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“Le agradezco por haberme jodido la vida. Mientras ella sí tiene todas las comodidades de este mundo porque la han cambiado de puesto en puesto en la Presidencia, yo sigo comiéndome ‘la miércoles’, luchándola para trabajar”. Fabiola Perea es una mujer sin rodeos. A sus 52 años, curtida ya en la brega de la vida, con cinco hijos que sacó adelante a punta de escoba y trapero, todavía revuelta por el abuso de poder que la violentó, pero con la certeza de que su reclamo es un grito por la justicia, así le habla a Laura Sarabia Torres, hoy embajadora de Colombia ante el Reino Unido, y en su momento la funcionaria más poderosa del gobierno de Gustavo Petro. Además de haber sido desplazada por los fusiles paramilitares y de capotear la suerte del rebusque como empleada doméstica en Cali y Bogotá desde los 18 años, Perea terminó viviendo un calvario que no cesa: agobiada, triste y enferma.
Fabiola Perea trabajó en la casa de quien entonces era la jefa de despacho de la Presidencia y la noche se le vino encima a finales de enero de 2023 cuando una maleta perdida con 4.000 dólares se volvió escándalo nacional. Hoy se sabe que la Policía fabricó informes de inteligencia para chuzar su teléfono y el de la niñera Marelbys Meza, con el fin de espiar sus comunicaciones. Hoy se sabe que ante un juez de garantías de Quibdó (Chocó) la hicieron pasar como alias “La Cocinera”, supuesta integrante del Clan del Golfo. Hoy se sabe que la escucharon durante meses, que hurgaron en su casa, que investigaron a sus cinco hijos, Cindy, Erika, Karen, Jhon y Jennifer, que rastrearon toda su vida, su historia, su pasado. Hoy se sabe que el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero Jhon Fredy Morales, quienes la interceptaron ilegalmente, fueron condenados a más de 11 años. Hoy se sabe que Perea es una víctima en este caso. Todos lo saben.
Todos, menos el Estado. Fabiola Perea y su abogado Boris Lombana demandaron a la Nación. La Policía se opuso al considerar que, a pesar de la montaña de evidencias que hay contra esa entidad, “la parte actora no allegó medios probatorios para demostrar la falla en el servicio”. En palabras castizas, según la Policía, la Policía no hizo nada. De la misma manera, la Presidencia de la República se excusó de cualquier responsabilidad y advirtió que no puede verse condenada administrativamente, pues el “aparente hurto del dinero de la exdirectora (Laura Sarabia) es un asunto personal y privado que en nada involucra a la entidad”. El problema es que algunos de los policías que estuvieron metidos en esta operación ilegal declararon que lo hicieron porque la pérdida de esa maleta constituía un asunto de seguridad nacional porque los objetos extraviados le pertenecían a la mano derecha del jefe de Estado.
Mientras la demanda avanza en un juzgado administrativo de Bogotá y otros jueces penales determinan otras responsabilidades, detrás de toda esta maraña procesal hay un drama: Fabiola Perea lleva tres años cargando con el INRI de haber sido señalada falsamente por la Policía como “La Cocinera” del Clan del Golfo. Una mentira que quedó al descubierto en junio de 2023, cuando estalló el escándalo de las chuzadas a las exempleadas de Laura Sarabia y trascendió que los investigadores habían mentido para espiarlas ilegalmente. Y, sin embargo, desde entonces fue como si le hubiera caído la roya. Perdió todos sus trabajos, nadie volvió a contratarla para oficios domésticos, la discriminaron, la señalaron, la humillaron. Luego vinieron la depresión, la tristeza profunda, las angustias económicas y los dolores físicos que no le daban tregua. Por fortuna, sus hijos la rescataron de ese pozo de calamidades que se sucedían al tiempo.
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Hoy un poco más serena y lejos de Bogotá, Fabiola Perea accedió a hablar con El Espectador. “Soy una mujer afro que le ha tocado trabajar desde los 18 años. Mis únicas armas han sido la escoba y el trapero. Soy trabajadora y guerrera. Nací en el corregimiento de Villa Gorgona, en Candelaria (Valle del Cauca), un pueblo muy acogedor, alegre, de personas muy amables y de mujeres y hombres honrados. Soy de una familia que, cómo le digo, sabe criar a una persona”. De sus padres, Valenciana Perea y Apolinar Ruiz, heredó el camino recto y de su tía Tomasa los bríos incansables del trabajo. Ella la crio porque Valenciana murió cuando estaba muy pequeña. Apolinar fue cortero de caña. En estos tiempos difíciles, estos tres nombres y los de sus cinco hijos fueron consuelo y ejemplo para no desfallecer. Y también para insistir en esta demanda que busca resarcir semejante infamia.
