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En una de las 57 páginas del escrito de acusación contra el señalado capo oculto del narcotráfico Javier Rojas García, alias Maracuyá, aparece el nombre de un exfuncionario del Senado al que hace una década se le atribuyó ser uno de los poderosos a la sombra del Congreso de la República. Se trata de Emilio Otero Dajud, secretario del Senado, el cual fue reelegido en ese cargo en cinco oportunidades, entre 2002 y 2012. En ese reservado documento, el ente investigador lo mencionó como una de las personas que participó en movimientos comerciales para, aparentemente, lavarle plata a ese presunto narco invisible que habría tenido nexos con el narcoparamilitarismo.
Alias Maracuyá, quien actualmente está preso en la cárcel de Palmira (Valle del Cauca), está ad portas de enfrentar un juicio penal por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía, aparentemente, lideró una organización criminal que, durante casi dos décadas, y a través de la compra de costosos inmuebles en distintas zonas de Colombia, le dio apariencia de legalidad a dineros que provenían supuestamente del narcotráfico. Esos supuestos negocios al margen de la ley los tuvo con hombres cercanos a los exjefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño Gil y con miembros de los carteles de Cali, Medellín y el norte del Valle.
La hermana, el cuñado narco y “El Árabe”
Uno de esos bienes de Maracuyá, en el que aparece mencionado el exsecretario del Senado, es el megalote de 107 hectáreas llamado Alcalis, avaluado en $22.000 millones y ubicado en inmediaciones al puerto de Mamonal (Cartagena). Según la Fiscalía, el señalado narco invisible adquirió el predio en diciembre de 2006 junto a dos familiares: Ruth García Rojas (su hermana) y el esposo de ella, Bernardo Pinzón Rivera, un narcotraficante que fue dueño del prestigioso Club San Fernando en Cali y testaferro de Juan Carlos Abadía, alias Chupeta. Ese millonario negocio se dio, dice el ente investigador, sobornando a funcionarios públicos.
Según la Fiscalía: “Presuntamente, se pagaron coimas por $2.000 millones y con esto se manipuló la subasta de licitación para adjudicarse el lote, del cual se presumía una tradición legal por cuanto el mismo provenía de la entidad estatal Central de Inversiones (CISA). El contrato de compra y venta se celebró entre dicho organismo y los señores Pinzón Rivera (cuñado de Maracuyá y presunto testaferro) y Jhon Jairo Arango Londoño, representante legal de Construcciones Modernas S.A.”. Sobre este último, no se conoce información pública. Solo que se trata de un ingeniero de Medellín que se hizo cargo de varios trámites del predio ante la Alcaldía de Cartagena.
En este punto, dice la Fiscalía, aparece el exsecretario del Senado, quien hasta el año pasado visitaba asiduamente el Capitolio Nacional. De acuerdo con el escrito de acusación, “con el fin de seguir aparentando legalidad a la procedencia de ese dinero”, en septiembre de 2007, el narco Pinzón Rivera vendió el 21% del predio por $10.000 millones a Otero Dajud y alias Poncho Berrío. Este último fue mano derecha del exjefe paramilitar Vicente Castaño. Ese mismo año, Berrío le entregó un porcentaje de su participación a otro socio de alias Maracuyá que ya fue condenado en Colombia y Estados Unidos.
Se trata de Jose Bayron Piedrahita, alias El Árabe, quien fue condenado en 2019 por hechos relacionados con un esquema de lavado de activos similar al que, supuestamente, lideró Maracuyá. Piedrahita también tiene expedientes en Estados Unidos y Argentina. Ante una Corte de Nueva York, aceptó cargos por sobornar un agente federal que frenó investigaciones en su contra por narcotráfico. En el país austral, lo señalan de ser testaferro de la Oficina de Envigado, en asocio con el exfutbolista el Chicho Serna y dos familiares de Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín: Victoria Henao (esposa) y Juan Pablo Escobar (hijo).
