frente a 2023).
El Permian aporta unos 100.000 barriles de petróleo por día al número total de producción de la petrolera, que en 2024 llegó a 746.000 barriles.
En otras palabras, salir del Permian por orden presidencial sería un suicidio operativo y financiero para la empresa, pero también la renuncia a tener un gobierno corporativo que haga lo que tiene que hacer por interés de la nación y los accionistas, no por capricho o sentencia televisada presidencial.
Los dividendos
La propuesta para distribuir las utilidades de 2024, aprobada por la junta directiva, y que se pondrá a consideración de la asamblea este viernes, es un dividendo ordinario de $214 por acción. El año pasado se distribuyó un dividendo de $312 por acción y en 2023 (por los resultados de 2022) fue de $593.
Para los accionistas minoritarios el pago sería en dos cuotas iguales, la primera el 4 de abril y la segunda el 27 de junio de 2025. Para un accionista mayoritario, el Estado se propone el pago a más tardar el 31 de diciembre de este año, en coordinación con los pagos del saldo de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles (FEPC) de 2024.
Los miembros de la junta que se van
En la junta directiva de Ecopetrol hay dos sillas vacías desde noviembre de 2024, cuando se hizo efectiva la renuncia de Luis Alberto Zuleta y Juan José Echavarría, que eran miembros independientes.
La tercera silla vacía es la de Edwin Palma, quien dejó oficialmente la junta a principios de marzo tras ser nombrado ministro de Minas y Energía. El ahora jefe de cartera llegó a la junta directiva como miembro no independiente en marzo de 2024, cuando todavía era viceministro de Trabajo. Pocos meses después, en octubre, se convirtió en el agente interventor de Air-e (a este cargo también tuvo que renunciar para ser ministro).
A estas salidas se sumó la de Gonzalo Hernández, exviceministro de Hacienda y miembro de la junta desde octubre de 2022, primero como no independiente y después como independiente. El pasado 28 de febrero, Hernández dijo que con el llamado a asamblea de 2025 “cumplió un ciclo”, y explicó que en 2024 ya había manifestado que no sería parte de la nueva junta directiva de Ecopetrol, pero que le “parecía importante terminar el período institucional sin originar afectación alguna al quórum o al gobierno corporativo de la compañía”.
Los que llegarían a la junta
En la junta seguirá Ángela María Robledo (desde marzo de 2024), Mónica de Greiff (octubre de 2022), Guillermo García (marzo de 2024) y Álvaro Torres (marzo de 2024) como independientes, y Tatiana Roa Avendaño (viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio, que está en la junta desde marzo de 2024) como no independiente.
Los cuatro nuevos miembros, de acuerdo con la plancha que publicó la empresa, serían Alberto José Merlano Alcocer e Hildebrando Vélez, como no independientes, y Ricardo Rodríguez Yee y Luis Felipe Henao, como independientes.
Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda y miembro de la junta directiva de EPM, fue postulado por los accionistas minoritarios, específicamente por los fondos privados de pensiones, mientras que a Ricardo Rodríguez Yee, exvicecontralor general de la República y exdirector de la UPME, lo nominaron los representantes de los departamentos productores de hidrocarburos explotados por Ecopetrol (Meta, Casanare, Arauca, Santander, Huila y Boyacá).
Los dos candidatos no independientes, nominados por el Ministerio de Hacienda, son muy cercanos al Gobierno.
Merlano Alcocer es tío de la primera dama, Verónica Alcocer. Fue vicepresidente administrativo de Ecopetrol, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y es docente. A finales del año pasado El Espectador contó que en la Superintendencia de Industria y Comercio estaba adelantando un proceso para tumbar una sanción que esa misma entidad impuso en 2014 en contra de Merlano por violar el régimen de libre competencia cuando participó en el cambio del esquema de recolección de basuras.
En enero de este año la SIC, en cabeza de Cielo Rusinque, solicitó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbar la sanción. Aparentemente, la movida buscaba despejarle el camino a Merlano para llegar a la presidencia de Ecopetrol, un hecho que él negó tajantemente en medios de comunicación. Si bien parece que no llegará a la presidencia de la empresa más grande del país (al menos no por ahora), desde este viernes podría convertirse en miembro de la junta de la petrolera.
Hildebrando Vélez es amigo del presidente Petro y papá de Irene Vélez, exministra de Minas y Energía y nueva directora de la ANLA. Es doctor en ciencias ambientales, trabajó como consultor y asesor del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali y fue asesor del Minigualdad.
Con los cambios se discutirá y, casi se da por hecho, se aprobará este viernes la junta directiva de la empresa más grande del país y se habrá renovado a ocho de sus nueve miembros en tan solo un año. En esta decisión se juega buena parte del futuro de la compañía y, claro está, de sus accionistas, incluyendo al Estado.
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