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Un voluminoso expediente está en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el cual tiene como protagonistas a algunos de los narcotraficantes que en su momento llegaron a la cúpula del crimen organizado en Colombia. Esa extensa investigación tiene un ingrediente adicional: el exsecretario del Senado, Emilio Otero Dajud, es mencionado como una de las personas que participó en movimientos comerciales que, al parecer, le permitieron lavar plata a un presunto narco invisible que está en la mira de los Estados Unidos y Colombia. Se trata de Javier García Rojas, alias Maracuyá quien, según la Fiscalía, llevaba casi dos décadas lavando activos junto a antiguos socios de los carteles de Medellín, Cali y del norte del Valle.
Desde agosto de 2024, el señalado narco está preso en la cárcel de Jamundí y afronta un proceso penal en el que también es enjuiciada penalmente su hermana, la abogada Ruth García y el empresario caleño Luis Fernando Lían, exgerente de Metrocali. El Espectador conoció que la Sala de Casación Penal del alto tribunal intervendrá en este caso para definir un asunto crucial: determinar qué juez adelantará el juicio contra Maracuyá, y el reconocido empresario Lían, quien habría hecho parte de la supuesta red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el sector inmobiliario de Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena, Tolima y Antioquia. Actualmente, el proceso ha sido adelantado por un juzgado especializado de Bogotá.
De esa supuesta organización criminal también participaron otras tres personas como presuntos testaferros: Melquicedec Alegría Arroyo, Fernando Balcazar Campo, Humberto Vidal Mayorga. En estos momentos, el proceso está quieto ya que la Corte Suprema de justicia analiza si admite, o no, una solicitud hecha por la bancada de la defensa: que saque el proceso de un juzgado en Bogotá, bajo el argumento de que los hechos sucedieron principalmente fuera de la capital del país.
Luego de que la Corte defina qué despacho judicial defina el juez que se hará cargo del caso, hay otra solicitud pendiente que demoraría el inicio del juicio. El documento conocido por este diario señala que el Tribunal Superior de Bogotá tendrá que definir si acepta o no la petición de la defensa de anular el proceso contra sus clientes.
¿El argumento?: que no se estaría respetando el debido proceso de los investigados, ya que algunos de los hechos que hacen parte de la acusación —dice la defensa— ocurrieron en la década de los años ochenta, noventa y a principios de los dos mil, cuando el sistema penal estaba reglado de una forma distinta a las que se están usando ante el juzgado de Bogotá: Ley 906 de 2004.
El Espectador contó el pasado fin de semana sobre el supuesto papel de Otero Dajud en esta red, en el que todavía no hace parte penalmente del expediente. Aquí puede leer ese reportaje.
¿De qué los acusan?
El escrito de acusación, de 57 páginas y que fue presentado por la Fiscalía en enero de 2025, señala que Maracuyá y su hermana habrían liderado durante los últimos 18 años “una empresa criminal para cometer los delitos de lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito (…) a la mencionada estructura ilegal se fueron uniendo Melquisedec Alegría Arroyo, quien ingresa a la organización criminal en el 2007; Fernando Balcazar Campo en 2016, Fernando Lían Arana en 2009 y Humberto Vidal Mayorga en 2006, entre otros”. De acuerdo con la Fiscalía, esa red de lavado fue conformada por Maracuyá para lavar los dineros del narcotráfico que ganó entre 1999 y 2003 con ayuda de mafias chilenas, mexicanas y españolas.
A renglón seguido, el documento, conocido por la Unidad Investigativa de El Espectador, señala que: “Maracuyá era el proveedor de la base de cocaína que llegaba a una pista ubicada en Obando (Valle del Cauca) y de los laboratorios en Toro y Anserma (Valle del Cauca). Esa base de cocaína provenía de Puerto Asís (Putumayo), de los Llanos Orientales de Colombia y de Perú, mercancía que presuntamente llegaba a la pista en aviones pequeños. Presuntamente, por cada venta de esta mercancía enviada, recibía entre 10 y 20 millones de dólares, por ende, Maracuyá fue incluido en la lista Clinton (…). Se ha dado apariencia de legalidad (a esos dineros), a través de compra y venta de bienes inmuebles por medio de testaferros, y dejando bienes inmuebles para su administración en la prestigiosa fiduciaria Alianza Fiduciaria”.