Las reuniones, según “Poncho” Berrío
La Fiscalía dice que, en 2007, el confeso criminal Piedrahita, Pinzón Rivera (condenado en Estados Unidos por lavado de activos), alias Poncho Berrío y otros se reunían en Medellín para pagarle altas sumas de dinero a Maracuyá. Además, que se le nombraba como uno de los copropietarios del megalote. El mismo Poncho Berrío le contó a la Fiscalía que en esa época se reunieron en una lujosa casa cercana al centro histórico de Cartagena para planear varios movimientos financieros relacionados con el extenso terreno. Incluso, aseguró que en esas conversaciones se habló del soborno de $2.000 millones que recibió una alta funcionaria de CISA llamada “Margarita”.
Ese testimonio de Poncho Berrío ante el ente investigador tenía otro asunto clave: a esas reuniones, aparentemente, asistía el entonces secretario del Senador Otero Dajud, en las que se conversaba sobre todos los movimientos de los presuntos testaferros de alias Maracuyá en el mega predio de Mamonal. Esta no era la primera vez que el exsecretario tiene negocios con la mafia. En 2012, cuando Otero Dajud hacía campaña en el Senado para ser reelecto, la Unidad Investigativa de El Tiempo reveló que el entonces poderoso funcionario del Congreso le compró, en 2007, un apartamento en el norte de Bogotá al narcotraficante Pinzón Rivera.
Otero le dijo en su momento al diario bogotano que “desconocía el vínculo con el mafioso”. Además, que él era un comprador de buena fe y que el negocio se hizo con una empresa y no con una persona. Pinzón Rivera, según El Tiempo, firmó las escrituras de ese negocio con Otero Dajud como gerente y representante legal de la empresa Inversora Pinzón y García S. en C, en la que figuran como socios los hijos menores de edad del narco. Esa denuncia periodística terminó derrumbando las posibilidades de Otero Dajud para ser reelecto como secretario del Senado.
De la mano del condenado Ñoño y parapolíticos
En 2012, Otero Dajud también quedó expuesto públicamente cuando se conoció que una reforma a la Justicia, que caminaba en el Senado, tenía al menos 30 polémicos artículos. Los denominados “micos”. Entre ellos, uno que buscaba que el cargo de secretario del Senado tuviera el mismo fuero que los senadores.Esto significaba que solo la Corte Suprema podía investigarlo. En ese momento, versiones al interior del Capitolio lo señalaroncomo el posible artífice de esa propuesta, la cual fue desechada y ampliamente criticada por la opinión pública.
Fue así como el poder de Otero Dajud se desvaneció en el Congreso, en el que, como cuenta un artículo de la Silla Vacía, varios miembros del Senador aseguraban que “tuvo la influencia para definir si los proyectos avanzaban o se estancaban, además de manejar el orden del día en las plenarias. Era el que asignaba las oficinas y los carros blindados de los senadores”.
Otero construyó esa influencia en los pasillos del Congreso luego de tres décadas de labor en el Legislativo. En 1979, llegó al Senado desde Sahagún (Córdoba) de la mano de su padrino político “Joche” Elías Náder, el fallecido exgobernador de ese departamento, quien además de fungir como presidente del Senado en los años noventa, fue el tío del exsenador Bernardo Miguel “El Ñoño” Elías (condenado por el caso Odebrecht). Durante su periodo como secretario del Senado también contó con el apoyo de otros congresistas de su tierra natal, como Julio Manzur y Zulema Jattin, ambos condenados por sus nexos con los paramilitares de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño.
Esa estrecha relación con la política cordobesa también le sirvió para reencaucharse en la política tras su estrepitosa salida de la Secretaría del Senado. En 2016, y gracias a los buenos oficios de su amigo el Ñoño Elías y otros viejos conocidos de los asuntos judiciales, fue elegido por la Asamblea de Córdoba como nuevo contralor departamental. La Silla Vacía contó en ese momento que “su camino a la Contraloría comenzó a labrarse en 2015, con los acuerdos que para las regionales hicieron los senadores de La U y superpoderosos de Córdoba: ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile, y el excongresista y cacique liberal, condenado por nexos con los paramilitares, ‘Juancho’ López Cabrales”.