Fabiola Perea dice que uno de los momentos más difíciles de todo este infierno fue cuando sus hijos la vieron llorar, devastada por los señalamientos que la relacionaban con un grupo criminal. Ella, que nunca ha tenido problemas con la justicia. Ella, desplazada por la violencia. Ella, que siempre ha renegado de los grupos ilegales que han atenazado al país. Ella, que ha seguido religiosamente el camino correcto que le enseñaron sus ancestros del Pacífico. ¿Cómo podía ser posible que justo a ella la acusaran de semejante cosa?, se lamentaba. “A mis hijos esto les afectó mucho porque inclusive les tocó dejar de ir a trabajar algunas veces para acompañarme porque tenía los nervios de punta y además nos sentíamos vigilados y perseguidos”, cuenta. Saberse espiada por el Estado la convirtió en una persona agobiada y temerosa. Y además la mortificó en demasía haber caído bajo sospecha por el simple hecho de ser una empleada doméstica por días.
Según Fabiola Perea, a la casa de Laura Sarabia llegó por recomendación de una amiga de Andrés Parra, entonces pareja de la alta funcionaria. Trabajaba solo los viernes y su pago era de COP 120.000 pesos por día. A esa residencia entró mucho antes que Marelbys Meza, sin estudio de seguridad ni polígrafos. Pero todo cambió ese 27 de enero de 2023 cuando se perdió la maleta de Sarabia y se desató la tormenta. La buscaron ahí sí bajo la excusa de que necesitaban hacer un estudio de seguridad y policías que se presentaron como adscritos a la Presidencia llegaron a su casa en Soacha. La entrevistaron, tomaron los nombres de sus hijos, sus correos y teléfonos, le tomaron fotografías a “mi ranchito”, indagaron por el nombre de su nuevo compañero y le dijeron que eran cosas de rutina para que pudiera seguir trabajando en el hogar de Sarabia. “Yo necesitaba el empleo. Sabe usted que la ignorancia es cosa terrible”.
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Por esa época empezaron a pasar cosas raras con su línea telefónica. No tenía señal, se caían las llamadas, escuchaba un pito a lo lejos. Luego corroboró todos sus miedos cuando dieron el extra en Blu Radio: las empleadas de Laura Sarabia –contaron– fueron chuzadas ilegalmente tras la pérdida de la maleta. Ella iba en Transmilenio cuando escuchó la noticia. “Hasta aquí llegué. Estas plagas acabaron con mi vida”, recuerda que dijo en ese momento. Sabía que a partir de entonces nadie más le iba a dar empleo. Ahí empezó su viacrucis: “¿Cuál Clan del Golfo? Esto es una mentira. Las únicas armas que he empuñado en la vida para sostener a mi familia han sido el trapeador y la escoba”. Cuando recuerda ese pasaje de su vida se le quiebra la voz: “Ay, es que no me quiero ni acordar ni que eso vuelva a mi mente porque yo sufrí mucho”. Fabiola Perea llora al otro lado del teléfono.
Entonces, cuenta que las cuatro familias a las que sagradamente les trabaja cada semana simplemente dejaron de llamarla. Ninguna le dijo de frente que era por esto, pero no había que ser un genio para deducirlo. A regañadientes siguió yendo a la casa de Sarabia cada viernes. Necesitaba comer. Pero el ambiente ya no era el mismo. Además de saberse chuzada y vigilada por el Estado, Fabiola Perea asegura que limpiar esa casa era un suplicio. “Me sentía incómoda. Ya no era igual. No es lo mismo cuando uno ya no se siente bien y cuando se pierde la confianza. Yo iba porque me tocaba, sinceramente”. Le pidió a Andrés Parra que la referenciara con otras familias. Él prometió ayudarla, pero nada pasó. Entonces un día se animó a reclamarle. Le dijo: “¿Por qué ustedes hicieron esto conmigo? Ustedes eran las únicas personas que sabían mi teléfono por ser mis empleadores, ¿por qué terminó mi número chuzado?”.