Uno de los bienes qué le dieron apariencia de legalidad a dineros del narcotráfico sería un megalote de 107 hectáreas llamado Alcalis, avaluado en $22.000 millones y ubicado en inmediaciones al puerto de Mamonal (Cartagena). Según la Fiscalía, el señalado narco invisible adquirió el predio en diciembre de 2006 junto a dos familiares: Ruth García Rojas (su hermana, hoy capturada) y el esposo de ella, Bernardo Pinzón Rivera, un condenado narcotraficante que fue dueño del prestigioso Club San Fernando en Cali y testaferro de Juan Carlos Abadía, alias Chupeta.
El fallido proyecto Meritage
Como parte de este movimiento de bienes, la Fiscalía dice que Maracuyá recibió, a través de testaferros, un famoso y exclusivo lote en Antioquia: su nombre es Meritage, un megapredio que perteneció a alias Perra Loca, un antiguo miembro de la Oficina de Envigado que, a principios de los 2000, se apropió ilegalmente de las 55 hectáreas, avaluadas en $50.000 millones. Ese megapredio, en donde se pretendía construir un exclusivo condominio, terminó envuelto en una vendetta mafiosa que incluyó secuestros, estafas y disputas judiciales en Colombia y el extranjero.
Según la Fiscalía, entre 2006 y 2007, Maracuyá entregó una finca en Caucasia como parte de pago de un terreno en Meritage a Macario Guillermo Arango, un intermediario de tierras en Antioquia conocido como “El Gurú”. En marzo de 2024, el periodista Daniel Coronell reveló unas interceptaciones de las comunicaciones de Maracuyá, en las que se le oye hablar con su hermana. En esos díalogos mencionaron que necesitaban financiación para defenderse en el tribunal de arbitramento que interpusieron varios compradores de predios en Meritage contra el Estado Colombiano. Entre ellos, ciudadanos estadounidenses.
¿La razón?: Que, en 2016, la Fiscalía se apoderó del terreno tras encontrar en una investigación que el predio tenía origen criminal, un asunto que para los compradores de Meritage vulneraba sus derechos como inversionistas del condominio. De acuerdo con ese artículo del periodista Daniel Coronell, “el estado colombiano asegura que hay evidencias de que un presunto miembro de la mafia estaba financiando el costoso tribunal de arbitramento contra Colombia: Javier García, alias Maracuyá”. Sin embargo, todavía no hay documentos que confirmen que el señalado narco haya patrocinado parte de esa acción judicial.
Los que declararon contra Maracuyá
Los testimonios de tres conocidos narcotraficantes fueron claves para que las autoridades de distintos gobiernos pusieran sus ojos en Maracuyá: Juan Carlos Sierra, alias El Tuso; Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño y Jose Bayron Piedrahita, alias El Árabe. El primero fue extraditado a los Estados Unidos en 2008 y, posteriormente, negoció con la justicia de ese país por lo que recibió una condena a cinco años de prisión. Sierra vive en Estados desde 2014 y, en los últimos años, ha comparecido como testigo en casos de parapolítica y otros expedientes. Entre ellos, el de caso contra Álvaro Uribe, en el que ha sido cuestionado por entregar versiones contradictorias.
El segundo narcotraficante, alias Rasguño, quien también fue extraditado a Estados Unidos y condenado a 30 años de prisión por narcotráfico, fue a inicios de los 2000 uno de los capos narcotraficantes tras el declive de los carteles de Cali y Medellín en los años noventa. Según los expedientes judiciales, en los años ochenta, Rasguño fue socio del capo José Orlando Henao Montoya, en donde fue creciendo en el mundo criminal hasta que, en 1998, –tras la muerte de Henao– se convirtió en una de las cabezas del cartel del norte del Valle: la estructura criminal que vino a reemplazar a los carteles de Medellín y Cali tras la muerte de Escobar y las capturas de los hermanos Rodríguez Orejuela.
