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“En la primera reunión de mi consejo de ministros enseñé en qué consistían los cupos (indicativos), cuáles serían las presiones que ejercieron los congresistas tradicionales acostumbrados a esa práctica que se considera normal y prohibí otorgarlos en cualquier lugar de la administración”. Estas fueron algunas de las palabras que usó el presidente Gustavo Petro esta semana para referirse al desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Lo hizo, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la captura de los congresistas Karen Manrique y Wadith Manzur, quienes además fueron llamados a juicio por el delito de cohecho impropio.
Para la Sala de Instrucción del alto tribunal, contrario a lo que sostiene el jefe de Estado, hay pruebas suficientes para llevarlos a juicio, pues el gobierno les habría ofrecido proyectos a cambio de sus votos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP). Aunque Manrique y Manzur fueron los únicos capturados, la Corte también llamó a juicio a los congresistas Liliana Bitar, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo, así como al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, por los mismos hechos. Para la Corte, este grupo de parlamentarios negociaron tres proyectos que serían tramitados a través de la Ungrd a cambio de aprobar créditos de la Nación.
Aunque el presidente Petro trató de restarle importancia al caso y agregó que “si acaso se puede hablar del intento de configurar cuatro cupos de contratación con cuatro contratos”, lo cierto, en el terreno judicial, es que el esquema de corrupción ya tiene a tres fichas de su gobierno en la cárcel y a uno más prófugo de la justicia en Nicaragua, Carlos Ramón González. Para la Corte, y también para la Fiscalía, se trató de una red criminal en las altas esferas del poder que ofreció dádivas y cupos indicativos para que el Congreso aprobara proyectos e iniciativas que eran de interés del Gobierno. En el caso de los congresistas de la CICP, a través de los Ministerios del Interior y de Hacienda, se negociaron tres proyectos en Arauca, Córdoba y Bolívar.
El proceso de Martha Peralta
Aunque ese es el expediente más avanzado en el alto tribunal, todavía hay al menos tres eslabones que siguen sin resolverse y cuyas pruebas también dejarían al descubierto otros episodios de cupos indicativos en el Ejecutivo. Los mismos que Petro dice que prohibió entregar. Se trata de los casos de los parlamentarios Julio Elías Chagüi y Berenice Bedoya, quienes se quemaron en las elecciones de hace una semana, y el de Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico y quien consiguió una histórica, pero cuestionada votación en La Guajira como candidata de la circunscripción indígena. En el caso de la congresista reelecta con 61.098 votos, la Fiscalía la tiene identificada como una pieza crucial en el engranaje corrupto de la Ungrd.
Durante la audiencia de imputación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, la fiscal María Cristina Patiño la mencionó como una de las presuntas “articuladoras” del entramado para asegurar apoyos legislativos a iniciativas del Gobierno. Según la investigación, Peralta habría liderado una estrategia para alinear votos de congresistas de la Comisión Séptima del Senado, con la promesa de gestionar proyectos desde la Ungrd para sus regiones. Incluso, se aseguró que en junio de 2023 el entonces director de la entidad, Olmedo López, habría acordado con ella tramitar proyectos para varios parlamentarios de esa célula legislativa.
El caso de Berenice Bedoya y Julio Elías Chagüi
En otras pruebas que estudia la Corte Suprema reposan testimonios que apuntan a que Peralta se habría interesado indebidamente en una orden de proveeduría del 25 de octubre de 2023 por un valor de COP 2.170 millones que se usó para la contratación de 7.500 horas de maquinaria amarilla y volquetas que servirían para obras de recuperación en Riohacha (La Guajira). En esos acuerdos ilícitos, según la Fiscalía, también habría participado la senadora Berenice Bedoya, quien se quemó con 36.230 votos bajo las banderas de la Alianza Social Independiente (ASI). De acuerdo con la investigación, la congresista habría gestionado proyectos con Olmedo López en Casanare, Meta y Risaralda.
Esos intercambios, sostiene el ente investigador, harían parte de la estrategia para canalizar contratos o recursos desde la Ungrd hacia congresistas que respaldaran las iniciativas del Gobierno. Otro de los congresistas que está en la mira de la Corte es Julio Elías Chagüi, del Partido de la U, que consiguió 69.608 votos, pero quedó sin curul. María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla en el Ministerio de Hacienda, y hoy testigo estrella de la justicia, señaló ante el alto tribunal que el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le pidió que atendiera las gestiones del congresista. También dijo que, para finales de 2023, su jefe le dio la orden de entregarle un contrato a Chagüi en Sahagún (Córdoba) por COP 28.141 millones.
El negocio, no obstante, no salió porque estalló el escándalo de la Ungrd. En total, ya van cuatro capturados: Karen Manrique, Wadith Manzur, Iván Name y Andrés Calle. Estos dos últimos están señalados de haber recibido coimas, el primero de COP 3.000 millones y el segundo de COP 1.000 millones a cambio de sus apoyos en las discusiones de las reformas a la salud y pensional en el Congreso. Todos los congresistas, incluidos los de la CICP, han dicho que son inocentes y que lo probarán en juicio ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte. Por otra parte, los exministros Bonilla y Velasco también están presos, así como Sandra Ortiz, exconsejera Presidencial para las Regiones.
En contraste, dos fichas clave siguen sin aparecer, pese a que tienen orden de captura: César Manrique, exdirector de exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública y Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia. Este último tiene circular roja de la Interpol, pero obtuvo asilo en Nicaragua. Mientras tanto, lo único claro es que las investigaciones siguen abiertas y que los testimonios y documentos en poder de la justicia mantienen viva la pregunta sobre si los cupos indicativos que el presidente Petro dice haber prohibido siguieron operando en las entrañas del poder. Por ahora, la Fiscalía y la Corte dicen tener pruebas de que sí existieron.
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