“Le dije: ‘Ustedes saben el daño que me están haciendo porque yo vivo de esto. Esta es mi vida. Yo no tengo otros recursos. No sé hacer otra cosa’”. Según ella, Parra no le dijo nada. “Y hoy a su antigua jefa que está en Londres, ¿qué quisiera decirle?”, le preguntó El Espectador. Fabiola Perea contesta al instante: “Le agradezco por haberme jodido la vida”. Ella cuenta que una vez le escribió a Sarabia por Instagram, pero que jamás le contestó. Lo único que ella siempre ha querido es que le expliquen “por qué diablos lo hicieron”. “Yo soy hipertensa y desde que me pasó esto la tensión se me subió del mismo estrés, del mismo miedo. No podía salir de mi casa si no había una amiga que me acompañara. Todavía siento que alguien me persigue. No pude volver a mi ranchito. Me tocó dejar mi casa, mis cosas, mis coroticos, todo por allá tirado y venirme por acá donde estoy para sentirme más tranquila”.
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El año pasado se fue de Bogotá para seguir en la brega del rebusque en otra ciudad. A arrancar de nuevo a sus 52 años. “Por favor, no saquen una foto mía que acabo de conseguir empleo y lo necesito”, le dijo a este diario. Sus hijos y sus nietos quedaron en Bogotá y los extraña a rabiar todo el tiempo, pero también sabe que debe seguir su camino mientras la justicia paquidérmica colombiana algún día resuelve su caso. “Dios no me dio riqueza, pero me dio unos hijos maravillosos y a mi compañero de hoy que en los momentos más difíciles siempre estuvo ahí. Así he sobrevivido, aunque la cabeza me duele demasiado y ahí cargo un dolor de espalda que no se va. Con este trabajo estoy un poquito menos angustiada”, dice. “¿Qué espera usted del Estado?”, la interrogó El Espectador. “Que se ponga la mano en el corazón y otra cosa que espero con muchas ansias: saber quién lo hizo y por qué”.
Y añade reflexiva: “No le hicieron daño a cualquiera. Le hicieron daño a una mujer trabajadora, guerrera. A mí el Estado no me ha dado un peso para sobrevivir. Me indigna, me da rabia y me gustaría tenerlos en la cara a esos señores del Estado que intentan lavarse las manos. Yo necesito saber quién tuvo la culpa de que la vida se la jodieran a uno”. Sobre los policías que la interceptaron dice que hicieron un mandado y que cumplían órdenes y que por eso es importante saber quién se las dio. Sobre Sarabia solo quiere preguntarle por qué nunca se pronunció si ella sabe que es inocente. “¿Usted se siente representada por la embajadora Sarabia ante el Reino Unido?”. “No me siento representada por nadie. Ni por ella ni por ningún gobernante. Me represento yo misma”, sostiene. “Y al presidente Petro, ¿qué le diría?”. “Que no me veo reivindicada por él porque tampoco dijo nunca nada de lo que pasó en este caso”.
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Su testimonio es la respuesta de una mujer violentada por un Estado y revictimizada por las entidades que insisten en que aquí nada pasó. La que sale peor librada en este escenario es la Policía que, a pesar de las condenas, insistió en que nunca hubo una falla del servicio, pues las interceptaciones ilegales fueron pedidas por la Fiscalía y autorizadas por varios jueces. Se le olvida a la institución que cuatro de sus uniformados hoy están condenados por haber fabricado informes de inteligencia falsos para engañar a esos jueces y fiscales. “Este es un claro caso de abuso de poder donde se usó la Policía para interceptar ilegalmente a una persona que simplemente hacía su labor”, dijo Mauricio Marín, abogado de Perea. Su otro representante, Boris Lombana, añadió: “Aquí hay una revictimización porque no solo continúa la congoja familiar, sino que se sigue negando lo que pasó”.
En la otra orilla, Lina Sandoval, abogada de Laura Sarabia, manifestó: “El tema de las interceptaciones es ajeno a la embajadora. Por recomendación de este equipo de defensa y conforme al estatuto disciplinario, se le instruyó a la doctora Sarabia abstenerse de cualquier comunicación con la presunta víctima para evitar cualquier interpretación inconveniente. En estos temas las conversaciones deben ser entre abogados. En un eventual escenario de diálogo o de amigable composición, dicha comunicación podría darse de manera respetuosa y dentro de los canales institucionales correspondientes”.
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