El tercer capo que testificó es Jose Bayron Piedrahita, condenado en 2019 por hechos relacionados con un esquema de lavado de activos similar al que, supuestamente, lideró Maracuyá. Piedrahita también tiene expedientes en Estados Unidos y Argentina. Ante una Corte de Nueva York, aceptó cargos por sobornar un agente federal que frenó investigaciones en su contra por narcotráfico. En el país austral, las autoridades lo señalan de ser testaferro de la Oficina de Envigado. Según la justicia argentina, que lo solicitó en extradición, Piedrahita realizó estas acciones en asocio con el exfutbolista el Chicho Serna y dos familiares de Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín: Victoria Henao (esposa) y Juan Pablo Escobar (hijo).
En agosto de 2024, El Tiempo contó que en ese expediente de la justicia argentina reposan las declaraciones de otros narcos cercanos a los hermanos Carlos y Vicente Castaño, quienes apuntaban contra Maracuyá de liderar operaciones de lavado de activos con el esposo de su hermana, Ruth García, quien actualmente está detenida mientras avanza el proceso en los estrados. Según el diario capitalino, esos testimonios contra Maracuyá “al parecer, fueron engavetados” en Colombia por una fiscal hoy presa por presunta corrupción en expedientes relacionados con el narcotráfico: Mónica Valencia Charry.
Pruebas y testigos
De las 57 páginas que tiene el escrito de acusación contra Maracuyá la supuesta red de lavado, 36 de ellas enlistan los testigos y las pruebas documentales (informes de interceptaciones, seguimientos y documentos financieros) que pretenden soportar la teoría del caso de la Fiscalía. Uno de ellos es un conocido funcionario en el mundo judicial que hoy está siendo procesado en el mismo expediente que tiene la Fiscalía contra la fiscal Valencia: se trata de Luis Ricardo Patiño, jefe del SIU (Unidad de Investigaciones Antidrogas, por sus siglas en inglés), hoy acusado por, al parecer, cometer irregularidades en la incautación de los teléfonos del exnarcotraficante Carlos Ramón Zapata, alias Anestesia.
¿Qué dice la defensa de Maracuyá?
Durante las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento, uno de los abogados de la bancada de la defensa, David Albarracín, señaló que la investigación contra Maracuyá y su hermana era injusta. “Es decir, la Fiscalía dice: ‘te quiero mandar a la cárcel porque el dinero que lavaste y con el que te enriqueciste proviene del narcotráfico, delito del que no te puedes defender porque no te investigué y te acusé a tiempo’. Esto es atentatorio contra la dignidad y la presunción de inocencia del señor Javier Rojas García. No tiene presentación utilizar un delito del que no se tiene capacidad de demostrar judicialmente para luego acreditar que se estaba cometiendo un lavado de activos”, señaló el abogado penalista.
Albarracín señaló que la argumentación de la Fiscalía era “triste e inconstitucional”la cual estaba afectando los derechos de sus defendidos. “Es fácil decir que mi defendido es narcotraficante, cuando él no se puede defender porque no hay vía procesal para hacerlo, pero cualquiera que haga esa afirmación, tendría que responder por el delito de calumnia e ir a las autoridades pertinentes. Mi pregunta es: ¿Esa afirmación hecha por un funcionario judicial, puede tener consecuencia la afectación de la libertad de Javier Rojas? La respuesta es no”. Además, el abogado señaló que no existe ninguna prueba de que Maracuyá haya participado en la supuesta coima ante CISA y de la cual “todavía hay que probar si existió”, puntualizó el abogado.
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Por David Escobar Moreno
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