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Este 23 de febrero, luego de casi 26 años de impunidad por el asesinato de Jesús Ramiro Zapata, profesor, sindicalista, líder social y defensor de derechos humanos de Segovia (Antioquia), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificará la sentencia del caso. Su familia y abogadas esperan que se confirme la responsabilidad del Estado en la muerte del hombre que denunció en repetidas ocasiones el vínculo entre el Ejército y grupos paramilitares involucrados en las masacres ocurridas en el municipio en 1988, 1996 y los asesinatos de personas pertenecientes a sindicatos de trabajadores en 1997, en medio del recrudecimiento del conflicto armado en el país.
El caso del líder social llegó a la Corte el 30 de enero de 2024, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyera que Colombia es responsable de su muerte, pues incumplió con su deber de proteger la vida de Jesús Ramiro Zapata. Su lucha por denunciar los horrores de la violencia paramilitar en Antioquia comenzó en la noche del 11 de noviembre de 1988, cuando integrantes del grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste, conocido como Los Realistas, ingresaron a Segovia y al corregimiento La Cruzada en el municipio de Remedios. En menos de 30 minutos, los hombres armados asesinaron a 46 personas y dejaron heridas a otras 60.
Contexto: Llega a la Corte IDH caso de líder social asesinado por denunciar masacre de Segovia
Jesús Ramiro Zapata fue de las primeras voces en denunciar los hechos, pues ya ejercía como integrante del Comité de Derechos Humanos de Segovia y del Comité de Derechos Humanos del Noroccidente Antioqueño y del Bajo Cauca. Él mismo llamó la atención, en múltiples ocasiones, la omisión y el acuartelamiento de la fuerza pública mientras se cobraba la vida de decenas de civiles. Pese a sus constantes señalamientos, los asesinatos en Segovia no cesaron. El 22 de abril de 1996, una avioneta comercial aterrizó en el aeropuerto de Otú, en el municipio de Remedios. En ella venían seis hombres que más adelante harían parte del grupo victimario que perpetró otra masacre.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en la pista de aterrizaje, fueron recibidos por el capitán (r) del Ejército Rodrigo Antonio Cañas Forero, con quien habrían conversado en la base militar y en el estadero del aeropuerto. Posteriormente, según la investigación del Centro, los hombres se reunieron con otros dos que habían llegado por tierra desde Medellín en un vehículo de la antigua empresa minera Frontino Gold Mines (FGM), completando así la estructura que cometió la matanza: fueron asesinadas 15 personas y otras 15 quedaron heridas. Zapata denunció con nombre propio a ese uniformado que se concertó con paramilitares para ejecutar esta acción criminal. Años después, fue capturado por la Fiscalía.
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Alejandra Escobar Cortázar, coordinadora de litigio internacional del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), indicó que, entre 1996 y 1997, llegó a Segovia y a Remedios el Grupo de Autodefensas del Nordeste (GAN), señalado de estar tras la muerte de varios sindicalistas e integrantes del partido político Unión Patriótica (UP). Según el informe del CNMH, Silenciar la Democracia: las masacres de Remedios y Segovia, la Fiscalía señaló que hasta septiembre de 1997, el comando paramilitar asesinó a 170 personas en esos municipios. El CNMH relató que en 1999 Cañas Forero fue condenado por la justicia a 50 años de prisión, al considerar que “era evidente su calidad de coautor” en los hechos de 1996.
Las denuncias realizadas por Jesús Ramiro Zapata sobre la omisión del Ejército en estos crímenes derivaron en una serie de represalias en su contra. Recibió amenazas, allanamientos a su casa y señalamientos públicos de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (Eln), lo que dio lugar a la apertura de cinco investigaciones en su contra. La persecución y el hostigamiento contra el profesor fueron puestos en conocimiento de las autoridades de control e incluso llegaron ante la CIDH. El 11 de febrero de 1998, la Comisión solicitó al Gobierno colombiano la adopción de medidas cautelares para proteger la vida del líder social.
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Sin embargo, como señaló Alejandra Escobar: “Colombia no protegió a Jesús Ramiro Zapata”. Se vio obligado a abandonar Segovia en 1998 e irse a Medellín como docente sin ninguna garantía de seguridad, lo que le impidió ejercer su labor. Su situación económica lo obligó a regresar al municipio en el que había sido docente desde 1990, para así retomar su trabajo en la escuela Santo Domingo Savio. Dos años más tarde, en la noche del 3 de mayo de 2000, cuando el sindicalista se encontraba en un billar del pueblo conversando con conocidos, hombres armados se lo llevaron por la fuerza. Posteriormente, Zapata fue asesinado a tiros en zona rural de Segovia.
Yessika Hoyos Morales, abogada y actual presidenta de CAJAR, señaló que la familia de Jesús Ramiro Zapata acudió a las autoridades del municipio en busca de ayuda para recoger el cuerpo del líder social, “pero la Policía les dijo que no iban a ir hasta allá. Les tocó recogerlo, montarlo en un taxi y llevarlo al pueblo. Las autoridades ni siquiera fueron capaces de hacer el levantamiento”. La abogada agregó que el homicidio de Zapata sigue en total impunidad: “A la fecha no hay ninguna persona responsable por estos hechos que esté condenada (…) Si bien es cierto que los autores materiales del crimen son paramilitares, ni siquiera un autor material está investigado ni condenado”.
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En el informe de fondo, entregado por la CIDH el 20 de octubre de 2020, la entidad concluyó que el Estado colombiano es responsable por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la honra y dignidad, la libertad de expresión, de asociación, de circulación y residencia. Asimismo, estableció que la inclusión de Jesús Ramiro Zapata en reportes judiciales y el allanamiento de su vivienda, hechos que generaron una situación de riesgo en su contra, son directamente atribuibles a las autoridades nacionales. La Comisión señaló deficiencias del Estado al no asegurar adecuadamente la escena del crimen y permitir que se manipulara el cuerpo, comprometiendo la obtención de pruebas cruciales.
Además, agregó que, para los familiares, la pérdida de su ser querido en esas circunstancias y la demora en el acceso a la verdad y la justicia generaron un sufrimiento constante y vulneraron sus derechos a la integridad psíquica y moral. Por ello, recomendó al Estado colombiano reparar integralmente las violaciones de derechos humanos, adoptar medidas para la rehabilitación de los familiares del líder social y continuar la investigación penal con el fin de esclarecer los hechos, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes. Sin embargo, ante el incumplimiento de estas recomendaciones por parte de Colombia, la CIDH decidió enviar el caso ante la Corte IDH.
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La sentencia que hoy notificará la Corte no solo definirá la responsabilidad internacional del Estado, sino que puede convertirse en un punto crucial que la justicia colombiana no ha logrado en dos décadas. Si el tribunal acoge las conclusiones de la Comisión, Colombia estaría obligada no solo a reparar integralmente a la familia de Jesús Ramiro Zapata, sino a reactivar con diligencia una investigación que permanece estancada, identificar a todos los responsables y adoptar garantías de no repetición. En un caso marcado por omisiones, amenazas y fallas en la protección, el fallo podría abrir la puerta a la verdad judicial que durante 26 años ha sido esquiva y a una respuesta que el país aún le debe a Segovia.
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