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Y empezamos de cero: un Congreso nuevo que calienta en la banca. Listo, pero a la vez se trata de un Legislativo que tendrá que lidiar con varias criaturas poderosas del pasado, así como pensar un país que, al menos en lo económico, presenta retos que requieren de altura intelectual, pero también moral, si se quiere.
Con el Congreso que se empezó a despedir este domingo inauguramos algunos nuevos capítulos del extenso libro que, con letras en amarillo encendido, se titula: “¿Y ahora qué?”. Se negó un presupuesto, se tumbaron dos leyes de financiamiento, se le dio vía libre a un presupuesto desfinanciado.
Todos episodios que no sólo exacerbaron las tensiones entre los poderes (especialmente con la Casa de Nariño), sino que pusieron a la opinión a leer la letra pequeña de una serie de leyes para tratar de entender qué venía, después de varios capítulos inéditos en un país demasiado acostumbrado a tener momentos históricos entre lunes y viernes.
Parte de estas discusiones se pueden leer desde la tarima de “viva la democracia”, el “contrapeso de poderes”, la “voz de la representación” y otros lugares comunes del discurso electoral. Desde otras orillas es difícil no ver estos escenarios que se desarrollan en las oscuras esquinas de la legalidad en el proceder legislativo. De jugaditas en jugaditas nos podemos feriar la supervivencia fiscal del país, en buena parte porque algunas de estas iniciativas tienen efectos que se sienten dentro de 20 o 30 años.
A la vez, por el Congreso que va de salida pasaron momentos de gran calado: la mayor reforma al sistema pensional desde la Ley 100, así como una serie de nuevas reglas laborales que para bien y para mal ya están alterando el mercado laboral en un país ampliamente informal y, en muchos casos, mal pago.
También se aprobó una reforma tributaria que introdujo elementos progresivos en el impuesto de renta y que propuso cambios duros sobre cómo se leen tributariamente las regalías del sector extractivo, entre otros elementos.
Sin embargo, como es común en el terreno político colombiano, una porción nada despreciable del trabajo legislativo terminó por definirse y ser afinado por la Corte Constitucional.
El ejemplo más relevante (y vergonzoso) es el de la reforma pensional, que hoy se sigue jugando su suerte en el alto tribunal después de ser pupitreada en la plenaria de la Cámara de Representantes. La aprobación exprés se dio en medio de los aplausos y arengas vacías de un amplio sector de congresistas que, con toda seguridad, sabían que acababan de cometer un error garrafal al aprobar de forma tan expedita una iniciativa que requería cada minuto de debate y consideración.
El nuevo Congreso tendrá que lidiar con asuntos como la Ley de Competencias que, en esencia, debe rediseñar la forma como se reparten recursos nacionales en el nivel regional y cómo las entidades de departamentos y municipios pueden enfrentar el reto de planear y ejecutar a un nivel para el cual, dicen analistas y expertos, no están preparadas.
En el lado económico también hay iniciativas como la reforma al código minero en un país que trata de ofrecerle un camino de formalización a pequeños mineros, hoy en limbos legales y ejerciendo en zonas en donde también hay una serie de actores armados haciendo lo de siempre: llevándose los recursos, pero también los bosques y las fuentes de agua.
Así mismo está casi cantado que vendrá una nueva reforma tributaria. Casi que es una costumbre que con cada Gobierno se vuelvan a redibujar las fronteras y alcances del Estatuto Tributario. No por nada el promedio de presentación de este tipo de leyes es de año y medio en la historia reciente del país.
Pero más allá de tapar algunos huecos, además de crear unos nuevos, lo cierto es que quizá la gran conversación económica en este momento es qué hacemos con el panorama fiscal del país. No sólo se trata de buscar recursos para poder cerrar el presupuesto del próximo año, sino cómo se empieza a enderezar un panorama en el que un término como “déficit fiscal” ha empezado a mutar hacia “crisis fiscal”.
De fondo, la labor requiere dineros nuevos, claro. Pero también se trata de redefinir los alcances de un Estado que, con todos los pesos que arrastra, comienza a parecer ciertamente inviable en opinión de analistas de todos los espectros políticos.
No es una conversación fácil. Ni agradable. Y políticamente equivale a un chaleco cargado de dinamita envuelto en alambre de púas. Pero no por eso es un asunto menos necesario y urgente.
El tema va más allá de los gritos de campaña alrededor de la idea de un “Estado derrochón”. Sí, puede haber espacio para reducir la burocracia. Pero los problemas alrededor de la deuda y las inflexibilidades de las cuentas nacionales van muchísimo más allá de esto: son asuntos estructurales que no tienen que ver tanto con las bolitas y los arreglos que le cuelgan al árbol de Navidad, como con el tamaño y alcance de su tronco y ramas.
Puede que cada cuatro años se diga algo parecido. Y puede que cada cuatro años sea cierto para las condiciones de su momento: en el devenir de este Congreso se jugará en una gran medida la supervivencia de un Estado como lo conocemos y, con él, el bienestar de millones de colombianos no sólo para un cuatrienio, sino para el mediano y largo plazo.
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