Este diario se contactó con el exsecretario para conocer su versión de los hechos, sin embargo, solo atinó a decir que estaba fuera del país y que: “No sé de qué me está hablando”. A pesar de la escueta declaración de Otero Dajud, en la que se desmarca totalmente de tener vínculos con la mafia, este diario verificó que su mención en el escrito de acusación —en la que aparece un número de cédula—, corresponde al documento de entidad del exsecretario. Documentos de cuando ocupó ese cargo en el Congreso y de un reciente contrato que firmó con el Senado dan cuenta de que se trata de la misma persona mencionada en el millonario negocio con narcos en el megalote de Mamonal.
El Espectador le insistió al exsecretario en que entregara una versión de los hechos, pero no volvió a contestar su celular. Entre tanto, el proceso contra alias Maracuyá —en el que no está procesado penalmente el exsecretario Emilio Otero Dajud— está congelado hasta que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre un asunto clave para que avance el juicio. La Sala Penal del alto tribunal, desde enero de 2025, tiene pendiente definir si el caso se sigue adelantando en un juzgado de Bogotá o, como pretende la bancada de la defensa, que se adelante en otro despacho judicial del país.
Los recientes contratos de Otero Dajud con el Congreso
En 2024, el exsecretario del Senado firmó dos convenios por prestación de servicios con esa corporación por $93 millones con el fin de prestarle su extensa experiencia laboral en El Capitolio Nacional. En el proceso de contratación de Otero Dajud aparecen las firmas de Astrid Salamanca Rahin, directora administrativa del Senado y Ruth Migdonia Luengas Peña, subsecretaria del Senado.
“Apoyar a la Sección de Leyes en la emisión de conceptos legislativos, acompañamiento a la sección en el análisis del Senado, brindar acompañamiento a la Jefe de la Sección en el análisis y clasificación de los proyectos de ley radicados, para ser asignados a las Comisiones Constitucionales Permanentes; seguimiento del trámite legislativo de los diferentes actos y proyectos de Ley, a fin de establecer términos, posibles vicios de trámite y correcciones”, son algunas de las funciones que cumplió Dajud el año pasado.
¿Qué dice la defensa de Maracuyá?
Durante las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento, uno de los abogados de la bancada de la defensa, David Albarracín, señaló que la investigación contra Maracuyá y su hermana era injusta. “Es decir, la Fiscalía dice: ‘te quiero mandar a la cárcel porque el dinero que lavaste y con el que te enriqueciste proviene del narcotráfico, delito del que no te puedes defender porque no te investigué y te acusé a tiempo’. Esto es atentatorio contra la dignidad y la presunción de inocencia del señor Javier Rojas García. No tiene presentación utilizar un delito del que no se tiene capacidad de demostrar judicialmente para luego acreditar que se estaba cometiendo un lavado de activos”, señaló el abogado penalista.
Albarracín señaló que la argumentación de la Fiscalía era “triste e inconstitucional”la cual estaba afectando los derechos de sus defendidos. “Es fácil decir que mi defendido es narcotraficante, cuando él no se puede defender porque no hay vía procesal para hacerlo, pero cualquiera que haga esa afirmación, tendría que responder por el delito de calumnia e ir a las autoridades pertinentes. Mi pregunta es: ¿Esa afirmación hecha por un funcionario judicial, puede tener consecuencia la afectación de la libertad de Javier Rojas? La respuesta es no”. Además, el abogado señaló que no existe ninguna prueba de que Maracuyá haya participado en la supuesta coima ante CISA y de la cual “todavía hay que probar si existió”, puntualizó el abogado.
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Por David Escobar Moreno
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